POLÍTICA | 7

| Lunes 29 de diciembre de 2014

política

Edición de hoy a cargo de Martín Dinatale www.lanacion.com/politica | @politica_LN | Facebook.com/lanacion [email protected]

un vice contra las cuerdas las seis causas que jaquean en la actualidad al vicepresidente

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Casas sin terminar el manejo de fondos para viviendas en su gestión en el municipio de la costa, bajo la lupa

Papeles desprolijos boudou fue procesado por adulterar los papeles de un auto honda comprado en 1993

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Enriquecimiento fue imputado en 2012 por presunto enriquecimiento ilícito por su aumento patrimonial

Ex Ciccone se lo acusa de querer quedarse con la imprenta por medio de presuntos testaferros

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Fondos de jubilados fue denunciado e imputado por malversación de fondos durante su gestión en anses Escándalo en Formosa la polémica sociedad the old fund cobró $ 7 millones por asesorar al gobierno formoseño

AMADO BOUDOU vicepresidente de la naciÓn

rescate de la ex imprenta | una causa que alcanza al vicepresidente

Caso Ciccone: denuncia por el despido de un empleado de la Inspección General de Justicia Ramos dijo ser “víctima” de los intereses de “personas poderosas” por la adulteración de documentos clave en el polémico rescate de la imprenta; se trata de la séptima persona que sufre represalias Viene de tapa

“La pura lógica me indica que carece de sentido haberme inventado una cesantía relacionada con el caso Ciccone y con el vicepresidente de la Nación [por Amado Boudou], si ello no se piensa usar en otras instancias, y entiendo conveniente ponerme a disposición de la Justicia”, planteó el ya ex empleado de la IGJ. Ramos se sumó así a una lista creciente de amenazados o perseguidos desde que estalló el escándalo, en febrero de 2012. Incluye a Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Vandenbroele; un yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick; un ex socio de José María Núñez Carmona, Luis Scolari; una enfermera de Héctor Ciccone; el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, y la ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez. En el caso de Ramos –que en Internet se presentó en algunos foros de discusión como un “politólogo” que simpatiza con el radicalismo–, la conducción actual de la IGJ lo acusó de haber adulterado los registros informáticos del organismo sobre Ciccone Calcográfica, lo que combinado con el extravío o robo previo del legajo físico de esa empresa dificultaría su reconstrucción completa. “En suma –se explayó Ramos en su escrito judicial– considero que soy el triste chivo expiatorio o «perejil» en la jerga coloquial de imputaciones, ya que se me endilga nada menos que la desaparición de los registros del caso Ciccone, achacándoseme no sólo la desaparición, sino también la imposibilidad de reconstrucción.”

El escrito Ramos presentó ese escrito judicial el 12 de este mes ante el juez Lijo, al que le avisó que se marcharía de la Argentina tres días después, a Puerto Rico, de donde es su esposa, “con la esperanza de insertar[se] laboralmente” allí. “Con 29 años de servicios en empleo público nacional, la sanción de cesantía se equipara a una verdadera muerte civil –explicó–. Por un lado no podré reingresar a ningún empleo público por la prohibición legal de designar o contratar a un cesanteado y mi experiencia muy difícilmente resulte aplicable al mercado laboral privado.” Para su abogada, Susana Elsa Torres, sin embargo, los problemas de Ramos exceden lo laboral. “Por cómo fue el sumario, que es «delirante», está claro que la IGJ lo impulsó para cubrirse por su actuación en el caso Ciccone, comentó a la nacion. Según reveló este diario, los legajos societarios de The Old Fund, Ciccone Calcográfica y London Supply se extraviaron o fueron robados dentro de la IGJ semanas después de que estalló el escándalo que protagonizan Boudou, su socio Núñez Carmona y Vandenbroele, entre otros. La IGJ ordenó la reconstrucción de los tres legajos sobre la base de las copias digitales disponibles y el material que aportaron las tres sociedades, mientras que desde el Ministerio de Justicia abrieron sumarios para determinar los supuestos responsables de esos extravíos o robos. Más de un año y medio después de abrir esos sumarios por los legajos de papel, la IGJ responsabilizó al jefe del Archivo, Guillermo Agüero, y a Martínez, como ex jefa del Registro Nacional de Sociedades. Al pri-

mero le impuso cinco días de suspensión, mientras que el ministro Julio Alak pidió en Tribunales ser tomado como querellante contra la segunda, planteo que Servini rechazó porque el propio Alak podría quedar imputado. Pero la Cámara Federal, en fallo dividido, le dio la razón al ministro, que ahora podrá pedir medidas de prueba y revisar el expediente. Al presentar ese pedido ante Servini, sin embargo, Alak acompañó sólo algunos tramos editados de los sumarios, con los se acusó a Martínez para así debilitar su credibilidad como testigo en las investigaciones judiciales sobre la IGJ y sobre la sociedad hotelera de la familia presidencial, Hotesur SA. La cesantía sobre Ramos completa esa ofensiva, con otro sumario que se centró, ya no en los legajos de papel de las tres empresas involucradas en el escándalo –por los que la IGJ apuntó contra Agüero y Martínez–, sino en la adulteración de las copias electrónicas del legajo de la ex Ciccone en el sistema informático del organismo. Ramos niega haber adulterado ese registro y apuntó hacia arriba –“la Inspección General, la Dirección o bien Jefatura de Departamento”–, los que se encargaron siempre de lidiar con todo aquello que tuviera algo que ver con el caso Ciccone, incluido su propio jefe, Marcelo López, que lo denunció, “eludiendo de esa forma que se investigue su propia conducta dolosa o bien omisa, teniendo en cuenta su ignorancia para la función”. Tras esa denuncia y ya con una abogada a su lado, Ramos forzó a la IGJ a anular la “indagatoria” que le habían tomado en sede administrativa. Pero aun así se dispuso su cesantía, por lo que su letrada se apresta a apelar la decisión ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Para el “perejil” es demasiado tarde. “Soy el empleado que se necesita para atribuirle irregularidades en salvaguardia de intereses más altos y poderosos con los que no tengo nada que ver”, se quejó ante la Justicia. Y se marchó del país.ß

Los siete perseguidos en la causa Quiénes son los que sufrieron en carne propia por la investigación al poder

El perfil Ramos tiene 49 años y era empleado raso de la IGJ. En algunos foros se presentó como un “politólogo” y simpatizante del radicalismo La acusación A Ramos lo cesantearon supuestamente por haber adulterado la documentación que estaba en poder de la Inspección General de Justicia y que revelaba la operatoria de rescate de la ex Ciccone La defensa Tanto Ramos como su abogada dicen que el ex empleado de la IGJ es un “chivo expiatorio” por un caso en el que no se podrá reconstruir la documentación que se perdió sobre el caso Ciccone Consecuencias Ramos dijo que se fue del país porque en la Argentina no iba a conseguir trabajo

Laura muñoz

guiLLErmo rEinwiCk

ex esposa de vandenbroele

yerno de ciccone

b Fue amenazada en varias oportunidades por revelar que su ex esposo era el presunto “testaferro” del vicepresidente Amado Boudou

b Comprometió directamente a Boudou ante la Justicia y recibió amenazas de parte de un socio del vicepresidente, José María Núñez Carmona

Luis sCoLari

g. CapdEviLLa

ex socio de boudou

ex director del min. economía

b El publicista y ex socio de Boudou en una empresa marplatense, denunció ante la policía que fue amenazado. También era socio de Núñez Carmona

b El ex direxctor de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía dejó el cargo por pedido del entonces ministro Lorenzino. Se fue del país por amenazas

siLvina martínEz

nn

ex directora en la igj

enfermera de héctor ciccone

b Era directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia cuando estalló el caso Ciccone. Respondía los pedidos de la justicia

b Su nombre está bajo reserva. Es enfermera de Héctor Ciccone y fue abordada por dos emisarios que la interrogaron sobre su empleador

Objetan que Boudou vaya a la asunción de Dilma La oposición dice que es una “deshonra” que el vicepresidente represente al país Dispuesta a no cejar en sus embates contra Amado Boudou por su compleja situación judicial, varios referentes de la oposición cuestionaron ayer en duros términos la decisión del Gobierno de enviar al vicepresidente como representante del país a la ceremonia de reasunción de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, el jueves próximo. “Enviar a Amado Boudou a la asunción de la presidenta Dilma Rousseff es una falta de respeto para con el pueblo brasileño”, sentenció el candidato a jefe de gobierno porteño por UNEN, Martín Lousteau. Por su parte, el diputado radical Miguel Bazze (Buenos Aires) consideró que la presencia de Boudou es una “deshonra”, pero para el pueblo argentino; situación por la que responsabilizó a Cristina Kirchner.

“La Presidenta debería evitarnos a los argentinos la deshonra que significa estar representados en la asunción de Dilma en Brasil por un personaje procesado por la justicia”, afirmó Bazze. Desde Pro también se escucharon reproches al viaje del vicepresidente a la ceremonia que se desarrollará en el Palacio del Planalto, en Brasilia. “No debería representar a la Argentina alguien procesado y altamente sospechado de haber cometido delitos de corrupción”, manifestó el diputado nacional Pablo Tonelli en declaraciones a la agencia DyN. Todos los referentes de la oposición hicieron hincapié en la delicada situación judicial que atraviesa Boudou; protagonista de varias causas penales, procesado en el caso Ciccone y a la espera de un juicio oral por la falsificación de los papeles de adquisición de un automóvil. En su prédica contra la presencia de Boudou en Brasil, Lousteau recordó que “ya se decidió en otras ocasiones que el dirigente más cues-

tionado y procesado del país nos representara ante otras naciones”, y recordó que el vicepresidente también viajó, estando procesado, “nada menos que al funeral de Nelson Mandela”. “Si Boudou no quiere dar un paso al costado ni la Presidenta solicitarle la renuncia o una licencia, como mínimo deberían evitarnos la vergüenza de que sea Boudou quien encarne a la Argentina en el exterior”, agregó Lousteau. La renuncia o el pedido de suspensión de Boudou ha sido una de las banderas de la oposición desde que su situación judicial comenzó a complicarse en la causa Ciccone, a principios de este año. De hecho, el principal escenario de esta ofensiva ha sido el recinto del Senado, en donde la oposición no deja de pedirle a Boudou que se tome licencia y hasta intentó aprobar una iniciativa para suspenderlo en el cargo hasta tanto se aclare su situación judicial. Todo indica que el embate se repetirá hoy, en la última sesión del

año de la Cámara alta y que tendrá, nuevamente, a Boudou al frente del debate del proyecto de ley de reglamentación de la elección de parlamentarios del Mercosur (como se informa en la página 9). Tonelli, en tanto, volvió a la carga contra el vicepresidente. “Hay muchos dirigentes dignos en nuestro país que podrían asumir esa representación sin generar la vergüenza que nos provoca Boudou”, afirmó. Por su parte, Bazze consideró que el envío de Boudou a Brasil “no debe ser considerado una cuestión menor”, sino que “es la clara demostración por parte del Gobierno de negarle cualquier tipo de consideración al trabajo que viene desarrollando la Justicia”. No es la primera vez que el nombre del vicepresidente queda ligado a la polémica por un viaje a Brasil. En octubre de 2013 el diario O Estado de S. Paulo mostró en su portada una foto de Boudou montado en una moto el día que la Presidenta era internada en la Fundación Favaloro.ß

Una causa plagada de amenazas y represalias Testigos o empleados del Estado sufrieron amedrentamiento Ya sin empleo en la Inspección General de Justicia (IGJ) y fuera del país, Javier Ramos Villaverde se sumó así a la lista de amenazados o perseguidos en el caso Ciccone desde que estalló el escándalo, en febrero de 2012. La lista negra abarca a la ex esposa de Alejandro Vandenbroele, Laura Muñoz; a un yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick; a un ex socio de José María Núñez Carmona en la agencia de publicidad WSM, Luis Scolari, y a una enfermera de Héctor Ciccone. Dos ex funcionarios de este gobierno también integran la lista de caídos en desgracia. Son el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Guillermo Capdevila, que al igual que Ramos se marchó del país, y la ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez. Por su parte, un tercer empleado de la IGJ, el jefe del archivo, Guillermo Agüero, fue sancionado tras ser responsabilizado porque en teoría no había resguardado como debía los legajos de empresas vinculadas con el caso Ciccone que desaparecieron –The Old Fund, de la ex Ciccone, y de London Supply–, aun cuando varios indicios marcan que el incidente se gestó en esferas superiores del organismo. Si Ramos, Capdevila, Martínez y Agüero afrontaron represalias desde el Estado, para que el trabajan, el propio Capdevila y otros también sobrellevaron amenazas. El ex funcionario del Palacio de Hacienda recibió intimidaciones en un parque público, como también seguimientos en automóvil. Otros, como Laura Muñoz o Reinwick, amenazas verbales. A la ex de Vandenbroele la llamaron a la madrugada, así como golpearon las persianas de su casa en Mendoza mientras le gritaban insultos. En el caso del yerno de Ciccone, relató ante el juez de la causa, Ariel Lijo, como el socio del vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, aludió a sus hijos como potenciales víctimas en un intento desesperado por evitar que se presentara en Tribunales a dar su versión de los hechos. En el caso de Muñoz, la situación quedó explicitada en un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, en el voto de uno de sus integrantes, Juan Carlos Gemignani, que le otorgó validez a su testimonio. “Corresponde poner especialmente de resalto la seriedad, gravedad y verosimilitud de las amenazas y agresiones que la Sra. Laura Muñoz estaba recibiendo de parte del Sr. Alejandro Vandenbroele”, destacó Gemignani, que basó en ese duro cuadro “el estado espiritual que experimentaba [Muñoz] al momento de decidir dar a publicidad lo que conocía sobre los hechos”. A Reinwick se le ofreció otorgarle alguna medida protectiva. Ocurrió en diciembre de 2013, cuando relató bajo juramento que Núñez Carmona le había reclamado que no hablara con la prensa ni se presentara a declarar ante la Justicia. Si “tocaba” al vicepresidente, le habría dicho “Nariga”, le iba a “meter un tiro” a uno de sus hijos. El caso de Ramos fue distinto. Según expuso en el escrito que dejó en los tribunales de Comodoro Py, lo cesantearon tras hallarlo supuestamente responsable de la “adulteración” de la copia electrónica del legajo de la ex Ciccone dentro de la IGJ –no del expediente papel, robado o extraviado por terceros que aún se ignoran–. Y, según su propia versión, lo castigaron a él porque buscaron a un “perejil”. Optó por irse del país.ß