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POLÍTICA

| Miércoles 15 de octubre de 2014

La Corte ordenó la liberación de datos societarios de Ciccone

Denuncian a Boudou por el manejo de fondos del Senado Está acusado, junto a un alto funcionario de la Cámara, por contratar a unos 2000 empleados

justicia. Dejó firmes fallos por los cuales la

IGJ debe entregar información de la firma y de la licitación de dos represas en el Sur Adrián Ventura LA NACION

La Corte Suprema ordenó a la Inspección General de Justicia (IGJ), la oficina que registra y controla a las sociedades comerciales, que le entregue al diputado Ricardo Gil Lavedra, por su simple calidad de ciudadano, los datos referidos a la constitución de las empresas Ciccone –Compañía Sudamericana de Valores y The Old Fund– y de las licitaciones para las represas santacruceñas Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic. Los dos amparos habían sido promovidos por el diputado Gil Lavedra y por la Asociación de Derechos Civiles (ADC), y en ambas demandas la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo había resuelto hacer lugar a los planteos, pero fundando que el acceso se debe conferir a Gil Lavedra no por su calidad de diputado, sino como simple ciudadano. Éste es el criterio que ayer la Corte Suprema dejó firme. El Estado, ante las sentencias adversas, había decidido entregar la información –aunque lo hizo en forma insuficiente–, pero al mismo tiempo presentó recursos extraordinarios y de queja ante la Corte, los cuales ayer el tribunal rechazó con las firmas de

Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, que dejaron firmes los fallos de la Cámara de Apelaciones. Los fallos de la Corte son importantes, pero, al mismo tiempo, no vienen a solucionar el problema de fondo de acceder a toda la información sobre esos negocios: por un lado, confirman el derecho de todo ciudadano a acceder libremente a la información, como ya lo había hecho el tribunal en oportunidades anteriores, pero, por otro, no se conocerán nuevos datos, porque el conflicto se transformó en abstracto. En efecto, los funcionarios demandados están cubiertos por haber dado la información, aunque sea parcialmente, y porque por pedido de un fiscal federal se desestimó la denuncia penal que Gil Lavedra había presentado para que se investigara a los funcionarios que se negaban a dar los datos de la licitación de las dos represas. En el caso de las sociedades Ciccone y The Old Fund, Gil Lavedra había pedido todos los expedientes de la IGJ, pero la Cámara Federal condenó sólo a algunos de ellos, vinculados con la copia de los estatutos, detalle de la composición de los órganos de gobierno y fiscalización, accionistas, domicilios y demás datos que pudie-

Amado Boudou ran ser relevantes, algo que la IGJ tampoco cumplió cabalmente. La Corte, en sus dos fallos, recordó que el artículo 6° del anexo VII del decreto 1172/2003 confiere legitimación para pedir acceso a la información a toda persona física o jurídica. La Cámpora en la IGJ En tanto, desde el viernes último, un hombre de La Cámpora, Diego Martín Cormick, está al frente de la Inspección General de Justicia. Cormick es un abogado miembro de Justicia Legítima, la agrupación creada por el kirchnerismo para dividir aguas dentro del Poder Judicial, y de La Cámpora. Hasta ahora, Cormick trabajaba en la Oficina de Orientación al Ha-

bitante (OOH), que depende de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, dominada por el kirchnerismo. Y tiene un vínculo estrecho con Ernesto Kreplak, uno de los principales impulsores de la suspensión del fiscal José María Campagnoli e ideólogo del cepo informativo que se dispuso en la IGJ y en el Registro de la Propiedad. Cormick viene a reemplazar a Rodolfo Tailhade, quien renunció para impulsar su carrera política hacia la intendencia de Malvinas Argentinas, el municipio que conduce Jesús Cariglino, y desde entonces el cargo era desempeñado en forma interina por Analía Spatola, un abogada camporista que se desempeñaba como subinspectora general de Justicia.ß

El vicepresidente Amado Boudou y su mano derecha en el Senado, Juan Zabaleta, fueron denunciados ayer por presuntas irregularidades en el manejo de la multimillonaria caja de la Cámara alta. La denuncia fue presentada por el abogado Ricardo Monner Sans sobre la base de artículos publicados por la nacion y de información difundida por el programa televisivo Periodismo para todos. Por sorteo, le tocó al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Gerardo Di Masi, que deberá decidir si impulsa la investigación penal. La denuncia hace especial hincapié en la supuesta responsabilidad de Zabaleta, secretario administrativo del Senado y funcionario clave en el manejo de los casi 900 millones de pesos del presupuesto de la Cámara. Pide que se investigue la incorporación de los 2000 empleados nuevos que se sumaron durante la gestión Boudou-Zabaleta y hace referencia, específicamente, a las 750 nuevas contrataciones de personal durante la primera mitad de este año, que representó, en promedio, más de dos ingresos por día. Estos datos, que hizo públicos la nacion hace cuatro meses, surgen de la nómina oficial de personal del Senado. La denuncia dice además que Zabaleta mantuvo, en paralelo con su cargo en el Senado, su banca de concejal de Hurlingham, y que contrató a su propia hija, María Ju-

lieta, de 18 años, para trabajar a sus órdenes. Según la denuncia, en los documentos oficiales se justifica su incorporación al decir que la joven “no registra antecedentes que impidan su designación”. Nada se dice –advierte el denunciante– de su idoneidad para el cargo. La presentación también hace referencia a la “prosperidad” de Zabaleta. Advierte que declaró como domicilio un departamento en Puerto Madero y que tiene una “importante casa en Ituzaingó”. También, que en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción habría “olvidado” declarar dos autos cero kilómetro. Y consigna que “todas las referencias indican que su familia vivía en un sector humilde de Morón Sur”. La denuncia afirma además que Zabaleta intervino en un contrato millonario, relacionado con la Universidad de San Martín, con el que se pretendía delegar actividades de prensa del Senado. Advierte que se frustró por las objeciones que recibió y se reactivó con otro formato. Ayer, la nacion se comunicó con la oficina de Zabaleta para consultarlo sobre las acusaciones. En respuesta, un vocero del funcionario informó que en diciembre de 2013 Zabaleta renunció a su dieta como concejal, que “nunca tuvo ni es ni fue propietario de ningún departamento en Puerto Madero” y que el cuestionado convenio con la Universidad de San Martín “nunca se firmó, por ende nunca tuvo ejecución presupuestaria”. En los próximos días, la denuncia llegará a la oficina del fiscal, que deberá decidir si hay fundamentos para abrir una causa penal contra Boudou y Zabaleta.ß

Despidieron los restos de Cafiero ceremonia. Fue sepultado en San Isidro;

asistieron políticos, familiares y amigos

Los restos del histórico dirigente peronista Antonio Cafiero, que murió a los 92 años tras sufrir un severo cuadro de neumonía, fueron enterrados ayer en un cementerio de San Isidro, en una ceremonia a la que asistió un gran número de políticos de diferentes partidos, además de familiares, amigos y militantes peronistas. Los restos del ex gobernador bonaerense, que fue ministro de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez, habían sido despedidos por sus parientes en una casa velatoria de esa misma localidad. Cerca de las 11.30 se llevó a cabo la sepultura y el féretro fue depositado en una bóveda familiar del predio de Don Bosco 530. Entre los presentes estuvieron el ex presidente Eduardo Duhalde, el presidente del Partido Socialista y diputado Hermes Binner, el diputado Carlos Kunkel (FPV); el titular del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, Lorenzo Pepe; el embajador argentino en Chile, Ginés González García; los diputados del Frente Renovador José Ignacio de Mendiguren y Felipe Solá; el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, y los radicales Ricardo Alfonsín y Leopoldo Moreau. También el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el de Justicia, Julio Alak; el senador Aníbal Fernández, y el futuro embajador ante el Vaticano, Eduardo Valdés. Ayer por la mañana, el Gobierno

emitió un “cálido, afectuoso y reconocido homenaje” por la muerte de Cafiero. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, manifestó que el histórico dirigente peronista fue “un líder político indiscutible”, con “una trayectoria dilatada como funcionario”. Además, el Gobierno oficializó el duelo nacional de dos días, dispuesto el día anterior por la presidenta Cristina Kirchner. El decreto 1835 fue publicado en el Boletín Oficial con las firmas de la Presidenta y del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. En los considerandos, se recordó el extenso paso de Cafiero por la función pública y se indicó que “consagró su vida a la actividad política y a la democracia, siendo fiel a sus ideas hasta el presente”. “Que como puede evidenciarse de lo señalado precedentemente, este histórico dirigente ha ofrecido su vida al servicio de la República”, se puntualizó. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli también decretó, a partir de ayer, dos días de duelo por la muerte del emblemático dirigente peronista. Cafiero murió el lunes en un sanatorio de San Isidro tras haber sido internado el 29 de septiembre a causa de una neumonía. Sus restos fueron despedidos anteayer en el Salón Azul del Senado de la Nación, desde donde ayer fueron trasladados hacia San Isidro.ß

Investigan la relación del FMI con la dictadura deuda. El fiscal federal Federico Delgado pidió investigar la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el endeudamiento de la Argentina y los crímenes de la última dictadura militar. El fiscal sostuvo que la “complicidad estructural” es “una obviedad”, pero afirmó que no hay pruebas que permitan sostener, en el plano del derecho penal, la responsabilidad concreta de funcionarios de ese organismo. “No conocemos testigos ni documentos que nos lleven a ese grado de certeza”, afirmó. Sostuvo entonces que se abrían dos escenarios: abandonar la causa hasta que algún día aparecieran nuevas pruebas o “apostar a narrar los hechos, a contar el caso y a ubicar las instituciones en el devenir de la historia”, sin pretender determinar responsabilidades penales. “Elegimos éste”, afirmó. Delgado le solicitó al juez Sebas-

tián Ramos que les pidiera al Gobierno y al FMI documentos sobre la relación de ese organismo con la última dictadura. La causa en la que se presentó este dictamen es un viejo expediente promovido por la dirigente Patricia Walsh. En su presentación de ayer, el fiscal analizó cables del Ministerio de Relaciones Exteriores que –afirmó– documentan parte de las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos y “revelan que mientras el terror azotaba la subjetividad de los argentinos «hacia adentro», «hacia afuera» se privilegiaba captar los nuevos vientos de la relación social capitalista que mutaba de su faz industrial hacia la financiera”. Delgado le pidió al juez que tomara a su cargo la tarea de “organizar la búsqueda” de datos, pidiendo documentos al Ministerio de Economía, la representación argentina del FMI y el Banco Central.ß