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POLÍTICA

| Sábado 19 de julio de 2014

Caso Ciccone: piden indagar a la titular de la Casa de Moneda corrupción. El fiscal Di Lello pidió interrogar a Katya Daura, designada por Boudou;

insistió en que Echegaray debe declarar como sospechoso de favorecer a la imprenta

Viene de tapa

También pidió indagar a Máximo Lanusse, ex gerente del Banco Macro y luego vicepresidente de la nueva Ciccone; a Sergio Martínez, socio de The Old Fund, que estuvo prófugo en los Estados Unidos, y a Pablo Amato, yerno de Nicolás Ciccone e integrante del directorio de la empresa junto con Alejandro Vandenbroele. Estas medidas de prueba buscan finalizar la etapa de instrucción para dar por terminada la investigación y elevar el caso a juicio el año próximo. El fiscal Di Lello completó esta batería de medidas presentada ayer ante el juez con la solicitud de varias declaraciones testimoniales que permitan reconstruir la ruta del dinero que financió el levantamiento de la quiebra de Ciccone. Para determinar quién puso los 50 millones de pesos que demandó el salvataje de la firma, y por dónde pasaron esos fondos aportados en diferentes momentos, es que el juez reiteró que es necesario que declaren como testigos Jorge Brito, presidente del Banco Macro; Cirio Zavalía, titular de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Ltda., por donde pasó parte de la plata; Mariano Maccarone, secretario de esa cooperativa; los vocales Daniel Piasek y Patricia de Souza, y la síndico Cecilia Guyot. El fiscal quiere que los testigos cuenten todo lo que sepan sobre la manera en la que la cooperativa se financia y los préstamos que otorgó al Banco Macro. Es que por esa cooperativa, vinculada al Banco Macro y que funcionaba como supuesta financiera fantasma, pasaron 30 millones de pesos que terminaron en manos de Alejandro Vandenbroele, el contador, supuesto testaferro de Boudou y controlante de The Old Fund, la sociedad que se quedó con Ciccone. Ese dinero es parte de todos los aportes que permitieron salvar la imprenta de sus deudas fiscales y se suma la plata que aportó la empresa London Supply, que depositó 1,8 millones de pesos a favor de The Old Fund. Liderada por Eduardo Taratuty, otro de los accionistas de London Supply es Miguel Castellano, amigo de Boudou. Le devolvieron la plata en una semana. El tercer y cuarto aporte llegó del entonces número dos de Vandenbroele en la ex Ciccone, Máximo Lanusse, y de un empleado de la imprenta, Marcos Espejo Candia. El primero figura en los registros del Macro como depositante de unos $ 5,4 millones en efectivo en la cuenta de la sociedad a principios de este año; el segundo, con otros $ 2 millones.

Daura y Echegaray, bajo la lupa judicial los motivos del fiscal para solicitar la indagatoria de los titulares de la casa de moneda y la afip

Katya Daura

ricarDo echegaray

TiTular de la casa de moneda

TiTular de la afip

b El fiscal pidió la indagatoria de Daura, allegada a Amado Boudou, como sospechosa de haber participado en la maniobra para quedarse con la ex Ciccone. En el fallo que procesó a Boudou, Lijo entendió que parte del plan era dejar fuera de competencia a la Casa de Moneda. Así Ciccone, ya en manos del vicepresidente, tendría el monopolio para imprimir billetes

b Di Lello reiteró su intención de citar como sospechoso a Echegaray porque interpreta que aprobó un plan irregular de refinancimiento de deuda de la ex Ciccone. El pedido del fiscal es contrario a lo que manifestó el juez en su fallo. Según Ariel Lijo, Echegaray evitó aplicar un plan de pagos ilegal que le había sugerido su jefe de asesores Rafael Resnick Brenner, procesado

Poco antes de la aparición de Lanusse y de Espejo Candia por la ventanilla del Macro, la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur aportó los 30 millones. Con domicilio primero sobre la calle Tucumán 825 y luego en Sarmiento 559 de la ciudad de Buenos Aires, la cooperativa sólo contaba con un presidente, de la familia Maccarrone, una secretaria administrativa y una contadora como personal fijo. La cooperativa descuenta valores, con cobro de intereses incluido, a través del Macro, y sólo a través del banco de los Brito. Boudou sostiene, en cambio, que la puerta de entrada a la ruta del dinero es el banquero Raúl Moneta, con su salud mental muy deteriorada e incapaz de enfrentar un proceso. Vandenbroele aportó documentos que señalan ese camino. Di Lello pidió que se cite a Moneta como testigo, al igual que a Alfredo Petrachi, apoderado de Mayer Business Corp., por donde

se documentó la transferencia de fondos, en unos registros de cuya autenticidad duda la Justicia. También al presidente y al tesorero de la Cooperativa de Crédito Valencia, al presidente y tesorero de la empresa Pircas de Tupungato y a los presidentes de los bancos BST, del Banco Industrial, del Banco Mariva y del Banco Finansur. Estos tres últimos bancos eran deudores de la Cooperativa Marítima. El fiscal reiteró su intención de citar como sospechoso a Echegaray porque interpreta que aprobó un plan irregular de refinanciamiento de las deudas fiscales de Ciccone, el cual luego acomodó a la normativa. Para el juez Lijo esto no es así, a tal punto que escribió que Echegaray evitó aplicar una plan de pagos ilegal que había sugerido su jefe de asesores, Rafael Resnick Brenner. Pero el corazón del pedido fiscal es la citación a indagatoria de Daura. La mujer fue colocada al frente de la

Casa de Moneda por Boudou. Lijo entendió que, para beneficiar a Ciccone, Boudou frustró una licitación para reequipar a la Casa de Moneda con modernas máquinas de impresión en diciembre de 2010. Pero en octubre de 2011, se inició un nuevo trámite en la Casa de Moneda para reponer las maquinarias que se compraron ahora mediante una contratación directa, sin tener en cuenta el régimen legal de contrataciones públicas, según escribió Di Lello. El 3 de febrero de 2011 Katya Daura fue designada por decreto presidenta del directorio de la Casa de Moneda y tuvo la última palabra sobre el asunto. Por eso Di Lello quiere indagarla, al igual que a Juan Luis Biasin, ex gerente de compras de Casa de Moneda, y Analía Istueta, ex jefa del área de importaciones, que desaconsejaron dejar sin efecto la licitación convocada originalmente para comprar las máquinas.ß

Una línea de acción que ya había abonado Lijo en su resolución el escenario Hugo Alconada Mon LA NACION

L

os investigadores judiciales sospechan que cuando era ministro de Economía, Amado Boudou y sus colaboradores influyeron de manera decisiva sobre la Casa de Moneda para impedirle que recuperara su completa autonomía funcional y forzarla, luego, a contratar a la nueva Ciccone Calcográfica, ya bajo el control de The Old Fund. Esas sospechas se plasmaron ayer en el escrito que presentó el fiscal federal Jorge Di Lello, quien pidió que se llame a indagatoria a la actual titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, una estrecha colaboradora de Boudou desde sus años compartidos en la Anses. Di Lello también requirió indagar a otros dos funcionarios de la Casa de Moneda: el entonces gerente de Compras y Contrataciones, Juan Luis Biasin, y la entonces jefa de importaciones, Analía Istueta, mientras que solicitó citar como testigo al ex gerente de Administración y Finanzas, Daniel Menazzi. El juez federal a cargo del caso Ciccone, Ariel Lijo, ya expuso la hipótesis delictiva cuando dictó los procesamientos de Boudou, su socio José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, entre otros. Sostuvo que, como ministro de Economía, Boudou boicoteó los planes de modernización de la Casa de Moneda, que le hubieran permitido cubrir toda la demanda de impresión de billetes. “Luego de casi un año y medio de avanzado trámite –relató Lijo en su resolución–, Amado Boudou, en su calidad de ministro de Economía, habría ordenado verbalmente no otorgar el aval requerido por el Banco Nación para el otorgamiento del crédito necesario para efectivizar la compra de los equipos.” El ex titular de la Casa de Moneda Ariel Rebello le aportó el testimonio clave para abonar la hipótesis delictiva. Funcionario de confianza del secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, Rebello declaró bajo juramento ante la Justicia que el entonces jefe de gabinete de Boudou en Economía, Guido Forcieri, le comunicó verbalmente que su jefe no le daría los avales necesarios para financiar la compra de maquinarias. La actuación de Boudou incluyó luego una segunda etapa, cuando tras la salida de Rebello asumió Daura. Entonces, se impulsó la contratación de la firma KBA, mientras que Vandenbroele ofreció a la nueva Ciccone para la impresión de billetes de 100 pesos, lo que terminó en la firma de un contrato millonario.

Daura defendió la actuación de la Casa de Moneda –y la suya–, el 30 de junio, cuando criticó al juez Lijo y a la nacion. “La Casa de Moneda inició su proceso de incrementar su capacidad productiva mucho antes de que estallara el escándalo Ciccone. Cuando yo llegué a Casa de Moneda tenía su capacidad muy baja, duplicamos la capacidad de producción en un año, empezamos a comprar equipos”, afirmó. Daura evitó todo comentario sobre el entonces número dos de la Casa de Moneda, Juan Claudio Tristán, otro estrecho colaborador de Boudou y Núñez Carmona, con quienes compartió incluso un emprendimiento postal en Mar del Plata. Según relataron miembros de la familia Ciccone a la nacion, Tristán participó en una reunión en la sede de The Old Fund con Nicolás Ciccone. Casada con otro estrecho colaborador de Boudou, Manuel Somoza, quien se desempeñó como director general de Administración del Ministerio de Economía, Daura tampoco aludió a Istueta o a su hermana, ni al misterio de los 700 repuestos faltantes, ni tampoco detalló los motivos por los que Biasin figura con múltiples llamadas incluso con Boudou; su secretario privado, Eduardo Romano; su socio Núñez Carmona y Vandenbroele. Según relataron a la nacion dentro de la Casa de Moneda, Biasin cometió el error de colocar los teléfonos Nextel a su nombre, aun cuando luego se distribuyeron entre funcionarios de alto rango del organismo. Acaso Daura.ß

Reconocen como agresor a un allegado a Boudou bbbbb MAR DEL PLATA.– Dos jóvenes que fueron baleados tras una discusión de tránsito, uno de los cuales sufrió una fractura en un hombro por el impacto del proyectil, reconocieron como autor del ataque a Rodolfo Usuna, allegado al vicepresidente Amado Boudou y vinculado con la causa Ciccone. bbbbb Las víctimas realizaron un reconocimiento fotográfico del agresor y el fiscal Fernando Castro, a cargo de la investigación, pidió la detención de Usuna, medida denegada por la jueza de Garantías, Lucrecia Bustos, por que no considera probada una tentativa de homicidio.

Confirman la condena Procesaron por tráfico de efedrina a un director de Enarsa y ex secretario antidrogas a Felisa Miceli, pero Es José Granero, un santacruceño de confianza de Kirchner; Servini de piden reducir la pena Cubría dijo que imperó el descontrol en su gestión; misteriosas llamadas de la Casa Rosada la sedronar en la lupa.

Hernán Cappiello LA NACION

El actual director de Enarsa y ex secretario de Lucha contra las Drogas José Granero y dos de sus funcionarios de máxima confianza en la Sedronar fueron procesados ayer como participes en el tráfico de efedrina, sustancia enviada de contrabando a carteles mexicanos y utilizada para la producción de metanfetaminas. Se detectaron, además, llamadas entre funcionarios de la Sedronar y las compañías farmacéuticas que importaban la efedrina para venderlas a los carteles mexicanos de las drogas, en coincidencia con la fecha de los pedidos de permiso de importación o la entrega de los certificados, seguidos de comunicaciones con teléfonos de la Presidencia de la Nación, la Casa Militar y el PAMI, según la resolución que firmó la jueza federal Maria Servini de Cubría. La magistrada destacó que uno de los empleados, por ejemplo, recibió llamadas de cinco abonados de la Casa Rosada y uno de la Jefatura de Gabinete. Tal era el descontrol en la Sedronar, que de los 47.625 kilos de efedrina que autorizó a empresas farmaceuticas a importar entre 2004 y 2008, 40.972,195 kilos fueron desviados al narcotráfico. El resto fue utilizado para la fabricación de medicamentos legales. Así lo consignó Servini de Cubría al procesar, como partícipes en el tráfico de precursores químicos, a

Granero, a Gabriel Yusef, ex subsecretario Técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico, y a Julio De Orue, ex director del Registro Nacional de Precursores Químicos. Granero dejó el cargo el 15 de diciembre de 2011, tras una dura pelea con Aníbal Fernández, y fue designado director en Enarsa. Odontólogo santacruceño, resistió por su confianza con Néstor Kirchner. Además, ayer fueron procesadas Norma Fernández, presidenta de Droguería Chutrau, y Andrea González Dell’Oro y Patricia Marra, directoras técnicas de Chutrau. Servini de Cubría consignó que durante 11 años –entre 1999 y 2010– se importaron 55.900 kilos de efedrina, cuando en realidad bastan 156 kilos por año para atender la producción farmacéutica local de gotitas para los ojos o remedios para la gripe. En ese período, esa enorme cantidad de droga fue traída al país por sólo cinco empresas, entre ellas Unifarma, que aparece como aportante de fondos para la campaña electoral kirchnerista de 2007 que llevó a Cristina Kirchner al poder. Era de Ariel Vilán, socio de las víctimas del Triple Crimen de General Rodríguez, que apareció también muerto en un aparente suicidio. La efedrina o las drogas sintéticas “cocinadas” en la Argentina eran enviadas de contrabando a México, donde se había prohibido la importación de efedrina. Aquí fue Graciela Ocaña, como ministra de Salud, la que limitó la importación. El negocio

Investigado por no controlar

josé granero ex TiTular de la sedronar

Descontrol Lo procesaron como partícipe del tráfico de efedrina, por no controlar las importaciones de esa droga usada por carteles mexicanos para fabricar metanfetaminas

40.975

Kg de efedrina Fueron importados a la Argentina entre 2004 y 2008 con permiso de la Sedronar y desviados al narcotráfico

156

Kg de efedrina Es la cantidad que se necesita anualmente para satisfacer las necesidades locales de fabricación de medicamentos legales

prosperó, al punto que se instaló en la Argentina Jesús Martínez Espinoza, que fue condenado junto con Mario Segovia, el llamado “rey de la efedrina”, a 14 años de cárcel por desviar 9800 kilos de efedrina a México. Segovia se anotó en el registro de precursores para importar la droga con un formulario de la AFIP, en el que se declaraba vendedor al por mayor de chocolates y golosinas. Servini destaca lo inaudito de que nadie haya sospechado nada en la Sedronar. Sólo dos personas controlaban los 23.000 informes trimestrales que se presentaban en un año sobre movimientos de precursores químicos y no había un sistema informático para cruzar esos datos. “Había total desidia por el control”, escribió Servini y dijo que se hacía la vista gorda ante la evidencia de que monotributistas que pagaban la categoría mínima en sus obligaciones impositivas importaran miles de kilos de efedrina y las vendieran a simples farmacias de barrio. “El fin perseguido era abastecer al narcotráfico”, escribió la jueza. Destacó que Granero se reunía con uno de los empresarios investigados, Alfredo Abraham, que tenía en su casa tarjetas de Granero con el celular de su secretario. “Sin la participación de funcionarios y empleados del organismo, la maniobra resultaba de imposible realización”, dijo la jueza. Con el agravante de que empleados del registro de Precursores trabajaron luego en empresas investigadas por narcotráfico.ß

La ex jefa de Economía había sido condenada a cuatro años de prisión por una bolsa de dinero La ex ministra de Economía Felisa Miceli recibió ayer una buena noticia. Si bien la Cámara de Casación Penal ratificó que la ex funcionaria es culpable por la bolsa con dinero ilegítimo que en 2007 escondía en el baño del despacho que tenía en el Ministerio de Economía, también dispuso que otro tribunal deberá reducirle el tiempo de la pena, que había sido fijado en cuatro años de prisión. En otras palabras, para Casación Miceli es culpable, pero el tiempo de la condena que le había fijado el Tribunal Oral Federal N° 2 era excesivo. Por eso ahora, Miceli no corre riesgo de ir presa. Además, el tribunal le sacó la prohibición que tenía para ejercer cargos públicos. Ahora, habrá que sortear otro tribunal, para que determine una condena más leve. En una revisación de rutina, efectivos de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal encontraron en el despacho de Miceli una bolsa con 100.000 pesos y 31.670 dólares, según el acta labrada por los efectivos. Miceli nunca pudo explicar adecuadamente el origen del dinero e, incluso, ensayó argumentos contradictorios. Pero la Justicia determinó que esos fajos de pesos termosellados con sellos del Banco

Central habían salido de una financiera. Para el tribunal, ella no podía desconocer que el dinero tenía origen ilícito. La sentencia de ayer fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, formada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Liliana Catucci, quien se pronunció en disidencia. Esos dos primeros magistrados son los mismos que, recientemente, reprocharon al presidente de Casación, Mariano Borinsky, que se están dando a publicidad sus fallos. En diciembre de 2012, Miceli se había convertido en la primera funcionaria condenada del kirchnerismo, cuando el TOF N° 2 le impuso cuatro años de prisión por los delitos de encubrimiento agravado de una supuesta maniobra financiera ilícita, y por sustracción y ocultamiento de documento público. Ahora, el riesgo de que vaya a prisión se desvaneció. La Sala II de Casación cambió radicalmente el rumbo del caso e hizo lugar al pedido de la defensa de Miceli, al considerar que la pena no estaba fundada adecuadamente y, si bien confirmó la condena, ordenó que otro tribunal oral le baje la pena. El tribunal entendió que el delito que se le endilga a la ex ministra no ha incidido en las arcas públicas y que, por lo tanto, la sola circunstancia de ser funcionario público no permite considerar que el delito que cometió esté agravado por esa condición.ß