POLITICA

Jueves 17 de marzo de 2011

I

MAFIA DE LOS MEDICAMENTOSs NUEVAS DENUNCIAS

TEMAS DE LA JUSTICIA

La Justicia investiga a Moyano por administración fraudulenta

Mentiras verdaderas que nadie corrige

E

El fiscal pidió ampliar la causa por la contratación de empresas ligadas a su familia HERNAN CAPPIELLO

Marcos Hendler, dueño de Droguería Urbana, que proveía de medicamentos a la obra social de los camioneros. Pero la ex ministra Ocaña fue más allá y presentó hace unas semanas una denuncia en la que cuestiona la relación de las empresa ligadas a Moyano con la obra social, que está gerenciada por una compañía manejada por la tercera esposa del líder sindical, Liliana Zulet, y de su familia.

LA NACION El juez federal Claudio Bonadio decidió ampliar la investigación que pesa sobre el líder de la CGT, Hugo Moyano: no sólo trata de determinar si la obra social de los camioneros defraudó al Estado mediante el cobro de reintegros indebidos por la compra de costosos medicamentos para tratar el cáncer, sino que ahora analiza si incurrió en el delito de administración fraudulenta. El fiscal Patricio Evers impulsó la pesquisa a partir de una nueva denuncia de 40 carillas que presentó la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. Como es de práctica ante un hecho nuevo, el juez envió la denuncia al fiscal para que opinara si correspondía ampliar la investigación y Evers así lo entendió. Hasta ahora, Moyano aparecía complicado en esta investigación porque el juez detectó la existencia de unos 200 troqueles del medicamentos Erbitux, usado para tratar el cáncer de colon, que no se corresponden con los cartones de los envases originales del remedio fabricados por Merck Química en Alemania. El magistrado llegó a esa conclusión luego de realizar un peritaje sobre los cartoncitos, que se extraen de cada caja, para adjuntarlos a los expedientes que la obra social de los camioneros presentó en la Administración de Programas Especiales para cobrar reintegros por la adquisición de esos remedios. Pero en caso de que se establezca en forma definitiva que esos cartones no se correspondían con los medicamentos originales, es posible que se hayan utilizado para cobrar de manera indebida los reintegros. Se trataría de una suma cercana a los 400.000 pesos. El juez analizó la compra de medicamentos para el cáncer, pero ahora amplió la pesquisa para saber si se pudo haber realizado una maniobra similar en los remedios utilizados para el tratamiento del VIH, también muy costosos y que se deben suministrar de manera permanente. Por esta parte de la causa está procesado

Casos familiares

Hugo Moyano

La causa El juez Bonadio ➽ Remedios. realizó peritajes que cuestionan la legitimidad de troqueles de un caro medicamento contra el cáncer que habían sido presentados ante el Estado por la obra social de camioneros para cobrar reintegros por su compra. Las carpetas presentadas ante el APE para reintegrar ese dinero estaban firmadas por Moyano.

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La ex ministra Gracie➽ Empresas. la Ocaña amplió esa denuncia y cuestionó a Moyano por supuesta administración fraudulenta por la contratación que hacían el gremio y la obra social de empresas ligadas a familiares del líder de la CGT. Mencionó la ex funcionaria a la actual mujer y a una de las hijas de Moyano y su marido.

El caso más notable es el de su hija Valeria Alejandra Salerno, de sólo 30 años, que está al frente de un emporio empresarial que incluye la firma Conducir Salud, encargada de gerenciar la cobertura de salud de los 200.000 afiliados del sindicato de camioneros. El nombre de la joven y el de sus íntimos figuran en empresas de construcción, salud, seguros y textiles, todas vinculadas con Camioneros y el Estado. De hecho, la empresa que refaccionó el recientemente reinaugurado Sanitario Antártida, del gremio, es Aconra, una constructora cuya vicepresidenta es Valeria Salerno. El presidente es Vicente Asorey, padre de Christian Marcelo Asorey, quien, según fuentes del entorno de Moyano, es el esposo de Salerno. Asorey, además, integró el APE, el organismo que debía pagar los reintegros por los medicamentos. En el Boletín Oficial del 11 de marzo de 2008 y el 12 de abril de 2010 figuran dos decisiones administrativas del Ministerio de Salud (59/2008 y 164/2010) en las que se decide la contratación de Asorey en la APE, con el cargo de “coordinador rango II”. Ambas resoluciones llevan la firma del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. La Justicia, a partir de la denuncia de Ocaña, podría poner ahora la lupa sobre los negocios de Asorey, mencionado en la presentación de la ex funcionaria. Salerno también figura en Dixey SA como presidenta, y su madre, Zulet, como directora. Dixey provee de ropa y estructuras metálicas al gremio de Moyano.

ADRIAN

VENTURA Es la política, antes que la Justicia, la que debe ocuparse de desenmascarar a tiempo algunas mentiras que luego se vuelven difíciles de desenmascarar

l Gobierno no sólo se limitó a manipular el Indec, sino que pretende adaptar la realidad a sus índices de fantasía. Por eso, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, se dedica a perseguir y multar a una decena de consultoras que elaboran índices que la mentira oficial no tolera. Algunos de esos economistas sancionados anunciaron que apelarán las multas ante la Justicia, en un fuero, el contencioso administrativo federal, que no es muy eficiente para controlar el poder. Otros optarán por callarse o acomodar la realidad a la ficción. Existen mentiras verdaderas, ficciones que necesitan volverse ciertas porque el poder no tolera la ficción que inventó. “El costo político de corregir la política es muy alto”, le reconoció en voz baja el ministro de Economía, Amado Boudou, a funcionarios norteamericanos, según un cable de la embajada de Estados Unidos filtrado por WikiLeaks. Y culpó a los medios por las críticas. ¿Quién tiene la culpa de que las cosas lleguen a estos extremos? Sin duda, el propio Gobierno. ¿Y los consultores? Graciela Bevacqua y otros de sus colegas vienen siendo perseguidos desde hace tiempo. Sin embargo, entre los economistas sancionados hay quienes trabajan para el Gobierno. Ya no hay códigos, pensarán en su fuero interno. Ahora quizás encuentren que el camino judicial no es ni sencillo ni unívoco. El descuido paga caro. En Catamarca, el Frente Cívico perdió por el peso de sus propios excesos y querer eternizarse en el poder. El radicalismo nacional podía haberse ahorrado de participar en la derrota a manos del kirchnerismo, pero se involucró. Si estuvo dispuesto a llegar a ese punto, ¿por qué, entonces, no advirtió a tiempo a la sociedad que la entonces candidata, Lucía Corpacci, era parte del clan Saadi? Nadie reveló ese pecado original. Por eso, las declaraciones de Corpacci y del propio Ramón Saadi sobre el crimen de María Soledad Morales sonaron a provocación. A ninguno de ellos le importó que el caso fue juzgado por la Justicia, que condenó a los autores. A ellos, la versión oficial que dieron los jueces, les pareció un detalle menor. Y si Saadi sabe algo más, ¿por qué no lo dice? Está en ciernes un nuevo Indec que medirá el rating, anunció Gabriel Mariotto, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales. ¿Por qué habrá que confiar en este organismo, que busca desplazar a Ibope, si el Indec miente? La política, mucho más que la Justicia, es la que debería devolvernos a la realidad.

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