POLITICA
Martes 29 de diciembre de 2009
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PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO ILICITO s QUEDA FIRME EL FALLO DE OYARBIDE
La Justicia ya no investiga a los Kirchner Continuación de la Pág. 1, Col. 2 el caso basado en una nota de LA NACION, pero para que su recurso fuera tratado, la Cámara Federal debería darle carácter de “querellante”, es decir, de particular damnificado. Fuentes judiciales coincidían ayer en que las posibilidades de que esto suceda son ínfimas. Como consecuencia, los Kirchner ya no podrán volver a ser perseguidos por su enriquecimiento durante 2008, el año en el que su patrimonio creció más que nunca, según sus propias declaraciones juradas. No obstante, los alcances de la sentencia que ayer quedó firme son discutibles. ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que se descubrieran otros bienes adquiridos
EL ESCENARIO
Sospechas de impunidad Continuación de la Pág. 1, Col. 4 el juez o el fiscal actuaron en forma fraudulenta, falsificaron documentos, incurrieron en cohecho o fueron presionados. Pero, para lograr la revisión del fallo, que no fue apelado por el fiscal, no sólo hay que animarse a formular semejantes acusaciones, sino que, además, hay que estar en condiciones de probarlas. En 1971, la Corte Suprema nacional, en el caso Campbell Davidson, admitió que se plantease una acción contra la cosa juzgada fraudulenta, explica Juan Carlos Hitters, ministro de la Suprema Corte bonaerense, en su obra La revisión de la cosa juzgada (Editorial Platense). La legislación federal nunca reguló la acción de revisión, que corresponde presentar en primera instancia y da inicio a un juicio tan dilatado que, cuando finaliza, casi nadie se acuerda del tema central que lo originó. Pero esa vía de revisión, sí, prosperó en algunos casos excepcionales. En efecto, cuando la ex presidenta Isabel Perón fue sobreseída de haber cometido irregularidades en la Cruzada de la Solidaridad, la Corte anterior a 1983 dejó sin efecto esta medida. Y, con el regreso de la democracia, hubo más casos. Sobre la base del fallo Genie Lacayo de la Corte Interamericana (1997), a partir de 2005 la Corte argentina admitió la reapertura de las causas contra la represión, aun cuando los militares imputados hubieran sido sobreseídos o absueltos. En casos de violaciones a los derechos humanos, la vía de revisión fue admitida. Más recientemente, en 2007, hubo dos fallos. Uno de la Corte, que permitió revisar la regulación de unos honorarios judiciales muy elevados en cabeza del BCRA. Y el otro, de la Cámara Federal porteña, en la causa AMIA: luego de la destitución del juez federal Juan José Galeano, el tribunal reabrió varias causas que habían terminado por sobreseimiento. Está claro que esta posibilidad de revisar una sentencia que el fiscal o la parte no apelaron es sólo excepcional y únicamente puede prosperar en caso de que se demuestre que el juez o el fiscal incurrieron en un delito o fueron presionados. En principio, un fallo que no es apelado en el plazo que establece la ley queda invariablemente firme y es, por lo tanto, inmutable, por más que su contenido sea escandaloso o disguste a la sociedad. Un fallo injusto, incluso escandaloso, si está firme, no puede ser revisado: la injusticia no se corrige con más inseguridad jurídica, por más que esto suene difícil de comprender.
Tecnicismos De todas formas, la sociedad no repara en tecnicismos propios de jueces y de abogados: el ciudadano espera de la Justicia resultados creíbles. Por ahora, lo que queda verdaderamente en claro para la sociedad es que la Justicia, una vez más, parece haber consagrado la impunidad de quienes ocupan los más altos cargos de poder. En la historia argentina, sobran los dedos de una sola mano para contar condenas en casos de corrupción. Si algo debía esperarse de una acusación de corrupción contra los Kirchner (o contra cualquier otro alto funcionario) es que hubiera sido investigada con una singular profundidad: quizá, los Kirchner puedan justificar sobradamente el contenido de su declaración jurada, pero el juez y el fiscal debieron dejar en claro que hicieron todo lo posible para descubrir las eventuales irregularidades y que no encontraron ninguna. Ocurrió todo lo contrario. Hay, otro actor de este enredo, que brilla por su ausencia: la causa se inició con una denuncia débil de un particular, pero faltó que la oposición hubiera aportado los datos de una investigación propia y profunda, realizada a lo largo de meses o de años. Semejante pesquisa, que no existió, le hubieran restado al juez y al fiscal un sustancial margen de discrecionalidad.
el año pasado por la Presidenta o su marido? “El fallo sólo hace cosa juzgada sobre los incrementos declarados”, dijo ayer el ex fiscal Manuel Garrido, antecesor de Noailles al frente de la FIA, que cuestionó con dureza que la sentencia no hubiera sido apelada. “Oyarbide sólo investigó lo que los Kirchner declararon, y por eso su fallo no impide que puedan abrirse futuras causas si aparecen otros hechos o bienes”, afirmó. Pero su opinión lejos está de ser unánime. “La cosa juzgada tiene más fuerza que la aparición de nuevos elementos, aunque los demuestren totalmente culpables, por eso es un sobreseimiento que debería haber sido muy analizado. Está en juego la seguridad jurídica”, dijo el pena-
lista Alejandro Carrió. Según él, los Kirchner sí podrían ser investigados por otros eventuales delitos que les hubieran generado un beneficio económico, pero sólo si se demostrara que sus “elementos constitutivos” son otros, es decir, si son delitos independientes. El fallo de Oyarbide, dictado en tiempo récord, es terminante. Su último párrafo dice: “Resuelvo: sobreseer en la presente causa N° 9423/09 al señor Néstor Carlos Kirchner y a la señora Cristina Fernández de Kirchner en orden al delito previsto en el artículo 268 (2) del Código Penal, dejando constancia que la formación de este sumario en nada afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado los nombrados”. Se basó en un peritaje de diez hojas,
Los bienes de la polémica
realizado en menos de dos meses, que sólo analizó los datos y documentos presentados por los propios acusados. Ese informe no analizó ninguna de las operaciones que Cristina y Néstor Kirchner declararon como el origen de su fortuna. Tampoco hizo referencia a cuáles fueron esos negocios. Lo firmaron Alfredo Peralta y María del Carmen Penedo, presidente y miembro del Cuerpo de Peritos de la Corte, un organismo cuestionado por el propio tribunal, que dispuso auditarlo. También, Víctor Manzanares, contador de los Kirchner y autor de sus declaraciones juradas. Oyarbide recibió el peritaje el 17 del actual. Al día siguiente, dictó el sobreseimiento. El juez advirtió entonces a LA NACION que era sólo un fallo de primera instancia, re-
visable por la Cámara Federal. La Sala I de ese tribunal, integrada por Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, era la designada para intervenir. Pero no hay revisión posible sin apelación fiscal.
Los fiscales La decisión de Taiano tiene dos antecedentes. Ya había intervenido en otras causas por presunto enriquecimiento ilícito contra los Kirchner: en una consintió su cierre y en la otra propuso desestimar la denuncia por inexistencia de delito. En cuanto a Noailles, él dio señales durante la semana pasada de que no tenía una decisión tomada. Tal como informó LA NACION, le pidió a contadores internos de la FIA un informe técnico sobre el caso. Un funcionario del Ministerio
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Los jueces que investigaron
Detalle patrimonial en 2008
PERIODO
RODOLFO CANICOBA CORRAL
NORBERTO OYARBIDE
De 1995 a 2004
PERIODO
PERIODO
De 2005 a 2007
Desde 2008
JULIAN ERCOLINI
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INGRESOS ANUALES
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BIENES Patrimonio neto Bienes inmuebles
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La casa de los Kirchner en Río Gallegos
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1995
2003
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2004
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2005
Bienes muebles
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Depósitos bancarios
2006
2007
2008
La oposición pide la remoción de Taiano La UCR, Pro y la Coalición Cívica cuestionaron que el fiscal no apelara el fallo de Oyarbide representar a la inmensa mayoría de la ciudadanía, que reclamaba un mayor compromiso y conducta en la investigación de un delito sensible como el enriquecimiento ilícito”. Por su parte, Pinedo dijo a LA NACION que su bloque buscará “movilizar los mecanismos que correspondan” para remover a Taiano. “No es la primera vez que le da a Kirchner [Néstor] patente de santo”, recordó el diputado, en alusión a otras dos causas abiertas contra el matrimonio presidencial en las que Taiano no avanzó. En tanto, desde la Coalición Cívica se informó que el diputado Adrián Pérez presentaría otro pedido de enjuiciamiento. Según lo establece la ley del Ministerio Público (24.946), la remoción de un fiscal debe ser decidida por un tribunal de enjuiciamiento integrado por siete miembros, designados por el Poder Ejecutivo, el Senado y la Corte Suprema de Justicia. El cuerpo se completa con dos miembros por la matrícula federal de abogados y otros dos que se elegirán por sorteo entre los procuradores ante la Corte, fiscales generales y defensores oficiales o públicos.
Protagonistas
FEDERICO PINEDO PRESIDENTE DEL BLOQUE PRO
➾“No es la primera vez que Taiano le da a Kirchner patente de santo”, recordó el diputado de Pro, en alusión a otras dos causas por las declaraciones juradas del matrimonio presidencial (las de 2004 y de 2006 y 2007), en las que Taiano no avanzó. ➵
ERNESTO SANZ PRESIDENTE DE LA UCR
➾“La inacción del fiscal no puede
interpretarse a la luz de la técnica jurídica, sino del cumplimiento de deberes inexcusables como funcionario público de revisar el fallo de Oyarbide en una instancia superior”, dijo el senador Sanz, máxima autoridad de la UCR. Sanz fue quien motorizó el pedido de juicio político al fiscal. ➵
“Hay un gran desorden en el Cuerpo de Peritos Contadores” Según el juez de la Corte Enrique Petracchi, comenzó “hace varios años” En medio de la polémica por el fallo que sobreseyó a los Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito, el juez de la Corte Suprema Enrique Petracchi reconoció ayer que existe “un gran desorden en el Cuerpo de Peritos Contadores”. Petracchi se sumó así a las críticas que había formulado su colega Carmen Argibay, y también a los cuestionamientos que, hace quince días, hicieron públicos Ricardo Lorenzetti, el presidente del máximo tribunal, y Elena Highton en contra del cuerpo de contadores, cuyo titular, Alfredo Peralta, emitió un dictamen favorable al matrimonio Kirchner. Tal como anticipó LA NACION el jueves pasado, el tribunal dictaría hoy una acordada para poner en funciones al nuevo titular del Cuerpo de Peritos Contadores, uno de los veinte
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La oposición en pleno cuestionó ayer la decisión del fiscal Eduardo Taiano de no apelar el sobreseimiento del juez Norberto Oyarbide al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito, y anunció que impulsará el juicio político del funcionario. La ofensiva partió del comité nacional del radicalismo, que preside el senador Ernesto Sanz (Mendoza), y logró la rápida adhesión de otras fuerzas políticas, como la Coalición Cívica y Propuesta Republicana (Pro). Al respecto, el presidente de la bancada de diputados macristas, Federico Pinedo, calificó de “canallada” la actuación de Taiano. “La inacción del fiscal no puede interpretarse a la luz de la técnica jurídica, sino del cumplimiento de deberes inexcusables como funcionario público de revisar el fallo de Oyarbide en una instancia superior”, sentenció Sanz, en un comunicado en el que anuncia la intención de la UCR de “promover el enjuiciamiento” de Taiano. Según ese pronunciamiento, el fiscal no sólo violó “expresas normas con su conducta”, sino que también “incumplió con el deber de
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profesionales que fueron elegidos por concurso de antecedentes. Ese contador reemplazará a Peralta. “Ese gran desorden se viene produciendo desde hace varios años”, afirmó Petracchi, aunque evitó responder sobre el fallo del juez Oyarbide: “Cuando llegue a la Corte, se resolverá”. En ese sentido, dijo conocer “lo que dicen los diarios”. La jueza de la Corte Carmen Argibay también había admitido falencias en el cuerpo de peritos que auditó al matrimonio Kirchner. “Puede ser que algunos peritos no sean confiables. El cuerpo de peritos contables está intervenido porque ya tuvo algunos problemas. Se hizo una auditoría y se decidió que debían designarse nuevas autoridades. Estaba en la mira desde hace mucho.” Hace tres semanas, la Corte finalizó
una auditoría sobre el Cuerpo de Peritos Contadores, de la cual surgieron no sólo desórdenes, sino irregularidades reiteradas y graves. Por ejemplo, en los mecanismos para asignar las causas entre los profesionales. En realidad, los jueces, según un decreto ley de 1958, tienen una amplia discrecionalidad para elegir al perito al que le encargan la elaboración de un peritaje y el consiguiente dictamen. Esta norma, que les permite a algunos magistrados elegir a expertos intachables y de su confianza, también se presta a maniobras reñidas con la ética. A partir de mañana, los jueces no gozarán de esta posibilidad. Según trascendió, se detectaron varios hechos sospechosos, por lo que la Corte decidió remover a Peralta como decano del cuerpo y reemplazarlo con otro profesional.
Quiénes son los fiscales que avalaron la sentencia Los fiscales Eduardo Taiano y Guillermo Noailles podrían haber abierto una instancia de revisión sobre el fallo de Norberto Oyarbide que sobreseyó a Cristina y Néstor, pero decidieron no hacerlo. Taiano intervino desde el primer momento en el expediente y era el fiscal natural de la causa. Esta es la tercera vez que le toca un caso por enriquecimiento contra los Kirchner y las dos veces anteriores tampoco se había opuesto al cierre de las investigaciones. Tiene 50 años y toda su carrera la hizo en la Justicia: hace 30 años que trabaja en Tribunales. Llegó a la fiscalía federal hace 15 años, durante el gobierno de Carlos Menem. Antes, se había desempeñado en la justicia penal, pero ordinaria. Allí pasó por todo el escalafón, hasta que lo nombraron secretario de Cámara. En Comodoro Py se lo conoce como un hombre moderado. Tiene a su cargo una de las investigaciones más grandes que se tramitan en la justicia federal: la megacausa por los crímenes cometidos en la ESMA durante la última dictadura. Hace 15 días, denunció que había recibido una amenaza. Informó que, con voz de ultratumba, un hombre le dijo por teléfono a su madre, de 79 años: “Dormí tranquilo, tío. Este mensaje es para Federico”, y cortó. Federico tiene 23 años y es uno de los hijos de Taiano. Hace cuatro años fue víctima de un secuestro exprés, que aparentemente nada tuvo que ver con el trabajo de su padre. En el entorno del fiscal se especuló con que la llamada podría vincularse con la causa ESMA, en pleno juicio oral. Noailles está a cargo interinamente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) desde que renunció Manuel Garrido, que se fue en marzo pasado enfrentado con su jefe, el procurador general Esteban Righi. Garrido denunció entonces que habían recortado las facultades de la FIA y que la habían condenado a un rol “casi intrascendente”. Para cubrir esta vacante, se abrió un concurso que hoy está en trámite. Noailles es uno de los inscriptos. También se había anotado en el anterior, el que ganó Garrido, pero se bajó antes de que se terminara. No es la primera vez que ocupa interinamente este cargo. Ya lo había hecho cuando murió Héctor Pinzón, a mediados de 2001. Entonces, Noailles estuvo dos años al frente del organismo; igual que ahora, con un muy bajo perfil. Tanto es así que no se recuerda denuncia alguna presentada por él en ese tiempo.
Público relató ayer que los expertos dictaminaron que “por el momento” no se podía saber “en forma cierta e indubitable” si el incremento patrimonial estaba debidamente justificado “de acuerdo con la documentación recibida para cada caso”. El informe le daba a Noailles argumentos para discutir la sentencia de Oyarbide, pero él decidió no hacerlo. Hoy, todos los expedientes que investigaron el origen del patrimonio de los Kirchner están cerrados. Uno sólo podría reabrirse, el que archivó el juez Rodolfo Canicoba Corral: la FIA, entonces a cargo de Garrido, se opuso a su clausura, y si bien la Cámara convalidó la decisión del juez, advirtió que el archivo no era definitivo y que nuevas pruebas podrían reactivar la causa.
OPINION
Cuesta creer que no haya delito DANIEL SABSAY PARA LA NACION La sentencia del juez Oyarbide, absolutoria del matrimonio Kirchner, dejó en los argentinos una sensación de desazón. Cuesta creer que no se hayan cometido delitos para la obtención de semejante crecimiento patrimonial ocurrido durante una seria crisis económica. Sorprende que en pocos meses se haya esclarecido la verdad, sin que se hayan considerado importantes pruebas y, además, sobre la base del estudio de peritos sospechados de parcialidad. Por supuesto que en un sistema republicano deben imperar los controles, y en ese sentido tanto el fiscal con competencia en la cuestión como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas debieron haber apelado el fallo, asegurando así la debida protección del interés general. Pero lejos de ello el fallo ha quedado firme por el desconcertante incumplimiento de sus deberes de parte de estos funcionarios. El fiscal Taiano una vez más con su silencio cómplice ha desconocido de manera flagrante la misma razón de ser de su función. Y la actitud del fiscal de investigaciones nos lleva a recordar lo que expresó en su renuncia Manuel Garrido, su antecesor. Entre otras alarmantes consideraciones, Garrido manifestó que le era imposible desempeñarse en su cargo, ya que debía enfrentarse a un sistema prohijado por el Gobierno, encaminado a garantizar la impunidad de los funcionarios frente a la comisión de actos de corrupción, cuando él debía combatirla en todos los frentes. Aquellas palabras de Garrido fueron premonitorias, pero nada se hizo. Todo lo contrario, se profundizó esta suerte de “malla de seguridad” a favor de quienes no comprenden su rol de servidores públicos y, por el contrario,
Lo ocurrido debilita nuestra ya maltrecha democracia, agudizando su mala calidad institucional se sirven de sus cargos para satisfacer sus intereses personales. La Argentina una vez más incumple sus obligaciones como Estado parte de las convenciones internacional y regional para la lucha contra la corrupción, ya que lejos de realizar los actos que aseguren su vigencia se desentiende de sus obligaciones internacionales. Así, no es por casualidad que año tras año la Argentina aparezca más abajo en la lista de países que realiza Transparencia Internacional, situándose entre los peor calificados en la lucha contra este flagelo para la democracia y para el desarrollo de los pueblos. Urge llevar a cabo las modificaciones procesales que les permitan a organizaciones no gubernamentales y a denunciantes la realización de las apelaciones y demás actos en aras de la revisión de una sentencia que involucra a la actual primera mandataria y a un ex presidente en la comisión de actos de enriquecimiento ilícito. He acá otra materia para la agenda del nuevo Congreso, a la que se debería agregar el fortalecimiento de las penas previstas para los delitos contra la administración pública y la flexibilización de los pasos que deben asegurar su esclarecimiento. Lo ocurrido debilita nuestra ya maltrecha democracia, agudizando su mala calidad institucional y provocando en la comunidad una sensación de desaliento que los argentinos queremos superar.
El autor es profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA
