POLITICA

Viernes 24 de febrero de 2012

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CONSECUENCIAS DEL CASO CICCONE s EMPIEZA A MOVERSE EL EXPEDIENTE

El fiscal investiga a Boudou por lavado Continuación de la Pág. 1, Col. 2 juzgado de Daniel Rafecas, fue delegada al fiscal, que dispuso las primeras medidas. “Lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función publica es la calificación tentativa a la luz de los hechos relatados en el expediente”, escribió Rívolo al ordenar las medidas de prueba. Esto es así, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, porque se trata de determinar si el vicepresidente se interesó en la definición del levantamiento de la quiebra de Ciccone y en establecer de dónde salieron los fondos para hacerlo, pues en principio fueron aportados por personas que no tendrían la capacidad económica para eso. La AFIP le había pedido a la justicia en lo comercial la quiebra de Ciccone tras acumular deudas por más de 240 millones de pesos. La quiebra se decretó el 15 de julio de 2010. Sin embargo, la AFIP volvió sobre sus pasos en las semanas que siguieron y pidió el levantamiento de esa quiebra, mientras que un socio comercial de Boudou, el abogado José María Núñez Carmona, contactaba a acreedores de la ex Ciccone. Les anticipó que con la ayuda del entonces ministro de Economía obtendrían nuevos contratos, según fuentes al tanto de las gestiones. Se trataba de un amigo de Mar del Plata de Boudou, el abogado Alejandro Vandenbroele, que actuó en representación de la firma The Old Fund SA, la jugadora que se haría cargo de Ciccone. Como si fueran muñecas rusas, que se colocan una dentro de otra, The Old Fund SA es controlado por el fondo holandés Tierras International Investments CV, que a su vez es controlada por dos sociedades domiciliadas en Ginebra, Suiza. Tanto el fondo holandés como las empresas suizas figuran disueltas en los registros comerciales cotejados por LA NACION. Y como representante legal del fondo Tierras figura Carlos Schneider, un jubilado que cobra el haber mínimo, tras 27 años en la marina mercante y que, cuando LA NACION lo consultó, afirmó que no sabía de qué se trataba todo esto. La mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, dijo públicamente que su esposo es “el testaferro de Boudou”. El testimonio de la señora, que se está divorciando de su marido, podría estar alcanzado por la prohibición legal que rige de declarar contra el cónyuge, en caso de que el delito no afecte a la interesada. No obstante, hay jurisprudencia que entiende que ese relato podría admitirse como una primera noticia del supuesto hecho delictivo. La ex Ciccone, ya con sus nuevos dueños, se encargó de la impresión de las boletas electorales del Frente para la Victoria correspondientes a las elecciones primarias de agosto del año pasado y obtuvo el apoyo técnico de Casa de Moneda para la impresión de billetes de 100 pesos, por unos 50 millones de dólares. Este negocio quedó trunco porque estalló el escándalo. Uno de los funcionarios del Banco Central que habrían respaldado la participación de Ciccone en el negocio fue el gerente general Benigno Vélez, ahora desplazado del cargo

En la mira judicial EL PULSO POLITICO

FERNANDO ALEJANDRO VANDENBROELE Es el hombre que se hizo cargo de la ex imprenta Ciccone Calcográfica. Figura como monotributista y es amigo de la juventud del vicepresidente.

Llegó a esa entidad oficial de la mano de Boudou. Fue quien recomendó contratar a Ciccone para la impresión de billetes de 100 pesos.

JOSE MARIA NUÑEZ CARMONA

BENIGNO VELEZ EX GERENTE DEL BCRA

ABOGADO

Es socio comercial de Boudou en las firmas Hábitat Natural e Inversiones Inmobiliarias Aspen. Lo señalan como el operador de negocios para la nueva Ciccone.

En la oposición analizan pedir el juicio político Esperarán a tener “semiplena prueba”, dijeron Dirigentes de la oposición apoyaron ayer la decisión del fiscal Carlos Rívolo de investigar los nexos del vicepresidente Amado Boudou con la ex imprenta Ciccone Calcográfica y anunciaron que si la causa avanza en ese sentido y se hallan pruebas suficientes, su próximo paso será pedir el juicio político del funcionario. “Si hubiera semiplena prueba de estos delitos, el próximo paso es pedir el juicio político”, dijo a LA NACION la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos). Bullrich, junto con diputados de Pro, del GEN y del peronismo disidente ya habían reclamado varias instancias de investigación. En primer lugar hicieron un pedido en la Oficina Anticorrupción, para que determinara si hubo gestiones incompatibles con la ley de ética pública. “Pasa que acá la Oficina Anticorrupción no se moviliza. Parece la Oficina Pro Corrupción, porque no se mueve ni un papel”, dijo Bullrich, escéptica sobre el futuro de su propia presentación. Además, esos mismos partidos habían citado al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, para que informaran sobre los avales y apoyos que recibió Ciccone en ambos organismos. “Me parece auspicioso que se abra una investigación. La Argentina tiene un larga cuenta pendiente en investigación y castigo de hechos de corrupción donde la impunidad ha

TITULAR DE LA CASA DE MONEDA

EMPRESARIO

en una decisión que comunicó la presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont. Rívolo personalmente ayer diligenció los oficios que él mismo había firmado para pedir los primeros elementos. Busca hacerse de esos papeles para determinar rápidamente si hay o no delito. El fiscal fue a mediodía desde el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en Retiro, hasta la zona del Obelisco, donde visitó en Roque Sáenz Peña al 1200 al juez Javier Cosentino, del juzgado comercial N° 8, en el séptimo piso. Allí está radicado el expediente de la quiebra de Ciccone. El juez mostró total predisposición para darle completo acceso al caso, que circunstancialmente está en la Cámara de Apelaciones. En ese expediente están narrados paso a paso los aportes de capital y los movimientos de los allegados al vicepresidente. También Rívolo pidió informes a la AFIP para determinar qué intervención tuvo en el tema y cómo se produjeron los aportes de capital que permitieron el levantamiento de la quiebra. También envió un oficio al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, donde le pide antecedentes del expediente mediante el cual se le restituyó a la ex Ciccone la planta impresora que estaba alquilada por un año a la firma Boldt, a pesar de que el juez de la quiebra había autorizado este alquiler. Y además pidió datos a la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y de Contrabando (Ufitco) de sus investigaciones por evasión sobre Ciccone.

sido la regla”, sostuvo el presidente del bloque radical en Diputados y ex camarista, Ricardo Gil Lavedra. Para Adrián Pérez, presidente de la Coalición Cívica, la medida del fiscal va en sentido correcto. “Hay que determinar la responsabilidad penal del actual vicepresidente, porque a primera vista el manejo fue escandaloso, igual que la utilización que se hizo del poder”, sostuvo Pérez. Pidió que, además, se investigaran los delitos de enriquecimiento y tráfico de influencias por parte del vicepresidente Boudou.

Guitarrita “Boudou debería largar la guitarrita y dar explicaciones. Y el Gobierno cada vez que hay un problema descabeza instituciones pero no habla del tema”, señaló el diputado de Pro Jorge Triaca. Para el macrista, la información era lo suficientemente concreta como para ahondar la investigación, por eso él también avaló su decisión. Desde el Frente Peronista, el diputado Eduardo Amadeo fue más allá e, igual que Pérez, reclamó profundizar la investigación sobre otros delitos. “Si uno lee los hallazgos periodísticos como un secuencia, no cabe duda de la existencia del delito de asociación ilícita”, opinó Amadeo Para el peronista, Boudou fue el gestor de “una organización para delinquir que lo tiene a él en el centro: nada se podría haber hecho sin Boudou”.

LABORDA

KATYA DAURA

Llegó a la entidad monetaria de la mano de Boudou. Fue reemplazado, en medio de versiones que lo señalan como impulsor del negocio de Ciccone.

Oyarbide podría reclamar hacerse cargo de la causa En su juzgado tramita una denuncia anterior que ya había sido archivada El caso en el que se investiga al vicepresidente Amado Boudou podría, mediante una inesperada derivación, aterrizar en el juzgado de Norberto Oyarbide. No obstante, los actuales investigadores de la causa no están dispuestos a consentirlo, según indicaron fuentes tribunalicias. La razón radica en que en diciembre pasado, cuando empezaron a trascender las primeras informaciones sobre los nuevos controladores de la imprenta Ciccone Calcográfica y sus nexos con el vicepresidente, se presentó una denuncia. Después del sorteo de rigor, la causa iniciada el 14 de diciembre por el ex carapintada Jorge Orlando Pacífico recayó en el juzgado de Oyarbide. Pero como el denunciante nunca se presentó a ratificar la denuncia el caso fue archivado. Esta situación puede modificarse ya que Pacífico se habría comunicado con el juzgado para manifestar su interés por mantener vivo el asunto. Por eso fue citado para el próximo

En voz alta ➾ Espero que también se investigue el enriquecimiento y el tráfico de influencias de Boudou ➵ ADRIAN PEREZ PRESIDENTE DE LA COALICION CIVICA

➾ Es llamativo el silencio de Boudou. Y en el Gobierno nadie habla de esto ➵ JORGE TRIACA DIPUTADO PRO

➾ Por su gravedad estos hechos afectan a todo el país, porque se trata de la figura del vicepresidente ➵ RICARDO GIL LAVEDRA DIPUTADO- PRESIDENTE BLOQUE UCR

➾ Boudou está en el centro del caso: nada se podría haber hecho sin él ➵ EDUARDO AMADEO DIPUTADO- PERONISMO DISIDENTE

NORBERTO OYARBIDE JUEZ FEDERAL

martes para ratificar la denuncia que había efectuado dos meses atrás, antes de la feria judicial de enero. Una regla procesal señala que en caso de que dos jueces estén investigando los mismos hechos es competente quien hubiera comenzado la investigación en primer lugar o quien la tuviera mas avanzada. La denuncia en la que actualmente se investiga a Boudou, que está en manos del fiscal Carlos Rívolo por delegación del juez Daniel Rafecas, se inició a mediados de febrero. Comenzó por denuncias de los abogados Jorge Vitale y Ricardo Monner Sans.

En tanto, la denuncia de Oyarbide se presentó en diciembre. La de Rívolo es la más avanzada y la otra ni siquiera fue ratificada. Por lo pronto, Rívolo no quiere saber nada con desprenderse de una causa a la que le dio impulso, indicaron fuentes judiciales. Al menos hasta tener en su poder los documentos para establecer si hay mértios suficientes para acusar o no al vicepresidente. La denuncia de Pacífico era contra Vandenbroele y otras personas y si bien no se nombraba a Boudou se hacía referencia a que la venta de Ciccone se realizó “utilizando influencias” de un “personaje político”. Para que la causa pase de manos, sería necesario que Oyarbide le reclamara a su colega Rafecas la competencia, cuestión en la que además deberá opinar el fiscal Jorge Di Lello, que estaba de turno en diciembre con Oyarbide. Di Lello tampoco estaría de acuerdo con sacarle el caso a Rívolo. A fin de mes, cuando Pacífico ratifique la denuncia, se sabrá el destino de esta causa.

Empresas misteriosas y ayudas del Estado La compleja operación que quedó bajo sospecha El desafío que tiene en sus manos el fiscal Carlos Rívolo es desentrañar la compleja trama de empresas y empresarios que están detrás de la resurrección de Ciccone Calcográfica como Compañía de Valores Sudamericana SA, tal su actual denominación. Ciccone agonizaba cuando la AFIP pidió su quiebra. Para colmo, estaba siendo investigada por evasión mediante la entrega de facturas apócrifas para justificar erogaciones de dinero negro. Se hablaba de un perjuicio de 612 millones de pesos. El trámite se encaminaba normalmente hasta que la propia AFIP dio marcha atrás y ofreció un plan de facilidades de pago extraordinario a los nuevos integrantes de Ciccone, junto con una solicitud para levantar el pedido de quiebra. Para levantar la quiebra de Ciccone, Vandenbroele realizó el 3 de septiembre de 2010 un depósito judicial en efectivo de 567.000 pesos. Era monotributista. Ocho días después, la empresa London Supply se presentó en el expediente comercial y acompañó una nota en la que consignó la transferencia de 1,8 millones de pesos “por cuenta y orden” de Vandenbroele. London Supply, que maneja los aeropuertos de El Calafate, Ushuaia y Trelew, a su vez, es socia en dos emprendimientos de Searen SA, que figura como propietaria del departamento de Puerto Madero donde vive el vicepresidente Boudou, valuado en medio millón de dólares.

Constituida en 2006, Searen SA es presidida por el contador Daniel Jorge Razzetto. Profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), acompaña a Aníbal Fernández en el club Quilmes como uno de sus tres vicepresidentes. Searen SA es socio en dos empresas de la firma London Supply. El presidente es Eduardo Taratuty y un sobrino suyo, Miguel Castellano, amigo de Boudou, integra el directorio. Boudou vive en el departamento de Madero Center propiedad de Searen junto con la periodista Agustina Kampfer, que también colocó el domicilio como sede de la sociedad Ediciones El Copete, que edita una revista. Madero Center es un complejo edilicio de alta gama ubicado en Puerto Madero, junto al dique y frente al hotel Hilton, que emprendieron las firmas Urban Yard y Proa del Puerto junto al Banco Macro. A través del fideicomiso Macro Fiducia SA, el banquero Jorge Brito le vendió dos departamentos y ocho cocheras en el complejo, que incluye piscinas cubiertas y descubiertas, solarium, gimnasio y otras “amenities”, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La operación se concretó por un monto superior a los 2 millones de dólares. La presencia del Macro en el mundo de la ex Ciccone va más allá. Un ex ejecutivo, Máximo Lanusse, asumió como vicepresidente y director titular en la imprenta.

El Gobierno, entre el populismo y la victimización A respuesta del gobierno nacional a la tragedia ferroviaria ocurrida en la estación Once no fue otra que su propia victimización. El primer indicador de esta estrategia, recurrente en el oficialismo, fue la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de instruir a Julio De Vido para que el Estado nacional se presente como querellante en la causa judicial abierta. De este modo, si la justicia federal accediera a su pedido, el Gobierno difícilmente podría ser investigado como presunto corresponsable de lo sucedido junto con el grupo concesionario de la ex línea Sarmiento. El Gobierno busca así eludir cualquier costo político, equiparándose con las verdaderas y únicas víctimas de la masacre de Once, cuando en sus filas haya probablemente más de un potencial responsable de la tragedia. Habrá más consecuencias políticas, seguramente. Desde la anulación de la concesión a la empresa TBA, del grupo Cirigliano, hasta la salida del ya impresentable secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y del subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, todo es posible. El desgraciado hecho ocurrido, al igual que otros luctuosos acontecimientos evitables, es el resultado de un cóctel mortal: deterioro de los trenes, ineficacia en los controles e insuficientes inversiones. La responsabilidad del gobierno kirchnerista en la tragedia es ineludible. Se ignoraron denuncias de la Auditoría General de la Nación y elementales demandas de los usuarios sobre el deterioro del servicio y de la seguridad ferroviaria y, por sobre todas las cosas, se mantuvo durante casi nueve años una política equivocada. Una política sustentada en un populismo que se advierte en la existencia de tarifas congeladas desde hace años frente a costos operativos y salariales que se multiplicaron. La compensación pasó por subsidios del Estado que sirvieron para paliar esos costos y vaya a saber qué otras cosas, pero no para hacer las inversiones de infraestructura indispensables. La tragedia de la estación Once es el mejor ejemplo del fracaso de un capitalismo de amigos basado en la subsidiocracia. Por lo visto, el Gobierno descargará en las próximas horas toda la responsabilidad en TBA, pese a que hasta anteayer tenía a los hermanos Cirigliano entre sus empresarios favoritos. Y la concesionaria buscaría responsabilizar al conductor del tren. Nadie hablará del fracaso de una política basada en la creencia de que se puede vivir con lo nuestro, que consolidó el atraso tecnológico, y en la discrecionalidad para favorecer a los empresarios amigos. La victimización y la costumbre de echarle siempre la culpa al otro podrían llegar también al denominado “Boudougate”, sólo que ante este escándalo los responsables para el Gobierno serán los “medios opositores”. Frente a las campañas mediáticas, sólo cabe el silencio, de acuerdo con la estudiada estrategia oficial. Una actitud que ni siquiera permite explicar por qué se pensó en contratar a los nuevos dueños de la vieja Ciccone Calcográfica para imprimir 300 millones de billetes de cien pesos que la Casa de Moneda no tiene capacidad de producir, en lugar de imprimir billetes de 500 pesos sin recurrir a empresas amigas y a un costo infinitamente menor.

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