Mural de Evita: sospechas de serias irregularidades

7 mar. 2012 - en la ciudad, sobre la avenida 9 de. Julio. El edificio del Ministerio de. Desarrollo Social se levanta con dos murales de Evita que irrumpen ...
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POLITICA

Miércoles 7 de marzo de 2012

EL MANEJO DE FONDOS PUBLICOS s POLEMICA EN EL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL

I

EL GOBIERNO Y LOS MEDIOS

Multan al Estado por no asignar publicidad a Perfil Un juez ordenó cumplir un fallo de la Corte y cuestionó el reparto de la pauta oficial

ARCHIVO

Los murales de Evita en el Ministerio de Desarrollo Social fueron inaugurados por la Presidenta

Mural de Evita: sospechas de serias irregularidades Anularon una licitación para bajar costos, pero la obra creció un 49% IVAN RUIZ Y MAIA JASTREBLANSKY LA NACION Tiene una ubicación privilegiada en la ciudad, sobre la avenida 9 de Julio. El edificio del Ministerio de Desarrollo Social se levanta con dos murales de Evita que irrumpen frente al Obelisco. Para el kirchnerismo, es un emblema: Cristina Kirchner instruyó su refacción y eligió su maqueta para decorar la Casa Rosada en los anuncios más importantes del Gobierno. Pero detrás de la emblemática apuesta arquitectónica se extiende un manto de sospechas. La remodelación demandó más de $ 110 millones de fondos públicos, tras dos licitaciones públicas que expusieron irregularidades. A través de documentos oficiales y entrevistas con profesionales involucrados en el proyecto, LA NACION reconstruyó el inusual proceso que se concibió en los pasillos del Ministerio de Planificación. El resultado: la obra contaba con un presupuesto inicial de $ 74 millones, pero se pagaron $ 36 millones más. La confección de los murales no está incluida en el precio. La puesta en marcha estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Arquitectura, bajo la órbita del ministro de Planificación, Julio De Vido. La licitación incluía la refacción de fachadas, la modificación de aberturas, la instalación de aires acondicionados y la colocación de los murales de hierro con la figura de Eva Duarte. La obra despertó alarma por sus idas y venidas. Tres empresas se presentaron en el primer concurso, pero ninguna ofertó una cifra menor a los $ 74 millones del presupuesto estatal. Con ese argumento, José López, secretario de Obras Públicas, anuló

Los números

$ 74 millones

Es el monto del presupuesto inicial que se presentó para la refacción del edificio del Ministerio de Desarrollo Social.

$ 110 millones

Fue lo que el Estado adjudicó semanas después para la obra. la licitación y consideró que se debía realizar “una reducción racional en los costos de la obra”. Pero la nueva licitación no logró ese objetivo, sino que, por el contrario, el presupuesto oficial aumentó un 49%, con $ 36 millones más. Así, se fijó en $ 110 millones. Teximco SA, la única empresa que se presentó al concurso, se quedó con el proyecto. ¿Por qué si la intención oficial era reducir costos se destinaron $ 36 millones más de fondos públicos? LA NACION comparó los presupuestos y pudo comprobar cómputos alterados y llamativas diferencias de precios.

Ofertas “excesivas” Guillermo Frontera, supervisor en la Dirección Nacional de Arquitectura, sostuvo que la anulación del primer concurso obedeció a ofertas “excesivas” con respecto al presupuesto inicial de $ 74 millones. Consultado entonces por el curioso aumento de $ 36 millones, el funcionario adujo la inclusión de “nuevas tareas” y se negó a dar más precisiones. Pese a

la insistencia de LA NACION de hablar con los ministerios de Planificación y de Desarrollo Social, Frontera fue el único funcionario público que respondió las llamadas. Según consta en el expediente oficial, las “nuevas tareas” agregadas implicaban montos que no alcanzaban los $ 2 millones. Lo llamativo es que las diferencias más importantes se registran en trabajos contemplados desde un comienzo, pero que aumentaron significativamente sus cotizaciones en la última licitación. La celeridad de los procesos también despertó sospechas. Para estimar el presupuesto inicial, el Ministerio de Planificación le había encargado un informe de los trabajos por realizar a un reconocido estudio de ingeniería, que confeccionó un detallado y extenso relevamiento. Pero cuando se decidió el cambio de rumbo, los trámites fueron más expeditivos. El 1° de junio de 2010, López ordenó revocar el primer concurso. El 18 de agosto, 78 días después, ya se había adjudicado la licitación. Ante las maniobras oficiales, las empresas perjudicadas pusieron reparos. Creaurban SA se presentó en la primera licitación y en la segunda oportunidad compró el pliego, pero no ofertó. Desde la firma señalaron que “hubo poco tiempo entre el llamado a licitación y la apertura de sobres”. No fue la única que levantó la voz. Cuando se anuló el primer concurso, Bricons-Lanusse, la firma que había presentado la mejor oferta con un presupuesto de $ 87 millones, había intentado una reconsideración, pero sólo encontró la negativa del Estado.

Video. Los sospechosos millones detrás de los murales de Evita. www.lanacion.com.ar

9

El juez federal Ernesto Marinelli aplicó al Estado una multa por no cumplir con un fallo de la Corte que disponía otorgar publicidad oficial a los medios de la editorial Perfil, en una proporción que respete “un equilibrio razonable” con otros diarios y revistas. El monto definitivo será resuelto luego de que el Estado informe, en un plazo de diez días, la pauta publicitaria asignada en el último año a Perfil y a los medios de características análogas. El magistrado afirmó: “La argumentación desarrollada por el Estado para justificar la distribución de la pauta publicitaria oficial no resulta mínimamente admisible”. En marzo de 2011, la Corte había ordenado al Estado que no excluyera a Perfil del reparto de la publicidad oficial. Ante el incumplimiento de la medida, la editorial denunció que la exclusión sigue vigente y se mantienen los criterios “arbitrarios” y discriminatorios” del reparto de la pauta. El juez hizo lugar al reclamo y fijó una “multa compensatoria”, cuyo importe definirá luego de que el Gobierno informe el detalle de la pauta publicitaria oficial asignada entre marzo de 2011 y febrero de 2012. Al fundamentar la medida, concluyó que “no existe impedimento para la aplicación de una sanción pecuniaria” ante “una manifiesta y palmaria violación de la garantía de igualdad”. Advirtió, además, que hay una “vulneración arbitraria, caracterizada por la circunstancia de que se otorga a unas lo que se niega a otras, sin que medie razón alguna que lo justifique”. Marinelli desestimó, en cambio, el pedido de la editorial para que se impongan sanciones económicas a funcionarios del gobierno nacional. Perfil había pedido en octubre pasado que se aplicaran multas

a los entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y secretario de Medios, Juan Manuel Abal Medina, actual jefe de ministros del gobierno kirchnerista. En su presentación judicial, Perfil detalló que entre marzo y julio de 2011 los medios de su propiedad recibieron sólo ocho avisos oficiales correspondientes a cinco campañas, cuando el Gobierno llevó adelante sólo en el mes de agosto “más de 100 campañas publicitarias”.

El caudal oficial Denunció que la publicidad oficial asignada a los medios de Perfil no representa “un equilibrio razonable” con la pauta que se otorga a diarios cercanos al Gobierno. A modo de ejemplo, en agosto de 2011 se publicó un solo aviso oficial en el diario Perfil, frente a 22 publicidades en Página 12 y siete en Tiempo Argentino. La editorial mencionó, además, que la revista Noticias no recibió publicidad oficial ese mes, cuando hubo cuatro avisos en El Guardián; 13, en Debate; 13, en Newsweek, y 16, en Veintitrés. Al justificar los criterios de distribución, la Jefatura de Gabinete argumentó que en el caso del diario Perfil se tuvo en cuenta la periodicidad de su aparición y que, en todo caso, hubo “una discrecionalidad positiva en favor de pequeños y nuevos medios del interior y de tarifas más bajas, publicitando en diarios populares con poca publicidad privada”. El juez determinó que la categorización de los medios gráficos se debe realizar “con exclusión de cualquier criterio que implique examinar las líneas editoriales o puntos de vista que expresan”, y que no es admisible el argumento de que un medio recibe “publicidad de parte de personas privadas” para retacearle publicidad oficial.

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