POLÍTICA | 11

| Jueves 5 de febrero de 2015

Ordenaron a Casanello que indague a Lázaro Báez presunto lavado. La Cámara Federal dijo

que es “impostergable” la medida judicial para investigar al empresario kirchnerista Adrián Ventura LA nACIOn

La Cámara Federal le indicó al juez Sebastián Casanello que “es impostergable” indagar al empresario kirchnerista Lázaro Báez por presunto lavado de dinero. Báez, que según reconoció el titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, mantiene relaciones comerciales con la presidenta Cristina Kirchner y de cuyos hoteles fue administrador, es el rey de la obra pública en Santa Cruz y uno de los hombres de negocios preferidos de los Kirchner. Pero su figura comenzó a opacarse cuando, en el programa de Jorge Lanata Periodismo para todos, Leonardo Fariña y Federico Elaskar revelaron frente a las cámaras algunos de los manejos del empresario y las sociedades que crearon en el exterior para lavar el dinero, que Elaskar enviaba desde La Rosadita, una cueva financiera de primer nivel situada en Puerto Madero. En esta ocasión, lo que la Sala II de la Cámara Federal –con la firma de los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun– quiere es que se esclarezca cómo fue la maniobra de compra de un campo de 4000 hectáreas en la provincia de Mendoza, una operación que llevaron adelante Leonardo Fariña y Carlos Molinari, que ya están procesados. La resolución de la Cámara Federal es un respaldo al fiscal Guillermo Marijuan, que venía solicitando las nuevas indagatorias, y un nuevo y velado cuestionamiento a la lentitud con la que el juez Casanello venía llevando adelante el expediente y que la Cámara le endilga haber hecho una investigación “parcial” y haber avanzado en forma desigual respecto de los distintos imputados. En la causa están procesados Fariña, Elaskar y los empresarios Carlos Molinari –el que pagó el casamiento de Fariña con la modelo Karina Jellinek– y Roberto Erusalimsky. A este último se le revocó parcialmente el procesamiento por falta de pruebas. Pero Casanello llegó hasta ese nivel de responsabilidad y nunca

avanzó sobre Lázaro Báez. Por eso, la Cámara Federal sostuvo hoy que “resulta impostergable” escuchar en indagatoria a Báez y otros acusados en la causa en la que el empresario kirchnerista está procesado por presunto lavado. El campo, El Carrizalejo, que Fariña compró en diciembre de 2010, pasó por una secuencia de compraventas, cesiones y transferencias, y si bien se adquirió por cinco millones de dólares, se vendió por 1,8 millones. La resolución sostiene que la relación comercial entre Fariña y el empresario Molinari era muy estrecha y que el primero, que había declarado ante la AFIP casi no tener patrimonio alguno, en rigor usaba la estructura financiera de Molinari para lavar su dinero mal habido. Sin embargo, la resolución también pone de manifiesto que la investigación de Casanello dejó demasiados cabos sueltos. “La falta de conclusiones certeras sobre el modo en que ocurrieron los hechos obedece a la consideración fraccionada del caso. Resulta necesario que el juez tome en perspectiva una visión completa de los hechos”, sostuvo el tribunal. Ocurre que Fariña compró el campo en comisión, como pantalla de Báez, y después se lo vendió por mucho menos dinero a Erusalimsky. Pero Casanello, critica la Cámara Federal, sólo se limitó a analizar el primer tramo de esa maniobra y no avanzó sobre el segundo. Por eso, el tribunal ordenó hacer una tasación del campo, escuchar testigos y, para “contar con una visión integral de esta operatoria que incluya a todos los que habrían tenido participación en ella, resulta impostergable escuchar en indagatoria a Lázaro Antonio Báez, persona a la que Fariña ha sindicado como quien proporcionó los cinco millones de dólares para la adquisición de la estancia El Carrizalejo”. Finalmente, el tribunal también indicó que se indague a Daniel Rodolfo Pérez Gadín y a Fabián Virgilio Rossi, mencionados como quienes le hicieron saber que podía considerar saldados los honorarios que se le adeudaban por el asesoramiento prestado.ß

Otro fallo suspende la adecuación de Clarín

cautelar. De ese modo respondió a un

pedido de diez reconocidos periodistas A pedido de diez periodistas que temen no poder ejercer su libertad de expresión si pierden sus fuentes de trabajo, el juez federal Pablo Cayssials suspendió por seis meses una resolución del Gobierno que pretendió adecuar de oficio al Grupo Clarín a la ley de medios. El juez Cayssials entendió que la acción de amparo que habían formulado diez reconocidos profesionales –Julio Blanck, nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, Eduardo van der Kooy y el fallecido José Eliaschev– traslucía un planteo “serio”. El magistrado, en una extensa resolución que protege la libertad de prensa, consideró que si la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca) lograse vender de oficio los medios de ese grupo, aquéllos podrían ver peligrar sus respectivos programas de radio y televisión. “Tienen razón los actores [los periodistas] cuando sostienen que la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley de medios puede vulnerar sus derechos a la libertad de expresión”, escribió que el juez, que recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige que los jueces analicen “en forma integral” todos los peligros que se presentan para la libertad de expresión. La medida cautelar que dictó Cayssials no es la primera en ese sentido. En efecto, en diciembre último, el juez civil y comercial federal Horacio Alfonso –el mismo que hace dos años dijo que la ley de medios es constitucional–,

ya había dispuesto una primera cautelar que paralizó una nueva embestida del Gobierno contra el multimedios. La ley de medios fue dictada en 2009 y, en octubre de 2013, la Corte Suprema rechazó los planteos de inconstitucionalidad que había hecho el Grupo Clarín. Pocos días después, a comienzos de noviembre, el multimedios presentó el plan de adecuación voluntaria y el Gobierno lo aceptó. Pero, en forma sorpresiva, el 7 de octubre último, la Afsca decidió iniciar el proceso de adecuación de oficio, para permitirle así al propio Gobierno decidir qué canales y radios sacaría a la venta. En aquel caso, la medida cautelar fue pedida por el Grupo Clarín. En cambio, en esta nueva ocasión, fue promovida por los periodistas mencionados y por José Pepe Eliaschev, que falleció a fin del año pasado. Los mencionados periodistas denunciaron que el Gobierno intenta censurar a los medios independientes y a las voces críticas y sostuvieron que sus empleos corren peligro no sólo por el clima de opresión que se vive sino, también, por la posible desaparición de las señales en las que ahora trabajan. Y también recordaron que Longobardi, Luis Rosales, Guadalupe Vázquez y Antonio Laje fueron despedidos de sus programas, El juez Cayssials, en su fallo, consideró que está en juego el interés público y dictó la medida cautelar para evitar “perjuicios graves” a los periodistas, que se concretarían si el Estado se apoderase de los canales y radios del Grupo Clarín y los despidiese.ß

El juez que investiga a la Presidenta recibió una amenaza de muerte

justicia. Bonadio denunció que llegó a su oficina un escrito que dice que lo mandaron a

matar y que preparan una causa por drogas contra su hijo; preocupación judicial y política Gabriel Di Nicola LA nACIOn

El mensajero arrojó el papel por debajo de la puerta de la secretaría privada. La amenaza no estaba escrita a mano. Había sido hecha con una pegatina con letras de papel de diario. La advertencia mafiosa era clara. Palabras más, palabras menos, se afirmaba: “Asís [por el escritor y poeta Jorge] tenía razón. La yegua también lo mandó a matar. Cuide a su hijo. Le están armando una causa por drogas”. Eran las 14 del jueves pasado cuando un empleado del juzgado federal de Claudio Bonadio encontró la amenaza. Así informaron a la nacion calificadas fuentes judiciales. Al día siguiente, el magistrado presentó la denuncia, que después de un sorteo recayó en el juez federal norberto Oyarbide y el fiscal federal Guillermo Marijuan. El expediente está caratulado como “Averiguación de delito”. Bonadio es el juez que ordenó el allanamiento a la sociedad Hotesur, la firma que controla la presidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos, Florencia y Máximo. Según pudo saber la nacion de fuentes judiciales, sobre la supuesta investigación judicial que estaban preparando contra el hijo de Bonadio, el escrito mafioso explicaba que era por un “tema de drogas en provincia de Buenos Aires”. Se nombraba a la ciudades de La Plata, San Isidro, Morón o Lomas de Zamora, departamentos judiciales donde hay juzgados federales, que tienen a su cargo delitos vinculados al narcotráfico.

El momento elegido por el mensajero para arrojar por debajo de la puerta de la secretaría privada de Bonadio la amenazada no fue casual. Se trata de un horario donde pocas personas transitan por los pasillos de los tribunales de Comodoro Py, más tratándose del último día de la feria judicial. Según pudo saber la nacion, el mensaje mafioso recibido en el despacho del juez causó un grado de temor entre funcionarios y empleados judiciales que están preocupados porque el nivel de violencia no se detenga. Ayer, pocos minutos después de que se hiciera pública la noticia de la amenaza contra Bonadio, referentes del ámbito judicial y políticos de la oposición que se dieron cita en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional que se reunieron para firmar un “Acuerdo político institucional en defensa de la independencia judicial” se mostraron sorprendidos y preocupados por el mensaje mafioso. Hotesur es la sociedad anónima con la que la familia presidencial controla el hotel Alto Calafate. La empresa Hotesur es el eje de dos investigaciones judiciales simultáneas: una, en manos del juez en lo penal tributario, Javier López Biscayart, analiza si se evadieron impuestos mientras el empresario patagónico Lázaro Báez se encargó de la administración de ese hotel de la familia Kirchner. El segundo expediente, que instruye el juez federal Bonadio, busca determinar si esa operatoria ocultó maniobras de lavado de activos de la familia presidencial.

Un caso que lo puso en la mira

Claudio Bonadio juez federal

Quedó identificado como el enemigo judicial número uno del Gobierno después de que resolvió investigar a la Presidenta por su participación en el caso Hotesur La investigación El juez sospecha que había un acuerdo entre Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez por el alquiler fraudulento de habitaciones en el hotel Alto Calafate, administrado por Hotesur

Sobre la causa Hotesur, ayer las agencias de noticias Télam y Dyn informaron que la Cámara Federal porteña le ordenó al juez Bonadio que le permita el acceso al expediente a los abogados que representan a los investigados por presuntas irregularidades. Se trata de Carlos Beraldi, abogado de Romina Mercado, presidenta de Hotesur y sobrina de la Presidenta, a quien Bonadio le denegó el acceso al expediente. La Sala I de la Cámara aceptó la apelación de Beraldi y señaló que “reiteradamente se ha alertado al juez de grado para que evite caer en el tipo de prácticas criticadas, dado que el mantenimiento de una posición como la que insiste en sostener, frente a la disconformidad de la parte interesada, provoca esencialmente un dispendio jurisdiccional incongruente con un buen servicio de justicia”, según informó la agencia oficial, Télam. Tras el allanamiento en las oficinas de Hotesur, Bonadio sumó numerosos ataques del oficialismo. El Gobierno lo definió como un “extorsionador” . La Presidenta llegó denunciar una “persecución” de la Justicia a los funcionarios de su Gobierno y dijo que a los “sicarios mediáticos” ahora “se les unen algunos secuaces judiciales”. Las palabras de la jefa del Estado tuvieron una respuesta por parte de el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, que sostuvo: “Somos secuaces de la Constitución nacional y de las leyes; de eso sí. Somos institucionalistas”, y definió a los magistrados como políticos, pero no “partidistas”.ß