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POLÍTICA

| Martes 30 de dicieMbre de 2014

Sospechas de filtraciones en la fiscalía que investiga a Milani

derechos humanos. La defensa del militar recusó al fiscal Brito antes de que pidiera que fuera citado a declarar por la desaparición de Ledo; habría recibido información anticipada ral Pablo Camuña, vinculado a La Cámpora, quien solicitó el archivo de la primera causa iniciada en Tucumán contra Milani por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad. Además, si el magistrado hace lugar al pedido de la defensa y declara nula la copia del acta firmada por Milani, la causa quedaría prácticamente cerrada. Según fuentes de la investigación, el fiscal tiene decidido apelar cualquier resolución contraria a su pedido para que Milani sea citado a declarar por el encubrimiento del asesinato de Ledo.

Fabián López PARA LA NACION

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.– ¿La infidencia de un colaborador o un trabajo de espionaje de los servicios de inteligencia del Estado? Esa pregunta se hacen todos en los tribunales federales locales para intentar comprender cómo fue que la defensa del jefe del Ejército, César Milani, recusó al fiscal Carlos Brito antes de que éste pidiera que fuera citado a declarar por la desaparición del soldado Alberto Ledo. El fiscal elevó el pedido de indagatoria y acusó al militar de haber encubierto el homicidio de Ledo y de haber falsificado el acta sobre su supuesta deserción, el lunes 22 de diciembre, horas después de que fuera presentado el planteo de recusación en su contra “por temor a la falta de objetividad”. Una semana antes, el 15 de diciembre, la defensa de Milani ya había formulado un reclamo para que se excluyera como prueba la documentación supuestamente falsificada en 1976 por el hoy jefe del Ejército en la que se hizo figurar como “desertor” a su asistente Ledo, cuando en realidad se trató de una desaparición. Según argumentaron los defensores en el escrito que presentaron ante el juez federal Daniel Bejas, que lleva adelante la causa, el sumario no puede ser tomado como prueba válida por tratarse de una copia certificada del original, que nunca apareció. Los planteos de la defensa de Milani sorprendieron a los investigadores, debido a que atacaron los principales puntos del dictamen del fiscal federal antes de que sea presentado. Lo que más extrañó a las autoridades es que los defensores del militar hayan objetado recién ahora esa documentación, cuando estuvo incorporada al expediente desde su inicio. Fuentes judiciales confiaron a la nacion que el 13 de diciembre Brito se reunió en un bar de esta ciudad con uno de sus más cercanos colaboradores para repasar aspectos del dictamen. En la Justicia local no descartan la posibilidad de que haya existido una filtración sobre las actuaciones que venía realizando el fiscal desde hace tiempo. También hay sospechas de que podría tratarse de un caso de espionaje.

Ayer, en una audiencia con el juez Bejas, Brito rechazó la recusación en su contra. Hasta el cierre de esta edición, el juez federal no había notificado su decisión respecto de los planteos ni había definido si el tema será habilitado como asunto de feria, ante el inminente receso de enero. Fuentes judiciales estimaron que Bejas postergaría la toma de decisiones para febrero de 2015. Tal como informó ayer la nacion, en caso de que Bejas acepte la recusación de Brito, la investigación quedaría en manos del fiscal fede-

En una audiencia con el juez, el fiscal Brito rechazó la recusación en su contra Si el juez acepta el planteo, la causa pasará a manos de un fiscal de La Cámpora

Nuevas pruebas El peronista disidente Enrique Romero presentó ayer ante el fiscal Brito documentación que probaría que el soldado riojano Ledo había sido “marcado” por los agentes de inteligencia del Ejército un año antes de su desaparición. La prueba documental también confirmaría que Milani habría participado del denominado Operativo Independencia, entre fines de 1975 y principios de 1976, al mando del fallecido represor Antonio Domingo Bussi. El expediente, que ya había sido aportado a la Justicia en 2010 por Eduardo Luis Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos, incluye el listado de los oficiales que integraban el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 (inteligencia militar) de La Rioja. Entre esos nombres, figuran el entonces subteniente Milani y su superior, Esteban Sanguinetti, a quien Bejas procesó en julio de 2013 por el crimen de Ledo. “De esta documentación surge que Milani y Sanguinetti sabían perfectamente que Ledo pertenecía a los grupos armados estudiantiles de Montoneros aun antes de que fuera incorporado para cumplir con el servicio militar obligatorio, en 1976, que es cuando lo hicieron desaparecer en Tucumán. Ya lo habían condenado a muerte”, explicó Romero a la nacion. La prueba aportada por Romero no fue incorporada en el expediente que tiene el fiscal Brito porque está referida a hechos ocurridos durante el Operativo Independencia, cuya investigación estuvo a cargo de Camuña, quien sugirió el archivo de esa causa por considerar que no había pruebas contra Milani.ß

Una oficina especial revisará su patrimonio El fiscal Di Lello le pidió un informe a una dependencia que creó la procuradora Gils Carbó Una oficina especial, creada por la procuradora Alejandra Gils Carbó para realizar investigaciones económicas y análisis patrimonial, realizará un informe sobre los bienes que declaró el jefe del Ejército, César Milani, para determinar si se enriqueció de manera ilegal. Así lo dispuso el fiscal federal Jorge Di Lello, quien investiga al jefe militar por supuesto enriquecimiento ilícito. Con la solicitud, según fuentes judiciales, Di Lello pretende que Gils Carbó haga intervenir a la recientemente creada Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec),

del Ministerio Público, y que ese cuerpo emita un dictamen sobre los documentos que el militar, imputado, acercó a la causa. En agosto pasado, Milani fue denunciado por enriquecimiento ilícito, violación de los deberes de funcionario público y violación de la ley de defensa nacional. Los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando “Pino” Solanas hicieron la presentación en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Para ambos, Milani “trabaja para el Estado desde los 19 años, siempre formó parte de las Fuerzas Armadas y en 2010 declaró una fortuna de $ 1.494.610, que creció en 2011 a $ 1.785.889, pese a que su salario pasó de $ 14.000 en 2010 a $ 15.000 en 2011”. Manifestaron que el jefe del Ejército es dueño de una importante propiedad en La Horqueta, par-

tido de San Isidro, desde 2010, pero habría incongruencias acerca del precio que pagó por el inmueble, de 1150 metros cuadrados. Durante 2010, año en que fue ascendido a general, reteniendo la dirección de Inteligencia del Ejército, Milani cobró un sueldo de $ 14.000 y dijo en su nota ante la OA que ahorraba $ 5000 mensuales. “Situación que parece irrisoria frente a las obligaciones que tiene un hombre de su responsabilidad, que es sostén económico de una familia y que reside en un barrio de alto poder adquisitivo, con los gastos que eso implica”, indica la denuncia. En esta causa Milani ya se presentó y aportó resúmenes de cuentas, de gastos de tarjetas de crédito, sus recibos de sueldo y otras constancias para respaldar sus ingresos. Di Lello, por su parte, investigó si

era cierto, como publicó un medio de prensa, que Milani se manejaba en una cupé Porsche. Pero las respuestas que obtuvo de los importadores y concesionarios de esa marca acerca de si alguno vendió un auto así al militar o a sus allegados fueron negativas. Di Lello pidió auxilio técnico a la Procuración para analizar la documentación reunida en el expediente. Y la procuradora le dio intervención a la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec) para que apoye la tarea del fiscal. Por eso, ayer Di Lello le mandó directamente un oficio a la Ofinec para que con la información de la causa en la mano “se sirva efectuar un análisis a fin de evaluar si existe un enriquecimiento patrimonial apreciable injustificado del funcionario”.ß

Zaffaroni se va de la Corte y el Gobierno llenará la vacante

poder judicial. Capitanich anticipó que la Presidenta nombrará un reemplazante Adrián Ventura LA NACION

El juez Raúl Eugenio Zaffaroni participará hoy, por última vez, de un acuerdo de la Corte Suprema: en las próximas horas, el juez hará efectiva su renuncia y, por el momento, nada indica que la presidenta Cristina Kirchner pueda reunir el apoyo necesario en el Senado para nombrar a su reemplazante. Ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dejó abierta la posibilidad de que la primera mandataria intentará nombrar al reemplazante del juez, pero evitó dar precisiones: “Cuando exista una definición, se hará el anuncio. Antes no podemos decir nada”, afirmó el ministro coordinador. A partir de hoy, claro está, el máximo tribunal quedará incompleto. En efecto, si bien la Corte está conformada por cinco escaños, tras la renuncia de Zaffaroni sólo permanecen en actividad cuatro magistrados: su presidente, Ricardo Lorenzetti; Elena Highton de Nolasco; Carlos Fayt, y Juan Carlos Maqueda. El desafío que se le plantea ahora a la Presidenta será el de negociar para tratar de conseguir los votos para cubrir la plaza que dejó el penalista, y eso parece difícil de lograr. Atribuciones y desafíos “Cristina Kirchner tiene la facultad constitucional de nombrar a un reemplazante. No hay por qué esperar a que lo haga el próximo presidente. Pero lo cierto es que, aun cuando circularon varios nombres –Carlos Arslanian, Mónica Pinto y, anteayer, Zaffaroni también deslizó el de Julio Maier (ver aparte)–, no tiene chances políticas de hacerlo. Mientras Fayt no renuncie, Cristina no tiene una segunda vacante para negociar con la oposición”, se sinceró ayer un ministro del Poder Ejecutivo. Así, los obstáculos que enfrenta la jefa del Estado son múltiples. El primero es que para nombrar a un ministro del máximo tribunal el presidente tiene que reunir los votos de dos tercios del Senado: 48 sobre un total de 72. El Frente para la Victoria y sus aliados no superan los 34 votos y, en los últimos dos meses, el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, expresamente se negó a darle los sufragios que le faltan. Por ahora, todos los partidos de la oposición coinciden en que el cargo de Zaffaroni será cubierto tan sólo por el presidente que sea elegido en octubre de 2015. En segundo lugar, Fayt, que fue nombrado en 1983, puede permanecer en su sitial mientras lo desee, porque su mandato no tiene límite de tiempo y, además, este juez de conducta ejemplar siempre dijo que su cargo era full time, tanto por la dedicación que exige como por su extensión temporal. Nadie espera que renuncie ni que se asuste con un pedido de juicio político como el que, sin fundamento alguno, presentó hace dos semanas el diputado nacional Carlos Raimundi (Nuevo Encuentro), aliado del FPV. Pero, al mismo tiempo, Sanz siempre aseguró que la UCR ni siquiera en ausencia de Fayt aceptaría negociar esas vacantes con el Gobierno. Otro obstáculo con el que tropieza la Presidenta es la propia des-

confianza que sienten en la Corte ante un intento de completar la composición del tribunal: creen que el Gobierno puede intentar alterar la composición para cambiar la ideología del cuerpo. Y si bien, en lo formal, Lorenzetti, como presidente del tribunal, siempre dijo que la Corte no puede oponerse a la nominación del reemplazante de Zaffaroni, es sabido que los jueces están convencidos de que pueden seguir trabajando sin sobresaltos con la integración actual, que es muy compacta. El trabajo en el alto tribunal En la Corte aseguran que la renuncia de Zaffaroni no le causará al tribunal ningún problema, porque en la práctica, durante los últimos años, y especialmente luego de la enfermedad que padeció Petracchi, fueron los actuales jueces quien llevaron sobre sus espaldas el peso de todo el trabajo. Zaffaroni, un muy buen jurista, nunca se destacó en la Corte por su laboriosidad. Había sido nombrado por Néstor Kirchner en 2003 y, en rigor, su designación estuvo rodeada de fuertes controversias. En los años de plomo, Zaffaroni había sido nombrado juez penal por Jorge Rafael Videla, y durante la audiencia de designación reconoció expresamente que no pagaba algunos impuestos. Pero el Zaffaroni estudioso y enjundioso, dicen en la Corte, “con sus declaraciones polémicas y provocadoras, nunca llegó a ser la voz que haya representado a todo el tribunal” y con su “forma de trabajar nunca fue el que cargó sobre sus espaldas la pesada tarea de la Corte”, coincidieron importantes funcionarios del máximo organismo de justicia. Ahora, Cristina Kirchner, tal vez como pocas veces, tiene un desafío complejo: cubrir al tribunal con un hombre propio para no dejar abierta esa vacante al próximo gobierno.ß

Una vacante con polémica

Raúl E. zaffaRonI ministro de la corte

Incorporación Propuesto por Néstor Kirchner, Zaffaroni ingresó en la Corte Suprema en 2003 Reemplazo El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció la intención de la Presidenta de reemplazarlo En el tribunal En la Corte no confían en el Gobierno y prefieren posponer la elección del reemplazante hasta después de las elecciones

Maier, el elegido por el juez que se va del tribunal Zaffaroni propuso como su reemplazante al ex titular del Tribunal Supremo porteño A pocas horas de retirarse de la Corte Suprema de Justicia, el juez Raúl Eugenio Zaffaroni dejó un candidato para reemplazarlo: el penalista Julio Maier, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la ciudad porteña e identificado con la corriente garantista, que expresa el magistrado saliente. “Me gustaría que Julio Maier ocupe mi lugar en la Corte”, dijo Zaffaroni en una entrevista publicada en The Buenos Aires Herald. Aclaró, sin embargo, que la designación de su reemplazante “es una función privativa del Poder Ejecutivo y no discuto el nombre que den”. Al respecto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ratificó ayer que el Gobierno designará a un candidato para reemplazar al juez saliente. “Cuando exista una definición de la Presidenta se formalizará el anuncio, antes no podemos decir nada”, anunció.

El magistrado reconoció, asimismo, la dificultad que plantea la reticencia de la oposición a designar un nuevo miembro de la Corte Suprema antes de las elecciones presidenciales de 2015. Maier es un reconocido penalista y defensor del sistema acusatorio, como el que instrumentó el Gobierno en la reforma del Código Procesal Penal. De todos modos, recientemente se pronunció en favor de que previamente se plantee la modificación del Código Penal. Zaffaroni pronosticó que durante el verano volverá a discutirse en la sociedad la eventual reforma del Código Penal, pero consideró que una modificación de esa envergadura “no tendría que discutirse en un año electoral”. Frente a las dudas planteadas en la Corte para la designación de su reemplazante, el jurista afirmó: “Es una irresponsabilidad institucional no aceptar la discusión acerca de ningún candidato, cuando la exigencia de la mayoría calificada está puesta en la Constitución para que haya una discusión seria y responsable y no una obstaculización”.ß