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INFORMACION GENERAL

I

Miércoles 30 de noviembre de 2011

INSEGURIDAD s FUERTE CAMBIO EN LA BONAERENSE

Scioli removerá la cúpula de la policía Golpes a la gestión

Continuación de la Pág. 1, Col. 4 trado influiría también en el ascenso del comisario inspector Juan Abramo a comisario mayor, para que se haga cargo de la Departamental Lanús. El ajedrez policial no estaba anoche del todo definido. Desde la provincia se examinaban algunos legajos para evitar impugnaciones de organismos de derechos humanos. Sería un riesgo para los comisarios Reale y Tosso –quienes estuvieron bajo el mando de Mario “Chorizo” Rodríguez y quedaron salpicados por la masacre de Andreani de noviembre de 1996–; quizá también para Briseño, en cuya Departamental San Martín se produjeron los asesinatos de los jóvenes Mauricio Ramos y Franco Almirón, en febrero pasado.

Diciembre ➷ El caso Pomar. de 2009 Fernando Pomar, de 40 años; su mujer, Gabriela Viagrán, de 36, y sus hijas, Candelaria, de 6, y María del Pilar, de 3, estuvieron 24 días desaparecidos. Los rastrillajes policiales no pudieron hallar el auto en el cual viajaba y que había volcado en la ruta 31 cuando se dirigían a Pergamino.

Cuestionamientos a Casal La manifestación más evidente de la resistencia de Scioli a las pretensiones reformistas del gobierno nacional es la continuidad de Casal al frente del ministerio. Desde hace más de un año, la gestión de este abogado y ex funcionario del Servicio Penitenciario ha sido impugnada por los expertos que forman la imagen del gobierno nacional en materia de lucha contra el crimen. La embestida llegó a su clímax con las muertes de Ramos y Almirón bajo las balas policiales en José León Suárez. El Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) pidió la renuncia de Casal en la Legislatura bonaerense. La entidad está integrada por asociaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Servicio de Paz y Justicia, y por expertos como Raúl Zaffaroni, Arslanian, Alejandro Mosquera, Enrique Gallesio y Alberto Binder. La presión cedió, a pedido de la Presidenta, durante la campaña electoral. Scioli ofreció un adelanto de su rebeldía con un proyecto de ley en el cual la nueva Policía Judicial dependería del ministerio y no de la procuración, como pretendía la Comisión Provincial de la Memoria. Astuto, antes de enviar su propuesta a la Legislatura dijo que la había comentado con su inminente vicegobernador, Gabriel Mariotto. Scioli quiere evitar que Mariotto y el ASD, que se referencian en la

La segunda apuesta es blindar a la nueva dirección policial poniéndola al amparo del PJ bonaerense gestión nacional de Nilda Garré, le impongan un nuevo ministro. Con ese objetivo ensayó dos movimientos: la designación de Matzkin al frente de la bonaerense y el pacto con los caudillejos del PJ. El comisario Matzkin proviene del área de investigaciones, donde estableció una alianza con el sector de la Secretaría de Inteligencia (SI) que lidera Fernando Pocino. Este agente es el hombre de Garré en la SI y aspira a ocupar el sillón de Francisco Larcher, el segundo del organismo, en el próximo gabinete. Matzkin acredita también un viejo vínculo con Arslanian, quien lo descubrió manipulando el Excalibur del caso Cabezas al lado del comisario Víctor Fogelman, hoy acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. La relación de Arslanian con Matzkin se habría deteriorado. De cualquier modo, Scioli pretende con este nuevo jefe saciar la sed de cambios del ala izquierda del kirchnerismo. Tal vez no lo consiga: “El método elegido asegura una nueva crisis de Casal; esperaremos…”, comentó ayer un militante de ese grupo.

Blindaje de la cúpula La segunda apuesta del gobernador es blindar a la nueva dirección policial poniéndola al amparo del PJ bonaerense. Es la razón por la cual se pidió el aval de los principales intendentes para las promociones. Scioli completaría su estrategia devolviendo a la Legislatura al viceministro de Seguridad, Lorenzino, controvertido nexo entre la gobernación y las comisarías más poderosas del conurbano. La separación de Lorenzino sería un triunfo de Casal sobre el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, verdadero padrino del joven diputado. Es mucho menos probable que Casal pueda prescindir de la gravitación del empresario Mario Montoto sobre el gobernador. El diseño definitivo de la nueva conducción estaría definido recién para el próximo 13, Día de la Policía. La decisión más delicada que deben tomar Scioli y Casal se refiere a la continuidad del Superintendente de Investigaciones, Roberto Castronovo. Este comisario general quedó en el ojo de la tormenta con el asesinato de la pequeña Candela Rodríguez: Casal y Paggi no pudieron explicar todavía qué tipo de vínculo mantenía Castronovo con su informante Hugo Moreyra, imputado como uno de los autores del crimen.

Julio de 2010

ARCHIVO

Paggi, que dejará su cargo, junto a Scioli y el ministro Casal, que continuará al frente del área de Seguridad y Justicia

EL ESCENARIO

EL PERSONAJE

El caso Candela selló su suerte

El hombre que sabe demasiado

PABLO MOROSI CORRESPONSAL EN LA PLATA LA PLATA.– Para halagarlo, algunos le dicen “el intelectual” al comisario general Juan Carlos Paggi. Otros, a sus espaldas, utilizan el mismo seudónimo para cuestionarlo y, así, mofarse de los errores de la policía bonaerense. Paggi llegó al máximo escalón de la institución policial más numerosa del país –con 55.000 uniformados– el 19 de febrero de 2009. Consiguió mantenerse en el urticante sillón de la jefatura más tiempo del promedio que muestran las estadísticas de las últimas dos décadas. Podría decirse que, con Paggi como jefe, la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires retomó cierta autonomía que le permitió, entre otras cosas, la reedición de la cúpula, el regreso al viejo escalafón y la construcción de un esquema propio de fijación de prioridades y operaciones emancipado de la injerencia política. Hijo de un ferroviario peronista, formado en un profesorado de ciencias políticas, jurídicas y sociales, y con una tesis de graduación sobre derechos humanos, el comisario general siempre consiguió tener una buena sintonía con la clase política. No son pocos los que ven en ello la clave que explica el haber soportado los golpes de una gestión enmarcada en el afianzamiento de la irrebatible tendencia ascendente de la violencia en los delitos. El 8 de diciembre de 2009, cuando un campesino descubrió a la vera de la ruta 31 los cuerpos sin vida

de los integrantes de la familia Pomar, luego de que un generoso operativo policial los buscara infructuosamente durante 24 días, se erigió uno de sus más resonantes papelones de la fuerza. Ningún argumento razonable ha podido explicar, hasta ahora, cómo Paggi salió indemne de aquel episodio que costó el cargo de varios jefes policiales y forzó la renuncia del subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal, el fiscal federal Paul Starc. Desde la salidera bancaria en La Plata en la que fue baleada Carolina Píparo, que estaba embarazada de nueve meses y debió dar a luz por medio de una cesárea de urgencia, en julio de 2010 (su hijo Isidro falleció siete días después), sobrevuela aún la polémica frase que los familiares de la víctima atribuyeron al gobernador: “Tengo las manos atadas”. Promediaba la gestión Paggi. Pero fue el homicidio de Candela Sol Rodríguez, el 31 de agosto pasado, el episodio que puso realmente en jaque al jefe de la policía bonaerense. Se sospecha de que la intervención policial en relación con el manejo de la información pudo haber puesto en mayor riesgo a la niña de 11 años, mientras ésta se hallaba secuestrada, presuntamente en cercanías de la casa de su madre. En los pasillos de la jefatura de la policía bonaerense, todos coinciden ahora en que el trágico final de Candela selló el fin de la era Paggi.

LA PLATA.– “Es el hombre que sabe demasiado”, dicen de Hugo Matzkin, en la jefatura de la policía provincial para explicar su derrotero. Su conocimiento y compromiso con la tarea son, al mismo tiempo –y de algún modo–, un reaseguro para su continuidad. En febrero pasado, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Ricardo Casal, nombró al comisario general Hugo Matzkin superintendente de Coordinación Operativa, virtual segundo jefe de la policía bonaerense. Con ese cambio, Matzkin cerró una extraña e inusual parábola dentro de la fuerza: logró pasar de no tener prácticamente un destino asignado a reinsertarse en la cúpula de la policía bonaerense. Matzkin, uno de los promotores de la incorporación de nuevas tecnológicas para la inteligencia criminal, ha sido considerado la mano derecha del ex titular de la cartera León Arslanian durante la última de sus gestiones. Al oficial se le adjudica el haber puesto en marcha el sistema de entrecruzamiento de llamadas telefónicas denominado VAIC, que superó ampliamente al ya vetusto Excalibur, también operado por Matzkin a mediados de la década del 90 durante la investigación del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. En diciembre de 2007, cuando el fiscal federal Carlos Stornelli asumió como ministro de Seguridad del flamante gobierno de Daniel Scioli separó al oficial del cargo que entonces ostentaba: superintendente

HUGO MATZKIN COMISARIO GENERAL

de Investigaciones en Función Judicial. En aquel momento, los nuevos habitantes políticos del Ministerio de Seguridad de la provincia no confiaron en él y dudaron de los rumores que aseguraban que usaba la tecnología con fines no siempre explicitados y, a veces, en la frontera de la legalidad. Cuando se produjo la renuncia de Stornelli y la integración de las carteras de Justicia y Seguridad y llegó la hora de Casal, éste ratificó al frente de la policía provincial a Juan Carlos Paggi, al tiempo que aceptó la renuncia de otros cuatro comisarios generales. Para entonces, Matzkin ya había logrado recuperar la confianza de las autoridades bonaerenses y conseguido rehacerse de la titularidad de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial. Poco a poco, Matzkin volvió a hacerse imprescindible y la nueva coyuntura política parece haberlo favorecido, ya que se trata de una figura con buena imagen para el gobierno nacional, sobre el que Arslanian influye ostensiblemente.

Las causas por enriquecimiento contra jefes policiales van camino al naufragio Los procesos contra una veintena de oficiales denunciados por corrupción están cerrados o parados PABLO MOROSI CORRESPONSAL EN LA PLATA LA PLATA.– Hace ocho años el gobierno bonaerense giró a la justicia penal de esta ciudad los legajos de una veintena de altos jefes policiales sobre los que sospechaba que se habían enriquecido ilícitamente. Hasta hoy, esas causas no llevaron preso a ningún oficial y tampoco despejaron las dudas que el propio gobierno creó con su denuncia. Una parte de esas causas pasó al archivo, algunas tienen sobreseimientos provisorios y otras, aunque elevadas a juicio, se encuentran prácticamente paralizadas y con riesgo de prescripción. En la actualidad, ningún área del gobierno impulsa ni sigue de cerca el desarrollo de esos juicios, entre los que se encuentra el proceso al ex jefe de la fuerza Alberto Oscar Sobrado, al que le descubrieron un giro al exterior de 333.000 dólares no declarado. En aquel momento, el listado de los investigados por presunto enriquecimiento ilícito por la denuncia del gobierno provincial que encabezaba Felipe Solá incluyó a Julio

César Frutos, Víctor Hugo Herrera, Rodolfo Coronel, Jorge Peciña, Alberto Barchuk, Deraldo Luziaga, Jorge Cassino, Claudio Raúl Martínez, Jorge Pascual Avesani, Antonio Mercado, Gustavo Alberto Arenas, Omar Carreiras, Gustavo Desmul, Jorge Alfredo Fiallo, Marcelo Oscar García y Graciela Regina Zonta. A ellos habría que sumar a los ex jefes Aníbal Degastaldi, Alberto Cánepa, Angel Casafús, Héctor Rodolfo Díaz y al propio Sobrado. Ninguno de los citados se encuentra detenido y, por el contrario, todos gozan de los beneficios y cobertura del retiro policial. De los nombrados, en sólo cinco casos se llegó a la instancia de elevación a juicio: el de Sobrado y los de Barchuk, Fiallo, Carreiras y Martínez. En los dos últimos, que resultaron sobreseídos por el juez de garantías, el fallo fue recurrido por los fiscales, por lo que ahora se espera una resolución de la Cámara de Apelaciones local. La lentitud de la acción judicial y las intervenciones de los abogados defensores derivaron muchos de estos procesos hacia laberintos que

parecen no tener salida. En el caso de Sobrado, como en el de otra media docena de ex jefes policiales, la justicia penal que llevó adelante toda la instrucción de la pesquisa podría tener que resignar su competencia frente al fuero correccional, a partir de los planteos de los defensores. Otros casos terminaron en el archivo por falta de pruebas, como los de Desmul, Arenas o Frutos. Entre las causas que fueron desactivadas por la Justicia figura también el de la comisario general Zonta, archivada por la fiscalía N° 2. Ella integra la cúpula de la fuerza, como superintendenta de Servicios Sociales.

Sin seguimiento El director de Asuntos Internos, Marcelo Pernisi, organismo que impulsó los sumarios administrativos contra los policías, confirmó a LA NACION que desde el gobierno bonaerense no se realiza ningún seguimiento ni impulso de estos casos. “Hay una especie de limbo. Una vez que investigamos, el tema pasa al área de personal y para nosotros el caso pasa al archivo.” Si bien el funcionario

informó que hay “causas especiales” que tramitan regionalmente, no es el caso de estos expedientes. En 2003, el auditor de Asuntos Internos Claudio Cohen Salama presentó una denuncia ante la fiscalía N° 4 de esta ciudad, a cargo de Víctor Violini. Cada uno de los nombres de la lista girada por el gobierno constituyó una causa en sí misma, que hoy depende del fiscal Fernando Cartasegna. Tras denunciar amenazas, Violini fue apartado de los casos y terminó en un puesto como camarista. Entonces, el impulso de las investigaciones comenzó a menguar. En la Justicia tampoco existe un seguimiento de los casos por enriquecimiento ilícito contra los jefes policiales. La procuradora general ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, mandó decir a LA NACION que no conoce la situación de aquellas causas y, por eso, prefirió no opinar sobre el tema. Si bien el vocero del Ministerio Público, Pablo Morales, se comprometió a buscar información de los casos, ésta nunca pudo ser reunida, según informó el mismo funcionario.

➷ El caso Píparo.

Carolina Píparo estaba embarazada de nueve meses cuando sufrió una violenta salidera. Su bebe nació de urgencia y falleció a los siete días.

Septiembre de 2010

➷ “Tengo las manos

Enero de 2011

➷ Piloto desapareci-

atadas”. Fue la polémica frase que, según la familia Píparo, dijo el gobernador Daniel Scioli, durante una entrevista en la que tocaron el tema de la lucha contra la inseguridad.

do. El helicóptero Robinson 44 y su piloto, Alejandro Ferzola, se perdieron sin dejar rastros. El 2 de enero pasado, la aeronave partió del aeródromo de la localidad bonaerense de Coronel Brandsen y su destino era la ciudad balnearia de Santa Teresita, a 300 kilómetros de allí. En aproximadamente una hora, debía arribar, pero no llegó. Jamás lo encontró la policía.

Agosto ➷ Caso Candela. La de 2011 niña de 11 años fue secuestrada en Hurlingham el 22 de agosto. Su cuerpo apareció a metros de la colectora de la autopista del Oeste nueve días después.

Acusados Alberto Oscar Sobrado Su causa está elevada a juicio Fue jefe de la policía bonaerense entre julio de 2002 y julio de 2003. Antes estuvo en Narcotráfico. Le descubrieron un depósito de 333.000 dólares en las Bahamas. Luego se supo que tenía cuentas en el extranjero por casi un millón de dólares. Tiene varias propiedades en Avellaneda y un departamento en la Capital.

Omar Daniel Carreira Su causa está apelada Le adjudicaron campos en Poblet; tres casas; un Peugeot 504 habilitado como taxi; dos camionetas Toyota Hilux, compradas en 2001 y en 2002, a su nombre y el de su esposa, omitidas en sus declaraciones juradas.

Norberto Aníbal Degastaldi Su causa está en instrucción Se le adjudicó la propiedad de dos inmuebles y una camioneta 4x4. Además se lo vinculó con varias empresas gastronómicas, entre ellas Cuatro Límites SRL y el restaurante El Chef, en Martínez.