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POLITICA

I

Martes 22 de diciembre de 2009

EL GOBIERNO Y LA PRENSA s POLEMICA DECISION EN MENDOZA

LA OPOSICION

Una jueza suspendió la ley de medios por “irregularidades” Cuestionó el trámite legislativo; es el tercer fallo en contra de la norma que impulsó Kirchner ADRIAN VENTURA LA NACION La jueza federal Olga Pura de Arrabal, con asiento en Mendoza, suspendió la aplicación de toda la ley de medios audiovisuales, porque encontró que el Congreso habría incurrido en serias irregularidades reglamentarias durante el trámite de sanción de la ley y pidió informes al Poder Ejecutivo y al Congreso. La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Pura de Arrabal en una causa promovida por el diputado Enrique Thomas (Peronismo Federal-Mendoza). Esta es la tercera medida cautelar contra la ley de medios en siete días, pero el fallo es mucho más amplio, en sus alcances, que los dictados por el juez federal Edmundo Carbone, de la Capital Federal, y por el juez federal Miguel Medina, de Salta. La primera resolución contra la ley de medios fue dictada por Carbone, que suspendió el plazo de un año para que el Grupo Clarín venda las empresas que exceden los parámetros estrechos que fija la ley (el plazo de desinversión del artículo 161). La semana última, el jefe de Gabi-

nete, Aníbal Fernández, descalificó al magistrado, quien ayer fue respaldado por un comunicado de la Cámara Civil y Comercial Federal que valoriza su trayectoria y distinciones obtenidas, por ejemplo, a la excelencia judicial. Ese mismo día, en Salta, el juez Medina dictaba la segunda resolución, que suspendió ese mismo artículo y también los artículos 45 (multiplicidad de licencias) y 62 a 65 (trasmisión en cadena). Esas resoluciones pusieron de relieve importantes cuestionamientos a la validez constitucional de esos artículos y suspendieron la vigencia de esas normas, sin perjuicio de que otros tramos de la ley sí continúen vigentes. La resolución de Medina, sin embargo, pretendió ir más allá en sus alcances y ordenó al Poder Ejecutivo que frenara la reglamentación de la ley. A diferencia de esos fallos, el dictado por Pura de Arrabal ataca a la ley durante su mismo trámite de sanción: es decir, no parte de dudar de la validez de algunos artículos de una ley vigente, sino que, directamente, acepta provisionalmente –en forma cautelar– que la ley pudo haber sido sancionada con graves vicios duran-

te el procedimiento legislativo: si esto es así, en rigor, la ley nunca debió sancionarse. Por eso, la magistrada federal ordenó la suspensión de la aplicación de la ley y de todos los actos que la pongan en ejecución y les corrió traslado al Poder Ejecutivo y al Congreso nacional para que brindaran un informe en el plazo de catorce días.

La resolución El fallo dictado por la jueza Pura de Arrabal consideró los siguientes puntos: LCita un fallo de la Corte (el caso Binotti) que invalidó una decisión legislativa porque había sido adoptada en violación al reglamento legislativo. L Dice que Thomas, en el amparo, acreditó que se había vulnerado el reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 66 de la Constitución, “lo que afecta la legalidad del acto en sí”. L Consideró acreditadas distintas irregularidades, entre ellas, que los despachos de comisión fueron firmados por diputados que no estaban presentes, que no fueron puestos en secretaría a disposición de la prensa para su publicación durante las 24 ho-

ras siguientes, ni estuvieron en observación durante siete días hábiles, ni se respetó el quórum. En realidad, no ocurrió nada de ello en la única madrugada que alcanzó para decidir los despachos de comisión y votar en el recinto: para la jueza, la ley tuvo un trámite “vertiginoso, no obstante la extensión de 165 artículos y la calidad de sus disposiciones”. L La jueza también señala que la ley, por su contenido, podría violar el artículo 32 de la Constitución nacional –que prohíbe dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta– y el artículo 13 de la Convención Americana. L La jueza, para justificar la decisión de suspender la norma en su plenitud, explicó: “No hacerlo implicaría poner en ejecución una norma impugnada como nula desde su nacimiento”. El diputado Thomas afirmó ayer: “Hubo un cúmulo de irregularidades. En las comisiones, sus integrantes no pudieron conocer a ciencia cierta en qué consistía la norma; se violó el reglamento; se constituyó de forma irregular el quórum, y la sesión especial se convocó con escasas horas de anticipación, lo que impidió que muchos diputados estuvieran presentes”.

Protagonistas

AGUSTIN ROSSI

PRESIDENTE DEL BLOQUE FPV

A instancias del Gobierno, el jefe de bloque de diputados del oficialismo, Agustín Rossi, apuró la media sanción a la ley sin respetar el reglamento: el debate en comisión fue irregular; los despachos no fueron puestos a consideración de los diputados ni se respetaron los plazos.

ENRIQUE THOMAS

DIPUTADO PERONISMO FEDERAL

El diputado Enrique Thomas (Peronismo Federal-Mendoza) promovió una acción de amparo: pidió no impugnar la ley, sino directamente las irregularidades reglamentarias cometidas en la Cámara de Diputados durante el trámite legislativo. Por eso, a su entender, la ley sería nula desde su mismo nacimiento. La jueza federal Pura de Arrabal hizo lugar a la medida cautelar.

Recurren a la Justicia para frenar los DNU Uno es el veto de la reforma política Amparado en la pelea con la oposición por el control de las comisiones bicamerales, el kirchnerismo mantiene demorada la discusión en el Parlamento de dos medidas polémicas adoptadas por la administración de Cristina Kirchner que merecieron el rechazo unánime de la oposición. Por esta razón, el macrismo se presentará ante la Justicia con un recurso de “no innovar” para que suspenda la vigencia de esos decretos hasta tanto no se constituya la comisión. Las medidas en cuestión son el veto parcial a dos artículos clave de la reforma política y a la creación del denominado Fondo del Bicentenario, eufemismo con el que el Gobierno decidió por decreto de necesidad y urgencia (DNU) habilitar al Poder Ejecutivo para pagar deuda pública con reservas del Banco Central. Ambas medidas deben ser analizadas por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, creada por la ley que reglamentó el control parlamentario de los DNU y que debe expedirse, también, sobre los vetos parciales del Poder Ejecutivo. Según esa ley (26.122), los legisladores tienen que reunirse para estudiar ese tipo de medidas dentro de los diez días hábiles después de comunicadas al Congreso Nacional. Eso ocurrió el 11 (el veto a la reforma política) y el 15 (creación del Fondo del Bicentenario) del corriente, por los que los tiempos están corriendo y vencen el 29 del presente y el 4 de enero, respectivamente. Sin embargo, el órgano que debe estudiar la legalidad de esas medidas sigue sin constituirse porque el oficialismo insiste en mantener la presidencia de la Comisión Bicameral, una situación que la oposición rechaza en virtud del nuevo escenario legislativo en el que el kirchnerismo perdió las amplias mayorías que tenía en ambas cámaras legislativas. Tras el recambio del 10 de diciembre, hay cinco puestos vacantes de legisladores que concluyeron su mandato.

Ing. civil JOSÉ BINDO ROQUE LAPI, falleció el 20-72008. - En el día que hubiera sido tu cumpleaños, tu esposa Pipi, hijas y nietos te recordamos siempre en cada acto generoso, en tus pensamientos correctos, amabilidad y ternura. Añoramos tu presencia e invitamos a todos aquellos que comparten este sentimiento a rezar una oración en tu querida memoria

JORGE TRIACA. - Rezamos por tu paz junto al Niño Jesús y nuestra Madre María. Tu amor abraza nuestras almas. Vivís eternamente entre nosotros. Tus seres queridos

LIDIA OLGA PEREZ AGUIRRE, q.e.p.d. - Al cumplirse un mes de su fallecimiento su hermana Alicia, su sobrina Nora, sus sobrinos nietos y demás familiares y amigos la recuerdan con amor

El miércoles 23 de diciembre, a las 12.45, en el Marriott Plaza Hotel, Florida 1005, se reunirá el Rotary Club de Buenos Aires con la presidencia del Dr. Gregorio Badeni. Disertará en esta oportunidad sobre: “Renovar el sentimiento de la Navidad”, el presbítero Guillermo Marcó