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POLITICA

I

Miércoles 25 de mayo de 2011

VIOLENCIA SINDICAL s EL JUICIO AL EX CUSTODIO DE MOYANO

ESCUCHAS ILEGALES

“Madonna” Quiroz no irá a la cárcel por la balacera

Procesaron a un ex ministro de Macri

Fue condenado por “abuso de armas” a dos años y medio por disparar a rivales gremiales

HERNAN CAPPIELLO

MARIA JOSE LUCESOLE LA NACION LA PLATA.– El camionero Emilio “Madonna” Quiroz logró evitar la prisión por los disparos que efectuó durante la gresca generalizada en la que se convirtió el traslado de los restos de Juan Domingo Perón a la Quinta 17 de Octubre de San Vicente, en 2006. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata condenó ayer al ex empleado de Pablo Moyano a dos años y medio de prisión en suspenso por “abuso de armas” en concurso ideal con daño calificado. Lo eximió, en cambio, de los cargos de tentativa de homicidio e intimidación pública, delitos que tienen penas de seis años y medio de prisión, solicitados por el fiscal del caso. El camionero, que ahora tiene 40 años, está divorciado y vive en Longchamps, “deberá abstenerse de concurrir a eventos públicos” o políticos, como lo fue aquel traslado de los restos de Perón, advirtió el tribunal. Además, deberá abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas al alcohólicas y realizar tareas remunerativas a favor del Estado por un total de cien horas, que deberán ser cumplidas en un hospital público cercano a su domicilio. En caso contrario, perderá el beneficio de la pena de ejecución condicional y volverá a ser detenido. Pese a que apelarán la condena, el fallo fue considerado un triunfo por Quiroz y por su abogado Daniel Llermanos, que elogió a su defendido. “Para poder entender lo que hizo hay que ubicarse en el contexto. Hasta ese día, él usaba el arma en

Narodowski estaba en Educación y el juez lo involucró como el “brazo operativo” del caso LA NACION

sus clases de tiro. No era un custodio ni patovica ni guardaespaldas. Es un muchacho pacífico que actuó desbordado por la situación”, dijo, al retirarse de la sala de audiencias. El tribunal dispuso, además, iniciar una nueva investigación penal para determinar a los responsables del enfrentamiento entre gremialistas militantes de Camioneros y de la Uocra que terminó con 180 heridos e innumerables daños. “Soy una víctima. El único condenado en una pelea donde hubo 180 heridos”, dijo Quiroz, al garantizarse la libertad. Volverá a sus trabajos de transportista y actor.

Cuestión de imagen Para el sindicalista el veredicto no modifica la imagen del sindicato conducido por el líder de la CGT, Hugo Moyano. “Siempre hay algo para ensuciar a Camioneros”, dijo. El 17 de octubre de 2006, en la Quinta de San Vicente, Quiroz disparó hacia la multitud 11 proyectiles de una pistola Bersa 9 milímetros en medio de una batalla campal. Las cámaras de televisión captaron en primer plano todos sus movimientos. La fiscal Helena De la Cruz encontró como agravante que Quiroz “disparó hacia un lugar donde se encontraba gran cantidad de personas, familias, ancianos y discapacitados”. La fiscal evalúa ahora apelar el veredicto del tribunal integrado por Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Lidia Moro. Dispone de 20 días para hacerlo. El abogado Llermanos dijo a LA NACION que también apelará el veredicto condenatorio y volverá a pedir la absolución del camionero. “Disparó contra un paredón en

TELAM

“Madonna” Quiroz, al llegar al lugar del juicio defensa de sus compañeros”, dijo. El día después de la reyerta, al ser detenido por la Justicia, Quiroz había declarado que actuó para evitar una masacre, ya que desde adentro de la quinta militantes de la Uocra arrojaban proyectiles con hondas y municiones de acero. La Justicia, entonces, lo mantuvo detenido y en prisión preventiva por tres meses, entre octubre de 2006 y enero de 2007. Luego el camionero obtuvo su libertad y volvió a trabajar en el sindicato de Moyano. Ayer, al retirarse de los tribunales penales situados en 8, entre 56 y 57 de esta capital, el camionero acusado por disparar en medio de la multitud durante el traslado de los restos de Perón dijo que estos años fueron los peores de su vida.

El caso 17 de octubre de 2006

Tiros en la quinta “Madonna” Quiroz, que trabajaba para Pablo Moyano, es filmado mientras dispara a la multitud durante la gresca originada en el traslado de los restos de Perón. Enero de 2007

En libertad condicional Quiroz sale de prisión después de casi tres meses de estar detenido. Pasaron otros tres años hasta el juicio oral, en el que ayer fue condenado por “abuso de armas” y no por tentativa de homicidio, como pedía la fiscalía.

El juez federal Norberto Oyarbide procesó ayer al ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski y a su ex jefa de gabinete Rosana Barroso, en la causa en que está con procesamiento confirmado el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a realizar escuchas telefónicas ilegales. Además, el juez embargó los bienes de cada uno de los procesados hasta la suma de 250.000 pesos. Al mismo tiempo, el juez dispuso la falta de mérito en beneficio de Andrés Ibarra, subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del ministerio de Narodowski. Este es el último paso que le quedaba a Oyarbide para ir cerrando la investigación sobre las escuchas ilegales que sufrieron Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas de la AMIA, y el cuñado de Macri, el parapsicólogo Néstor Daniel Leonardo. Por estos hechos ya están con procesamiento firme Macri, el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios; el ex policía y ex empleado porteño Gerardo Ciro James y un grupo de jueces y policías misioneros que con su actuación habrían permitido que la SIDE escuchara ilegalmennte los teléfonos de Burstein y de Leonardo. Aún resta que la Cámara de Casación penal resuelva si confirma o no a Oyarbide al frente de la causa, pues Macri lo recusó, y falta también que el mismo tribunal resuelva si está bien dictado o no el procesamiento de Macri. En rigor, este fallo no es de los que habitualmente analiza Casación, aunque podría hacerlo ahora dada la gravedad

institucional del tema por tratarse del jefe de gobierno porteño. Una vez resueltos estos recursos, la causa podría encaminarse a un juicio oral y público, cuestión que en el entorno de Macri –con un ojo puesto en el calendario electoral– no ven inminente, ni siquiera antes de fines de año. Oyarbide entendió en el fallo de ayer que Narodowski, como ministro de Educación, habría simulado la contratación de James en el ministerio para pagarle por las escuchas ilegales. Para ello señala que cuando se le pinchó el teléfono a Leonardo, James era contratado y cobró 110.000 pesos durante los casi dos años en que duró su relación laboral. Por eso procesó a Narodowski como partícipe de la asociación ilícita, como uno de los “brazos operativos de Macri”, porque propuso a James para el cargo y lo contrató. Entre las pruebas en su contra, enumeró 111 comunicaciones telefónicas entre James y el ex ministro, algunas de ellas en horas muy tardías y en fines de semana, lo que “habla de un conocimiento mutuo que había sido presentado como inexistente”. “Puede sostenerse la posibilidad que Mariano Narodowski conociera el plan criminal y actuara conforme a aquel”, dijo Oyarbide y, además, lo acusó del delito de defraudación por administración infiel, en perjuicio de la administración pública, por haberle abonado los sueldos del ex espía. Con respecto a Barroso, Oyarbide sostuvo que fue “un eslabón necesario”, pues “participaba de las reuniones en las que se tomaban las decisiones, transmitía sus directivas y evacuaba las consultas en su representación”. Para Oyarbide era quien fiscalizaba a James y quien propuso renovarle el contrato.

VIOLENCIA SINDICAL

Pedraza va a juicio oral por el crimen de Mariano Ferreyra La jueza elevó el caso contra el líder ferroviario y otros nueve acusados En un tiempo récord de siete meses, la Justicia dio por terminada la investigación del crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra y elevó el caso para que enfrenten un juicio oral por el asesinato el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y otros nueve acusados, incluidos empleados del gremio y un barrabrava. Así lo resolvió la jueza Wilma López, que clausuró la instrucción del caso. Tras un sorteo, fue elegido el Tribunal Oral en lo Criminal N° 21, integrado por los jueces Horacio Dias, Diego Gustavo Barroetaveña y Carlos María Bossi. El próximo paso es que el tribunal analice si está completa la instrucción, si hay alguna nulidad, pedirá al fiscal y a los acusados que ofrezcan prueba y fijará una fecha para el juicio oral. Si bien es un proceso de los que tiene prioridad, porque los acusados están detenidos, nadie estaba dispuesto a arriesgar anoche que el caso pudiera ventilarse en público antes de fin de año. Porque hay recursos de apelación pendientes que los acusados presentaron ante la Cámara de Casación. Los imputados que deberán ser juzgados por el asesinato ocurrido el 20 de octubre pasado enfrentan una

ARCHIVO

José Pedraza pena máxima de 25 años de prisión, pues están acusados de homicidio calificado, en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa en tres oportunidades. Pedraza y su segundo, Juan Carlos Fernández, conocido como “El Gallego”, fueron considerados por la jueza instigadores del crimen. Ferreyra, de 23 años, fue asesinado de un balazo en el estómago cuando apoyaba a un grupo de obreros ferroviarios tercerizados, que planificaban cortar las vías del ferrocarril Roca en Barracas para reclamar por su incorporación en la empresa. Un grupo de la Unión Ferroviaria se congregó para impe-

dirlo y atacó a los tercerizados. Dos de ellos están acusados de haber disparado y el resto de esconder las armas y amenazar a un equipo del canal C5N que buscaba filmar los ocurrido. Además de Ferreyra, fueron heridos Elsa Rodríguez, que está inmovilizada, en una silla de ruedas y sin poder hablar; Pablo Pinto y Nelson Aguirre. La jueza y el fiscal Mariano Fiszer coincidieron con la Cámara del Crimen al sostener que la agresión buscaba aleccionar a los tercerizados. Incluso, la magistrada concluyó que el ataque, supuestamente dirigido desde la cúpula de la Unión ferroviaria, pretendió asegurarle al gremio el poder político y económico que ostentaba. Los acusados de disparar contra los manifestantes son el barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale, conocido como “Harry”, y el empleado ferroviario Gabriel “El Payaso” Sánchez, identificados en la investigación por los videos y diversos testigos. Los otros seis acusados son los delegados sindicales Pablo Díaz y Claudio Alcorcel, que convocaron a los demás e impartían órdenes en el lugar de los hechos, y los empleados ferroviarios Guillermo Uño, Salvador Pipitó, Juan Carlos Pérez y Jorge González.

Síntesis ELECCIONES PORTEÑAS

PRESUNTA DEFRAUDACION

EN CORRIENTES

Impugnan a Biondini por “discriminación”

Se define la causa contra ex diputada

Heridos en un acto de la CGT y la CTA

Por considerar que sus consignas son “altamente discriminatorias”, los legisladores porteños Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova impugnaron ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad la candidatura a jefe de gobierno porteño de Alejandro Biondini. Los diputados del bloque Nuevo Encuentro alegaron que el postulante de la agrupación Alternativa Social se mostró “con vestimenta y gestos claramente tributarios del régimen de la Alemania nazi“ y recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya lo había cuestionado en el pasado. Biondini quedó inscripto el sábado como candidato a jefe de gobierno porteño, junto con Mario Puértolas y una lista de legisladores encabezada por Jorge Pousada.

CORDOBA (Télam).– Un juez de Río Cuarto deberá resolver si se eleva a juicio una causa contra la ex diputada nacional Ana Richter, a quien acusan de defraudar a la administración pública por haber percibido el sueldo de legisladora en forma conjunta con una jubilación provincial. Tras un planteo de la defensa de Richter, la causa quedó en manos del juez de Control Daniel Muñoz, quien deberá resolver en los próximos días si acepta o no el pedido del fiscal Fernando Moine. Según consta en el expediente iniciado en agosto de 2008 por el abogado Ernesto Martínez, la ex legisladora habría cobrado “su jubilación provincial como docente, al mismo tiempo que percibía su dieta de diputada nacional”.

CORRIENTES (Télam).– Manifestantes de la CGT y la CTA que compartían una marcha se enfrentaron ayer con la policía correntina cuando se dirigían hacia la Gobernación y la Legislatura local. Los incidentes se produjeron cuando la columna sindical intentó sortear las vallas de contención policial para entregar un petitorio con mejoras salariales al gobernador radical Ricardo Colombi. El delegado del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico), Juan Arnedo, sostuvo que un empleado estatal fue hospitalizado “por bastonazos”, mientras que otros terminaron con heridas de menor gravedad. El accionar policial recibió críticas de diputados opositores y oficialistas.