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POLITICA
I
Sábado 10 de marzo de 2012
LA TRAGEDIA DE ONCE s AVANCES EN LA CAUSA
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$ 1924
Son las víctimas fatales de la tragedia de la estación Once.
Son los subsidios que recibió TBA entre 2003 y 2010.
Medidas. Tras haber aceptado al Estado como querellante, prohibió salir del país al entonces secretario de Transporte Juan Carlos Schiavi y al dueño de TBA, Claudio Cirigliano.
Revalorización. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, defendió anteayer la política ferroviaria y la gestión de Juan Pablo Schiavi como secretario de Transporte.
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EN MAYO
Peritajes. El juez encomendó un primer estudio a expertos en ingeniería ferroviaria sobre el tren y otro contable, anteayer, sobre TBA.
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Juzgarán por fraude a Pontaquarto HERNAN CAPPIELLO
Frase polémica. “Hay que contar la cantidad de muertes que había en la ruta 9 antes de que se construyera la autopista”, dijo De Vido, al destacar las obras viales.
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Reactivan el juicio por coimas en el Senado
LA NACION
JULIO DE VIDO
La Justicia investiga si existieron “desvíos” en los subsidios a TBA Bonadio ordenó un peritaje para determinar cómo gastó la empresa los millones recibidos PAZ RODRIGUEZ NIELL LA NACION El juez federal Claudio Bonadio ordenó determinar si hubo “desvíos” en los subsidios que recibió del Estado, desde 2007 hasta hoy, Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria que tenía a su cargo el tren de la tragedia de Once. También que, de constatarse esos desvíos, se le informe cuál fue la reacción de la autoridad de control: si éstos fueron “observados” y si “se concretó alguna acción legal correctiva”. Entre 2003 y 2010, TBA cobró 1924 millones de pesos en concepto de subsidios, que en los últimos años se convirtieron en los principales ingresos de la empresa. Bonadio encomendó la tarea, anteayer, a un colegio de peritos, que, por orden del juez, deberá estar presidido por el decano del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte, Héctor Chyrikins, y otros dos expertos oficiales que se designarán por sorteo. Bonadio pidió que lo hicieran ellos “en virtud de la excepcionalidad de la presente causa en razón del interés público comprometido en virtud del fallecimiento de 51 personas y la
existencia de más de 700 personas heridas”. Se tratará de un gigantesco peritaje que deberá responder, en un plazo de 30 días, a 17 puntos detallados por el juez. Hasta ahora, Bonadio se había concentrado en averiguar cómo fue el choque, en qué estado estaba el tren y qué responsabilidad le cabía al maquinista. Para eso, dispuso el primer peritaje, que está en manos de un grupo de expertos en ingeniería ferroviaria. El nuevo estudio que dispuso avanza, en simultáneo, en otra línea de investigación: las condiciones del servicio. Determinar, por lo pronto, si la empresa concesionaria manejó como debía los millones que recibió del Estado y, de no haber sido así, qué hizo el Gobierno al respecto.
Esta línea fue señalada, desde sus primeras presentaciones en la causa, por el fiscal Federico Delgado, que le había solicitado al juez que se hiciera de los documentos de TBA e investigara cómo gastó la empresa los fondos públicos que recibió. Pero, entonces, para Bonadio aún no era el momento de pensar en los subsidios. Esta diferencia provocó el primer roce entre el juez y el fiscal, que hoy están abiertamente enfrentados. Hasta tal punto que esta semana Delgado acusó por escrito al juez de esconderle el expediente e impedirle cumplir con su “rol de acusador”. El peritaje contable ordenado por Bonadio anteayer deberá elaborar una tabla con todos los subsidios, identificados uno por uno, que reci-
De Vido: “La UCR debe explicar 38 muertos” El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, dijo ayer que “los radicales todavía deben una explicación por los 38 muertos de diciembre de 2001”, en respuesta a la denuncia penal que presentó la UCR en su contra por la tragedia de Once. En un comunicado que difundió la agencia Télam, De Vido sostuvo, además, que “todo el mundo tiene derecho a presentar las denuncias que crea necesarias, pero debe haber coherencia entre quien las hace y su historia”. Y se refirió, como “hechos que la UCR nunca explicó”, a “la Semana Trágica, los crímenes de la Patagonia y los comandos civiles de 1955”.
bió TBA desde 2007, agrupados por mes y por línea ferroviaria; la norma legal que autorizó a entregarlos y el destino previsto. También, los ingresos recibidos por la compañía “por otros conceptos” (por ejemplo, pasajes) y cada uno de los gastos en los que incurrió, con especial detalle en lo que respecta a los de mantenimiento. Además, el juez pidió determinar si existieron distribuciones de dividendos entre los accionistas de TBA y si se pagaron honorarios a los miembros del directorio de la compañía. Cómo se aprobaron, cuándo y por qué montos. También, que “informe si resulta cumplido el destino de los fondos conforme a los programas previstos y determine los desvíos observados, si los hubiere”. De ser así, que se indague si tales desvíos fueron subsanados, si los observó la “autoridad de control” y si dispuso alguna sanción. El juez notificó del peritaje a las partes del proceso que –según prevé la ley– podrán designar sus peritos. Como el Estado fue aceptado como querellante por Bonadio la semana pasada, el Gobierno tiene derecho a elegir a un experto de su confianza para participar del estudio.
El juicio contra el ex presidente Fernando de la Rúa para determinar si se pagaron coimas a funcionarios y senadores oficialistas y opositores durante su gobierno para aprobar leyes laborales se reactivó y comenzará en mayo próximo, según estiman en Tribunales. Pero antes los jueces a cargo del caso, decidieron juzgar al acusado clave y arrepentido Mario Pontaquarto por no haber rendido en forma unos viáticos por 30.000 pesos cuando trabajaba en la Cámara alta. Así lo resolvieron los jueces del Tribunal Oral Federal N° 3, Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo, que resolvieron juzgar a Pontaquarto entre el 3 y el 10 de mayo próximo. Una vez concluido ese debate se realizará lo propio con la “causa conexa” en la que están acusados De la Rúa, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y cuatro ex senadores peronistas. En un principio se había decidido que Pontaquarto fuera juzgado al mismo tiempo por la estafa y por su participación en el pago de las coimas a los senadores, que él mismo confesó. Pero sus abogados entendieron que la causa de la estafa podía minar su credibilidad y por eso pidieron que los juicios se hicieran de manera separada. El asunto fue tratado por la Cámara de Casación, que recomendó hacer primero el juicio por los viáticos y luego el caso de las coimas. Finalmente, y cuando el asunto llegó y volvió de la Corte, los jueces lo determinaron así y separaron los juicios, pero decidieron hacer primero el proceso por fraude. En la causa de las coimas, los ex funcionarios están acusados de recibir dinero que Pontaquarto confesó haber entregado en la casa del ex senador Emilio Cantarero, que no será juzgado debido a su estado de salud. Se prevé que declaren 365 testigos, incluidos el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez y Hugo Moyano.
NEGOCIOS Y ECOLOGIA
Los manuales oficiales antiminería que el Gobierno ya no quiere mostrar Educación sacó de circulación textos que había elaborado y que alertaban sobre el impacto ambiental DANTE ROFI LA NACION “La contaminación del aire puede producirse por el polvo que genera la actividad minera, que constituye una causa grave de enfermedad, causante de trastornos respiratorios de las personas y de asfixia de plantas y árboles. También por emanaciones de gases y vapores tóxicos.” En medio del intenso debate abierto en torno de la minería a cielo abierto, quien sostenga la afirmación anterior corre el riesgo de ser tildado de “fanático ambientalista” desde el gobierno nacional y desde las gobernaciones con intereses mineros. Peor aun si desde los pueblos que hoy reclaman contra los yacimientos se dijera que por el “alto consumo de agua” se llegan a “secar pozos de agua y manantiales”. O que “el agua suele terminar contaminada por el drenaje ácido de las minas”. Sin embargo, esas afirmaciones circularon por acción del Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Ambiente, que en forma conjunta elaboraron los manuales de Educación AmbientalIdeas y propuestas para docentes. Las observaciones referidas a la minería aparecen en el manual destinado al nivel secundario, dentro del capítulo “Problemas ambientales de nuestro país”, con el título “Impacto de la minería”. Este manual fue presentado el 18 de abril del año pasado por el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, y por el secretario de Ambiente, Juan José Mussi. En esa ocasión, Sileoni señaló: “El desafío que tenemos por delante no es sólo que estos materiales lleguen a todas las escuelas del país, además tenemos que garantizar que en cada una de sus aulas transcurra esta transmisión de saberes para mejorar la sociedad en la que vivimos”.
Textos que se esfumaron
“luego de procesada la roca quedan restos de cianuro residual y otros derivados de cianuro que son muy tóxicos y muy perdurables en el tiempo. Estos pueden contaminar tanto el agua superficial como la subterránea, incluso tiempo después de haberse cerrado la mina”. Y advierte que “las pequeñas partículas de metales pesados que con el tiempo pueden separarse de los residuos se diseminan con el viento, depositándose en el suelo y en los lechos de los cursos de agua e integrándose lentamente en los tejidos de organismos vivos, como los peces”.
Distribución
Contaminación. Los manuales del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Ambiente son muy críticos de la actividad minera. Ya no circulan y fueron levantados de la página de Internet de los organismos estatales. Mussi, por su parte, dijo que “los docentes y los alumnos son centrales para llevar adelante políticas de prevención, así como para extender la idea de que es importante que haya desarrollo. Pero es fundamental que éste se lleve adelante cuidando el medio ambiente, y para
ello es imprescindible brindarles a los chicos información seria y con propiedad, como la que proponen los nuevos materiales que preparamos”. En efecto, entre los datos que aporta el trabajo oficial acerca de la explotación minera se detalla que
Tras la presentación del material, el Ministerio de Educación indicó que se imprimirían 350.000 ejemplares del manual, “que llegarán a todos los establecimientos educativos de todo el país”. Sin embargo, desde las asambleas que resisten estos emprendimientos señalaron a LA NACION que provincias como San Juan, Catamarca y La Rioja no sólo no recibieron el manual en cuestión, sino que sus gobernadores plantearon ante las autoridades de los organismos nacionales sus quejas por un material que atacaba sus argumentos para defender la actividad. LA NACION se comunicó con los organismos que produjeron el manual, pero en ninguno de los casos aceptaron responder preguntas. A partir de las quejas de los gobernadores, el manual sobre educación ambiental fue bajado de la página de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde aparecía como material de libre acceso. Ahora, frente al reclamo hecho por la Presidenta acerca de generar una “discusión en serio” en torno de la minería a cielo abierto, los ambientalistas prevén introducir los manuales en el debate.
