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POLÍTICA

| Lunes 7 de abriL de 2014

La justicia uruguaya investiga dos terrenos vinculados con Lázaro Báez

sospecha. Una sociedad anónima del empresario kirchnerista adquirió dos lotes en una

zona codiciada de Punta del Este; la operación se encuadra en el supuesto delito de lavado

Preocupa en la SIP el avance estatal sobre los medios

populismo. El control comunicacional, eje de

debate en el inicio de la reunión de medio año

Nelson Fernández

CORRESPONSAL EN URUGUAY

MONTEVIDEO.– Es una esquina tranquila, con terrenos amplios, sin construir, pero con la posibilidad de hacer grandes torres frente al mar de la Playa Brava en Punta del Este. San Remo y la Avenida del Mar marcan el lugar de dos amplios terrenos que investiga la justicia uruguaya, con la sospecha de que se trata de otros bienes involucrados en el caso de lavado de dinero que alcanzaría al empresario kirchnerista Lázaro Báez. Un lugar privilegiado del este uruguayo. Cerca de una linda playa, con salida rápida hacia La Barra y con comunicación directa con el centro comercial del balneario. El diario El Observador informó ayer que “la justicia investiga dos nuevos terrenos sospechosos de lavado K en Punta del Este”, que un “testaferro compró caro y vendió barato en Playa Brava” y que la sociedad anónima propietaria de los terrenos “está vinculada con Lázaro Báez”. La investigación gira sobre terrenos de 7000 metros cuadrados cada uno que están en el fraccionamiento Lobos, sobre la Avenida del Mar, a una cuadra de Roosevelt y a media cuadra de la rambla. Esto es en la Playa Brava, en la costa camino a La Barra y José Ignacio. “Se trata de la zona más codiciada de Punta del Este porque cuenta con los permisos municipales para construir edificios de más de 20 pisos”, expresó el diario uruguayo. Añadió que en la misma manzana, sobre la rambla, el magnate estadounidense Donald Trump proyecta construir una torre de 24 plantas. En la nota se afirma que la justicia investiga la compraventa de esos dos terrenos y que “el nombre del empresario kirchnerista Lázaro Báez” figura como “sospechoso de orquestar una maniobra de lavado de dinero”. El fundamento de la investigación es el siguiente: según detectó la justicia, la sociedad anónima que figura como vendedora de los terrenos giró US$ 16,5 millones a una

Adrián Ventura LA NACION

Los terrenos que se le adjudican a Báez en Punta del Este

Tomada, en la mira de un fiscal ^b^b^ El fiscal federal Federico Delgado impulsó una investigación para determinar si es cierto que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, es además “asesor legal” del gremio de pasteleros y, como tal, lo favoreció e incurrió en una incompatibilidad. ^b^b^ El fiscal presentó la semana pasada un requerimiento de instrucción y pidió las primeras medidas de prueba, como consecuencia de una denuncia de diciembre pasado, en la que se sostuvo que Tomada habría utilizado su cargo de ministro para “apretar empresarios” y favorecer económicamente al sindicato.

cuenta vinculada con Báez en el Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal europeo. Los datos obtenidos en la Dirección General de Registro arrojan un dato llamativo: que en lugar de valorizarse, como ha ocurrido con los terrenos de toda esa zona, los padrones 10.664 y 10.665 perdieron valor. La documentación muestra que Ariadna SA compró ambos terrenos en 2002 a cinco millones de dólares cada uno y los vendió en 2006 a tres millones cada uno. Es raro eso: todas las operaciones inmobiliarias de este balneario tuvieron un encarecimiento en dólares constante que elevó mucho el precio de estos bienes. La investigación concluyó que el comprador de 2006 fue Jaguar Capital LLC, empresa panameña que aparece vinculada con Báez. El 19 de diciembre de 2013, Jaguar Capital LLC vendió uno de los terrenos (el padrón 10.665) en US$ 2 millones, lo que abre dudas sobre lavado de dinero y también sobre evasión de impuestos. El Banco

Denuncian por “falta de controles” al directorio de Lotería Nacional juego. Surge de una investigación que compromete a Cristóbal López El presidente y el directorio de Lotería Nacional fueron denunciados por presunto “fraude a la administración pública”, “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público” y “evasión tributaria agravada”, en relación con la recaudación de las salas de juego del empresario Cristóbal López en la ciudad de Buenos Aires. La presentación, realizada el jueves pasado ante el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, fue realizada por los legisladores porteños de UNEN Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro. Esto surge de una investigación presentada en el programa de Luis Majul el domingo pasado, en la que se mostró, según se destaca en la denuncia, “la ausencia de controles online por parte de la Lotería Nacional Sociedad del Estado en relación

con las máquinas (tragamonedas) obrantes en el Hipódromo de Palermo y el denominado Casino Flotante, ambos propiedad de Casino Club, del empresario Cristóbal López”. En el escrito de los representantes de UNEN también se presenta al empresario –con intereses en medios, petróleo, agricultura y otros negocios– como una persona “beneficiada por la ausencia de los controles del Estado” durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. A modo de ejemplo, recuerdan que la Afsca le autorizó a comprar el canal C5N “aun cuando su calidad de concesionario del Estado se lo impedía”. A raíz de las presuntas irregularidades en la tarea de control, la denuncia penal pidió que se investigue a Roberto Armando López, presidente de Lotería Nacional, y a Andrés Cimadevilla, Juan Manuel

Ártico y Mario Pudkin, integrantes del directorio. A partir de las funciones del ente público que regula las actividades de apuestas, según las define la ley, los legisladores entienden que el informe televisivo evidenció “ausencia o debilidades” en el “control de la recaudación” y que esta situación “facilita la evasión tributaria”, además de “atentar contra la recaudación”. Respuesta Lotería Nacional indicó ayer, en una solicitada, que utiliza el mismo software de control y fiscalización online en todos los distritos. Además, remarcó que tanto la institución como el sistema informático que utiliza cuentan con certificaciones internacionales de calidad y puntualizó que el software se utiliza en casinos de EE.UU. y China.ß

puntapress

Central de Uruguay detectó que entre marzo de 2012 y marzo de 2013 Jaguar Capital LLC (propietaria de los terrenos) giró US$ 16,5 millones a una cuenta bancaria radicada en el Principado de Liechtenstein, a nombre de Helvetic Services Group. Y “ante las autoridades bancarias los representantes de Jaguar Capital LLC explicaron que la transferencia de fondos a Helvetic respondía al pago de uno de estos terrenos en Punta del Este: el padrón 10.655”. Pero ahí se dio una contradicción: “Este terreno fue vendido recién en diciembre de 2013 y a US$ 2 millones”. Además, hay “documentos oficiales” en los que queda claro que “el titular de Helvetic, la sociedad que recibió los US$ 16,5 millones en Liechtenstein, es Néstor Marcelo Ramos, a quien el fiscal argentino José María Campagnoli definió como el «enigmático testaferro» de Báez”. El actual propietario del padrón 10.664 es “Jaguar Capital Holding Inc.”, la sociedad en que se transformó Jaguar Capital LLC en octubre de 2013. ß

La Justicia y la crisis de liderazgos, a debate encuentRo. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el politólogo Rosendo Fraga serán algunos de los oradores del II Encuentro Provincial de Dirigentes, que se realizará esta semana en el Colegio de Abogados de Azul. “Necesitamos capacitar nuevos dirigentes, porque la Argentina atraviesa una crisis de liderazgos. Y también hay que trabajar en mejorar algunos aspectos de la justicia bonaerense”, dice David Cordeviola, presidente de la citada entidad. El encuentro, que se realizará el 10 y 11 de este mes y que es organizado, también, por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, acaba de ser declarado de “interés legislativo” por la Legislatura bonaerense. El año último, el Colegio de Abogados de Azul fue uno de los que salieron a cuestionar, con amparos, la reforma judicial que había impulsado el Gobierno. Ahora su presidente, Cordeviola, está preocupado por el estancamiento que se nota en algunas áreas profesionales y judiciales. El encuentro incluye una teleconferencia de Lorenzetti y conferencias de Rosendo Fraga y del constitucionalista Antonio Hernández, entre otros especialistas que seguramente harán hincapié, precisamente, en la crisis de liderazgos y disertarán sobre temas de actualidad. “Los abogados tenemos que ayudar a generar un cambio y, si pretendemos formar dirigentes, también debemos involucrarnos, nosotros mismos, en ayudar a la Justicia”, dice el titular del colegio de Azul, entidad que cumple 85 años. El II Encuentro Provincial de Dirigentes es un evento gratuito, donde la actividad de la tarde del jueves próximo es abierta al público interesado en la actualidad política y social del país, y la del viernes estará dirigida a los profesionales. Las inscripciones se realizan en [email protected].ß

BRIDGETOWN.– “Durante el último año recrudecieron los ataques a la libertad de prensa en Venezuela”, dijo la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa durante la inauguración de la reunión de medio año de la organización, que reúne a 1300 periódicos de toda América. Venezuela, y también la Argentina, los populismos, la concentración de medios y las leyes que sancionaron varios gobiernos fueron objeto, ayer, de un muy intenso debate. “La SIP intenta ayudar a los diarios de Venezuela en la obtención de papel e insumos. Por eso, el diario Las Américas, de Miami, hizo un llamado a todos los socios para que apoyen a los medios venezolanos”, afirmó Ballantine. Pero las restricciones para acceder a papel, que están poniendo en riesgo la continuidad de veinte periódicos venezolanos, son sólo una de las formas de atacar a la prensa. Por eso, además de la reunión del Consejo Consultivo –participaron Leonor Etchevehere (El Diario de Paraná, Argentina) y Saturnino Herrero Mitjans (Clarín) y se decidió realizar una sesión en la Argentina para hablar sobre los diarios populares– y de un panel dedicado a analizar si los gobiernos respetan la Declaración de Chapultepec, la SIP fue ayer el escenario de un muy intenso panel sobre “la concentración de medios y el papel del Estado”. Como se sabe, bajo la premisa de “democratizar la información” o “desconcentrar el poder económico”, muchos gobiernos impulsaron cuestionamientos y embates contra la prensa. Edward Seaton (Seaton Newspapers, Kansas) afirmó que lo importante es que siempre se garantice la existencia de “un mercado abierto de ideas, para lo cual es necesario que el gobierno no pueda controlar la mayoría de los medios”. El ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Asdrúbal Aguiar (El Impulso, Venezuela)

afirmó que “las leyes aprobadas por la Argentina y Venezuela, en rigor, lo que hicieron fue favorecer “la hegemonía comunicacional estatal”, y remarcó que la ley argentina “sólo les permite a los medios privados llegar hasta el 35% de la población, mientras que los medios públicos no tienen límite alguno”. Aguiar también cuestionó que la ley argentina haya incluido en la regulación, sin justificación alguna, a los medios que no usan espectro radioeléctrico (cables). “Todo lo que están planteando los gobiernos hay que analizarlo más allá de los meros principios teóricos.” Por su parte, Santiago Cantón, ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordó que la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA siempre buscó que “la propiedad de medios y la asignación del espectro a los licenciatarios no sean reguladas por los gobiernos de manera arbitraria, sino a través de criterios democráticos. No puede ser una forma de persecución contra las voces críticas”. Pero, aclaró Cantón, “en la Argentina, el ataque y las amenazas a los medios fueron antes, durante y después de la ley de medios, por lo cual el debate no puede limitarse a esas leyes y tiene que ver con la madurez de las democracias”. Finalmente, Seaton también planteó cómo influye otro escenario, Internet. “Estamos ante un nuevo mundo, virtualmente infinito. En Estados Unidos pasamos de tres cadenas de TV a cientos de canales de cable y a YouTube.” Finalmente, el titular de RCTV de Caracas, Marcel Granier, un canal de TV cerrado por el gobierno de Hugo Chávez, sostuvo que hoy la industria de medios vive un fenómeno de concentración global en todas las ramas de actividad. “Hay siete empresas globales de contenidos que tienen enorme poder sobre gobiernos y empresas, y muchas veces los populismos prefieren negociar con ellas y atacar a los medios nacionales que informan lo que pasa.”ß

La delegada de la Afsca dice que la echó Zannini la Rioja. Es abogada y defiende a familias

que acusan a Milani; fue apartada del ente

José Crettaz LA NACION

“Fueron Zannini y Beder Herrera y fue por la situación de Milani”, dijo a la nacion María Elisa Reinoso, delegada de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en La Rioja, despedida de ese organismo el jueves pasado, y acusó directamente al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, y al gobernador riojano, el kirchnerista Luis Beder Herrera. Y dejó claras las razones: su actividad como abogada en causas por delitos de lesa humanidad, en las que está acusado Milani. Reinoso tiene 57 años y hace 30 que representa a querellantes en causas por delitos de lesa humanidad. Entre esas causas, hay varias que involucran al jefe del Ejército, César Milani. “Además, en mi lugar pusieron a una persona que según tengo entendido es sobrino de un militar que también estaba por acá en 1976, en la época de Milani”, agregó Reinoso, que es apoderada del Partido Comunista riojano, fuerza política que hasta ahora integraba el Frente Nuevo Encuentro, que lidera el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella. El propio Sabbatella militó en su juventud en el Partido Comunista, algo de lo que no reniega. “Milani aparece mencionado en la privación ilegítima de la libertad y tormentos en el caso del papá de los hermanos Olivera; en el de Alfredo Olivera, de privación ilegítima de la libertad, y en el caso del conscripto Alberto Ledo, todo indica que estuvo en Tucumán haciendo el sumario y el acta que tiene muchos defectos que hacen presumir por lo menos un conocimiento del destino que habría tenido este compañero”, detalló Reinoso. Por el despido de la ahora ex delegada de la Afsca en La Rioja, los directores por la oposición parlamentaria en el organismo, Gerardo Milman (Frente Amplio Progresista) y Marcelo Stubrin (Unión Cívica Radical) presentarán hoy

un escrito en el que reclamarán “la revocación de las facultades que le fueron otorgadas a Sabbatella por reglamentos anteriores que le permitían designar por su cuenta a los representantes locales de la institución”. A pesar de su expulsión de la autoridad de aplicación de la ley de medios audiovisuales, Reinoso se mantiene firme en “apoyo al proyecto” de la presidenta Cristina Kirchner. “Éstas eran las reglas de juego, era un cargo político desde el que yo tenía la clara conciencia de que tenía que hacer militancia”, afirmó, y sostuvo que –contra la explicación dada por la Afsca sobre su cese– tiene documentada su gestión en 11 tomos de 300 páginas cada uno. Sin embargo, esos papeles no incluyen la creación de ningún nuevo medio de comunicación. En rigor, las delegaciones de la Afsca –órgano de aplicación de la ley de medios audiovisuales– sólo tienen funciones de verificación local de los medios con licencia legal, pero no realizan trámites, sino que se limitan a recibirlos y derivarlos a Buenos Aires. La oficina de la Afsca de La Rioja tiene un staff permanente de cinco personas, incluida la delegada. El encargado de pedirle a Reinoso la renuncia fue el director nacional de Delegaciones de la Afsca, Gustavo Hurtado (también encargado del armado nacional del sabbatellismo), e informó anteayer que “el desplazamiento de la dirigente comunista se debió que en el organismo no estaban conformes con su desempeño en ese cargo”. Reinoso había llegado a la Afsca de la mano de Sabbatella en los días previos al fallido 7D de 2012 y con el mismo encono contra el Grupo Clarín. Hasta entonces trabajaba como abogada de familiares de desaparecidos y como asesora legal de varios gremios. Su esposo, Rogelio De Leonardi, es secretario general de la CTA y la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) de La Rioja, gremios enfrentados con el gobernador Beder Herrera.ß