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LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES ESTÁN PRESENTADAS EN FORMA DESCENDENTE, DE ACUERDO A LA SESIÓN EN QUE SE LLEVARON A CABO (SEPTIEMBRE 2006 – SEPTIEMBRE 2009)
INTERVENCIONES EN SESIONES DE PLENO Y DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE C. Diputado J. Guadalupe Vera Hernández Distrito IV Suplente Laura Cristina Márquez Alcalá
Última participación: Agosto 30, 2007 PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO J. GUADALUPE VERA HERNÁNDEZ, PARA RECTIFICAR RELACIONADOS A LAS RESOLUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Sesión Ordinaria 30 de agosto de 2007 C. Dip. J. Guadalupe Vera Hernández: Con permiso de la Presidencia. En esta Legislatura habemos diputados que somos de diferentes ideologías y de diferentes formas de pensar; que algunos tratamos directamente con la gente pobre, con la gente necesitada, que vamos a nuestras colonias y vemos las necesidades; pero también aquí habemos diputados y diputadas que son abogados y siento mucho que si tienen requisitos para cubrir, para presentar una controversia o algún argumento legal, lo deben de cubrir y aquí se evidencia que no tienen el conocimiento profundo de las leyes; si en los requisitos que pide nuestra Constitución, nuestros ordenamientos, no se necesita ser abogado para tener la sensibilidad social porque nosotros sí vamos a las colonias y sí vamos a platicar con la gente que menos tiene y la gente que es engañada por estos vivales que se dedicaban a la venta de lotes irregulares. Es cuanto señor Presidente.
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PARTICIPA EN TRIBUNA EL DIPUTADO J. GUADALUPE VERA HERNÁNDEZ, PARA HABLAR SOBRE LAS RESOLUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Sesión Ordinaria 30 de agosto de 2007 C. Dip. J. Guadalupe Vera Hernández: “Hasta que quienes ocupan puestos de responsabilidad no acepten cuestionarse con valentía su modo de administrar el poder y de procurar el bienestar de sus pueblos, será difícil imaginar que se pueda progresar verdaderamente hacia un bien social” Juan Pablo II Con permiso de la Presidencia. Nuestra historia nos ha legado leyes que han servido para regular la convivencia social y el desarrollo de nuestro país. Los legisladores entendemos que dentro de cada precepto jurídico hay una larga evolución de ideas, costumbres, modos de hacer y medios para convivir. Muchos cambios hemos vivido en nuestro devenir histórico. Muchos más deberemos realizar modificando las leyes para fortalecer nuestras instituciones. En un país democrático, el derecho debe ser el camino para el cambio de las realidades. Un aspecto fundamental en la vida de nuestro país es equilibrio de poderes que da como resultado un balance en la estructura política, otorgando a cada poder autonomía de espacio que no imposibilitaba una razonable situación de control de un poder respecto a otro. Los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hoy más que nunca estamos firmemente convencidos que los trabajos y las decisiones que se han tomado desde el cumplimiento de nuestras funciones van en el camino correcto, pensando siempre en los que menos tienen y menos pueden Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una resolución histórica para la vida política y social de nuestro Estado, determinó por unanimidad que las reformas al Código Penal para el Estado de Guanajuato son constitucionales, las cuales contenía entre otros los artículos 11, 56 y 262, que establecen: La afectación al ordenamiento urbano como delito grave, la reparación del daño, debiendo pagar el valor de las obras necesarias para introducir los servicios básicos, el de los lotes que se encuentren afectados por el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y el de las obras necesarias para dar acceso vial al predio, así también el de sancionar a quien promueva, induzca o aliente la formación o construcción de asentamientos humanos irregulares, causando un perjuicio público por sí o por interpósita persona; o al que fraccione, enajene o se comprometa a enajenar en forma fraccionada o en lotes, un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades competentes, o cuando existiendo éste no se hayan satisfecho los requisitos de tal permiso, se le impondrá de tres a nueve años de prisión y de cien a mil días multa.
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Así también, al castigar en mayor medida a los servidores públicos en forma severa, destituyéndolos del empleo o cargo e inhabilitándolos hasta por diez años para desempeñar cualquier función pública, determinando que la reparación del daño siempre será pagada a la administración pública municipal del lugar en donde se ubique el inmueble. Por lo antes mencionado es de gran júbilo para esta Sexagésima Legislatura y para todos los ciudadanos guanajuatenses dicha resolución, confirmando que la razón siempre emerge a través del tiempo, sin importar los obstáculos y las dificultades. Es cuanto señor Presidente.
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MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE REFORMAS A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, INTERVIENE EL DIPUTADO J. GUADALUPE VERA HERNÁNDEZ. Sesión Ordinaria 30 de agosto de 2007 C. Dip. J. Guadalupe Vera Hernández: Con el permiso de la Presidencia. Los diputados tenemos el compromiso de velar por el bienestar de los ciudadanos de nuestro Estado, en razón al mandato que ellos mismos nos otorgaron, y congruente a esta función, tenemos la obligación de revisar los marcos jurídicos que sean capaces de generar los satisfactores sociales que nuestro Estado requiere. No obstante las bondades de la vigente Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su aplicación cotidiana ha hecho evidente la necesidad de crear nuevas figuras jurídicas, así como la de adecuar diversos supuestos existentes, de conformidad con las circunstancias que imperan en la actualidad, pues no debemos perder de vista que la norma jurídica no es un instrumento estático, ¡sino por el contrario! permanece en un proceso de constante cambio y de perfeccionamiento para mantener su contenido acorde a la realidad que le corresponde regular. Con este propósito en la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, trabajamos conjuntamente con los diferentes actores involucrados en materia de obra pública, siempre con el espíritu de atender las necesidades de nuestro Estado, comenzando los trabajos con la iniciativa que fue turnada a esta Comisión para efectos de su estudio y dictamen, proponiendo la reforma a los artículos 6, 47, 59, 74, 75 y 76 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Para el desarrollo del proceso legislativo se remitió dicha iniciativa para su análisis y observaciones a los 46 municipios del Estado, así como a la Secretaría de Obra Pública y a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado a efecto de recabar sus opiniones. Se realizaron tres foros regionales de consulta en las ciudades de León, Celaya y San Luís de la Paz, con la valiosa participación de representantes de las diversas Cámaras de la Construcción, Colegios de Ingenieros y Arquitectos, funcionarios estatales y municipales, constructores privados y ciudadanía en general. En cada uno dichos foros se expresaron libremente en torno al contenido de la iniciativa, todas ellas de gran valía para enriquecer la propuesta inicial. Con el propósito de retomar y clasificar las opiniones vertidas por los diferentes actores y participantes, se llevaron a cabo dos mesas de trabajo, donde se
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realizaron y analizaron las propuestas expresadas en cada uno de los foros, las opiniones remitidas por la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, por los Ayuntamientos y las vertidas por los diputados integrantes de la Comisión. El dictamen que fue aprobado por la comisión y que se encuentra a su distinguida consideración, es una aportación de gran importancia para fortalecer nuestro marco jurídico, el cual no sólo establece modificación de los artículos planteados por el iniciante, sino propone la modificación de más artículos en la materia, producto del enriquecimiento de los procesos de consulta, dando como resultado la modificación de los artículos 6, 47,59,74,75,76,79,80,108, adicionándose el articulo 73 bis de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. Con las reforma a los artículos antes mencionados, se logrará la posibilidad de que las autoridades municipales puedan convenir el eximir la validación del expediente técnico en obras públicas municipales pequeñas, que sean de fácil realización y de urgencia para los ciudadanos, lo que redundará en el fortalecimiento de la autonomía a los municipios y dará mayor celeridad en el procedimiento de realización de la obra pública. Así también, se fomentará el empleo en los municipios al contar las empresas de pequeño y mediano capital, con posibilidades de participar en más licitaciones, por no requerirles de un monto mayor al treinta por ciento de su capital contable conforme al presupuesto de la obra licitada. Cabe resaltar que se incluyeron nuevos instrumentos jurídicos para poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución de la obra pública, como lo son la carta de crédito, la garantía fiduciaria, el certificado de depósito y los contratos de prenda e hipoteca, estableciéndose el procedimiento en que deberán otorgarse cada uno de éstos. Con las nuevas formas de garantías, se logrará disminuir los costos de las obras publicas, agilizar el procedimiento de adjudicación y darle certeza jurídica al contratante y al contratista. Quiero hacer un reconocimiento a mis compañeros de la Comisión, los cuales en forma entusiasta y comprometida, hicieron una gran labor trabajando en equipo, para tener como resultados reformas apegadas a nuestra realidad social, que traerán un beneficio en primera instancia a los sectores económicos y sociales del Estado y en gran medida al sector de la construcción. Es cuanto señor Presidente.
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EL DIPUTADO J. GUADALUPE VERA HERNÁNDEZ, PARTICIPA PARA HABLAR EN CONTRA DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSARIO DEL CARMEN DE LA VEGA MAYAGOITIA, EN EL SENTIDO DE QUE EL ARTÍCULO 262 DEL DICTAMEN SE QUEDE EN LOS TÉRMINOS ACTUALES. Sesión Ordinaria 30 de mayo de 2007 C. Dip. J. Guadalupe Vera Hernández: Con su permiso señora Presidenta. Actualmente grupos organizados ofertan este tipo de lotes aprovechando la condición económica de sus clientes, quienes buscan obtener una vivienda a bajo costo, escudándose en asociaciones civiles apócrifas evaden la acción de la ley actual. En su estricta aplicación de esas modificaciones, coadyuvará a frenar el crecimiento de fraccionamientos irregulares y en consecuencia colabora con el desarrollo ordenado de las ciudades. Es impostergable modificar nuestra legislación en lo referente al artículo 262 del Código Penal, toda vez que los mecanismos legales actuales no están cumpliendo con su cometido, trayendo como consecuencia el crecimiento indiscriminado de los fraccionamientos irregulares. Es cuanto señora Presidenta.
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EL DIPUTADO J. GUADALUPE VERA HERNÁNDEZ, PARTICIPA A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A DIVERSAS INICIATIVAS DE REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. Sesión Ordinaria 30 de mayo de 2007 C. Dip. J. Guadalupe Vera Hernández: Con el permiso de la Presidencia. Las necesidades poblacionales crecen día con día, consecuencia de la dinámica social, satisfacerlas es una obligación de la autoridad; sin embargo, para lograrlo se requiere de una planeación que no permita el uso indiscriminado de los recursos; la vivienda es sin lugar a dudas una asignatura impostergable en cuanto a la satisfacción de la demanda social. A este respecto los gobiernos federal, estatal y municipales en el ámbito de sus competencias, elaboran programas para cubrir un rezago innegable arrastrado desde mucho tiempo atrás, para darle a los guanajuatenses una vivienda digna no sólo se trata de construir el inmueble, éste debe ser abastecido de los servicios básicos para que el hogar cumpla con los requisitos indispensables para la adecuada convivencia de quienes lo habitan. Este principio de vivienda digna en la que las familias puedan desarrollar todo su potencial en beneficio de la sociedad en general, es violado por aquellos que lucran con la necesidad ciudadana. La venta de lotes en fraccionamientos irregulares atenta contra la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, defrauda la legítima aspiración de acceder a una vivienda digna y fomenta el crecimiento desordenado de las localidades. Los fraccionamientos irregulares no cuentan con servicios básicos, se componen en muchas ocasiones de viviendas construidas con materiales de desecho y las familias viven hacinadas en estos supuestos “hogares”. Actualmente grupos organizados ofertan este tipo de lotes aprovechando la condición económica de sus clientes, quienes buscan obtener una vivienda a bajo costo; se trata de auténticos vividores que de manera particular o escudados en apócrifas asociaciones civiles, evaden la acción de la ley porque desgraciadamente su víctima desconoce la misma. Las reformas a los artículos 11, 56 y 262 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, pretenden castigar con severidad a las personas que se dediquen a esta ilícita actividad y de igual manera a los funcionarios públicos que los estén solapando. Esta herramienta legal es un frente más que une a otros para combatir este fenómeno, como son la oferta de vivienda económica por parte del Estado y los municipios; la participación de estos programas de la iniciativa privada, las acciones de los municipios para integrar a estos fraccionamientos a las redes de servicios básicos, entre otros. Deben saber aquellos dedicados a esta actividad que el tiempo de la impunidad se ha terminado; confiamos en que medidas como ésta ayuden no a
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llenar las cárceles de nuestro Estado, sino a inhibir la comisión de delitos como el que nos compete. Merecen los ciudadanos certeza jurídica sobre la tenencia del patrimonio, sobre la tenencia de su vivienda; que este es su derecho y es obligación de la autoridad crear las condiciones para que así sea. Contener el surgimiento de fraccionamientos irregulares significa un paso fundamental para que los municipios apuntalen sus planes de desarrollo y sobre todo significa garantizar un mejor entorno para el sano desenvolvimiento de las familias guanajuatenses hacia un mejor futuro. Es cuanto señora Presidenta.
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EL DIPUTADO J. GUADALUPE VERA HERNÁNDEZ, INTERVIENE EN TRIBUNA PARA REFERIRSE AL “DÍA DE LA MADRE” Sesión Ordinaria 9 de mayo de 2007 C. Dip. J. Guadalupe Vera Hernández: Con su permiso señora Presidenta. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional congruente con el principio de buscar el bien común, impulsa una serie de reformas encaminadas a proteger y fortalecer a la familia como el núcleo básico para el adecuado desarrollo de sus principios. Es en la familia en donde se inculcan los valores que nos habrán de conducir hacia una mejor sociedad y es la mujer, sobre todo hoy en día, quien toma las riendas para consolidar este núcleo. Reconocer a las madres de familia que junto con su pareja o solas realizan un esfuerzo diario para superar todo obstáculo que se interponga en el sano desarrollo de su familia no significa sólo llenarles los oídos de elogios, sino impulsar desde el ámbito de la competencia de las autoridades, los elementos que le den un mejor entorno para su desarrollo humano, profesional y laboral. Las mujeres y las que son madres en particular, acuden a la escuela para superarse profesionalmente y participan activamente en los mercados laborales con entereza y con éxito; ellas no reclaman actitudes paternalistas de parte de los gobiernos sino condiciones de equidad; exigen por derecho que las autoridades sean solidarias y que conformen una estructura social incluyente. A nosotros como legisladores nos toca crear el marco legal adecuado para su desarrollo para que sean libres de violencia, para que accedan a la educación y al trabajo en condiciones de equidad y con su fortaleza lleven por buen camino a sus hijos. Una mujer que decide ser madre y enfrentar la vida diaria sola, tiene que encontrar condiciones para que en el ámbito laboral no se le impida atender a su familia y esto lo recalcamos porque sería irresponsable dejar de reconocer que en la actualidad muchos de los trabajos nos reclaman el doble del tiempo. Para una mujer en el legítimo ejercicio de sus derechos, puede reclamar la atención y manutención para sus hijos, debe contar con mecanismos jurídicos más ágiles y efectivos que den como resultado la garantía para el sustento familiar. Es importante crear y cuidar las condiciones que den a la mujer la oportunidad de desarrollarse personalmente, de disfrutar la convivencia con sus hijos y de inculcarles los valores propios de una sociedad armónica. Sin lugar a dudas hoy las mujeres, en especial las que son madres, nos han dado lecciones de fortaleza para enfrentar las adversidades y sobre todo lecciones de vida para salir adelante con sus familias.
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Es por ello que resulta de gran trascendencia para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la participación activa de esta Sexagésima Legislatura en la creación del marco jurídico que contenga los principios fundamentales como el derecho a la vida y el respeto a la dignidad de la persona humana; con lo cual se logrará que nuestra sociedad sea mejor cada día. Aprovecho la ocasión para felicitar a todas las madres de nuestro Estado, a las que trabajan en este Congreso, a nuestras compañeras diputadas y muy en especial a la diputada Yulma Rocha Aguilar, que hace unos días fue madre. ¡Felicidades en este día de las madres! Es cuanto señora Presidenta.
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PARTICIPA EL DIPUTADO J. GUADALUPE VERA HERNÁNDEZ PARA HABLAR SOBRE LA INICIATIVA FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, A EFECTO DE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 11, 56 Y 262 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. Sesión Ordinaria 15 de marzo de 2007 C. Dip. J. Guadalupe Vera Hernández: “El Estado de Derecho es condición insustituible para el desarrollo humano sustentable. Requiere que autoridades y particulares nos conduzcamos con apego a las normas jurídicas que tutelan los derechos inherentes de los ciudadanos” Con su venia diputada Presidenta. La consolidación de una cultura de legalidad trae consigo valores como transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones que deben ser aprendidos y practicados a lo largo de toda la vida. La legalidad es un principio del derecho público que tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica. Con el fin de reforzar este precepto básico, se establece la reserva de ley que obliga a regular la materia concreta. La conducta humana es dinámica y es fundamental que se adecue el marco normativo a las condiciones de la problemática social actual para que se instituya como un factor de transformación social, de organización y de mejores oportunidades para las familias de los guanajuatenses. La proliferación de los fraccionamientos irregulares es un quebranto del Estado de Derecho, toda vez que dichos fraccionamientos son creados al margen de la ley, de la planeación urbana, de la seguridad social y de las instituciones. Existen múltiples problemas originados por la venta de lotes irregulares, mismos que no reúnen los requisitos de los ordenamientos legales vigentes. Esta conducta realizada por parte de supuestos fraccionadores o defraudadores, que se han aprovechado de la necesidad o desconocimiento de los ciudadanos en detrimento del patrimonio de éstos y obteniendo un lucro con las ventas, en lo futuro ocasionará graves daños sociales; daños no sólo al municipio sino a toda la colectividad al no contar con los servicios básicos ni con la infraestructura acorde a las necesidades de los guanajuatenses para su desarrollo integral, sin dejar a un lado sobre todo una afectación a la planeación urbana de nuestros municipios. Con esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, atendemos una deuda histórica con los ciudadanos de nuestro Estado, al pugnar por proteger el patrimonio de las familias.
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La incertidumbre generada a los compradores de inmuebles irregulares y la carga excesiva que implica para los municipios al tener que dotarlos de servicios básicos, impactan negativamente al Estado de Derecho que debe imperar en toda sociedad democrática sustentada en el humanismo. En nuestra legislación vigente está tipificado el delito de afectación al ordenamiento urbano en el artículo 262 del Código Penal, sin embargo, dicho precepto lejos de inhibir la conducta, ha permitido su proliferación, trayendo en consecuencia la venta de lotes irregulares en muchos municipios de nuestro Estado. Con la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, garantizamos a la sociedad el que la ley esté por encima de todos y que las conductas ajenas al Estado de Derecho no quedarán impunes, ¡avancemos en la construcción de una nueva institucionalidad que haga efectivo el derecho de los ciudadanos a una vida mejor! Con esto se propone se persiga de oficio dicho delito y que los infractores tengan la obligación de reparar el daño que originen a los municipios, además de elevar la pena cuando se trate de funcionarios que participen en el delito, castigando firmemente a los infractores. Los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, refrendamos nuestro compromiso de seguir avanzando en el fortalecimiento de un marco jurídico garante de seguridad y certeza jurídica para los guanajuatenses, siendo sensibles a las necesidades sociales, pugnando siempre por la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones. Es cuanto diputada Presidenta.
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PARTICIPA EN TRIBUNA EL DIPUTADO J. GUADALUPE VERA HERNÁNDEZ, PARA RECTIFICAR HECHOS AL DIPUTADO LUIS ALBERTO CAMARENA ROUGÓN EN CUANTO A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5°, EN SUS FRACCIONES I, II Y III DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. Sesión Ordinaria 8 de diciembre de 2006 C. Dip. J. Guadalupe Vera Hernández: Con permiso de la Presidencia. Los fines extrafiscales que se están planteando por el iniciante de esta ley, nos remite a los términos de seguridad e higiene, seguridad porque estos terrenos tan grandes son presas de que se cometan ilícitos, que se cometan delitos; en higiene, entre más grandes sean los lotes baldíos más grandes son los problemas. León está asentado en 15 mil hectáreas -la mancha urbana- y de las cuales 4 mil son lotes baldíos. Los que conocemos León vemos por los grandes bulevares grandes extensiones de terreno que están siendo atendidos por el municipio con los servicios públicos y los consecuentes gastos que origina estar dando estos servicios; por tal motivo yo propongo que se quede este artículo como se votó en la Comisión, en las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación. Es cuanto señor Presidente. 1
1 Transcripción: Martina Trejo López Supervisó: Lic. Alberto Macías Páez, Coordinador de la Unidad del Diario de los Debates.
