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Scioli cede a la presión de Mariotto

El dilema de Scioli ... YEBRA. Scioli estuvo ayer con el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal ... Acuerdo de Seguridad Democrática, como el Centro ...
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POLITICA

I

Viernes 17 de febrero de 2012

EL GABINETE BONAERENSE s DESPLAZARA A LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

EL PULSO POLITICO

Scioli cede a la presión de Mariotto Continuación de la Pág. 1, Col. 1 cial (SDH) que reclamaron la renuncia de Cobacho y se comprometió –y lo hizo– a trasladar ese planteo al gobernador. En diálogo con LA NACION, Carlotto reveló haber recibido la proposición la semana pasada. En las últimas elecciones había sido candidato a intendente de La Plata, con una lista de adhesión del Frente Progreso Social y el aval, entre otros, del ministro de Justicia, Julio Alak, y de los diputados Carlos Kunkel y Carlos “Cuto” Moreno. Carlotto contó que la semana pasada recibió una llamada del jefe de Gabinete, Alberto Pérez. “Me dijo que tenían intención de acelerar la decisión”, dijo. Anoche, una fuente de la Jefatura de Gabinete terminó por reconocer que existió un encuentro, pero aclaró que “no hubo un ofrecimiento formal”. De hecho, dijo que también hubo conversaciones con Eduardo Binstock, referente del Movimiento Evita y ex secretario del área durante la gestión de Felipe Solá. Pese a que ningún funcionario habló públicamente del tema, voceros del gobernador admitieron que Scioli había ofrecido el cargo a Carlotto en diciembre, antes de asumir su segundo mandato. En ese tiempo, Cobacho había retornado a la actividad luego de haberse alejado varios meses por problemas de salud. Cuando regresó, a principios de octubre del año pasado, lo hizo postrada en una silla

SANTIAGO HAFFORD

Scioli estuvo ayer con el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal de ruedas. Cobacho tiene 80 años, está sometida a un tratamiento de diálisis y presenta dificultades en su motricidad. No obstante, habría manifestado su intención de seguir en el cargo mientras se sintiera de buen ánimo y pudiera dar respuesta a las obligaciones. La semana última, empleados del área de Derechos Humanos pidieron la renuncia de Cobacho, luego

GUIDO CARLOTTO EX SENADOR PROVINCIAL

de un episodio en el que un grupo de personas ingresó en una oficina de la repartición y golpeó a varios empleados. Los afectados contaron que los agresores habían entrado gritando: “¿Dónde están los zurdos?”. Al realizar la denuncia penal, los agentes señalaron a miembros del Sindicato Unico de Controladores de Admisión y Permanencia (Sutcapra). La actividad de los controladores

depende de la Secretaría de Derechos Humanos y ya había antecedentes de mala relación con el resto de los empleados de la dependencia. El lunes, los empleados fueron recibidos por el vicegobernador, Gabriel Mariotto, quien se comprometió a elevar a Scioli sus reclamos. Tiempo atrás, el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, acusó a Cobacho de paralizar las denuncias recibidas contra policías o agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. “La continuidad de Sara sólo depende de su salud y no de otra cosa”, dijo anoche un alto funcionario de la Jefatura de Gabinete. Y agregó: “Candidatos puede haber muchos, pero nosotros negamos que sea el momento para un recambio”. Ayer, consultada sobre su posible alejamiento por la agencia Infocielo, Cobacho dijo: “A mí nadie me dijo nada”, aunque remarcó: “Si Scioli me pide la renuncia, me voy”. Sin embargo, se defendió: “Tengo la conciencia tranquila, hace trece años que trabajo en la secretaría, no cobro sueldo y vivo de mi jubilación. Estuve presa, me torturaron y mis hijos están desaparecidos; no tengo nada que ocultar”, señaló. Ante el pedido de renuncia, dijo que “el dolor de ellos es que a varios se les cerraron quioscos”. Si bien la mujer no los individualizó, allegados a la funcionaria deslizaron sus sospechas de que el escándalo fue promovido por gente cercana a Mariotto.

Revisan el caso de los policías que golpearon a La Cámpora Aunque el gobierno los había reincorporado, finalmente podrían castigarlos JESICA BOSSI LA NACION Es una historia de contramarchas y pujas internas. Después de haber sido confirmada su reincorporación hace dos semanas, el gobierno provincial ahora revisa la situación de los policías desafectados por la represión a militantes de La Cámpora durante el acto de asunción de Daniel Scioli, en diciembre pasado. Aunque sin confirmación oficial, el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense prepara el pase a disponibilidad de los uniformados involucrados en la golpiza a los jóvenes que intentaron ingresar en la Legislatura, según confiaron a LA NACION fuentes del gobierno provincial. Con esa disposición, los agentes no tendrán asignación de servicio, cobrarán el 50 por ciento del salario y aguardarán el avance de la investigación hasta que se determine su responsabilidad en los hechos. Este viraje se da en simultáneo con otras medidas del área tomadas esta semana, todas en sintonía con el gobierno nacional y respalda-

das por el vicegobernador Gabriel Mariotto: la reciente remoción del jefe departamental de San Martín, Mario Briceño, cuya cabeza había sido proclamada por el vice; cambios en la conducción de la Secretaría de Derechos Humanos (ver aparte), y un nuevo impulso a los foros de seguridad en el interior, promovidos por organizaciones que integran el Acuerdo de Seguridad Democrática, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Asunto sensible El affaire de los policías que apalearon a miembros de la agrupación juvenil creada por Máximo Kirchner, el hijo de la Presidenta, es sensible para Scioli. No bien ocurrieron los hechos, Mariotto pidió sanciones y apuntó a los “responsables políticos”. Se desencadenó un acuartelamiento de otros uniformados en solidaridad con los desafectados –que fue desactivado después de 12 horas– y avanzó, en paralelo, una pesquisa judicial que incluyó la citación a declarar como testigo del jefe de la fuerza, Hugo Matzkin. El fiscal Tomás Morán quedó al frente de la

causa cuyo objetivo es establecer quién dio la orden de ubicar a la Infantería dentro del edificio y de impedir el paso de los militantes. La repentina reincorporación se concretó el miércoles 1°, por decisión de la auditora general de Asuntos Internos, Viviana Arcidiácono, que depende de la cartera de Justicia y Seguridad, encabezada por Ricardo Casal. La resolución fue en respuesta a un planteo económico de los agentes Walter Revolero, Raúl Molina, Leonardo dos Santos, Roque Barrios, Fernando Loubet y Daniel Maidana. Y el argumento para avalar el reingreso de los seis policías se basó en “razones alimentarias”. Dentro del mismo sumario que instruye Arcidiácono sí fue imputado y desafectado de su cargo el jefe de Custodia de la fuerza, Sergio Ochoa, señalado por sus propios subordinados. Ayer, cerca de Casal no desmintieron ni confirmaron a LA NACION el pase a disponibilidad de los seis agentes. El ministro, resistido por un sector del kirchnerismo duro, se mostró al lado del gobernador en la inauguración de la segunda alcaldía de La Plata.

TELAM

Anteanoche, el vicegobernador cenó junto a Mujica y su mujer

Un viaje relámpago para reunirse con Mujica Después de que se cocinaran las últimas modificaciones y enroques vinculados al área de Seguridad y Derechos Humanos, el vicegobernador Gabriel Mariotto cambió el conurbano por un destino internacional: viajó rumbo a Montevideo para un encuentro con el presidente uruguayo José “Pepe” Mujica. Compartieron una cena familiar anteanoche, en su chacra de Rincón del Cerro, de la que también participó la esposa del mandatario, la

senadora Lucía Topolansky. No es la primera vez que lo visita en su residencia ni que se muestran juntos. Ambos mantienen un vínculo personal e, incluso, Mariotto exhibe distendidas fotos con Mujica en sus nuevas dependencias del Senado. Durante la comida, charlaron sobre cómo profundizar el proceso de integración regional, el destino de Unasur y el “cambio cultural” en América latina. El vice retornó ayer a la actividad en la provincia.

MARTIN

RODRIGUEZ YEBRA

La lógica kirchnerista del cien por ciento l kirchnerismo ganó las elecciones con 54 puntos y exige derechos por el cien por ciento. Lo curioso no es el imperativo hegemónico nunca disimulado por el gobierno de Cristina Kirchner, sino la aceptación voluntaria de ese orden de cosas por parte de sus opositores y de los oficialistas que no encajan del todo en los cánones del poder actual. El verano es pródigo en señales de ese fenómeno. La nueva jefatura de la UCR dio una muestra cuando decidió quitar de la Auditoría General a Leandro Despouy, un dirigente que molestó desde 2003 al Gobierno con investigaciones sobre el manejo del dinero público. Mario Barletta, presidente del partido, activó la jubilación del auditor y busca nombrar un sucesor… recomendado por el kirchnerismo. Barletta representa a los intendentes radicales del interior que quedaron como únicos referentes del partido con pizcas de poder real. En su mayoría, asumen que necesitan una buena relación con el gobierno nacional para que sus gestiones prosperen. A diferencia del viejo radicalismo K, a estos dirigentes el Gobierno no los tiene que presentar como propios ni ofrecerles cargos. Fue Barletta quien convenció a los jefes legislativos del radicalismo de aceptar la invitación presidencial al último acto oficial sobre Malvinas. Además, la UCR irá en pleno al show que harán dos comisiones del Congreso en Tierra del Fuego el viernes que viene para exigir la devolución de las islas. Justo cuando malvinizar es el verbo favorito de la Presidenta. En silencio, sectores opositores negocian con oficialistas una agenda parlamentaria no conflictiva para que el Congreso pueda estrenar sus salarios estelares con algunas leyes de consenso. O sea, mostrar “productividad”, como pidió Cristina a los gremios que quieren aumentos de sueldo. Los peronistas disidentes y Pro también se resignan a un kirchnerismo aplastante. Esgrimen una lógica del marketing político: cuando la gente quiere algo, no hay que ponerse en contra. Toca esperar. En los círculos opositores suman dos más dos y empiezan a convencerse de que la reforma constitucional para permitir más gobiernos de Cristina Kirchner avanzará, inexorablemente. Sin sucesor a la vista y con la tendencia a concentrar todas las decisiones en la Presidenta hacen creer que el Gobierno intentará el cambio, dicen. ¿Mostrarán los gestos de la UCR y la resignación de los otros bloques caminos que se le abren al kirchnerismo para buscar votos que avalen la reforma? Se necesitan dos tercios en cada cámara del Congreso para tocar la Constitución. Sin aliados, es una vía muerta. Ningún opositor admite que dará los votos, pero la mayoría cree que otros sí lo harán. Y esta vez ni siquiera hará falta una foto en Olivos.

E

El dilema de Scioli Daniel Scioli mira con preocupación cómo el poder kirchnerista se le viene encima. En el peronismo bonaerense avivan rumores de que en 2013 podrían pedirle ser candidato legislativo (y sacarlo de la carrera de la sucesión); su vice, Gabriel Mariotto, avanza como topadora en temas delicados de la gestión, y los bloques oficialistas de la provincia resistirán proyectos que Scioli pone como bandera. El gobernador mezcla rebeldías menores con concesiones importantes (como echar a jefes policiales repudiados por Mariotto). Y mantiene lazos con otros colegas, con dirigentes y empresarios distanciados de la Casa Rosada y con Hugo Moyano, el único dirigente dispuesto a desafiar la lógica del cien por ciento kirchnerista. Los une una certeza: si el Gobierno logra sostener el ritmo creciente de la economía y el consumo, el futuro para ellos será retirarse o sentarse a aplaudir.