Un socio de Ciccone aportó a la campaña

años de la marina mercante. Cuando cambió la composición de The Old Fund, Martínez dejó su lugar y las acciones se repartieron por mitades entre el fondo ...
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POLITICA

I

Lunes 9 de abril de 2012

EL CASO BOUDOU s NUEVOS VINCULOS CON EL VICEPRESIDENTE

Un socio de Ciccone aportó a la campaña Sergio Martínez, socio de Vandenbroele, compró dos camionetas para la campaña porteña del entonces ministro de Economía EL ESCENARIO

HUGO ALCONADA MON LA NACION Sergio Gustavo Martínez, el socio minoritario de Alejandro Vandenbroele en la firma con la que tomó control de Ciccone Calcográfica, The Old Fund SA, no sólo conoce al vicepresidente Amado Boudou desde hace casi 20 años. Compró dos camionetas para apoyar su precandidatura a jefe de gobierno porteño mientras compartía un domicilio legal con el entonces ministro de Economía. La compra de ambas camionetas, blancas, ocurrió el 9 de febrero de 2011, cuando Martínez se presentó en un concesionario Kia, en el norte del Gran Buenos Aires. Allí compró dos furgonetas para el objetivo proselitista que comentó a los vendedores, según reconstruyó LA NACION sobre la base de los testimonios de allegados al propio Martínez y de la concesionaria. La operación llevada a cabo por Martínez aporta otro indicio sobre los vínculos que unirían a Boudou con Vandenbroele, cuando como ministro de Economía firmó una nota que carece de antecedentes para que la nueva Ciccone accediera a una moratoria excepcionalísima de la AFIP. Martínez les pidió ayuda a los vendedores. Les consultó si podían pintar las camionetas, con capacidad de hasta 2500 kilos de carga cada una, con los ploteos para la campaña proselitista que se había lanzado de manera formal un mes y medio antes. Con un costo final cercano a los 27.000 dólares por furgoneta –unos 215.000 pesos en total, al tipo de cambio de entonces–, Martínez evitó pagar al contado. Pagó con cheques del Banco Macro, la misma entidad que provee servicios a la nueva Ciccone y a su sociedad controlante, The Old Fund, representada por Vandenbroele. Con sus comentarios sobre Boudou y la campaña, el comprador llamó la atención de los vendedores. Todo se potenció aún más cuando la concesionaria detectó un dato peculiar. Pese a tener entonces poco más de 49 años, Martínez se había presentado con un CUIT obtenido 24 horas antes. Entregadas las furgonetas, la concesionaria perdió contacto con Martínez. Pero la trama alrededor de los vehículos dio otro giro cuando Boudou se bajó de la puja porteña. Y otro giro más cuando la presidenta Cristina Kirchner lo ungió compañero de fórmula para los comicios de octubre. “Las camionetas las terminaron usando para la campaña presidencial”, detalló un allegado a Martínez, que afirma que los vehículos terminaron en Mar del Plata. Estarían a unas pocas cuadras de donde quedaba su local de comidas, Papakea, y de donde vivía el íntimo amigo y socio de Boudou José María Núñez Carmona.

Nuevos rumbos Con la crisis argentina, sin embargo, Martínez se fue a los Estados Unidos. Se instaló en Florida, donde su esposa y sus hijas obtuvieron la ciudadanía, mientras que él afrontó al menos dos cortocircuitos con las autoridades. La primera vez, la policía lo descubrió con al menos 100 tarjetas de crédito robadas o falsificadas, por lo que pudo afrontar hasta 15 años de prisión. Pero salió con una fianza y obvió el proceso. Hasta que lo volvieron a detener. Fue en un estacionamiento vigilado por la DEA. Pero la policía lo liberó porque su legajo estaba incompleto. Y enseguida volvió a la Argentina, donde se reencontró con Núñez Carmona, que lo llevó a vivir a Puerto Madero, frente al departamento donde vive Boudou. La suerte de Martínez cambió. Apareció como socio con el 2% de las acciones en The Old Fund SA, mientras que el 98% restante quedó para el fondo holandés Tierras International Investments, representado por Vandenbroele y con domicilio legal en la calle Davel 2345 de Longchamps. Es decir, la casa de Carlos “Piluso” Schneider, el jubilado de 75 años de la marina mercante. Cuando cambió la composición de The Old Fund, Martínez dejó su lugar y las acciones se repartieron por mitades entre el fondo holandés –que figura como disuelto en el Registro de Comercio de Amsterdam– y la sociedad uruguaya Dusbel SA, cuyos dueños siguen en las sombras. Martínez pasó a integrar Beaver Cheek SA junto a su sobrino Mariano Esteban Martínez, que novia con la hija del secretario privado de Boudou. Fijaron como domicilio legal la planta baja de avenida Corrientes 222. El mismo que el informado por Boudou para las dos sociedades que comparte con Núñez Carmona: Inversiones Inmobiliarias Aspen y Hábitat Natural. Fue entonces cuando Martínez compró las dos camionetas Kia. Aunque ante la AFIP figura como trabajador autónomo con ingresos por hasta $ 15.000 y Beaver Cheek SA contaba con un capital social de sólo 40.000 pesos.

La lucha del kirchnerismo contra el kirchnerismo Continuación de la Pág. 1, Col. 5 Presidenta el histórico vínculo del procurador y el juez con el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, que fue condenado por la presunción de cercanía con el multimedios que dirige Héctor Magnetto. Por si faltaba algo, una de las pruebas que más acercan a Boudou con el director de la nueva Ciccone, Alejandro Vandenbroele, es una factura de Cablevisión, del Grupo Clarín. Es evidente: todo cierra.

La defensa

ARCHIVO

Boudou, el 7 de mayo de 2011, durante un acto en el que era precandidato a jefe de gobierno porteño

La oposición avanzará en la Justicia, el Congreso y la UIF Denunciará al vicepresidente por encubrimiento y supuesto lavado JAIME ROSEMBERG LA NACION Las dos cámaras del Congreso. Los tribunales de Comodoro Py. La sede de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a metros del Obelisco. Pasado el paréntesis obligado por las Pascuas, la oposición volverá hoy a la carga y en distintos frentes contra el vicepresidente Amado Boudou, complicado por vinculación con el levantamiento de la quiebra de la empresa calcográfica ex Ciccone. Dirigentes de la UCR y la Coalición Cívica irán hoy a tribunales, donde ya hay radicadas distintas denuncias contra el vicepresidente en relación con la causa Ciccone. Luego de consensuar la estrategia con la dirigencia del Comité Nacional, sus pares del Senado y el alfonsinismo, el diputado Ricardo Gil Lavedra presentará hoy una denuncia penal contra Boudou por presunto encubrimiento de delitos denunciados durante su conferencia de prensa en el Senado. Casi con los mismos argumentos, el ex diputado de la CC Juan Carlos Morán se presentará en Comodoro Py con un escrito en el que también acusará al vicepresidente de incumplimiento de deberes de funcionario público, por no haber denunciado a la Justicia que el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, habría sido el nexo de un supuesto ofrecimiento de coimas en relación con el destino de la ex Ciccone. “Un funcionario que se entera de un delito debe denunciarlo, y si no lo hace, él también delinque”, explicó

En voz alta

➾ Un funcionario que para eludir la investigación ataca a la Justicia y a la prensa se desempeña mal➵ RICARDO GIL LAVEDRA DIPUTADO UCR

➾ Si un funcionario se entera de un delito debe denunciarlo, porque si no también delinque➵ JUAN CARLOS MORAN EX DIPUTADO CC

a LA NACION Morán, a quien acompañará en su denuncia la diputada Alicia Terada (CC-Chaco). “Estamos esperando las explicaciones de la Presidenta, que fue quien designó a Boudou”, agregó Morán. La embestida radical, no obstante, no se agotará en los tribunales. Gil Lavedra hará, en nombre del bloque radical en la Cámara de Diputados, una presentación contra Boudou en la Unidad de Investigación Financiera, por presunto lavado de dinero. “Las sociedades involucradas en la adquisición de Ciccone Calcográfica SA presentan numerosos aspectos sospechosos, puntualmente, en lo referente a la procedencia de los fondos que emplean”, afirma Gil Lavedra en el escrito, al que tuvo acceso LA NACION. La jugada del radicalismo se completa con el pedido de citación a Boudou en la comisión de Justicia de la Cámara baja. ¿Y el juicio político? Es una variante que divide a la oposición. Ni la UCR ni el socialismo ni GEN, de Margarita Stolbizer, se sumaron a la iniciativa ya presentada por Patricia Bullrich (Unión por Todos); Federico Pinedo (Pro), y otros macristas y peronistas disidentes. Gil Lavedra afirmó que está en estudio recurrir al juicio político, pero no por la causa Ciccone, sino por sus declaraciones a la prensa desde el Senado. “Creemos que un vicepresidente que para eludir la investigación sobre él ataca a la Justicia, a la prensa y a empresarios se está desempeñando mal”, explicó el diputado radical, que ya conversa una presentación conjunta con el PS y Stolbizer.

Muñoz: “A mí nadie me pagó” La ex esposa de Vandenbroele le respondió a Boudou y se ofreció a dialogar Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Vandenbroele, el empresario a quien ella acusó de ser el “testaferro” del vicepresidente Amado Boudou, negó ayer formar parte de una conspiración para perjudicar al funcionario del gobierno kirchnerista y sostuvo que denunció a su ex marido para “salvar” su integridad y la de su hija. “Escuché por televisión que Boudou decía que yo había leído de Ciccone por los diarios y que salía hablando por lo que decía ahí y que yo era parte de una conspiración”, lamentó la mujer, y aseguró: “A mí nadie me pagó nada; es más, una vez me ofrecieron un remise y lo rechacé”. En una entrevista con radio Mitre que reprodujo la agencia DyN, la mujer agregó: “No soy de Clarín, ni de 678, ni de nadie. Yo hablo con

el periodista que sea. Siempre voy a decir mi verdad y, en todo caso, usé los medios para poder salvar mi integridad física y la de mi hija por las amenazas que sufría de parte de Alejandro [Vandenbroele]”. Muñoz se ofreció a dialogar con el vicepresidente para “aclarar cómo es el asunto” ante la posibilidad de que su ex esposo “sea un fabulador”. La ex esposa del empresario también dijo que “tenía la intuición” de que Vandenbroele vivía en una propiedad de Boudou en Puerto Madero, que fue allanada el miércoles, y señaló que el locador del piso, Fabián Carosso Donatiello, “le presta el nombre para que Alejandro pueda alquilar este departamento”. Vandenbroele y el rosarino Carosso Donatiello “son amigos íntimos y tienen muchas cosas en común”, acotó la joven mendocina, que man-

tiene con el empresario una demanda de divorcio y otra por la tenencia de la hija en común. “Si Boudou piensa que todo es mentira, que el mentiroso que está usando el nombre de Boudou es Alejandro, de última, si tiene ganas, que Boudou se siente y hable conmigo y le puedo contar todas las cosas que sé, que Alejandro me refirió y las que supe sola”, dijo. “Podemos aclarar cómo es el asunto, si lo ponen mal las cosas que yo digo. Yo sé mi verdad, lo que viví y las cosas que Alejandro me refirió”, abundó Muñoz. La ex esposa de Vandenbroele apoyó la investigación judicial. “Da la sensación de que se está haciendo bien. Hay que dejar que la Justicia haga con su tiempo las cosas sin intervenir. Pido que se sepa la verdad, con eso alcanza, sin ningún aditamento”, agregó.

Sagaces columnistas que simpatizan con el Gobierno, con Righi y con Rafecas se esforzaron en hacer notar los servicios prestados por esos magistrados en la cruzada contra Clarín. El ala izquierda del kirchnerismo, desde Nilda Garré hasta la Comisión Provincial por la Memoria, salió en defensa de ambos, recordando a la Presidenta sus méritos en la lucha por los derechos humanos. Esta semana se sabrá si esos pedidos de clemencia alcanzaron a disipar los presentimientos de la implacable señora de Kirchner. Tal vez fueron vanos. Hace casi dos años, la Presidenta expulsaba de su gabinete a otro prócer, también militante de los derechos humanos y ejemplar de un linaje valiosísimo para el peronismo progre: Jorge Taiana dejó la Cancillería por la inverosímil acusación de traficar

El malestar con Righi se reactivó porque la Casa Rosada atribuye al juzgado las filtraciones a la prensa a Clarín los detalles de las coimas bolivarianas, que había denunciado en público el embajador Eduardo Sadous. Una curiosidad: el abogado de Claudio Uberti, acusado en aquel escándalo, es Diego Pirota, que hoy patrocina a José María Núñez Carmona, el amigo y socio de Boudou. Para muchos admiradores sinceros de la actual experiencia política ha de ser doloroso admitirlo. Pero entre Uberti y Taiana Cristina Kirchner eligió a Uberti. ¿Por quién se inclinará si se enfrenta a una opción entre el ex camporista Righi y el ex ucedeísta Boudou? El monólogo fratricida del vicepresidente se cobró otras víctimas. La más inesperada fue Juan de Jesús, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria de la Legislatura bonaerense, un íntimo amigo del acusador. En su demonización de la empresa Boldt, Boudou alcanzó niveles de improvisación que se le desconocían. Vinculó a Boldt con la escandalosa “ley del humo”, con la que los diputados oficialistas de la provincia llamaron a una negociación a los dueños de los bingos bonaerenses con la amenaza de prohibir el cigarrillo en sus salas. De Jesús debería haberle explicado a Boudou que Boldt no administra bingos. Estaba en óptimas condiciones para hacerlo: como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja provincial, fue el promotor de la prohibición. El proyecto auspiciado por De Jesús fue modificado después de largas transacciones con los empresarios. A la hora de votar, el Frente para la Victoria, aliado con la mitad de Pro, suprimió la prohibición. El binguero y presidente de Boca, Daniel Angelici, debe recordar aquellas jornadas; igual que el diputado Guido Lorenzino, cercano al corazón de Daniel Scioli y Alberto Pérez. Walter Martello, de la Coalición Cívica, adoptó la iniciativa de De Jesús. Pero De Jesús no estaba en el recinto para defenderla. Esa noche se hizo humo. El fuego amigo de Boudou no se detuvo en ese aliado. Al recordar que Scioli renovó a Boldt el negocio de las apuestas online sin licitación –como informó este diario el 24 de enero de 2010–, el vicepresidente tal vez no reparó en la identidad de los que firmaron el contrato original: Antonio Tabanelli, por la empresa, y Franco Laporta y Florencio Randazzo, por la gobernación. Boudou mató a dos compañeros de un tiro. Scioli, el gobernador de su propia lista, y Randazzo, su ministro del Interior. La sana pretensión de que el ne-

gocio del juego se rija por procedimientos transparentes también cobija un virus autodestructivo. Es verdad que la contratación directa de Boldt salpica a Scioli, otro habitante de las fantasías persecutorias de la Presidenta. Pero, a poco que se tire de esa cuerda, aparecen las generosísimas concesiones de Néstor Kirchner a Cristóbal López. Sobre todo aquel decreto firmado por el ex presidente, su hermana Alicia y su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cinco días antes de abandonar el poder y publicado durante el feriado del 31 de diciembre de 2007, en el que se extendió la licencia del casino de Palermo del año 2017 al 2032. Eso sí, como contraprestación López debía agregar 1500 tragamonedas a las 3000 que ya tenía instaladas. ¿Suscribirá La Cámpora en el Congreso nacional un pedido de informes sobre esa norma, como el que promovió en la provincia? ¿Juan Cabandié interrogará a Mauricio Macri sobre la defensa de los derechos porteños frente a las maquinitas de López? Alguien debería hacer notar a esos jóvenes que para no hacerse daño es mejor levantar una bandera distinta a la de la lucha contra el juego. Boudou y La Cámpora no son los únicos instrumentos de la autoflagelación kirchnerista. En su intento de modificar la política energética que lleva adelante desde 2003, el Gobierno puso en la mira a los Eskenazi. Es difícil encontrar a un grupo empresario más ligado al matrimonio Kirchner y a algunos de sus colaboradores más cercanos. Comparado con él, Adelmo Gabbi, el otro amigo castigado por Boudou, es un desconocido. Los Eskenazi son ahora acusados de no haber invertido lo suficiente en YPF. Es otra verdad a la que la Presidenta llegó tarde. Lo llamativo es que el motivo principal de la reticencia es que el propio Kirchner convocó a esos “expertos en mercados regulados” para que compraran el 25% de la empresa con ganancias de la misma empresa. La “argentinización” de YPF fue durante cuatro años una página dorada de la historia oficial. Tal vez haya sido la iniciativa más relevante del ex presidente en el campo empresarial. Pero su viuda se cree obligada a demolerla.

Ironía Hay una ironía adicional en el escarmiento a los Eskenazi. Uno de sus verdugos es el estatizador kirchnerista José Roberto Dromi, quien en sus tiempos de privatizador menemista era tratado por esa familia casi como un socio. Una paradoja menor frente a esta otra: los entusiastas reformadores de La Cámpora se lanzan sobre un amigo de los Kirchner con la asesoría oculta e indirecta de quien fue intendente de Mendoza en la dictadura militar.

Boudou y La Cámpora no son los únicos instrumentos de la autoflagelación kirchnerista Hugo Moyano es el Eskenazi del sindicalismo. Después de alimentarlo durante ocho años, con la expectativa de tenerlo como aliado cuando llegara el momento de un ajuste salarial, el kirchnerismo decidió excomulgarlo. Justo cuando más lo necesita. La Presidenta prefiere una CGT carapálida, conducida por Antonio Caló. Es una estrategia envenenada: su resultado más probable es la división de la central entre dialoguistas y díscolos. Fue el método que los sindicatos le aplicaron al último Alfonsín. Se hicieron una fiesta. La raíz del masoquismo oficial está en que la política argentina es el juego de uno solo. Un único actor ocupa la totalidad de la escena. Y está allí desde hace nueve años. Un verdadero monopolio, que habla de una parálisis de la sociedad, más que de una perversidad del Gobierno. En esa física, es comprensible que el oficialismo termine autoincriminándose con cada una de sus revisiones. Es la consecuencia no querida de la falta de alternativa y de alternancia. El unicato de poder implica el unicato de la responsabilidad. Se advierte en estos días. En su espléndida soledad, Cristina Kirchner pelea contra su propia figura en el espejo.