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LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES ESTÁN PRESENTADAS EN FORMA DESCENDENTE, DE ACUERDO A LA SESIÓN EN QUE SE LLEVARON A CABO (SEPTIEMBRE 2006 – SEPTIEMBRE 2009)
INTERVENCIONES EN SESIONES DE PLENO Y DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE C. Diputado José Ramón Rodríguez Gómez Suplente Ramiro Aguilar Martínez Representación Proporcional
Última participación: Octubre 3, 2007 PARA REFERIRSE A LA REFORMA ELECTORAL, PARTICIPA EN TRIBUNA EL DIPUTADO JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ. Sesión Ordinaria 3 de octubre de 2007 C. Dip. José Ramón Rodríguez Gómez: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Ciudadanos y representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Hace unos momentos se votó a favor del dictamen que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por la cual se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el artículo 134 y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que remite la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. ¡Los motivos son claros!, la reforma constitucional en materia electoral que hoy aprueba esta Asamblea del Constituyente Permanente, es una reforma indispensable y trascendental para el sistema político vigente en nuestro país. El fenómeno vivido en el proceso electoral en julio del año 2006, evidenció lo que en años anteriores el partido político que represento denunció, las viejas reglas del proceso electoral están caducas, ¡ya no sirven!, dividen al país y lo confrontan. Desafortunadamente, los partidos políticos tuvieron que atravesar por una crisis política que se generó en el año 2006 para poder entender que eran urgentes
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los acuerdos y entrar así a la reforma electoral que reitero, ya estaban en la mesa del debate desde antes de las elecciones del año próximo pasado. Desde esta tribuna, aplaudimos y reconocemos el trabajo generado por las fracciones políticas de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo; todos integrantes del Honorable Senado de la República, ante este gran reto de impulsar y transformar nuestro sistema político electoral; trabajos y acuerdos legislativos que hace aproximadamente un año era impensable su realización, derivados de los muy cuestionables resultados de la elección presidencial. Aunado a lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática somos muy respetuosos de la opinión y postura que asumieron las otras fracciones políticas que no coincidieron con la reforma constitucional en materia electoral. Nosotros podremos no estar de acuerdo con la postura asumida, pero tengan la certeza que siempre escucharemos y seremos defensores de su derecho a decirlo. Los diputados que integramos esta Sexagésima Legislatura, debemos estar orgullosos de ser actores partícipes en esta reforma constitucional histórica, que trasciende no sólo en el ámbito electoral, sino que también se propaga a otros ámbitos de la vida nacional de nuestro país. Votamos a favor de la Minuta Proyecto de Decreto en atención a que las reformas que se plantean en nuestra ley suprema, permitirán continuar con el fortalecimiento de la democracia que México requiere; permitirá establecer normas y reglas para rescatar la búsqueda del voto popular mediante campañas con verdaderas promociones de ideas, de programas, de proyectos que sirvan a convencer al ciudadano de la viabilidad de aquellos; permitirá la generación de conciencia de los políticos con aspiraciones a cargos de elección popular, a promocionar verdaderas propuestas de políticas públicas de un alto beneficio social. En esta reforma se prohíbe el enorme gasto de los recursos del erario público en la promoción vanidosa y con aspiraciones políticas de los actuales gobernantes, so pretexto de informar a la ciudadanía mediante sendos espectaculares de sus presuntos grandes logros. Esta reforma liberará al ciudadano de ver día con día y de manera obligada en las carreteras y ciudades del país las lindas caras de su presidente, de sus gobernadores, senadores, diputados y presidentes municipales; la reforma constitucional electoral trasciende en el avance de la reforma del Estado. La disminución de los tiempos de campaña; la reducción del gasto en las campanas electorales; el control y la equidad en el uso, difusión y contenido de las campañas en los medios de comunicación, principalmente en radio y televisión; la regulación de las precampañas; la prohibición de que partidos, personas físicas y morales, ya sean públicas o privadas, contraten tiempos a favor o en contra de candidato alguno. Las nuevas reglas para la promoción de los candidatos, el fortalecimiento de la transparencia en el uso y control de los recursos públicos al dar
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más facultades fiscalizadoras al IFE. Aunque ya estaba en ley, el sustento constitucional en cuanto a la prohibición de campañas sucias y difamatorias; la regulación en el uso o fin que tendrá el patrimonio de los partidos políticos que pierden su registro, entre otros, son los logros de esta multicitada reforma. Los diputados que al día de hoy integramos el Poder Legislativo de esta entidad federativa libre y soberana, nos corresponderá por mandato constitucional adecuar la norma aplicable en materia electoral, tendremos que adecuar nuestra Constitución local, así como reformar las leyes locales que correspondan para el efecto de cumplir a cabalidad con los preceptos 40 y 41 de nuestra Carta Magna. El partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guanajuato y posterior al proceso electoral del año 2000, fue y ha sido muy insistente en la necesidad de adecuar la norma electoral; sin que la mayoría parlamentaria de aquellas dos Legislaturas lo permitieran. Orgullosamente puedo decir que en el Congreso del Estado de Guanajuato y desde la Quincuagésima Legislatura, el Grupo Parlamentario del cual soy integrante, presentó una propuesta de iniciativa de reforma electoral con los temas que hoy se incluyen en la Minuta Proyecto de Decreto de la reforma constitucional federal; los temas coincidentes son regulación de precampañas, distribución equitativa de los tiempos oficiales en los medios de comunicación, control patrimonial de los partidos que pierden registro, prohibición de difusión de logros gubernamentales, entre otros. La reforma electoral que nos ocupa, prevé la celebración de convenios entre una entidad federativa y el Instituto Federal Electoral para el efecto de que este último organice de manera total o parcial los procesos electorales locales; este tema debe de ser revisado en los trabajos de este Congreso, no hay que emitir pronunciamientos de manera inmediata con una negativa de incluir esta figura sin antes analizar los beneficios y/o los perjuicios de la misma. No queramos azuzar con que se atenta contra las instituciones ya creadas; con respeto señalo que resulta falso decir que se vulnera la soberanía del Estado, o me pregunto ¿qué no pertenecemos a una República federal, a un pacto federal?, la disposición constitucional es muy específica "sólo a petición de las entidades federativas y mediante un convenio", como el que tenemos con el propio IFE que nos permite utilizar sus listas nominales y sus credenciales de elector. El de la voz, actualmente Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Electorales de esta Legislatura, me jacto en presumir que existe en los Grupos y la Representación Parlamentaria, la voluntad de iniciar los trabajos legislativos en materia electoral, adecuando e incluyendo temas que serán trascendentes para los próximos comicios electorales en el Estado. Respetuosamente los exhorto a dar inicio a este trabajo legislativo, recordemos que tenemos varias coincidencias en el tema. Es cuanto Presidente.
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PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ, PARA HABLAR SOBRE EL ABUSO DE LOS AGENTES DE LA PATRULLA FRONTERIZA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. Sesión Ordinaria 16 de agosto de 2007 C. Dip. José Ramón Rodríguez Gómez: Con el permiso de la Presidencia. El pasado 8 de agosto del año dos mil siete, los niños Jesús, Joan y Bryan de cinco, cuatro y dos años de edad respectivamente, perdieron a su padre José Alejandro Ortiz Castillo. El joven Ortiz, ciudadano mexicano de 23 años, fue asesinado a balazos con dolo, alevosía y ventaja en manos de un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos de Norteamérica. Al día de hoy el oficial homicida, cuyo nombre no se ha querido dar a conocer por las autoridades norteamericanas, continúa trabajando en la dependencia federal norteamericana, pero en un área administrativa. La titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, ha declarado que se tiene evidencia suficiente con la que se puede acreditar que el agente de la patrulla fronteriza que asesinó a José Alejandro Ortiz Castillo en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua y el Paso, Texas, actuó con dolo, alevosía y ventaja. ¿Qué significa esto jurídicamente?, ¿en qué circunstancias se cometió el asesinato? Bien, a lo anterior definamos los conceptos citados: Obra dolosamente quien quiere la realización del hecho legalmente tipificado o lo acepta, previéndolo al menos como posible; obra con alevosía quien sorprende al pasivo anulando su defensa y existe o hay ventaja cuando el activo no corre riesgo de ser muerto por el pasivo. En nuestro país, el delito de homicidio se sanciona como calificado cuando se dan los elementos antes citados, aumentando la pena privativa de la libertad. En algunos estados de Norteamérica, esta figura delictiva se castiga con la pena privativa de la libertad perpetua o la pérdida de la vida. Compañeras y Compañeros, este suceso lamentablemente no es el primero ni será el último; en lo que va de este año, es el quinto incidente en que se ven involucrados agentes de la patrulla fronteriza; tres han sido en el sector de El Paso, Texas. Ya en el año de mil novecientos noventa y nueve, a causa de las reiteradas violaciones de los derechos civiles y humanos de los inmigrantes, así como de una completa indiferencia a la vida humana, a propuesta y presión de nuestras autoridades mexicanas, se pactaron con las autoridades norteamericanas acuerdos
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mediante los que se establece la prohibición del uso de armas letales por parte de los elementos de patrullas fronterizas; compromisos que son parte de lo establecido en el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación contra la Violencia Fronteriza, suscrito por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el año de 1999 y ratificado por ambos gobiernos el 22 de junio del 2001, mediante la suscripción del Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza 2001, que establece el compromiso de evitar el uso de armas letales por parte de los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Han transcurrido ocho años desde la firma del Memorando que arriba se cita y los asesinatos a manos de elementos de la patrulla fronteriza norteamericana con armas de fuego continúan. En el año dos mil tres y ante los graves y lamentables fallecimientos de connacionales mexicanos ocurridos a lo largo de la frontera con Estados Unidos, el Senado de la República con el propósito de verificar tales circunstancias, así como el buscar mecanismos de colaboración del Poder Legislativo mexicano con actores políticos fronterizos, autoridades mexicanas y norteamericanas involucradas, creó el 21 de mayo la Comisión Plural de Legisladores miembros de la Comisión Permanente a efecto de viajar a la franja fronteriza entre México y los Estados Unidos de América; visitando las ciudades de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ciudad Juárez y Palomas en el Estado de Chihuahua, así como Laredo, Houston y El Paso en el Estado de Texas y Columbus, Nuevo México en Estados Unidos de América. Los resultados, un falso compromiso de las autoridades norteamericanas en el respeto a la vida de nuestros paisanos. Diputadas y Diputados, ¡el país vecino del norte no está cumpliendo con los acuerdos pactados con nuestra nación! ¡Los elementos de la patrulla fronteriza norteamericana siguen asesinando a diestra y siniestra y de manera impune a nuestros hermanos mexicanos! Los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática desde esta Tribuna, de manera respetuosa y solidaria, enviamos el más sincero pésame y pronta resignación a las familias que han perdido seres queridos en estas tan lamentables circunstancias. Asimismo y preocupados por la suerte de nuestros paisanos y más aún, por los cientos de guanajuatenses que a diario parten en busca del falso sueño americano, pues no olvidemos que estamos dentro de los dos primeros lugares de las entidades del país en las que se tiene el porcentaje más alto de mexicanos migrantes, es que el día de hoy, manifestamos una enérgica protesta en contra de los reiterados homicidios que de forma dolosa, con alevosía y ventaja, ejecutan impunemente los elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en perjuicio de nuestros connacionales. Por tanto, este Grupo Parlamentario, solicita al Ejecutivo Federal mano firme en la defensa de nuestros paisanos, que no sólo estén a la espera de informes de las autoridades norteamericanas a efecto de conocer los hechos, ¡que actúen!, por el contrario, desde esta tribuna le exigimos a nuestras autoridades federales y órganos
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competentes, ejerciten las acciones legales correspondientes ante los diversos organismos internacionales, con el objetivo de obligar al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a que cumpla con los acuerdos firmados desde el año de 1999, respetando a cabalidad los derechos civiles y humanos de los inmigrantes mexicanos. Asimismo para que no siga quedando impune el actuar fascista y racista de los elementos de la patrulla fronteriza norteamericana. Es cuanto Presidente.
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RECTIFICA HECHOS EN ESTE TEMA DE LAS EXPLOSIONES DE PÉMEX, EL DIPUTADO JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ. Diputación Permanente 12 de julio de 2007 C. Dip. José Ramón Rodríguez Gómez: En el mismo sentido de que la PGR, instituciones oficiales y Presidencia de la República han dicho que fue un atentado y que sí había grupos subversivos aquí en el Estado de Guanajuato y que inclusive dan horas precisas y con qué artefactos, con una secuencia de una hora y al mismo tiempo; entonces nada más para aclarar que sí ya hay un dato oficial, de que sí hay grupos subversivos, de que permanezcan en hotel o que permanezcan… ¡eso sí no lo sé!, si aquí tienen un domicilio fiscal para recibir notificaciones ¡tampoco lo sé!
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PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ A FAVOR DE LA OBVIA RESOLUCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES INFORMACIÓN RESPECTO DE LA SITUACIÓN ORIGINADA CON MOTIVO DE LAS EXPLOSIONES DE PEMEX. Diputación Permanente 12 de julio de 2007. C. Dip. José Ramón Rodríguez Gómez: Yo comparto la posición de mis compañeros diputados, esto es de aspecto meramente social, que no es político; que es una situación de información y de quitar esa intranquilidad y zozobra entre los representados. Vimos que en días pasados estos hechos que se suscitaron al principio decían que eran de PEMEX, después salió que era del EPR, la Procuraduría General de la República lo confirma, hasta la fecha a lo mejor cualquier ciudadano lo pudiera pedir en Acceso a la Información que posiblemente todavía no lo tengan y esto no es más de solidarizarnos de acuerdo al ámbito de nuestra actuación y salir con una bandera de un partido político; yo en lo particular lo manifiesto, respeto cómo tomen los acuerdos cada Grupo Parlamentario, pero sí les pido a los compañeros diputados que aprueban y se solidaricen con este Punto de Acuerdo, ya que no es más de una atención a una ciudadanía.
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MANIFESTÁNDOSE DE NUEVA CUENTA A FAVOR DE LA OBVIA RESOLUCIÓN, PARTICIPA EL DIPUTADO JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ, RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO CON MOTIVO DE LAS EXPLOSIONES DE PÉMEX. Diputación Permanente 12 de julio de 2007 C. Dip. José Ramón Rodríguez Gómez: Pues nada más para decir que lo pedimos de obvia resolución precisamente para que ya no pase a Comisiones ni a Junta dada la urgencia y vuelvo a repetir, no lo tomen como un aspecto político, somos respetuosos de sus formas de cabildear, de consensar, pero sí ojalá se solidaricen en bien y trasmitir una comunicación a una sociedad demandante que sí está intranquila, yo difiero del diputado Antonio Ramírez Vallejo, ¡claro que no está en una psicosis pero sí está en una zozobra, sí hay una intranquilidad!, sería mentir; entonces para pedirles que ojalá pudieran votar un caso que no veo que ponga en discusión o en posiciones a los diferentes Grupos Parlamentarios, sino que se apruebe este Punto de Acuerdo de obvia resolución.
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PARA HABLAR SOBRE LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, INTERVIENE EL DIPUTADO JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ. Sesión Ordinaria 9 de mayo de 2007 C. Dip. José Ramón Rodríguez Gómez: Con su permiso Presidenta. La iniciativa de reforma para adicionar un segundo párrafo al artículo sexto de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, que el día de hoy presentamos los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, resulta trascendental para los trabajos que actualmente realizan nuestros compañeros diputados integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y Puntos Constitucionales de este Congreso del Estado, en relación a la adecuación de la normativa que rige la organización, funcionamiento gobierno y misión de la Universidad de Guanajuato. La iniciativa de reforma que hoy se presenta, medularmente concede a nuestra máxima Casa de Estudios de la entidad, plena autonomía elevada a rango constitucional, otorgándole a la naturaleza de esta institución legalidad y certeza jurídica, cubriendo así el vacío constitucional respecto del reconocimiento expreso de la autonomía de la Universidad de Guanajuato desde la ley suprema local. Tomando como base el fundamento consagrado en el artículo tercero, fracción séptima de nuestra Carta Magna y lo señalado en el artículo tercero de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, ubicamos a esta institución como un organismo autónomo con sustento constitucional federal, con capacidad jurídica y patrimonio propio, con la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra, de investigación y de libre examen y discusión de las ideas. La nueva condición de la Universidad de Guanajuato, será a la vez una clara expresión y un gran estímulo del impulso democrático de nuestro Estado. La autonomía reconoce, respeta y alienta el espíritu libre, creador y crítico, contribuyendo así a su compromiso con la sociedad y a los fines educativos de nuestro país. Es cuanto señora Presidenta.
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PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ PARA HABLAR SOBRE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJO. Sesión Ordinaria 1° de mayo de 2007 C. Dip. José Ramón Rodríguez Gómez: Con su permiso Presidenta. “El mundo no se mueve únicamente por los poderosos empellones de los héroes, sino también por la suma de los pequeños empujones de cada trabajador honesto” Hoy 1° de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo, fecha en que conmemoramos la lucha de los trabajadores por lograr el reconocimiento de sus derechos laborales, en particular la jornada de trabajo de ocho horas diarias. Los mártires de Chicago representan el grupo obrero que inició en el año de 1886 un movimiento en reacción a la exagerada explotación a la que eran sujetos, logrando la reducción de las jornadas laborales; evitando de esta manera el desgaste físico de los trabajadores y la oportunidad a los desempleados de obtener un trabajo remunerado en las fábricas. Lamentablemente el resultado de esta protesta fue de varios muertos y medio centenar de heridos. A partir de dicho acontecimiento, se generaron diversas manifestaciones obreras en distintos países del mundo con el objeto de mejorar las condiciones laborales. En México ocurrieron dos huelgas muy importantes de trabajadores: En 1906 la de Cananea y la de Río Blanco en el año de 1907, las cuales fueron salvajemente reprimidas ocasionando la muerte de muchos de ellos. Fue hasta el año de 1913 cuando por primera vez en nuestro país, se conmemoró el Día del Trabajo. Hoy hacemos un alto para reflexionar sobre la importancia del respeto de dichos derechos como condición necesaria para lograr una sociedad más justa. Nuestra Carta Magna reconoce y protege las garantías sociales estableciendo en su artículo 123 los siguientes derechos para los trabajadores: La jornada laboral de 8 horas, un día de descanso por cada 7 días laborados, salarios justos, derecho a la formación de asociaciones y sindicatos, derecho a la participación de las utilidades de las empresas y derecho a la seguridad social. Además existe una Ley Federal del Trabajo que regula las relaciones laborales entre trabajador y patrón. De igual manera, el derecho al trabajo está reconocido en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, considerándolo como aquel que nos permita vivir dignamente, en el que todos tengamos derecho a una remuneración con independencia de nuestras características físicas y condiciones sociales, que nos deje tiempo para desarrollarnos como personas y en el caso de no tener acceso al mismo, que se nos proteja. En este día de profunda significación, el gobierno, patrones y trabajadores, deben conformar una alianza política con objetivos comunes para combatir el
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problema del desempleo, la pérdida del poder adquisitivo y la inseguridad. Ello para que de manera conjunta se logren acuerdos que resuelvan los problemas principales que aquejan a los trabajadores. Según datos proporcionados por la Confederación de Trabajadores de México, en nuestro país se vive la peor crisis de desempleo. La difícil situación laboral obliga a un alto porcentaje de mexicanos a salir al exterior en busca de mejores condiciones de trabajo y salarios menos limitados, obligándolos a abandonar a su familia y poniendo en riego su vida. Es por esta razón que deben existir mejores condiciones de seguridad en el país para atraer inversiones que generen más empleos, permitiendo de esta manera elevar la calidad de vida de los trabajadores y el reconocimiento de sus derechos sociales. El gobierno debe comprometerse a defender los intereses legítimos de los trabajadores, a generar empleos bien pagados y elevar la competitividad del país. Paralelamente debe defender el poder adquisitivo y el salario de los trabajadores. Necesitamos un gobierno que oriente más su política económica hacia el mercado interno, para evitar seguir dependiendo del exterior. El Día del Trabajo es la conmemoración de las luchas, los sacrificios, los esfuerzos de los trabajadores para obtener mejores niveles de vida; es un homenaje a los trabajadores de todos los tiempos, de todas las razas y de todas las naciones. El día de hoy exhortamos a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que realice una revisión integral de las remuneraciones en nuestro país, con miras a elevar y dignificar las mismas; haciendo efectiva la garantía social plasmada en nuestra Ley Suprema de que todo trabajador tenga derecho a un salario que resulte suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia, para obtener así una mejor calidad de vida y al mismo tiempo, reivindicar sus derechos laborales. Es cuanto señora Presidenta.
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PARTICIPA EL DIPUTADO JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ CON EL TEMA DE REFORMA A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. Sesión Ordinaria 22 de marzo de 2007 C. Dip. José Ramón Rodríguez Gómez: Con su permiso señora Presidenta. Reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Actualmente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presenta un delicado problema social y financiero, ya que enfrenta una grave deficiencia en sus servicios de salud, en la falta de recursos para financiar programas de beneficio colectivo y en el riesgo cierto de que en un lapso breve sea imposible financiar el pago de las pensiones, afectando a cientos de miles de familias que dependen de ese ingreso. Concientes de que el ISSSTE es una institución bajo la cual se encuentra la atención de la salud de más del diez por ciento de la población mexicana y que de igual forma asegura a más de medio millón de jubilados, un ingreso que les permita vivir con dignidad, financiar vivienda accesible, otorgar créditos con tasas bajas e impulsar para este sector programas sociales y culturales. Es por ello que resulta necesaria una reforma integral a su ordenamiento jurídico que satisfaga las demandas de sus derechohabientes, que reconozca y refuerce el papel del Estado en la seguridad social. De igual forma, urge recuperar la visión integral de la seguridad social, en donde salud, pensiones, vivienda, guarderías y el resto de los servicios y prestaciones, tienen el objetivo común de garantizar el bienestar individual y colectivo de los trabajadores y sus familias. La seguridad social en México enfrenta graves desafíos urgentes de atender, entre los cuales destacan: cobertura, equidad, financiamiento, calidad y evaluación de la reforma de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1995/97, a la que se pretende homologar la iniciativa de reforma del ISSSTE que hoy se discute. El Gobierno Federal a través de Secretaría de la Hacienda y Crédito Público y del ISSSTE, presentó ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la propuesta de reforma de pensiones que impulsa una reforma sustitutiva para cerrar el actual sistema de reparto de pensiones por otro de cuentas individuales para la totalidad de los trabajadores en activo. Sin embargo, dicha reforma no responde a las necesidades que el Instituto requiere, ya que debilita la seguridad social en razón de las siguientes observaciones: las proyecciones de tasas de reemplazo para el sistema de cuentas individuales dan como resultado pensiones promedio del 35% del último salario; los servicios médicos no contemplan ningún esfuerzo adicional en inversión, ¡por el contrario! propone convenios con proveedores privados y la oferta de la “capacidad excedente”, busca el
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equilibrio financiero y solvencia del Instituto a costa de los servicios que presta; busca adelgazar al Estado y trasladar áreas y funciones públicas al mercado, dejando a los agentes privados las áreas rentables sin que ello se traduzca en beneficios para los trabajadores y sus derechohabientes. Además, traslada a los trabajadores el costo de la crisis que vive el Instituto reduciendo beneficios, como sucede con el sistema de mínimos en pensiones y salud; no aclara el destino de las reservas ni el uso que se hizo de las aportaciones y recursos del Instituto; responde al riesgo de una deuda a futuro, pero no considera la atención de los rezagos acumulados y abre la puerta para que el mercado capitalice las ganancias del sistema. Para realizar y discutir una propuesta de reforma integral al ISSSTE es necesario partir de diagnósticos integrales y confiables de los sistemas públicos nacionales, contractuales y especiales; ordenar y transparentar toda información; evaluar las distintas opciones de transformación; diseñar una ruta gradual de reforma de los sistemas contributivos y tomar en cuenta la urgencia de ampliar cobertura a los grupos excluidos. En concreto, se requiere evaluar el sistema de cuentas individuales, a fin de analizar su viabilidad para el caso mexicano y particularmente para el ISSSTE; regular los regímenes de pensiones de privilegio como condición necesaria para alcanzar la equidad mínima que la seguridad social exige, pues no se pueden pedir mayores sacrificios a los trabajadores mientras existan grupos con esquemas de privilegios que obtienen beneficios cuantiosos con cargo a recursos públicos; elaborar un diagnóstico integral del ISSSTE para el conjunto de sus regímenes públicos de salud y pensiones; realizar auditorías a los servicios médicos y a los fondos de pensiones para fincar responsabilidades por el mal uso que se hizo de ellos durante muchos años. En el marco de la reforma pretendida, es necesario el compromiso del Estado para el rescate de los servicios médicos como garantía a la participación plural de trabajadores y derechohabientes, en general en la transformación y fortalecimiento del sistema. Resulta necesario abordar el tema desde una perspectiva diferente, reconociendo y reforzando el rol del Estado en la seguridad social y su participación directa en el sistema y no sólo verlo como autoridad rectora y árbitro entre particulares, renovando sus tareas y funciones como garante de los derechos sociales, pero también sus compromisos como parte patronal en el caso del ISSSTE. Además, promoviendo una política de acuerdos que fomente la participación de todos los actores en el rescate de la seguridad social y que no sólo traslade el costo a los trabajadores. Es de vital importancia impulsar un acuerdo para el rescate del ISSSTE, basado en un diagnóstico confiable que muestre la magnitud del problema que afronta el Instituto, en donde el Estado, autoridades, sindicatos, trabajadores activos, pensionados y jubilados recuperen la visión de la seguridad social, garantizando de esta manera el bienestar individual y colectivo de los trabajadores y sus familias.
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La reforma que el Instituto requiere debe ser legítima, institucional y transparente, y sobre todo, apoyada por un amplio consenso social. El día de hoy, en sesión de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión, probablemente se aprueben reformas a la Ley del ISSSTE, aunado a las manifestaciones de un amplio sector social que desaprueba el sentido de la reforma que aprobarán diferentes partidos. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hace entrega de un documento realizado por los ciudadanos Profesor Miguel Alonso Raya y la Economista Odilia Ulloa Padilla, quienes fungieron como diputado federal Presidente y Secretaria Técnica respectivamente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la Quincuagésima Novena Legislatura período 2003-2006. El ejercicio que hoy planteamos va en razón de que esta Asamblea cuente con suficientes elementos para emitir una opinión en base a la fuerza de la razón. Es cuanto señora Presidenta.
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EL DIPUTADO JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ, PARTICIPA EN TRIBUNA PARA FIJAR LA POSTURA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, SOBRE EL PAQUETE FISCAL 2007. Sesión Ordinaria 16 de diciembre de 2006 C. Dip. José Ramón Rodríguez Gómez: Con su permiso señor Presidente. Señoras y señores diputados. Desde el momento mismo de nuestra protesta como diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, fijamos con claridad que nuestra principal y primordial razón política es que en el Estado de Guanajuato todas las personas deben gozar de la protección que les otorgan las garantías constitucionales y sus leyes reglamentarias. Ahora que estamos ante el denominado Paquete Fiscal para el año 2007, integrado por las Leyes de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, tenemos que atender que éstas vean que todas las personas gocen de su beneficio para tener y poseer algo útil para su vida cotidiana. Aprobaremos el Paquete Fiscal en la inteligencia de que éste resulta de una inercia histórica que no puede suspenderse para financiar el gasto, pero que algún día tendremos que modificar. Entendemos perfectamente bien el origen del ingreso estatal. Allí existe una necesidad fundamental de la república de transformación que implica a todos. También el gasto tiene un destino propiciado por el monto que no puede dejarse de dar y por el dinero que puede servir para inversión útil para los habitantes de nuestra entidad. La parte fundamental es la del destino de los recursos recaudados por los impuestos. Por ejemplo, en tratándose de los impuestos a la nómina y los cedulares ha habido una demanda unánime: Que no se utilicen para gasto corriente ni para las bonificaciones y satisfacciones de los funcionarios públicos. Los diputados perredistas hemos ponderado el comportamiento oficial de los impuestos a las nóminas y los cedulares, pero lo hemos hecho bajo los criterios de utilidad social; por ello, con toda responsabilidad hemos propuesto públicamente que en congruencia con nuestra naturaleza de poder público obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, el derecho de alumbrado público sea cubierto con parte del monto de los ingresos obtenidos por el Impuesto sobre Nóminas; esperamos que esta propuesta sea valorada con seriedad de cara al ejercicio fiscal del año 2008. Sabemos que hay intereses que el gobierno estatal cuida en su orientación de gasto, pero la sociedad tiene necesidades y urgencias que rebasan cualquier interés; allí está la educación para no ir muy lejos. Guanajuato no puede seguir en los últimos lugares nacionales; por eso nuestra preocupación para impulsar la educación pública
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con infraestructura desde preescolar hasta superior; por ello la necesidad de plazas de calidad para maestros con vocación genuina; para ello la urgencia de invertir agresivamente en ciencia y tecnología. En educación tenemos que irnos rápido por el camino del conocimiento porque si el atraso sigue imperando, Guanajuato no va a llegar a ningún lado en esta globalización avasalladora. Allí está también el otro segmento social y económico que es el campo guanajuatense. Mientras no equilibremos todos los factores de coexistencia campociudad, Guanajuato seguirá expulsando a sus mejores hombres y mujeres, seguirá descapitalizando su sector agropecuario y, lo que es muy dramático, seguirá destruyendo su entorno ecológico y desperdiciando sus recursos naturales. Guanajuato necesita una verdadera reconversión agropecuaria que permita el uso eficiente del agua y de todos sus recursos; una transformación seria que permita proyectos productivos de gran aliento para cada comunidad; en eso está nuestra preocupación para orientar el gasto público. En algo tenemos una coincidencia: Guanajuato necesita de planeación estratégica, pero lo único que deberíamos cuidar todos es que en eso no haya más simulación. No ha habido gobierno que diga que no planee, ¡hasta leyes en la materia existen!, pero lo cierto es que la realidad económica y social de Guanajuato no está para andarla presumiendo por el mundo. Los diputados perredistas queremos ver que el ejercicio fiscal 2007 sirva para evaluar minuciosamente y sin ficciones la realidad para modificar lo que haya necesidad. En ese sentido es que otorgamos el voto para que exista un esfuerzo verdadero de planeación. Es tanto señor Presidente.
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PARA RECTIFICAR HECHOS A LO MANIFESTADO POR EL DIPUTADO SALVADOR MÁRQUEZ LOZORNIO, INTERVIENE EN TRIBUNA EL C. DIPUTADO JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ. Sesión Ordinaria 8 de diciembre de 2006 C. Dip. José Ramón Rodríguez Gómez: Nosotros venimos como Grupo Parlamentario a hacer una propuesta no a tratar de ser populistas y queda claro que la ley no se vota ni se discute sino se aplica. C. Dip. Salvador Márquez Lozornio: Si fuera tan amable de solicitarle al orador si me acepta una pregunta por favor. -El C. Presidente: Señor orador, ¿acepta usted la pregunta? C. Dip. José Ramón Rodríguez Gómez: Sí, con gusto diputado. -El C. Presidente: Adelante diputado. C. Dip. Salvador Márquez Lozornio: Solamente para preguntarle, aunque por su posición en la tribuna supongo que así fue, pero, ¿se sintió usted aludido diputado? C. Dip. José Ramón Rodríguez Gómez: En el término del grupo que dice usted populista, nosotros hacemos una propuesta, consideramos y buscamos el consenso y el equilibrio, más no la confrontación; a eso venimos y eso usted propone y estoy de acuerdo; por eso digo que la ley no se discute ni se vota, no se pone a consideración, simplemente se aplica.
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, INTERVIENE EN TRIBUNA EL C. DIPUTADO JOSÉ RAMON RODRÍGUEZ GÓMEZ, PARA HABLAR SOBRE EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS 46 MUNICIPIOS DE NUESTRO ESTADO. Sesión Ordinaria 8 de diciembre de 2006. C. Dip. José Ramón Rodríguez Gómez: Con su permiso señor Presidente. Señoras y señores diputados. Este Congreso ha reconocido la historia que año tras año repetimos los legisladores y los Ayuntamientos de Guanajuato respecto del problemático derecho de alumbrado público. La Legislatura anterior incluso ejerció el derecho de presentar una iniciativa de decreto que adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ella se hace una serie de consideraciones que deberían retomarse en nuestra propia actividad legislativa tanto como en el Congreso de la Unión. Allí queda asentado que el problema vino con la reforma constitucional del 3 de febrero de 1983, cuando en el marco jurídico del Estado de Guanajuato se realizan las adecuaciones conducentes, insertando por primera vez en la Ley de Ingresos para los Municipios para el ejercicio fiscal de 1985, la contribución especial por el servicio de alumbrado público, cuya base tributaria fue el consumo de energía eléctrica. Desde entonces dice la iniciativa, hay que reconocer que las subsecuentes leyes fiscales municipales de Guanajuato reiteraron y reiteran el esquema tributario en los mismos términos que le vio nacer; entonces y ahora, 21 años después, a nadie escapa que la base que se eligió fue incorrecta y que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de invadir la competencia tributaria exclusiva de la federación, según reza lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución General de la República. Tenemos asumido que el problema de fondo es redefinir en base constitucional los principios de proporcionalidad y equidad, tratándose de servicios públicos indivisibles y es que no podemos tratar de manera igual lo desigual pretendiendo aplicar las reglas de proporcionalidad y equidad aplicables a los servicios divisibles de la misma forma a los servicios de naturaleza indivisible, y como bien sabemos todos en esta Asamblea, este órgano de poder recibe su investidura y sus facultades de una fuente superior a nosotros mismos, como lo es incontrovertiblemente la Constitución; por lo tanto, a este Congreso no le queda de otra que asumir los términos y límites emanados del Constituyente, estamos en el típico ilustrativo caso de la vigencia del estado de derecho, los órganos y autoridades sólo pueden lo que la ley les permite y por tanto debemos fundar nuestras acciones en la ley suprema. En este salón recién en septiembre cada uno de nosotros protestó cumplir y hacer cumplir la ley, el legislador guanajuatense no puede así aprobar una disposición contenida en las Leyes de Ingresos Municipales señaladamente contraria a la Constitución. Es un principio básico, está en la naturaleza misma del Poder Legislativo; por esa razón sustantiva y en el entendimiento de las otras razones prácticas que se abordan en el Punto de Acuerdo aprobado por esta Asamblea, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, manifiesta su voto en contra de seguir año tras año con la inconstitucionalidad, inclusión del derecho de alumbrado público en los 46 dictámenes
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de las Leyes de Ingresos Municipales; en todo caso nuestro grupo pondera una propuesta contenida en la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado 2007, para que los ingresos que se obtengan por la recaudación del impuesto del 2% sobre nóminas, deberá aplicarse exclusivamente a rubros de gasto de inversión pública, social y productiva y el servicio de alumbrado público podría ser ese destino. Es tanto señor Presidente.
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EL C. DIPUTADO JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GÓMEZ, INTERVIENE EN TRIBUNA PARA HABLAR SOBRE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO PRESENTADA AL PLENO, RELATIVA AL CONFLICTO EN EL ESTADO DE OAXACA. Sesión Ordinaria 2 de noviembre de 2006 C. Dip. José Ramón Rodríguez Gómez: Con el permiso de la Presidencia. Señoras diputadas, señores diputados. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quiere dejar constancia de que este Congreso no es insensible ante la grave herida que aqueja a México en Oaxaca. El Punto de Acuerdo que aprueba esta Asamblea Legislativa, recoge el sentimiento que recorre al país a lo largo y ancho de su geografía; ese es un sentimiento de preocupación expresado fehacientemente en todos los ámbitos políticos, sociales e institucionales, para que esa parte de México se encamine a la paz con justicia. Ya un dictamen del Senado de la República del 19 de octubre, advirtió al país la severa situación que ahí se vive. A nadie escapa que Oaxaca atraviesa por una crisis político-jurídica de proporciones mayores, misma que ha afectado y continúa afectando gravemente la vida institucional y el ejercicio pleno de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos. No cabe duda de que la magnitud actual del conflicto se debe en buena medida a la falta de conducción política, así como a las acciones y omisiones en que se ha incurrido. Es público y notorio que la crispación y el encono entre las partes en conflicto se ha incrementado, al grado que es patente la ingobernabilidad por la que atraviesa la entidad; la autoridad local desplegó una operación política tardía e ineficiente que alentó el conflicto, desdibujó la legalidad y sumió a la ciudadanía en la incertidumbre y la desesperación. A mayor abundamiento, la falta de interlocución entre las partes es signo de debilidad institucional y hace frágil la capacidad de ejercicio. Ante todo ello, es claro que la permanencia del titular del Poder Ejecutivo del Estado, no otorga las condiciones suficientes que coadyuven a restablecer la normatividad. Las instituciones de la entidad han visto vulnerada su integridad y el ejercicio cabal y normal de sus atribuciones se ha tornado difícil; la autoridad ha sufrido el menoscabo de sus potestades.
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Asimismo, se han endurecido las posiciones con lo que se ha transitado de la intransigencia a la violencia, esto lamentablemente ha causado la muerte de algunos ciudadanos enrareciendo el clima político del Estado. Debe mencionarse que en Oaxaca los problemas, los rezagos, las carencias y la violación de los derechos humanos; los rencores, enconos y prácticas caciquiles no son privativos del período que estamos analizando; por ello, la sociedad oaxaqueña no encuentra respuesta a sus demandas; ni siquiera interlocución responsable con los servidores públicos de las distintas dependencias del gobierno local. Resulta insoslayable que existen condiciones graves de inestabilidad e ingobernabilidad en el Estado de Oaxaca, que se ha trastocado seriamente el orden jurídico y la paz social. Este diagnóstico realizado desde la institución representativa del pacto federal, debería ser suficiente para que nadie se quede sin hacer algo; por eso el espíritu del Punto de Acuerdo de esta Asamblea tiene un alto valor republicano; sin embargo, más allá de las propias instituciones quedan las personas específicas con sus responsabilidades individuales e ineludibles, es el caso del señor Ulises Ruiz Ortiz, quien ha impuesto su negativo sello personal a la alta institución del ejecutivo oaxaqueño, lo que contribuye al incremento de la muy larga lista de agravios históricos sufridos por los oaxaqueños. Recordemos que este señor llegó de manera muy cuestionada al poder, por lo que es considerado por muchos como un gobernador ilegítimo y no bien asumió el poder, persiguió y sometió a proceso penal a su adversario en la contienda electoral por el Gobierno del Estado; apresó a líderes sociales, orquestó la agresión contra el periódico “Noticias de Oaxaca” y contra todo aquel comunicador que cuestionara su estilo autoritario y a quienes no lo apoyaron en su candidatura a gobernador les envió engorrosas y dirigidas auditorías. En varios municipios del Estado se fueron multiplicando y documentando las denuncias ante el abuso de autoridad; la falta de transparencia en el manejo de los recursos, así como la agresión contra los que se inconformaban. Oaxaca, un Estado con un atraso económico tan dramático, un Estado con tanta importancia histórica, social y cultural, es víctima de la peor forma de gobernar que se pueda conocer en el país. Un cacique, un hombre aferrado al poder, un hombre sin principio alguno y sin la menor consideración para el pueblo que gobierna, ha decidido contra todo y contra todos quedarse en el cargo, pese a que no tiene ninguna posibilidad de ejercer el Poder Ejecutivo; el señor está nulificado política, social y moralmente para ocupar el cargo de Gobernador Constitucional del Estado. Dentro y fuera de México lo dicen todos, lo dicen todos los partidos, lo reconocen todos los actores políticos del país, lo saben en el gobierno federal, lo ha constatado la Comisión de Senadores que acudió en días pasados a Oaxaca, lo reconocen en privado gobernadores, senadores y diputados incluso de su propio partido; no hay medio de comunicación nacional y extranjero que deje de consignarlo así cotidianamente desde hace meses; ¡todo mundo lo sabe!, el señor Ulises Ruiz es hoy por hoy el principal obstáculo para que Oaxaca regrese a la normalidad ¡pero este señor no se quiere ir!. No le importa el daño económico que Oaxaca esté sufriendo, no le conmueve la conciencia de que cientos de miles de niños tengan meses sin recibir las clases en las escuelas públicas de Oaxaca, no le importa que la capital esté
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paralizada económica y socialmente, ¡vamos!, ¡no le conmueve la sangre de sus paisanos!, que con balas asesinas atribuidas a él mismo han caído en el conflicto. Nada mueve al señor que ocupa el cargo de Gobernador de Oaxaca, él está aferrado al poder, ¡he aquí un caso contundente de una institución pervertida por un individuo! Es por casos como éste que los mexicanos estamos obligados a transformar las instituciones, evitando que sirvan para satisfacer ambiciones personales; es la hora de hacer verdaderamente públicas las instituciones, protegiéndolas del usufructo privado de quienes las ocupen; por eso, por la transformación y defensa de las instituciones republicas, desde Guanajuato exigimos que el señor Ulises Ruiz Ortiz deje de corromper la institución del Poder Ejecutivo del Estado hermano de Oaxaca y abandone el cargo que evidentemente ha denigrado. Los ciudadanos identificados con el Partido de la Revolución Democrática, apegados a sus principios humanistas y solidarios, hacemos nuestras las demandas de los oaxaqueños y las aspiraciones de todos los mexicanos; ¡por eso nuestra exigencia de alto a la violencia y respeto a los derechos fundamentales de los pueblos de Oaxaca! Señor Presidente, le solicito que el texto de mi intervención sea anexado al Punto de Acuerdo de esta Legislatura y sea enviado también a sus destinatarios. Muchas gracias.1
Transcripción: Martina Trejo López Supervisó: Lic. Alberto Macías Páez, Coordinador de la Unidad del Diario de los Debates.
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