POLÍTICA | 7
| Jueves 27 de Junio de 2013
el avance sobre la justicia | reacción ante un fallo adverso
Acto kirchnerista con críticas a la Corte Justicia Legítima y otras agrupaciones reunieron a 2000 personas frente a Tribunales en rechazo al fallo sobre la reforma; Garrigós de Rébori dijo que acatarán la decisión; pedidos de cambios constitucionales Hernán Cappiello LA NACION
Unas 2000 personas se reunieron ayer frente a Tribunales bajo la consigna “Democracia o corporación judicial”, convocadas por la agrupación Justicia Legítima para rechazar el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional parte de la reforma judicial impulsada por el Gobierno. La convocatoria se transformó en un acto kirchnerista armado en la esquina de Talcahuano y Tucumán, del lado donde están las oficinas de la Corte, en donde se cantaron consignas en defensa de Cristina Kirchner y hasta hubo reclamos para reformar la Constitución Nacional. Había más de 1000 militantes de La Cámpora, uniformados con remeras y pecheras, de Lealtad y Trabajo de José C. Paz, banderas de Miles, el partido de Luis D’Elía, un reducido grupo del gremio de empleados de comercio y vecinos del conurbano que dijeron que estaban allí porque recibían planes sociales. Todos ellos se quedaron sobre la plaza Lavalle, separados del resto del público integrado por pocos jueces, algunos abogados, fiscales y profesores universitarios. También estuvieron las Madres de Plaza de Mayo; Hijos; agrupaciones de víctimas de delitos, y Sergio Burstein, familiar de víctimas de la AMIA que se declara fiel al Gobierno. Entre los empleados y magistrados presentes algunos comparten la fe kirchnerista y otros dijeron que estaban allí porque sólo pretendían un cambio del Poder Judicial. último freno En el escenario, la jueza Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la Cámara del Crimen e inspiradora de Justicia Legítima, reclamó: “Hubiera deseado que la Corte nos hubiera acompañado, que estén acá diciendo esto hay que cambiar”, dijo. No obstante, Garrigós de Rébori afirmó que los fallos del máximo tribunal, como el que declaró inconstitucional la elección popular de los consejeros de la Magistratura, se acatan. “Son el último freno, pero como el agua nos vamos a ir metiendo”, dijo la jueza, que señaló que el movimiento de reforma “ya no se puede parar”. Presentada por el fis-
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l orden en el que Cristina Kirchner ha venido operando en los últimos años ha sufrido, en sólo treinta días, modificaciones estructurales. Muchas de ellas se registraron fuera del país, pero determinan la vida pública doméstica. Frente a algunos de estos cambios, el Gobierno ha desatado una furia escandalosa. Sobre otros no se pronuncia. Ni siquiera se sabe si los registra. Sería mejor que lo hiciera, porque la escena en la que deberá moverse desde ahora no será, en aspectos relevantes, la habitual. La respuesta del kirchnerismo a la Corte Suprema por haber declarado la inconstitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura comenzó siendo retórica. La Presidenta recurrió al argumento fascistoide, según el cual los jueces que no acatan la voluntad popular, que se expresa a través de ella y del Congreso, se levantan contra la democracia. Y ayer Aníbal Fernández atribuyó el revés a que “la Corte es opositora”. De modo que cada vez que falle a favor del oficialismo habrá que sospechar que es “adicta”. No es tan infrecuente que los líderes políticos se enojen con el máximo tribunal de su país. En 1937, Franklin D. Roosevelt mantuvo una polémica ardiente con la corte norteamericana, igual que Barack Obama en enero de 2010. En cambio, es muy poco común que la relación entre poderes del Estado se regule con medidas de acción directa. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, denunció anteayer ante sus pares que, apenas se supo del enojo de la señora de Kirchner, la AFIP abrió una investigación sobre su familia. Ricardo Echegaray, el director de ese organismo, negó ayer a través de Télam que hubiera un expediente. Lorenzetti creyó ver una extorsión y, a la luz de ciertos antecedentes, resulta verosímil: cuando el Gobierno pretendía que la Corte cancelara la cautelar que ampara a Clarín de la ley de medios, Hebe de Bonafini amenazó con ventilar información inconveniente sobre los jueces. Ningún miembro del Gabinete condenó el chantaje. Tampoco lo hizo cuando Bonafini acusó a los magistrados de ser “turros que reciben plata a cambio de sentencias”. En diciembre pasado, la ciudad
cal Félix Crous como “la estrella del pop judicial”, la jueza afirmó: “Queremos más apertura, más transparencia y más democracia porque más democracia nos va a traer más democracia”. El acto comenzó con una “performance” cómica donde seis jóvenes disfrazados con togas negras y pelucas de algodón simulaban ser jueces que repartían “sentencias y cautelares”. Uno estaba caracterizado como un anciano que debía secarse la baba con un expediente. Sus colegas lo elogiaban como un dios. Este juez geronte dio a luz sobre el escenario a un muñeco, que simbolizaba la nueva justicia, a la que vistieron con una toguita y una pequeña peluca blanca. El sketch fue celebrado a carcajadas. Imposible no asociarlo con las recientes críticas de Cristina Kirchner al juez Carlos Fayt por su avanzada edad. Eugenio Zaffaroni, el séptimo juez supremo, no recibió críticas. Seis muñecos de toga con peluca terminaron en la punta de cañas altas, como picas, que matizaron la escenografía del acto. Ayer, Justicia Legítima dejó de lado los recaudos que mostró en su origen para mostrarse lejos del partidismo político. Cambió los auditorios reducidos y los claustros en el salón de actos de la Biblioteca Nacional por un escenario con luces, audio digno de un acto de campaña y cotillón kirchnerista, que incluyó dos decenas de micros para trasladar a los militantes, banderas, bombos y orquesta de vientos. No faltaron los cantos como “Che gorila, che gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”. Entre los presentes estaban los diputados kirchneristas Carlos Kunkel y Héctor Recalde; el titular del Servicio Penitenciario, Víctor Hortel, de militancia K; el juez de la ciudad Roberto Gallardo; el camarista Martín Vázquez Acuña; el juez de la Corte Suprema de Mendoza Omar Palermo; el fiscal federal mendocino Dante Vega; el fiscal de la Casación Javier de Luca; el camarista jubilado Mario Gustavo Costa, y el fiscal de delitos económicos Carlos Gonella, entre otros funcionarios judiciales. Estuvo ausente la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, advertida del matiz político del acto, pero estuvieron en la organización dos de sus asesores.ß
El acto de Justicia Legítima, ayer en Tribunales; movilización y consignas partidarias
La Presidenta envió pliegos de diez jueces para una nueva Casación Recibió las candidaturas en 2010, pero solo ayer remitió las propuestas al Senado Decidida a cambiar los nombres de los protagonistas del Poder Judicial en aras de su declamada “democratización de la Justicia”, y para ponerse al día con una mora de años en cubrir los cargos vacantes, Cristina Kirchner envió al Senado los pliegos de una decena de jueces de una nueva Cámara de Casación Penal y de un centenar de defensores y fiscales. Los pliegos ingresaron ayer en el Senado y ahora deberán ser tratados por la Comisión de Acuerdos. El trámite comprende la publicidad de la designación, un período de impugnaciones, una audiencia con el aspirante y un dictamen. De ser aprobados por el Senado, la Presidenta deberá designarlos por decreto. La nueva Cámara de Casación, integrada por diez magistrados, se
encargará de revisar los juicios orales de la justicia ordinaria, es decir, no federales. Los casos de delitos comunes, como crímenes, robos o estafas. El nuevo tribunal fue creado a instancias de Cristina Kirchner por una ley sancionada en mayo de 2008, cuyo proyecto había sido presentado por la Presidenta dos meses antes. Tal era el apuro que la ley estableció que el Consejo tenía que terminar el concurso en cuatro meses, cuando normalmente demora más de un año. En 2010 le mandaron a la Presidenta 17 candidatos y recién ayer se pronunció por diez. Los elegidos son Gustavo Bruzzone, Héctor Mario Magariños, Luis Niño, María Laura Garrigós de Rébori, Pablo Jantus, Horacio Dias, Eugenio Sarrabayrouse, Daniel Morín, Luis García y Carlos Alberto Mahiques. De ellos, al menos Bruzzone, Garrigós, Niño y Morín comparten los postulados de Justicia Legítima. Bruzzone es uno de los más destacados penalistas, intervino en casos
el escenario
Malas noticias para la fantasía reeleccionista Carlos Pagni —LA NACIoN—
amaneció empapelada con la tapa de la revista XXIII, del ultraoficialista Sergio Szpolski, con la cara de Lorenzetti acompañada de alusiones desdorosas. Hace diez días, el juez Juan Carlos Maqueda fue agredido por alguien que se identificó como militante de La Cámpora. Son marcas de estilo. Episodios que ayudan a interpretar qué pretenden las autoridades cuando se proponen “democratizar la Justicia”. Aunque a los funcionarios que acumulan causas en los juzgados esta saga les resulta cada vez menos simpática. Algunos auspician, en defensa propia, otra reelección. La Presidenta dijo que no auspicia una reforma constitucional. Daniel Scioli lo recordó anteayer, en una desmentida tácita a Sergio Massa, quien se manifestó contra esa posibilidad. Pero la referencia de Scioli fue extraña. Después de pronunciarla, agregó: “Me comentaba Karina: «Cómo puede ser que cada año y medio estemos en elecciones». Yo no sé si en un futuro no habrá que repensar que los mandatos duren cuatro años todos, para no estar en campaña cada año y medio”. Quiere decir que el gobernador está imaginando una reforma de la Constitución. Porque para seguir el consejo de su esposa, habría que modificar los artículos 50 y 56 de la Carta Magna. Scioli, que fue diputado y presidente del Senado, no puede ignorarlo. Scioli ingresó en una crisis por el lanzamiento de Massa. Juró lealtad a la lista de la Presidenta y se fotografió con Martín Insaurralde, que la encabeza. Son recursos insuficientes. La ruptura del intendente de Tigre es, como el conflicto con la Corte, otro de los acontecimientos que han desequilibrado el balance de poder. No porque Massa repre-
la nacion
sente una opción más o menos promisoria en las encuestas. Se sabrá más adelante si se trata, o no, de una burbuja. La novedad de su irrupción radica en que con ella abandonaron el oficialismo una decena de intendentes exitosos, y media CGTBalcarce. Y en que el empresariado industrial, en la figura de José Ignacio de Mendiguren, tomó distancia. Esa división no es potencial. Es un hecho consumado. Cualquiera que sea el resultado de octubre, el kirchnerismo ya tiene otro diseño. Y esa alteración afecta tanto a Cristina Kirchner como a Scioli, que es el titular del distrito en el que se produjo el desprendimiento. Para advertir el realineamiento de los planetas en los últimos treinta días, hay que mirar también más allá de la frontera. La mutación externa más relevante es la tormenta de Brasil. El 12 de mayo, Lula da Silva y Dilma Rousseff entonaron por la red nacional de radio y televisión un canto a sí mismos por la “década ganada”. Un mes más tarde, en las multitudinarias protestas de las principales ciudades del país, quedó expuesta la fisura subyacente a ese consenso. Los diagnósticos sobre el malestar de los brasileños son innumerables. Visto desde la Argentina, el rasgo más significativo del fenómeno es preciso: desafiado por las exigencias de su propio electorado, el gobierno del PT agotó su margen para absorber los conflictos con su socio. Es posible que la “paciencia estratégica” de la que hablaban los diplomáticos de Itamaraty para caracterizar sus reacciones ante los bloqueos comerciales de Guillermo Moreno, las hostilidades hacia Vale o la estatización de ALL –le prohibieron vender sus activos a Techint por tratarse de “un grupo enemigo”– esté por terminarse.
Atemorizada, Dilma se repliega. Subsidia el consumo energético, protege a sus industriales elevando los aranceles, relaja la estrategia monetaria hasta que la inflación alcance el máximo permitido: 6,5% anual. En alguna medida, se kirchneriza. También en el orden institucional. Fue y vino con una iniciativa constitucional. Y ayer el Congreso brasileño, subido a la ola del populismo judicial, discutió una enmienda para que los fiscales ya no puedan investigar la corrupción de los funcionarios. Esta familiaridad mercosuriana es engañosa porque garantiza la discordia. La moneda brasileña se desvalorizó casi 10% en términos reales desde el 1º de mayo. La competitividad de las empresas argentinas, a la que está asociado el nivel de empleo, estará más amenazada. Mientras el gobierno del PT camina con cautela hacia las elecciones de 2014, Venezuela, otro socio mayor de la Argentina, también muta. El 5 de este mes el canciller Elías Jaua se entrevistó con su colega norteamericano John Kerry. Obama reconoció así el triunfo de Nicolás Maduro. En semanas, Washington y Caracas intercambiarán embajadores. Acotado por el ascenso de Henrique Capriles, nostálgico del carisma de su fundador y contrariado por la economía, el chavismo corrige el rumbo de su nave. Mientras tanto, Héctor Timerman permanece al lado del teléfono a la espera de que Kerry le conceda una entrevista. Desde Teherán también llegaron pésimas noticias. Mahmud Ahmadinejad, el presidente con el que Cristina Kirchner negoció el caso AMIA, dejó el poder sin colocar a un heredero. Y, sobre todo, sin que la asamblea iraní apruebe el memorándum con la Argentina. El suce-
resonantes, como Cromagnon, y votó porque Omar Chabán permaneciera libre hasta el juicio. Garrigós de Rébori también tiene buen concepto y trayectoria; Dias acaba de terminar el juicio en el que condenó a José Pedraza por el crimen de Mariano Ferreyra; Mahiques integra la Cámara de Casación bonaerense; Daniel Morín ocupó la Oficina Anticorrupción y es juez de tribunal oral, al igual que Pablo Jantus y Luis García, que fue secretario letrado de la Corte y juez de Casación subrogante. El nuevo tribunal aún no tiene edificio ni personal. Su integración –cuando ocurra, y no será en breve– abrirá vacantes en los tribunales inferiores y tomará cerca de la mitad del trabajo de la Cámara Nacional de Casación. Le hubiera correspondido intervenir en el caso Cromagnon y en expedientes contra funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Ayer la Presidenta también envió al Senado pliegos de un centenar de fiscales y defensores públicos.ß
sor, Hasán Rouhani, es un moderado, ahijado del reformista Akbar Rafsanjani, con cuyo espaldarazo decisivo ganó las elecciones. Rafsanjani es uno de los cinco ex funcionarios sobre los que pesa, por solicitud de la Justicia argentina, un pedido de captura de Interpol. Parece imposible que Rouhani siente a su protector delante de Rodolfo Canicoba Corral. Queda al desnudo, por lo tanto, que el único resultado que obtuvo Timerman en su negociación es que los ayatollahs se ufanen de que la señora de Kirchner aceptó crear una Comisión de la Memoria que revise las imputaciones realizadas hasta ahora. Es decir: aceptó haber sido “víctima de una maniobra del sionismo”, que la llevó a acusar a Irán como un Estado terrorista. El nuevo cuadro dibujó otro vértice ayer. Por segunda vez en un mes y medio, el directorio de Repsol rechazó una propuesta del Gobierno para indemnizar la confiscación de las acciones de YPF. Fue por unanimidad. Es decir, con el voto de Pemex y La Caixa, los dos accionistas que parecían interesarse en un acuerdo. La persistencia de este conflicto es uno de los principales obstáculos de Miguel Galuccio para conseguir inversores extranjeros. Hasta ahora sólo se ha aproximado Chevron. Pero las tratativas con esta multinacional han activado otras resistencias. Hay directores e ingenieros de YPF que se niegan a convalidar, en nombre de la soberanía hidrocarburífera que inspiró la expulsión de Repsol, un acuerdo con la multinacional norteamericana al que califican de leonino. Tal vez el ardor nacionalista de quienes habían confiado en las consignas estudiantiles de Axel Kicillof resulte estéril. Nadie asegura que el directorio de Chevron vaya a aprobar un contrato con una empresa cuya propiedad está siendo discutida. Y esa disputa promete prolongarse. Cuando le quitaron las acciones, Antonio Brufau, el presidente de Repsol, vaticinó: “Esperaremos, para acordar, al próximo gobierno”. Las dificultades que presenta en estos días la fantasía de una nueva reelección tal vez lo haya convencido de que no deberá aguardar más que un par de años.ß
Carrió volvió a denunciar a Gils Carbó ^b^b^ Elisa Carrió volvió ayer a embestir contra el Gobierno en la Justicia. La diputada de la Coalición CívicaARI presentó un escrito ante el juez federal Julián Ercolini, que investiga al procurador antilavado Carlos Gonella por su actuación en la investigación del caso Lázaro Báez. En el documento, la diputada denunció además que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “ordenó a sus funcionarios entorpecer” la investigación por las supuestas maniobras de lavado de dinero que involucran al empresario kirchnerista santacruceño y que fueron reveladas por el programa Periodismo para Todos que conduce Jorge Lanata. Carrió acusó a Gils Carbó por la designación “ilegal” de Carlos Gonella al frente de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Y agregó: “Gils Carbó no aseguró que juicios de tan público conocimiento y sensibilidad política y social fueran conducidos de forma rápida y eficaz”, sostuvo la diputada.
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