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Introducción El mundo cambió vertiginosamente en las dos últimas décadas. México entre siglos analiza los cambios que nuestro país desarrolló en ese periodo. Hemos presenciado la alternancia política, la transición a la democracia, el despertar de la sociedad civil, la construcción de un Estado de derecho. Sin embargo, en el plano económico –y no obstante el cambio de régimen político–, la exclusión, el desempleo y la crisis siguen presentes. Este texto es producto de las reflexiones colectivas de los miembros del Área de Investigación en Procesos Políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, e intenta bosquejar las principales trasformaciones en las esferas de la política, la economía y la sociedad que México ha experimentado en los últimos veinte años. Dividido en cuatro grandes rubros, México entre siglos discute en un primer apartado sobre los cambios en la economía y la sociedad. Alberto Arroyo Picard abre el libro proponiendo que si bien la dimensión política es importante para pensar en los cambios, es más valioso mirar el análisis de sus resultados económicos. En “Entre siglos: Alternancia en el poder y decadencia económica”, el autor efectúa un balance de la dinámica de la economía en el siglo XXI, que coincide con el periodo de gobiernos panistas. Arroyo propone que la mejor forma de evaluar una estrategia económica es por sus resultados sociales. Con base en éstos, muestra que el neoliberalismo, y también su versión panista en el nuevo milenio, ha fracasado en cuanto al logro de los objetivos propuestos porque no han beneficiado a la mayoría de la población. Es cierto que en el periodo neoliberal las exportaciones han crecido espectacularmente, pero lo han hecho con mayor lentitud en la década panista y en particular durante el gobierno de Calderón. Así, concluye que el neoliberalismo, en 28 años de existencia en México, no ha conseguido un crecimiento acelerado, estable y sostenido, y que el cambio en su conducción con la alternancia en el poder arrojó peores resultados. Fox se propuso un crecimiento de 7 por ciento y Calderón, de 6 por ciento, pero la realidad quedó muy abajo con una tasa media anual de sólo 1.7 por ciento. [7]

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En México, a diferencia de varios países de América Latina, la alternancia en el poder por desgracia mantuvo la continuidad del modelo económico. Ello es especialmente importante en el actual contexto económico mundial, donde las manifestaciones más alarmantes de la crisis están en los países desarrollados, precisamente con los que México ha enlazado su economía. Ante ese escenario, Alfonso León Pérez revisa la sociedad y su participación organizada. En “La sociedad civil en México entre dos regímenes. Logros y limitaciones”, el autor afirma que hacia finales de la segunda mitad del siglo XX, la ciudadanía comenzó a organizarse por medio de movimientos y organizaciones políticas y sociales a fin de presionar al régimen a cambiar su estructura normativa e incluso sus acciones. Tales hechos contribuyeron a la apertura gradual del sistema político y a la transformación del espacio público. León Pérez elabora una breve aproximación a varias teorías de la sociedad civil y revisa el papel desempeñado por las organizaciones civiles, comúnmente conocidas como organizaciones no gubernamentales (ONG). El autor muestra que desde finales de los años ochenta se percibió un proceso de maduración ciudadana, la cual dirigió sus acciones a problemas públicos muy específicos. La apertura a otros partidos políticos formó una ciudadanía consciente sobre su participación en los procesos electorales. Las elecciones de 1988 mostraron un despliegue de organizaciones y fuerzas políticas de izquierda alineadas a un candidato. Las experiencias de participación ciudadana se multiplicaron una vez que se definieron los objetivos a lograr, pues se elaboraron y probaron instrumentos y metodologías de observación y vigilancia ciudadana cada vez más pertinentes y calificadas. Las organizaciones civiles empezaron a jugar un papel de contrapeso al corporativismo y al autoritarismo gubernamental; como expresión social organizada, sumaron su fuerza a las iniciativas de movimientos y partidos políticos de oposición para impulsar una reforma electoral que incluyera la autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE), transparentara los procesos electorales y estableciera dispositivos que prohibieran la compra y coacción del voto. No obstante, el autor alerta: si bien la participación de los ciudadanos en las organizaciones civiles y en procesos políticos ha aumentado en los últimos quince años, falta mucho para lograr una amplia y activa participación ciudadana en la vida pública. A pesar de que existen mecanismos legales y organizaciones que posibilitan la participación en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales

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del país, los ciudadanos no los utilizan en demasía. Además, en algunos ámbitos, sobre todo políticos, aún no es del todo aceptada la colaboración ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Estas carencias participativas se ligan con la falta de plena vigencia de los derechos civiles y políticos, el predominio social de una cultura política prescindente, y prácticas del pasado que restringían la participación organizada. Una vez planteados los escenarios económico y social, Javier Santiago Castillo reflexiona sobre la crisis de los modelos de crecimiento económico que –desde su punto de vista– han explicado los cambios sociales en la última parte del siglo XX y principios del XXI. En una revisión comparativa, Santiago Castillo concluye que el modelo neoliberal no ha logrado superar los obstáculos más visibles de la crisis, y mucho menos ha potencializado la organización y participación social. El segundo apartado del libro, “Política, elecciones y poderes”, se inicia con el texto de Pablo Xavier Becerra Chávez, que reconstruye de manera profunda y cronológica la historia de las elecciones y los partidos políticos en el periodo llamado transición. La tesis del texto plantea que la clave de análisis se encuentra en los cambios que sufrió el sistema electoral y de partidos durante los treinta años comprendidos entre 1970 y 2000, cambios que condujeron a México del ámbito de la no competencia y el autoritarismo, al de la competencia y la democracia. La alternancia del año 2000 y la reciente década de gobiernos panistas en el nivel federal y de diversos partidos en el local son resultado de esos cambios. A lo largo de su texto, Becerra demuestra que la transformación del sistema electoral y de partidos en México, en las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI, ha sido sustancial. Las sucesivas reformas electorales de 1977, 1986, 1989-1990, 1993, 1994 y 1996 permitieron el tránsito a un sistema electoral y de partidos competitivo, centrado ahora en una lógica de multipartidismo moderado. Esas seis reformas modificaron las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones, las reglas de integración de las cámaras de diputados y senadores, así como las condiciones de la competencia. Por su parte, Mariana Hernández Olmos se pregunta qué sucedió en el ámbito de la representación política local, y cómo funcionan los gobiernos divididos y los gobiernos unificados. La autora parte de la idea de que con la llegada del PAN a la Presidencia de la República en el 2000, el cambio de preferencias partidistas permitió en las entidades federativas cierta alternancia tanto de los titulares de los ejecutivos locales como de la

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composición de sus congresos, triunfos que se fueron presentando de manera intermitente. Tanto el PAN como el PRD han conseguido triunfos en más espacios de nivel local, en unos de manera importante, y en otros, no significativos. En su ensayo se aborda la incidencia de los gobiernos divididos, gobiernos unificados y no unificados de nivel subnacional, durante diez años. Tema de suma relevancia, debido a que este fenómeno permite establecer esquemas de alianzas y negociaciones dentro de los congresos, lo cual posibilita en teoría sacar adelante reformas importantes de nivel estatal. Otro aspecto relevante es que, durante dicho periodo, puede observarse el avance o retroceso de los partidos políticos en relación con los escaños obtenidos. Por otro lado, uno de los actores que ha evidenciado más cambios en los últimos veinte años ha sido la Presidencia de la República. ¿En qué han consistido esos cambios?, ¿han ayudado al cambio general hacia la democracia? ¿Cuál ha sido su actuación en estas dos décadas? A ello responde Alberto Escamilla Cadena, quien en su texto “Presidencialismo y transición a la democracia en México”, aborda el papel que ha jugado la institución presidencial durante el cambio político en el país, antes y después de la alternancia. La tesis de Escamilla sugiere que la transición a la democracia ha tenido como protagonista a un conjunto de actores políticos, cuyo objetivo era dispersar y fragmentar el poder político centralizado en la presidencia y en el entonces partido hegemónico. De aquí que sea posible delimitar su actuación durante dos fases específicas: la democratización y la consolidación del régimen democrático. En la primera, su papel se identifica como promotor de reformas (debido a la presión ejercida por los partidos de oposición y a la crisis del autoritarismo), y en la segunda, como un actor que entró en un proceso de adaptación para encontrar su lugar en el contexto político derivado de la alternancia. Esto produjo cambios en las formas en que el titular del Ejecutivo procesaba sus relaciones con los partidos políticos, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con los gobernadores y con los órganos constitucionales autónomos; de ahí la pertinencia de analizar las nuevas modalidades del sistema presidencial mexicano. Después de presentar uno a uno los momentos más importantes que caracterizan al presidencialismo del siglo XXI, Escamilla concluye que el presidente ha mostrado estar fuera de sintonía en lo que se refiere al papel desempeñado en los procesos electorales, particularmente durante la sucesión presidencial. Esta situación ha puesto de manifiesto una actuación

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facciosa en la fase de consolidación democrática, lo que motiva la discusión sobre el nuevo rol que la figura presidencial debe jugar en un régimen democrático. Quizá la prueba más evidente de la transformación del presidencialismo sea su relación con el Poder Legislativo, tema que aborda Laura Valencia Escamilla, quien sostiene en su documentado texto que el declive del sistema de partido hegemónico ha generado cambios profundos en la política mexicana. El Congreso de la Unión, tradicionalmente subordinado al poder presidencial, no se ha quedado al margen de estas transformaciones. El parteaguas de este escenario fueron las competidas elecciones de 1988, cuyos resultados dieron paso a una nueva integración en la Cámara de Diputados, donde los partidos de oposición pasaron de ser una fuerza política simbólica, a constituir una oposición más activa, propositiva e incluso competitiva para disputarle el poder al partido hasta entonces dominante. Al mismo tiempo, el Senado se ha abierto a la representación de partidos de oposición a partir de 1994, y hoy se ofrece como una manifestación de la pluralidad política del país. Cabe entonces preguntarse cuáles han sido las consecuencias de estos cambios respecto a la capacidad del Congreso para asumir un papel activo e independiente frente al Ejecutivo en cuanto a la formulación de las políticas gubernamentales. Para Valencia Escamilla, se puede afirmar que la transformación del Poder Legislativo en México tiene tres vertientes: la autonomía de poder adquirida por la competencia política, el marco legal como el conjunto de incentivos y sanciones que influyen en el comportamiento de los actores, y la eficacia del trabajo legislativo como la oportunidad de activar proactivamente a los congresos frente al Ejecutivo. Analizando el caso mexicano, los datos que agrupan el trabajo legislativo dividido en producción (o número de iniciativas presentadas) y eficacia (o número de iniciativas aprobadas), muestran que en la medida en la que la legislatura se vuelve más plural, los grupos parlamentarios aumentan su producción, pero no su eficacia; al mismo tiempo, la capacidad de construir una agenda común fue limitada por la polarización de los grupos parlamentarios. La autora concluye con una idea sugerente: el predominio del PRI ha condicionado la agenda legislativa tanto de los grupos parlamentarios como del Ejecutivo mismo. Revisados tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo en esta obra, Luis Eduardo Medina Torres y Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz presentan “El poder judicial mexicano en los inicios del siglo XXI”. Los autores des-

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criben los cambios constitucionales y legales que se suscitaron en el país en la década de los noventa en lo que corresponde al Poder Judicial. Analizan algunos de los casos más polémicos en los que este poder ha tenido que pronunciarse, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la primera década del siglo XXI. Finalmente, apuntan unas consideraciones globales acerca del rol de la judicatura en un Estado constitucional para evaluar el papel del Poder Judicial. La conclusión a la que arriban es clara y contundente: en el proceso de transición a la democracia, el Poder Judicial mexicano ha ido ganando un protagonismo que antes no tenía. El incremento de competencias y actividades de los órganos jurisdiccionales muestra su creciente importancia y lo ubica como uno de los elementos fundamentales del nuevo Estado mexicano. Medina y Ramírez –siguiendo el estudio de los actores más relevantes de este cambio político– también revisan las asociaciones de gobernadores y su papel político. En su texto sostienen que los procesos democratizadores que empezaron a desarrollarse a partir de los años noventa en México, y la cada vez más latente competencia política en los distintos órdenes de gobierno, tuvieron como resultado un reacomodo de los espacios de poder y de los actores políticos. Así, las mudanzas del sistema político y las alteraciones al viejo régimen repercutieron en la participación de actores con papeles secundarios durante buena parte del siglo XX, como fueron los ejecutivos estatales. Estos actores desarrollaron un papel más activo en el escenario político nacional y fueron referentes primarios en muchas otras ocasiones. Una primera muestra del nuevo pluralismo de los gobernadores, en un escenario de gobierno heterogéneo, fue la exigencia pública de una mayor equidad en la asignación de recursos y en las reglas de las participaciones federales. En este sentido, se ponía en evidencia el primer elemento que podía integrar a los ejecutivos estatales de toda la república en una causa común: el presupuesto. En el tercer apartado, “Ciudadanos, derechos y políticas”, se revisan los actores políticos y sociales –partidos, medios y políticas– vitales para comprender el presente y futuro de nuestro país. Víctor Alarcón Olguín analiza la brecha partidos políticos/ciudadanía y sus implicaciones para el sistema político mexicano. De acuerdo con este autor, seguimos inmersos en continuos debates sobre la necesidad de tener reglas claras, con actores disciplinados y capaces de aceptar los resultados derivados de comicios plu-

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rales y competitivos entre los propios partidos. Al mismo tiempo, los partidos políticos no han podido generar un vínculo adecuado con la ciudadanía, ni en términos de representación o eficacia en las decisiones de gobierno o legislativas. Esto ha detonado una preocupante línea de división que ha generado movilizaciones y acciones concretas para romper la exclusividad que dichas organizaciones mantienen hasta el presente, sobre todo en el terreno de la nominación de candidaturas a puestos de elección popular. Como parte de esta compleja construcción del sistema político y el Estado de derecho, inacabado, que México ha desarrollado desde la década de los setenta, Miguel González Madrid examina en dos amplios textos lo que ha sucedido con los derechos humanos y su protección, así como las reformas constitucionales de 1994 a 2011 en materia de amparo y derechos humanos, y la depuración competencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de una descripción detallada de la historia del concepto, González Madrid concluye que, a pesar de que en México se habla mucho de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, todavía se carece de una cultura en este ámbito, y tampoco existen las suficientes acciones positivas para desalentar la precariedad en que se encuentran millones de mexicanos –de distinta edad y condición social– en materia de derechos humanos, incluidos los derechos individuales y los derechos sociales. Ello es así porque una cosa es la sucesiva incorporación de disposiciones constitucionales para tutelar esos derechos, así como para vincular el derecho interno con el derecho internacional, y otra es la eficacia de esas disposiciones tanto para hacer efectivo un sistema de reparación de daños como para procurar las condiciones idóneas de respeto a los derechos individuales y sociales a través de políticas de Estado orientadas al desarrollo social y político. No obstante esas limitaciones, González argumenta que México ha logrado avanzar hacia la protección de los derechos humanos de un modo progresivo y sistemático, principalmente respecto a los de carácter individual, los llamados derechos de libertad. Asimismo, las reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) –conforme a los decretos publicados el 6 y 10 de junio de 2011en el Diario Oficial de la Federación (DOF)– inauguran una nueva etapa para la protección y defensa jurisdiccional de los llamados con amplitud y propiedad –desde estas mismas fechas– derechos humanos. Además, con la reforma del 10 de junio, se avanza

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en la depuración competencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al quitársele la facultad de investigación de hechos constitutivos de violaciones graves a las “garantía individuales”; ya con el decreto de reforma constitucional publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2007 se le había quitado la facultad de investigar violaciones del voto público. Además se le otorgan dos nuevas facultades de control constitucional. Por su parte, Enrique Cuna Pérez reflexiona sobre los cambios en la compleja relación entre medios de comunicación y democracia que nuestro país ha experimentado en las dos últimas décadas, precisamente en la etapa entre siglos. Cuna sugiere que esta revisión implica un ejercicio que involucre no sólo los avatares de las relaciones formales entre las instituciones políticas y los medios, sino las informalidades de dicha relación, que en buena medida han reposicionado a estos últimos como actores políticos y económicos privilegiados entre los llamados poderes fácticos que han acompañado el proceso de transición que aún vive nuestro país. Cuna Pérez plantea que la consolidación del sistema político democrático pasa por un funcionamiento de los medios de comunicación –actores importantes en la generación de la información y confianza debida– que posibilita la reafirmación de la democracia como ideal de régimen político e involucra la participación constante de la población en el debate y la solución de sus problemas. El autor se propone discutir sobre la realidad y actuación de los medios de comunicación en México bajo los preceptos de la democracia, siguiendo la metodología propuesta por el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés), para evaluar el funcionamiento de los medios en los últimos veinte años y a partir de su contribución al sostenimiento de los valores democráticos. Los indicadores planteados por IDEA para lograr tal evaluación son preguntas que discuten sobre propiedad e independencia (¿en qué medida son independientes del gobierno los medios de comunicación, en qué medida está diversificada su propiedad y en qué medida se encuentran libres de subordinación a gobiernos extranjeros o empresas multinacionales?); accesibilidad y representatividad (¿en qué medida los medios son representativos de los diferentes sectores de opinión y resultan accesibles para los diversos sectores de la sociedad?); capacidad de investigación y libertad de información (¿en qué medida son efectivos los medios y otras organizaciones independientes para investigar al gobierno y las grandes empresas?); libertad de prensa, opinión, expresión (¿en qué medida los periodistas se encuentran a salvo de leyes restrictivas, acoso e intimidación?); vida priva-

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da y derecho de réplica (¿en qué medida el ciudadano privado está libre de intrusiones y acoso por parte de los medios de comunicación?); propuestas y acciones pendientes o en curso (¿qué medidas, si existe alguna, se están tomando para remediar los problemas identificados en esta área por la opinión pública y qué prioridad política y respaldo ciudadano tienen?). Las respuestas a las interrogantes arriba planteadas parecen indicar que la transición a la democracia que vive nuestro país no sólo no ha concluido, sino que muestra señales de regresión en el aspecto de los medios de comunicación. Los medios, a pesar del avance logrado, aún no son estimulantes de la discusión pública, ni canales de organización y expresión de intereses de los grupos socialmente significativos de la población. Por el contrario, parece que la colusión con los intereses del poder político y económico, la agresión y amenaza constante por parte de poderes institucionales y del crimen organizado, la impunidad persistente en la investigación de dichas agresiones, la censura directa y la autocensura por seguridad, entre otros factores, siguen marcando la actuación de los medios en nuestra sociedad, que, lejos de pensar en una sociedad democrática, nos ubican más en una sociedad desinformada y autoritaria. Por otro lado, Marco Antonio Leyva Piña y Javier Rodríguez Lagunas revisan a la ciudadanía pensada desde el trabajo. Para ellos, la alternancia política en el año 2000 constituye la consolidación de reclamos, de luchas sociales y políticas en contra del régimen político autoritario, fuertemente sustentado en el corporativismo sindical. Con once años de vida, la democracia representativa es frágil e incierta, y con los graves cuestionamientos a los partidos políticos se conforma un escenario en el que prevalece el desencanto ciudadano. Los autores argumentan que los débiles avances de la ciudadanía política, el derecho y el ejercicio del voto contrastan con el retroceso de la ciudadanía social, lograda en el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones. Los derechos sociales y laborales se encuentran gravemente amenazados por un gobierno proclive a beneficiar a las élites empresariales. Críticamente, después de argumentar con datos empíricos, concluyen: “en este desfase de derechos hay que pensar a la ciudadanía en el país, sobre todo si entendemos que la ciudadanía es una configuración de derechos, formas de participación, construcción de sujetos y una sociedad civil vigorosa, que idealmente no puede convivir con la violencia, inseguridad y pobreza”. El tercer apartado termina con el texto de Alejandro Favela Gavia, “Los ciudadanos entre dos fuegos: la política pública del gobierno de Calderón

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de combate al crimen organizado”, en donde plantea que desde el inicio de su administración, Felipe Calderón se dio a la tarea de anunciar e instrumentar una política pública en la que prometió enfrentar, combatir y derrotar al crimen organizado. Han transcurrido años de continua lucha y enfrentamientos en extremo violentos, entre las distintas organizaciones de criminales y las fuerzas de seguridad del gobierno, así como de franco involucramiento de las fuerzas armadas nacionales en dicha tarea. De tal suerte, los márgenes de un problema de seguridad pública y otro de seguridad nacional han parecido confundirse en la estrategia asumida por el gobierno federal. Favela presenta una serie de datos y estadísticas con los que sostiene sus ideas, y concluye: “A todas luces resulta evidente que la magnitud y la complejidad del combate al crimen organizado rebasan con mucho los límites estrechos de un Estado nacional y que, necesariamente, al tratarse de un fenómeno socio-político y económico de la globalidad, reclama, asimismo, soluciones, competencias y articulación de fuerzas globales”. Finalmente, la obra termina con un apartado prospectivo, “México: construir el futuro” y “Democracia en México: Logros y desafíos”. En el primero, Javier Santiago Castillo realiza en una reflexión prospectiva sobre la agenda económica, social y política de México con el objetivo de señalar algunas tendencias del futuro inmediato del país. Con base en el diagnóstico, pronóstico y prospectiva, el autor sugiere que las élites políticas y económicas deben asumir que el modelo económico de libre mercado absoluto no resuelve los problemas y carencias de la sociedad y, tampoco elimina las crisis económicas recurrentes, ya sea por razones endógenas o exógenas. Al contrario, el texto señala que si la crisis económica no ha explotado socialmente se debe a que existen tres válvulas de escape fundamentales: la migración, la derrama económica de la delincuencia organizada y la solidaridad familiar, que a pesar de todas las adversidades no ha podido ser destruida. Por su parte, Gustavo Ernesto Emmerich formula una profunda y rigurosa evaluación del proceso democrático en México. El autor argumenta que en los últimos diez o quince años el país ha dado importantes pasos hacia la celebración de elecciones libres y libertades políticas. No obstante, hay aún muchos obstáculos para la democracia en el país, entendida en un sentido amplio. Para Emmerich, la democracia mexicana es una obra en construcción; presenta logros de importancia, pero también desafíos de peso. “Unos y

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otros se pueden aquilatar en dos planos. El más visible, coyuntural y estridente es el de las elecciones, los partidos y las disputas político-partidistas, donde se manifiesta la faz agonal de la política. Otro, más estructural y menos evidente, es el de la vigencia del Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, y la construcción de una mejor convivencia social, que resulta de la faz arquitectónica de la política. En ambos planos, los logros tienen solidez suficiente para afirmar que, sin duda alguna, México es hoy día una democracia; pero la magnitud de los desafíos indica que todavía hay mucho por hacer para mejorar su calidad”. Revisando la evolución histórica de México hacia la democracia, Emmerich concluye que la democracia mexicana ha retrocedido en algunos aspectos y avanzado en otros. “Magros resultados en términos de bienestar, empleo y seguridad, junto con interminables disputas pedestres entre los partidos, han causado el descrédito generalizado de la clase política entre la población. No sólo los políticos tienen responsabilidad en esta degradación: también la tienen los medios de comunicación, más dados a la noticia sensacionalista que al debate serio, lo que dificulta la construcción de una opinión pública bien informada sobre los grandes asuntos nacionales; y también la propia ciudadanía, cuya participación electoral y en otros ámbitos es escasa, lo que deja el campo libre para que otros decidan y actúen en su lugar”. Como es evidente, hemos intentado cubrir los actores y procesos más relevantes para pensar el México del siglo XXI. Hay ausencias, es cierto; sin embargo, la intención no es agotar los temas, sino contribuir al debate sociopolítico, desde una mirada rigurosa y crítica, sobre el pasado inmediato y el futuro de nuestra nación. Aquí está una aportación mínima a la reflexión sobre nuestro México entre siglos. Enrique Cuna, Miguel González y Javier Santiago Coordinadores de la obra.

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