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POLÍTICA

| Miércoles 19 de febrero de 2014

Ordenaron indagar a D’Elía por intimidar a manifestantes protesta del campo. Lo acusan de atemorizar a la gente en una marcha contra las

retenciones al agro en 2008; dura reacción del piquetero alineado al Gobierno Paz Rodríguez Niell LA NACION

El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer la indagatoria del ex funcionario kirchnerista y líder piquetero Luis D’Elía por haber tomado por la fuerza la Plaza de Mayo hace casi seis años, en medio de una manifestación opositora que protestaba contra las retenciones al agro. “¡A los de la puta oligarquía, dale, dale! ¡Les vamos a meter las cacerolas en el culo!”, gritaba D’Elía, desencajado, la noche del 25 de marzo de 2008. Sus militantes arrinconaban a grupos aislados de manifestantes que, al ver avanzar a los piqueteros, escapaban a las corridas, asustados. El propio D’Elía se acercaba a los grupos, con mujeres y niños, y les gritaba en la cara: “¡Piqueteros, carajo!”. A uno de los manifestantes le pegó una piña en el rostro. Todo a metros del Obelisco, sin intervención policial. Por la trompada a aquel productor agropecuario (Alejandro Gaham), D’Elía fue condenado a cuatro días de prisión en suspenso, pero la acusación por la que fue citado ayer es más amplia. Consiste en haber intimidado, infundiendo un “temor generalizado” a los manifestantes para que dejaran la Plaza, lo que en efecto ocurrió. La indagatoria dispuesta ayer había sido pedida en julio de 2011 por el fiscal Gerardo Pollicita. Entonces, el fiscal afirmó que estaba acreditado que el 25 de marzo de 2008 D’Elía y un “numeroso grupo de seguidores” habían entrado por la Avenida de Mayo a la Plaza para “infundir temor, así como también generar disturbios y desórdenes entre los manifestantes” para que se retiraran, “propósito que fue alcanzado”. Por eso, Pollicita sostuvo que el líder piquetero había incurrido en el delito de “intimidación pública”, que tiene un máximo de seis años de pena de prisión. “ODIO A LA PUTA OLIGAR-

D’Elía, en 2008, en el momento de la agresión a un productor QUÍA –respondió ayer D’Elía por Twitter–. Quieren condenarme DOS VECES por haberle pegado una piña a un AGROGARCA golpista.” Una hora más tarde, en un mensaje explosivo, retomó su defensa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero esta vez fue más lejos que lo que había llegado hasta ahora: “Maduro debe fusilar a López, agente de la CIA”, dijo, en referencia al dirigente opositor venezolano Leopoldo López, arrestado ayer. Minutos después, insistió: “San Martín y Bolívar como hubiesen actuado con un compatriota que hace inteligencia para una potencia extranjera? MADURO DEBE FUSILAR A LÓPEZ”. De acuerdo con la decisión de Ercolini, D’Elía deberá presentarse a

declarar el 12 de marzo. El juez explicó que de acuerdo con las pruebas reunidas “puede presumirse” que los “incidentes” suscitados “no fueron producto de un encuentro espontáneo con los grupos que participaban de la manifestación”, sino que D’Elía fue al lugar “con el deliberado propósito de generar un clima de violencia que intimara a los manifestantes, generando disturbios e infundiéndoles temor, a fin de que se retiraran de la plaza, lo que finalmente logró”. La causa contra D’Elía estaba muy cerca de la prescripción, que fue interrumpida por el llamado a indagatoria. Este expediente tiene otra línea de investigación: la acusación contra la policía por “inacción”, por haber liberado el terre-

fabián marelli/archivo

no para que D’Elía y sus seguidores avanzaran con violencia. El entonces responsable de la Sección Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal fue indagado, y el juez debe resolver si lo procesa. En cuanto a D’Elía, Ercolini detalló que cuatro testigos dijeron que había convocado a sus seguidores diciéndoles “públicamente” que había que “recuperar” la Plaza de Mayo. Dos videos incorporados a la causa “contienen imágenes que muestran la irrupción del grupo encabezado por D’Elía en la Avenida de Mayo; observándose que el nombrado iba acompañado por un hombre calvo, vestido con una camisa clara, quien golpeaba con un palo a los manifestantes”.ß

Duros cuestionamientos del Colegio de Abogados porteño a Julián Álvarez

funcionario. Le pidió al viceministro de Justicia que se retracte por haber planteado que los jueces se deben dedicar a hacer política; dijo que el planteo es de “raíz autoritaria” El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó ayer al secretario de Justicia, Julián Álvarez, quien juró como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura y planteó que los jueces se dediquen a hacer política. “Las declaraciones [de Álvarez] lamentablemente resultan una nueva expresión del pensamiento sesgado que refleja la raíz autoritaria de un propósito contrario a los principios más elementales de la Constitución, la forma republicana y democrática de gobierno”, expuso el directorio del Colegio de Abo-

gados porteño en un comunicado donde le pidió al funcionario que se retracte en sus dichos. En el caso contrario, adelantaron, le pedirán la renuncia al cargo de consejero. A su vez, la entidad objetó las expresiones del nuevo consejero, quien había dicho: “Fomentar la conciencia social en los jueces es parte de ese proceso de democratización judicial”. En este sentido, el Colegio de Abogados sostuvo que Álvarez “confunde los conceptos «mayoría» con «totalidad»; «política» con «omnipotencia» y «administración de justicia» con «abuso

de poder»”. El Colegio de Abogados porteño recordó que cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura “acertadamente sostuvo que los jueces deben actuar en forma independiente e imparcial, como custodios de estos derechos y principios a fin de no dejar desprotegidos a todos los habitantes de la nación frente a los abusos de los poderes públicos o fácticos”. Para el directorio del Colegio de Abogados, las designaciones propuestas por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura de los jóve-

nes camporistas Álvarez y Eduardo “Wado” de Pedro “encarnan la expresión del relato oficial hegemónico y la perspectiva desfigurada de la realidad de la que se pretende consagrar un rito, no exento de marcado fanatismo”. Así, el Colegio destacó que “resulta claro que el propósito central no es otro que intensificar la vía de hostigamiento a los magistrados independientes e imparciales en el ejercicio de su función como lo viene haciendo la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó”.ß

Escraches vía Facebook, el curioso método de presión del jefe de la IGJ ataque. En su página en la red social, Tailhade acusa de “destituyentes”

a empresas a las que debe controlar, pero no radicó ninguna denuncia Hugo Alconada Mon LA NACION

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Rodolfo Tailhade, no se anda con vueltas. Socio de una firma a la que la AFIP le retiró su CUIT tras considerarla potencial nicho de evasión fiscal, califica a varias de las empresas a las que debe controlar de “destituyentes” o, incluso, de “enemigos de nuestra patria”. Y les endilga liderar un “saqueo” con un solo fin: “Quieren que Cristina se vaya”. Las afirmaciones de Tailhade llevan destinatarios explícitos. “Coto, Carrefour, Walmart, Garbarino, Shell, Jumbo, Frávega son los nombres del saqueo de estos días. Te están robando el sueldo”, acusó el funcionario, que subió a su página de Facebook imágenes de los afiches con los rostros de los presidentes de cada una de esas empresas con los que días atrás apareció empapelada la ciudad. Todas esas empresas, a su vez, se encuentran bajo la órbita de control de la IGJ, que lidera Tailhade, quien divide su tiempo con otro cargo público simultáneo como concejal en Malvinas Argentinas. Allí prometió

que mantendrá 120 reuniones con los vecinos durante este año, mientras que desde ese partido comenzaron a llegar nuevos empleados a la IGJ en las últimas semanas. Las diatribas públicas de Tailhade, sin embargo, no muestran un correlato judicial. Aunque acusó a esas mismas cadenas de supermercados, electrodomésticos y combustibles de “afanar” y cometer “abusos”, no radicó denuncia penal alguna. la nacion procuró preguntarle si ordenó inspecciones u otro tipo de controles a esas empresas, pero no obtuvo respuesta alguna del funcionario. Tailhade también apuntó contra el Frente Renovador. A los intendentes massistas les endilgó que “forman parte de los sectores destituyentes y respaldan los ataques especulativos contra el Gobierno”. Pero también reservó dardos contra el referente de esos jefes comunales, Sergio Massa, al que acusó de estar “conspirando para que sus patrones alcancen el objetivo destituyente”. Tailhade incluso menospreció a Massa. Lo calificó como uno de “los empleados de los turros” que seguía “en Pinamar, en la playita”. Luego

buscó compararse: “Nosotros a la única playa que vamos a ir es a la playa de estacionamiento de Coto. Para cuidar los precios, para respirarles en la nuca”, adelantó. ¿Quién es Tailhade? Un abogado penalista de 43 años que en 2007 constituyó la sociedad Taiser SA para la explotación de establecimientos agrícolas. A esa firma la AFIP le retiró su CUIT en febrero del año pasado, sobre la base de la resolución general 3358/12, con la que buscó purgar firmas inactivas o “fantasma” que pueden servir “para cometer fraude fiscal”, según el titular de ese organismo, Ricardo Echegaray. En 2008, en tanto, Tailhade asumió la defensa de Lucila Frend por la muerte a puñaladas de su amiga Solange Grabenheimer. Luego, se convirtió en asesor del secretario de Justicia, Julián Álvarez, de La Cámpora, y el año pasado asumió en la IGJ de la mano de otro referente de esa agrupación, Eduardo “Wado” de Pedro, aun cuando carecía de una especialización previa en derecho societario. Poco después de asumir en la IGJ, Tailhade explicitó su posición. Negó

De Vido aseguró que no conoce a Suris y que no hizo obras con él

sobreprecios. El ministro salió al cruce del novio de Mónica Farro, preso por narcotráfico El ministro de Planificación, Julio De Vido, salió al cruce de Juan Ignacio Suris, ex novio de la vedette Mónica Farro, que está preso por narcotráfico. Suris había dicho ante la Justicia y la prensa que conocía al funcionario y que había intervenido en obras públicas y licitaciones de viviendas del Plan Federal. Un comunicado que difundió el Ministerio de Planificación señaló que De Vido “no tiene ni ha tenido nunca trato personal, ni profesional, ni funcional con el señor Suris, a quien sólo conoce por haberlo visto en los medios de comunicación y por las repercusiones de su situación procesal”. Además, el comunicado señala que “del relevamiento de información en las plataformas de gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios no surge que el señor Suris tenga o haya tenido presencia o participación alguna en licitaciones o contrataciones de obras públicas que realiza este ministerio”. Además, dijo que puso a disposición del juez de la causa que así lo requiera toda la documentación de esas obras y contrataciones. Suris fue detenido el 13 de enero, en el departamento en la ciudad de Buenos Aires de Mónica Farro, acusado de liderar una banda de traficantes de drogas ligada a la farándula. Su nombre tuvo impacto mediático porque era el dueño de una lujosa camioneta BMW X6 supuestamente “melliza” que fue detenida en Palermo mientras era conducida por su amigo Leonardo Fariña, el valijero que confesó lavar plata para Lázaro Báez y luego se desdijo. Suris le dijo a la Justicia –según reveló la nacion en su edición del viernes último– que emitió facturas truchas por millones de pesos que beneficiaron a empresas de Santa Cruz, algunas relacionadas con el gobierno nacional. Afirmó, sin embargo, que no le consta haber operado con firmas de Lázaro Báez. Durante más de dos horas, Suris detalló además que vendió cientos de facturas apócrifas a las empresas Ingeniería Reyes, Fabián Karas, Expocar SA, Autocar SA y Málaga Construcciones, firma que efectuó obras públicas en Bahía Blanca, entre ellas la edificación de viviendas del Plan Federal, en la órbita del Ministerio de Planificación, que encabeza De Vido. Pero ayer el funcionario destacó que tras chequear las bases de datos del ministerio a su cargo el nombre de Suris no aparecía entre los contratistas. Suris, tal vez en un intento de mejorar su situación procesal, volvió a la carga en una entrevista que dio al sitio www.labrujula24.com. Allí, afirmó: “Tengo trato con gente del Gobierno. He tenido trato con De Vido y con muchos de sus secretarios. He asistido a reuniones y a licitaciones de obras. Pero no he pedido ayuda porque soy inocente”. El detenido había dicho que tenía aceitados contactos políticos, pero que prefería no tocarlos. “Quiero aclarar que no he llama-

Un funcionario alineado Desde su cargo, acusa a empresas de ser “enemigas de la patria” rodolfo tailhade titular De la igj

Cargos simultáneos Es, desde el año pasado, titular de la Inspección General de Justicia; en diciembre asumió además como concejal en Malvinas Argentinas, un puesto que, dijo, “no implica carga horaria” Abogado y militante Abogado penalista de 43 años, fue asesor del secretario de Justicia, el camporista Julián Álvarez, y al asumir en la IGJ radicalizó su defensa del Gobierno

do a nadie, más allá de que conozco a muchos políticos. Es una causa que me interesa resolverla a mí solo porque sé que soy inocente”, argumentó. Ante la Justicia, Suris había dicho: “Existen movimientos de sobrefacturación, como algunas empresas del Sur relacionadas con el Gobierno, [y] con municipios de esa zona. En la zona de Santa Cruz, con empresas –abundó–, algunas de las cuales están relacionadas con el gobierno nacional y provincial”, declaró. Según reveló la nacion a mediados de enero pasado, la AFIP había impulsado una investigación sobre Suris por la emisión de facturas truchas que habrían terminado en unas 200 empresas, entre otras las controladas por Báez y Cristóbal López. Pero Suris negó haber entregado facturas truchas a Báez. Ante los medios se jactó: “Tengo vínculos con un montón de intendentes de la provincia de Buenos Aires. Haciendo negocios me relacioné con gente importante”. Después agregó en un diálogo con periodistas que hizo “los paradores de toda la costa atlántica. Hice obras y gané licitaciones. Siempre te vas haciendo contactos”, dijo. De Vido ayer informó que no tuvo trato personal ni profesional ni funcional con el detenido.ß

Capitanich, con Gioja luego de las críticas ^b^b^ Jorge Capitanich viajó a San Juan ayer y se mostró con el gobernador José Luis Gioja, en un gesto con el que pareció dejar atrás la polémica suscitada luego de que el mandatario provincial declarara que el jefe de Gabinete “no es el representante de los gobernadores” y describiera en cambio a Daniel Scioli como “representativo del Frente para la Victoria y del peronismo”.

^b^b^ “El jefe de Gabinete es un amigo, un colega gobernador con el cual hemos tenido y tenemos una muy buena relación. No es el representante de los gobernadores, por supuesto”, sostuvo Gioja. Ayer, sin embargo, Capitanich viajó a San Juan junto al titular de la Anses, Diego Bossio, para otorgar ayudas a familias afectadas por las inundaciones.

la existencia de un “cepo” informativo dentro de la IGJ para proteger al vicepresidente Amado Boudou, que calificó de “construcción mediática”, y comenzó su campaña para concejal en Malvinas Argentinas, donde quiere derrotar a Jesús Cariglino. Al asumir como concejal, en diciembre pasado, no obstante, Tailhade anunció que también continuaría al frente de la IGJ y dijo que ambas funciones públicas son compatibles porque, según argumentó, “la concejalía no implica carga horaria”. Tailhade también anunció que renunciaría a su dieta como concejal porque, dijo, le parecía “cuestionable desde el punto de vista ético”. Pero no aclaró si también rechazaría la “suma no remunerativa y compensatoria” que equivale a las dos terceras partes de ese salario y que la ley orgánica de municipalidades prevé para los concejales que renuncian a su sueldo. Tailhade optó por cargar contra Cariglino y Coto. Lo hizo por el “acuerdo poco transparente” que firmaron para que el supermercado reciba donaciones de los consumidores para comprar patrulleros y cámaras de monitoreo en el municipio. Según el titular de la IGJ, ese convenio mostraría múltiples “irregularidades”. Pero el funcionario redobló sus acusaciones en Facebook, con alusiones a una supuesta conspiración destituyente: “Estos turros necesitan que nos vayamos ahora. Saben que este proyecto tiene capacidad política de recuperarse y vencer en 2015”.ß