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POLÍTICA

| Domingo 4 De enero De 2015

Báez acusó a Casanello de actuar coordinado con los medios lavado. Dijo que alimenta a la prensa con datos que después

legitiman su actuación; también contradijo a Echegaray

Hugo Alconada Mon LA NACIoN

Molesto por los datos que salen a la luz sobre las facturas sospechadas que terminaron en los balances de Austral Construcciones, el empresario Lázaro Báez acusó al juez federal Sebastián Casanello de dejarse manipular por los medios de comunicación. También contradijo al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien señaló como usina fantasma a una de las empresas que operó con Austral Construcciones. La andanada de Báez se plasmó en un extenso escrito que presentó en el juzgado de Casanello, luego de que el magistrado le pidiera a la AFIP que le entregue datos sobre los tres grupos de empresas de Bahía Blanca sospechadas de emitir facturas falsas, según reveló la nacion el 19 de octubre pasado. El fastidio del empresario que mantiene “vínculos comerciales” con la presidenta Cristina Kirchner, y al que la Justicia investiga por presunto lavado, asociación ilícita, sobreprecios y evasión tributaria, entre otros delitos, es evidente desde la primera de las 26 carillas de su escrito, que su vocero facilitó a la nacion. “Una vez más, se dejó llevar por los medios de comunicación para dictar una medida de prueba en esta causa”, le endilgó a Casanello, al que incluyó en lo que definió como “un verdadero círculo vicioso”. Es decir, “una sinergia mediático-judicial verdaderamente preocupante” por la que los medios publican versiones que llevarían al juez –al que algunos periodistas críticos califican, sin embargo, de “tortuga”– a ordenar nuevas medidas de prueba que, a su vez, permiten a los medios publicar más noticias. Báez presentó su escrito con la firma de sus abogados penalistas Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, quienes registran otros clientes con problemas por delitos de cuello blanco como lavado y sobornos. Entre otros, el ex banquero Raúl Moneta y el ex director del Banco Nación Mario Dadone, quien reconoció su conducta delictiva en el escándalo de corrupción con IBM. A lo largo de su escrito, Báez afirmó varias veces que su nave insignia, Austral Construcciones, no recibió “ni una sola factura contabilizada y

que incida en sus declaraciones juradas impositivas” que sea trucha. Y para eso, defendió su actuación con las firmas Constructora Patagónica, Terrafari, Grupo Penta y Calvento. Con esa defensa cerrada, Báez contradijo a Echegaray, quien confirmó que esas empresas bahienses estaban bajo fiscalización y que por lo menos una, Calvento SA, era considerada “usina de facturas truchas” ya que, precisó, “no tiene actividad comercial”. Echegaray cargó contra Calvento, pero calló sobre otras dos empresas de la familia de Silvio, Franco y Enzo Ficcadenti: Terrafari y Grupo Penta, que carece de empleados, vehículos o gastos de combustibles, pero facturó millones a Austral, según reconstruyó la nacion sobre la base de facturas, cheques, declaraciones impositivas y balances. Aun así, Báez insistió en la existencia real de los servicios que dijo que le prestaron las empresas bahienses, a las que Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan observan como factores del eventual delito precedente al lavado de activos. Con el desarrollo de su escrito, sin embargo, Báez dejó entrever las debilidades crecientes de las empresas bahiense. Le dedicó siete páginas a Constructora Patagónica –una firma real, pero que admitió a la nacion problemas con facturas truchas del Grupo Penta que impugnó la AFIP–, otras seis carillas a Terrafari, sólo tres al Grupo Penta y, por último, apenas dos páginas a Calvento SA. Las últimas dos empresas son las que concentran las sospechas. Ambas son de la familia Ficcadenti. Sólo durante 2009, por ejemplo, Calvento aparece en el Libro IVA Compras de Austral con supuestas operaciones por $ 654.540, según la copia del registro que obtuvo la nacion. La situación de Grupo Penta también es endeble. Le facturó millones a Austral Construcciones y otros tantos a Constructora Patagónica, que, a su vez, le facturó a la empresa de Báez, en una dinámica de triangulación. Y los cheques que recibió de la empresa de Báez, en vez de depositarlos en su cuenta bancaria, Penta los cambió en Crediba, la financiera allanada por operaciones de presunto blanqueo de Juan Suris. Báez admitió en su escrito que esa firma “fue reticente y extemporánea en la entrega de su documentación

previsional”, calificó apenas de “probable que haya ido regularizando su eventual situación de empleo marginal”, y que eso sólo “pudo ser apreciado extemporáneamente” por Austral Construcciones. Por eso, añade, mantuvo una “tirante relación” con esa firma, y que con “respecto del pago de sus propios impuestos, se manifestó […] que se abonarían en planes de pago vigentes en aquellas fechas, desconociéndose el estado actual de los mismos”. No sólo eso. Báez detalló que Austral se encargó de “proveer el combustible y la comida” en las obras de Penta. Y que en mayo de 2010 le aplicaron un descuento porque el personal de Báez debió encargarse de “la operación de las maquinarias viales a cargo de la subcontratista, lo cual es una «penalidad»”. Aun así, el empresario defendió “la realidad de las operaciones [con Grupo Penta] y la buena fe que guió el accionar de Austral al contratar a esta empresa”. Y calló sobre el vuelo de su lugarteniente, Claudio Bustos, el 23 de julio pasado a Bahía Blanca. Allí se reunió con la jefatura local de la AFIP y un contador de los Ficcadenti, pero no en las oficinas del empresario, sino en el despacho del piso 7 del jefe de la Regional, Juan Pablo Fridenberg. Juntos, ajustaron los detalles del plan de pagos al que se acogió Penta. La negociación generó una situación insólita para proteger a Austral. Grupo Penta se presentó ante la AFIP, rectificó sus declaraciones anteriores, le informó al fisco que tres años antes había realizado obras por $ 4 millones para la constructora de Báez y, en un acto de inusual “arrepentimiento”, pidió pagar los impuestos que adeudaba. Para eso pidió un plan de pagos, que incumplió. Pero ante otro pedido para un segundo plan, la jefatura local de la AFIP aceptó. Y pagó la primera cuota por $ 567.000. La segunda cuota, que ya venció, sigue impaga. Para Báez, sin embargo, las “eventuales desprolijidades impositivas y previsionales” del Grupo Penta “no pueden poner en tela de juicio la existencia efectiva de sus prestaciones, ni tampoco el cumplimiento total y efectivo de todos los requisitos” por Austral Construcciones. Y de ese modo, él no correría riesgos penales.ß

El frente del edificio en la calle Alem donde ahora figura Hotesur

Hotesur fijó nueva dirección en un estudio jurídico de la Capital Reemplaza al domicilio original, donde se comprobó que no había nada Hotesur, la sociedad anónima con la que la familia presidencial controla el hotel Alto Calafate, fijó su domicilio social en un estudio jurídico especializado en telecomunicaciones de la ciudad de Buenos Aires. Así lo hizo en diciembre de 2014, por decisión de Romina Mercado, una de las hijas de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, cuñada de la Presidenta. “Sí, claro, Romi fijó el domicilio acá; no es la primera vez”, confirmó la socia del Estudio Ceballos & Asociados, Cruz Ceballos, a la nacion. “Nos conocemos hace años y cuando necesita un domicilio en Capital para notificaciones, por ejemplo de la Inspección General de Justicia, muchas veces lo radica acá”, precisó, en alusión al tercer piso del edificio ubicado en el número 530 de la avenida Leandro N. Alem. “Romi es amiga mía hace añares y

usa nuestro domicilio como muchos otros estudios jurídicos kirchneristas y anti-K de Río Gallegos con los que mantenemos relación porque nos llevamos bien con todos; no hay mucho misterio”, explicó Ceballos. Sin embargo, Ceballos negó enfáticamente que su esposo haya realizado obras públicas para el kirchnerismo, como informó un medio periodístico, y ratificó que su actividad es facilitar un domicilio para correspondencia. Hotesur es el eje de dos investigaciones judiciales simultáneas; una, en manos del juez en lo penal tributario, Javier López Biscayart, analiza si se evadieron impuestos mientras el empresario patagónico Lázaro Báez se encargó de la administración de ese hotel de la familia Kirchner. La segunda pesquisa, que instruye el juez federal Claudio Bonadio, busca determinar si esa operatoria ocultó maniobras de lavado de activos de la familia presidencial. Para eso, como primer paso, allanó la Inspección General de Justicia (IGJ) y el domicilio que originalmente Hotesur había informado

Difícil escenario para el oficialismo tras la feria justicia. A partir de febrero se reactivarán algunas de las causas que más preocupan al Gobierno y que quedaron

cerca de definición; los casos Hotesur y Boudou son los más firmes; Alak y Jaime, en tanto, esperan definiciones Hernán Cappiello LA NACIoN

Este año Tribunales estará atravesado por causas de corrupción que involucran a la presidenta Cristina Kirchner, su familia y al vicepresidente Amado Boudou. A juzgar por cómo quedaron los procesos en marcha al comenzar el receso de verano, éste es el escenario que se dará al comienzo del año electoral. Sin embargo, las previsiones pueden cambiar por la llegada, desde el 2 de febrero, de los nuevos fiscales subrogantes de Primera Instancia y de Cámara designados por la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. Es que el nuevo Código Procesal Penal establece que las causas viejas serán sorteadas entre el actual fiscal de Cámara Germán Moldes y los nuevos fiscales de Cámara Miguel Ángel osorio y Miguel Palazzani. Bastaría con que, por ejemplo, un acusado de corrupción plantee la nulidad de su caso, el asunto llegue a la Cámara y recaiga por sorteo en una de estas fiscalías. Si uno de estos fiscales consiente la nulidad, el caso desaparecerá. De no mediar estas sorpresas el juez federal Claudio Bonadio, que lidera la embestida contra el Gobierno y recibe el contraataque más frontal, tiene decidido avanzar con el caso Hotesur. Allí investiga irregularidades registrales en la inscripción de la sociedad de la presidenta ante la Inspección General de Justicia. Hotesur administra los hoteles presidenciales y Máximo Kirchner es uno de sus dueños. Además Bonadio investiga si existió una maniobra de lavado de dinero, dado que se verificó que el empresario Lázaro Báez recibió facturas por el alquiler de cuartos en los hoteles por 14 millones de pesos entre 2010 y 2011 aun cuando no es-

tuvieran ocupados. Bonadio, sancionado en el Consejo de la Magistratura por iniciativa del Gobierno y con acusaciones pendientes en su contra, tiene pensado seguir avanzando en esta causa donde ya se hizo con los documentos de la empresa, sus registros en la IGJ, en la AFIP y analiza los próximos pasos. Una nueva embestida en su contra acelerará el caso. Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero en el juzgado de Sebastián Casanello, deja otro frente abierto. Máxime después de que la Cámara Federal instó al juez a actuar en esta senda y analizar la estructura financiera de Báez y su familia al momento en que Leonardo Fariña y Federico Elaskar admitieron haber blanqueado y sacado del país sus fondos. La segunda preocupación judicial para el Gobierno se llama Boudou, con varios frentes abiertos. Apenas comience el año, los jueces de la Cámara Federal confirmarán su procesamiento por haber querido quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Ciccone. Los cargos son negociaciones incompatibles con su función y cohecho. Con el procesamiento firme, el juez Ariel Lijo podría elevar el caso, aunque sea parcialmente a juicio, mientras sigue nuevas pistas. Lijo espera además un peritaje sobre los bienes de Boudou para decidir su eventual procesamiento por enriquecimiento ilícito. Paralelamente, el Tribunal oral Federal N° 1 debe decidir si le pone fecha al juicio oral contra Boudou por insertar datos falsos en los papeles de un viejo auto que compró hace 20 años. otros casos contra el vicepresidente están avanzados, uno en el que se pidió su indagatoria por recibir dádivas, por vuelos gratuitos en función de su cargo, y otro don-

hernán zenteno

Las definiciones que se acercan Las preocupaciones del Gobierno en Tribunales para 2015

La trama Hotesur El juez Claudio Bonadio profundizará la pesquisa sobre la empresa hotelera de Cristina. Analiza inconsistencias en los registros de la firma. También, evalúa el posible lavado de dinero mediante alquileres de cuartos hechos por empresas de Lázaro Báez.

Boudou y Ciccone La Cámara Federal confirmará el procesamiento del vicepresidente por haber intentado quedarse con la imprenta. Con esa decisión, el juez Lijo podrá elevar a juicio la causa. También lo acosa un expediente por dádivas y otro por la deuda reestructurada de Formosa.

Las sospechas sobre Báez La Cámara Federal le pidió al juez Sebastián Casanello que acelere la investigación por lavado de dinero. El magistrado debe evaluar cómo estaban las finanzas de Báez y su familia cuando Leonardo Fariña y Federico Elaskar confesaron haber blanqueado sus fondos.

Alak, citado a indagatoria El ministro de Justicia deberá presentarse a indagatoria en marzo, por su actuación como director de Aerolíneas Argentinas. El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo investiga por autorizar pagos a Marsans, cuando sus ejecutivos vaciaban la línea aérea.

de se investiga si se benefició con la refinanciación de la deuda pública formoseña que realizó la consultora The old Fund. El ministro de Justicia, Julio Alak, está en la lista de los indagados en marzo. Lo citó el juez Marcelo Martínez de Giorgi por una causa de cuando era director de Aerolíneas Argentinas. Es sólo un traspié, parte de la guerra entre la parte de la justicia federal y el Gobierno, más que un serio problema. La procuradora Gils Carbó está bajo fuego con denuncias en su contra que avanzan a medida que ella avanza con la designación de sus fiscales. Es el contraataque de los jueces y fiscales ante sus avances en Comodoro Py 2002. Paralelamente, en un año electoral la Justicia tiene en sus manos definir la situación de Mauricio Macri. El juez Sebastián Casanello ya decidió que no había pruebas para juzgarlo por el espionaje telefónico que sufrieron su ex cuñado y uno de los familiares de las víctimas de la AMIA que criticaban a su gobierno. Casanello envió exhortos a Estados Unidos en busca de nuevas pruebas para decidir si finalmente sobresee al jefe de gobierno, precandidato a la Presidencia este año. Éstos son los problemas judiciales para el Gobierno más importantes, porque sus protagonistas son funcionarios de alto rango que están en sus cargos. Pero siguen en juicio dos ex secretarios de Transporte: Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ambos por la tragedia de once. Están siendo juzgados junto a los ex funcionarios Pedro ochoa Romero, Guillermo Luna y Antonio Sícaro. Jaime, de todos modos, espera otro juicio oral por recibir dádivas en dos casos diferentes y por su enriquecimiento mientras fue funcionario entre 2003 y 2009.ß

en ese organismo, pero que resultó desactualizado. A través de un comunicado que se difundió por la agencia estatal de noticias Télam y la cuenta oficial de la Casa Rosada en Twitter, esa sociedad privada también afirmó que se encontraba “en trámite de cancelación” su domicilio porteño para trasladarlo a la provincia de Santa Cruz, según informó en noviembre. Días antes del feriado de Navidad, sin embargo, se publicó en el Boletín oficial un cambio de directorio de esa sociedad hotelera, como así también consignó otro domicilio, que no era ni el informado ante la IGJ, ni en Santa Cruz, sino en la avenida Leandro N. Alem 530, piso 3, de la Capital Federal. En ese piso funcionan desde hace años dos estudios en oficinas separadas: uno de arquitectura y otro jurídico, el de Cruz Ceballos, donde indicaron que aún no recibieron correspondencia para la sociedad presidencial. “A veces nos enteramos de que fijaron el domicilio acá cuando llega un sobre”, minimizó la letrada.ß

Zaffaroni: procesar a Boudou es “exagerado” El ex juez dijo que “la Justicia va a terminar con un enorme desprestigio” El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni defendió al vicepresidente Amado Boudou y consideró “un poco exagerado” que esté procesado por un “formulario 08 de hace 20 años”. Además, criticó la existencia de un “terrorismo mediático”, y alertó que “la Justicia va a terminar con un enorme desprestigio”. “Hay causas que parecen bastante groseras”, dijo Zaffaroni en una entrevista que publicó ayer el diario Página 12. Y agregó: “Tener procesado al vicepresidente de la República por un formulario 08 falso de hace veinte años, de un auto que se transfirió, que no damnificó a nadie, me parece que es un poco exagerado”. Además, afirmó que “hay una lucha entre jueces federales y fiscales, porque los jueces pierden el poder con el nuevo Código Procesal Penal” a partir del cual hay “una concentración de poder que se verá afectada”. Zaffaroni, que presentó la renuncia a su cargo el pasado 31 de octubre y que se hizo efectiva desde ayer, cuestionó el “terrorismo mediático” que, según él, sufren los miembros del máximo tribunal, y explicó que al no ser jueces penalistas “temen el escándalo periodístico” en cuestiones de justicia penal. En este sentido, advirtió que “hay un sector del Poder Judicial que se está alineando claramente con un partido, que es Clarín”. Al ser consultado sobre supuestos ataques a la procuradora Alejandra Gils Carbó, planteó “bajar la lucha política” que “lleva a un desprestigio total de la Justicia”.ß