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Página 20/LA NACION

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Sábado 17 de febrero de 2007

Fallo en favor de una chica de 14 años: invocó riesgos de una patología psiquiátrica si se continúa el embarazo

Una jueza autorizó a abortar a una menor Continuación de la Pág. 1, Col. 1

del Tribunal de Menores N° 1, fundamentó su decisión en el artículo 86 del Código Penal que establece la práctica del aborto terapéutico cuando la salud de la encinta corre peligro. Ayer aclaró a LA NACION que no se refiere sólo a consecuencias físicas para la menor. “Se la expone a una patología psiquiátrica severa e irreversible”, se lee en uno de los fundamentos de la resolución. El fallo es inédito y ya fue apelado por la asesora de menores que interviene en la causa en representación del bebe en gestación. Incluso dejó planteado un recurso de inconstitucionalidad. Los jueces Ricardo Favarotto y Marcelo Riquert, integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, ayer se declararon incompetentes en la causa por entender que el delito no está consumado y derivaron las actuaciones a sus pares del fuero civil. Y no sorprenderá que, con respuestas a favor o en contra en esta instancia, el caso deba ser resuelto por la Corte Suprema de la Nación. La víctima, identificada en la causa como V. O., había mantenido silencio sobre el accionar de su padrastro que, según se pudo conocer, ya había abusado de ella en más de una oportunidad. Pero el embarazo sólo se confirmó tras una ecografía a la que fue sometida porque se quejaba de dolores y pérdidas de flujo vaginal. La gestación transita la novena semana y por ello la jueza exige pronta resolución. Entre lágrimas, la adolescente les suplicó a Darmandrail y a las peritas que resolvieran “ya” su caso. “Quiero que me saquen eso”, pidió una y otra vez con permanentes y elocuentes referencias de rechazo a la criatura.

Abusador prófugo El acusado de violación era la pareja estable de la madre de la adolescente embarazada. La mujer lo denunció y ahora está imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, pero aún no fue detenido. La madre de la menor ratificó que solicitó ante la Justicia un aborto terapéutico para liberar a su hija de un bebe que no buscó y, además, tener pruebas firmes –un estudio de ADN del feto– que permitan condenar al autor de la violación. Darmandrail destacó la intervención de las asesoras de menores Adriana Franco y Silvia Fernández, la primera en representación de la embarazada y la otra del bebe en gestación. Ahora no se descarta que los camaristas que reciban la causa quieran escuchar a la víctima antes de resolver. La jueza tiene dos hijos y fervientes convicciones religiosas. Una condición evidente desde el destacado rosario que cuelga de su cuello y la decena de imá-

genes religiosas, entre ellas santos y vírgenes, que son parte de una pulsera que lleva en la muñeca derecha. “La nena no quiere hablar más”, dice.

Los casos que en 2006 instalaron el debate

Paciente en riesgo Darmandrail acompañó su resolución con un informe del Comité de Bioética del Hospital Privado de la Comunidad, que reúne a profesionales de distintas disciplinas. “Es una paciente en riesgo psíquico”, dijeron médicos y psicólogos que, además, advirtieron sobre la posibilidad de muerte si la menor se practica el aborto sin la debida asistencia profesional. La adolescente tiene dos hermanos, de 12 y 13 años, producto del primer matrimonio de su madre. A su padre biológico le perdió el rastro cuando era muy pequeña. Pero no dudaba en decirle “papá” a quien durante los últimos nueve años había sido el concubinario de su madre y padre de otras dos hermanas de 5 y 3 años, fruto de esta última relación. El abusador tiene paradero desconocido. La jueza mantiene en vigencia una prohibición para que se acerque al domicilio de la que era su familia. La jueza sostuvo que una violación provoca un trauma grave y que avanzar con el embarazo “genera otro aún mayor en la psiquis de esta adolescente”. Autoriza la práctica del aborto terapéutico y ordena que sea realizado por profesionales del Hospital Interzonal Especializado Materno-Infantil (Hiemi).

Desbordada La jueza sostiene que la menor atraviesa un sufrimiento que amenaza con desbordarla. Incluso la adolescente hizo referencias a acciones violentas que podrían derivar en la interrupción del embarazo. “¿Se me va si me tiro de un médano?”, preguntó en uno de los contactos con peritos de la causa. Frente a este cuadro de desesperación, la menor está recibiendo asistencia profesional del equipo de psicología del Hiemi. Beatriz Malbrán, perito psicóloga del Tribunal de Menores, insistió en que el avance del embarazo implica un serio riesgo mental para la menor. “No se la puede exponer a consecuencias futuras aún más graves”, dijo a LA NACION. Además, resaltó el rechazo que V. O. siente por el bebe que está gestando: “Lo menciona como «eso», y lo señala como ajeno a su cuerpo”, detalló. Incluso mencionó como ejemplo de ese vínculo roto el caso de Romina Tejerina, la joven jujeña condenada. También quedó en claro el conflicto familiar que le genera a V. O. la posibilidad de dar a luz un bebe que sería hijo de su padre adoptivo y sobrino de sus hermanas de sangre y hermano y sobrino a la vez de las hijas de su violador. La adolescente se pregunta una y otra vez: “¿Cómo se lo voy a explicar?”.

Dos discapacitadas que fueron violadas

DIEGO IZQUIERDO

La jueza de menores Silvina Darmandrail, que autorizó la interrupción del embarazo de la menor

Sorpresa entre los especialistas Destacan que haya considerado la salud psíquica de la víctima Considerando la figura de aborto terapéutico, la Justicia autorizó, en este caso, la interrupción del embarazo a una menor de 14 años, víctima de una violación; un fallo inédito que provocó la sorpresa entre especialistas de la salud y del derecho. “Premio el hecho de que se contemple como riesgo para la salud de la madre el daño psíquico, social y emocional que esto puede ocasionar, y no simplemente que se tenga en cuenta esta figura cuando hay una afección o enfermedad física que ponga en peligro su vida”, opinó el doctor Mario Sebastiani, obstetra y miembro del Comité de Bioética del Hospital Italiano. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, en su Constitución de 1946, define “salud” como “el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades mentales o físicas”. En cambio, consultado por LA NACION, Santiago Ottaviano, profesor adjunto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, recordó que el Código Penal reconoce

una serie de causas por las cuales el aborto no es punible. “Hay una discusión histórica en torno al artículo 86, inciso 2, del Código Penal, con respecto a si el aborto es no punible cuando es producto de una violación o atentado al pudor de una mujer idiota o demente, o cuando es contra las mujeres en general. Aunque este último punto de vista es minoritario, la jueza podría haberlo utilizado como fundamento y así haber encuadrado el fallo en un pedido de aborto por violación. Pero el encuadre elegido es totalmente inusual, una interpretación que en absoluto se condice con los criterios tradicionales”. Y luego agregó: “Se trata de una excusa absolutoria, ya que la magistrada ya tenía otra causal como argumento”. Sin embargo, para Daniel Erbetta, director del departamento de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario, se trata de “una interpretación muy actualizada y totalmente correcta, y no se trata de una excusa absolutoria sino de un conducta totalmente lícita. El mismo grado de licitud que el de un estado de necesi-

dad o el de una legítima defensa personal. Cuando hay una excusa absolutoria significa que hubo un delito, y aquí no lo hay. La decisión de la jueza, además de seguir los criterios de salud de la OMS, está avalada por los informes psicológicos de los médicos forenses que intervinieron en el caso, que determinan la fragilidad psíquica y vulnerabilidad de la menor como un riesgo para su salud”. Por su parte, el padre Rubén Revello, coordinador del Instituto de Bioética de la UCA, afirmó: “La doctrina de la Iglesia no aprueba el aborto. La situación de la chica es muy complicada, y de ninguna manera emitiría un juicio sobre ella, pero el aborto no revierte la situación”. “Es importante destacar que también se tuvo en cuenta la opinión de la chica, que le pide constantemente a su madre que la ayuden a solucionar el problema, porque ella no quiere tener a ese bebe”, concluyó en tanto Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer.

Soledad Vallejos

Dos casos instalaron el año pasado la discusión sobre el aborto terapéutico en la opinión pública. Fueron los pedidos de interrupción del embarazo realizados por los familiares de dos jóvenes que –a diferencia de la de Mar del Plata– son discapacitadas y que –como la de Mar del Plata– habían quedado embarazadas tras una violación. L.M.R. vivía en Guernica y tenía 19 años a mediados de 2006 cuando su madre descubrió que esperaba un hijo, tras haber sido violada por un tío, al que meses después se le dictó la prisión preventiva. Cuando la fiscal que investigaba el caso se enteró de que interrumpirían el embarazo, dio intervención a la jueza de Menores Inés Siro, que frenó la práctica del aborto. El fallo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, pero finalmente la Suprema Corte de Justicia bonaerense autorizó la intervención. Para entonces, L.M.R. tenía un embarazo de 20 semanas. Por lo avanzado de la gestación, los médicos del hospital San Martín de La Plata se negaron a hacer el aborto. La interrupción del embarazo finalmente se realizó en una clínica privada, en agosto de 2006. Casi paralelamente logró abortar Claudia, una joven mendocina de 25 años con síndrome Lenox-Gastaut, que terminó siendo operada en un hospital público de la capital provincial, en medio de un fuerte operativo de seguridad a raíz de las amenazas de grupos antiabortistas contra los médicos. También en este caso la práctica fue autorizada por la Suprema Corte de Justicia provincial. El aborto había sido permitido por el juez de familia Germán Ferrer en primera instancia, pero luego había sido frenado por una cámara de apelaciones al hacer lugar a un recurso de amparo interpuesto por la ONG católica Vitam. Cuando la joven cursaba la 12a. semana de gestación, la Corte provincial aseguró que la cuestión no era judiciable y dio luz verde a la interrupción del embarazo.

Pese a la intervención de la UBA

Sus dos sedes tienen orden de desalojo

El Hospital de Clínicas continúa paralizado Será hasta que ingresen los insumos

FOTOS DE DIEGO DEL OLIO

La mayoría de los animales que llega a MAPA son perritos, pero también hay gatos; hace falta mantenimiento en las sedes

Peligra una asociación que protege animales y mascotas abandonados MAPA aloja y atiende miles de perros y gatos; pide ayuda al gobierno porteño La situación del Movimiento Argentino para la Protección de Animales (MAPA) es insostenible. La asociación civil, que nació en 1974 de la mano de una serie de artistas como Cátulo Castillo para alojar y cuidar animales sin dueño, tiene a sus dos sedes, una ubicada en el barrio porteño de Boedo y otra, en la ciudad de General Rodríguez, con orden de desalojo. Los principales afectados son los más de mil animales que aloja la organización, que no tendrán adónde ir si la situación no se revierte. Un coro de ladridos recibe a cualquiera que se acerque a la sede de MAPA, en San Juan al 3300. “La mayoría de los perros son buenos; hay muy pocos agresivos”, comenta uno de los cuidadores. A unos metros de la puerta, comienza una hilera de cubículos en los que se atiende a los perros. El resto del edifi-

cio, una planta baja de techos altos, es bastante monótona: paredes despintadas por la humedad e instalaciones en mal estado. “Acá atendemos alrededor de 30 perros y a unos diez 10 gatos. Los cuidamos como podemos”, se resigna Diego Peyrelongue, el veterinario de la sede. Para enmendar el estado de abandono de MAPA, en mayo de 2006 el gobierno de la ciudad prometió un subsidio y una nueve sede. El predio iba a ser donado por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA). “A nosotros no nos llegó ningún subsidio, y evidentemente todavía estamos en este lugar”, se queja Roberto Echepare, socio de la organización. Fuentes de AUSA dijeron a LA NACION que hay un predio asignado en Barracas y que comenzaron las obras, que finalizarían en junio. “Si es realmente así, es una noticia muy buena. Acá nadie

sabía nada”, dice Echepare. A los problemas por las órdenes de desalojo se les suma el problema institucional: desde hace dos meses que un grupo de socios tuvo que tomar las riendas de MAPA. “El presidente de la asociación civil, Mario Mele, está de licencia por enfermedad y la comisión directiva que debería tomar la posta no lo hace. Tuvimos que reaccionar y hacer algo”, precisa Echepare, que se convirtió en la cara visible del grupo, ahora a cargo de la organización. Hacerse cargo significa, entre otras cosas, controlar las dos sedes de la organización. La más grande está en General Rodríguez. En su mayoría, son perros, pero hay también una menor proporción de gatos. Una orden de desalojo pesa sobre la sede: “Se le notifica que tendrá un plazo de 60 días para efectuar el retiro de todos y cada uno

de los animales que se encuentran en dicho predio”, dice la carta documento que llegó a MAPA a principios de enero. El plazo se acaba a principios de marzo. “No tenemos un plan alternativo para los animales; ésa es la verdad. Esperamos que la municipalidad nos entienda”, pide Silvia Urich, colaboradora en MAPA. Peyrelongue precisa que allí se hacen cinco cirugías por semana y unas 20 esterilizaciones por mes. Según el veterinario, los animales que viven en Boedo llegan a la institución traídos por gente de toda la ciudad. Por mes se adoptan ocho perros. Echepare resume el espíritu de la organización: “Para nosotros, es muy gratificante cuando alguien decide llevarse un perrito a pesar de que le falta una patita”.

Pese a la intervención del Hospital de Clínicas, dispuesta anteayer por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), distintos sectores de ese centro médico decidieron continuar con el paro, que ya lleva tres días, hasta la llegada de los insumos necesarios para poder seguir atendiendo. Sólo la comisión interna de la Asociación del Personal de la UBA (Apuba) resolvió ayer levantar la medida de fuerza, tal como se había comprometido anteayer en un acta acuerdo con el rector de la UBA, Rubén Hallú. El arreglo se alcanzó luego de que Hallú decidiera intervenir el hospital y encargarse directamente de la compra de insumos por la que reclamaban los distintos sectores de trabajadores médicos, no médicos y residentes del hospital escuela. Pero cuando el secretario general de Apuba, Miguel Skandar, comunicó la noticia al resto de los trabajadores, en una asamblea que se realizó ayer por la mañana y a la que LA NACION asistió, la mayoría de los allí presentes decidieron por votación continuar con el paro en tanto los insumos no lleguen al centro de salud. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Resi-

dentes del Clínicas confirmaron a LA NACION que continuarán con la medida de fuerza. “Si el lunes entran los insumos, tal como dijeron desde la UBA, nos volveremos a reunir en asamblea para decidir cuáles serán los pasos a seguir”, señaló Rodolfo Arrechea, delegado general adjunto de ATE capital. Y destacó que desde el gremio resolvieron rechazar la intervención impuesta por Hallú. Desde la Asociación de Residentes informaron que, además de los insumos necesarios para continuar con el correcto funcionamiento del hospital, reclaman la “formación de un equipo técnico idóneo que administre los fondos suministrados al hospital”. En tanto, la Asociación Médica del Clínicas resolvió ayer seguir sin adherirse a la medida de fuerza (de la que no fueron parte desde el principio), y “exigir su participación en la nueva dirección interventora a través de un veedor”, según contó a LA NACION Carlos Hernández, director de esta asociación. El hospital mantenía ayer sólo 40 pacientes internados, guardias mínimas y sus pasillos estaban casi vacíos.

Lorena Tapia Garzón

A. Fernández Cronenbold

RICARDO PRISTUPLUK

Un paciente espera, en vano, una orden de consulta