POLÍTICA | 9

| Miércoles 24 de dicieMbre de 2014

Por la desaparición del soldado Ledo, un fiscal pidió indagar a Milani

tucumán. Acusó al jefe militar de encubrimiento y

falsedad ideológica al firmar un acta apócrifa de deserción Fabián López pARA LA NACIoN

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.– El jefe del Ejército, teniente general César Milani, fue imputado por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica de documentos públicos en la causa en que se investiga la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, ocurrida en 1976, y podría ser citado a declarar en los próximos días por la justicia federal de Tucumán. El fiscal federal Carlos Brito elevó el pedido de llamado a indagatoria ante el juez federal Daniel Bejas, quien ahora debe resolver el planteo. El magistrado también tendrá que analizar dos recursos presentados por la defensa de Milani, quien recusó a Brito “por temor de falta de objetividad” y solicitó la exclusión de la prueba documental sobre la supuesta deserción de Ledo, registrada en un acta firmada por Milani y que sería falsificada. El soldado riojano, de 20 años, desapareció el 17 de junio de 1976 cuando se encontraba en Tucumán, con una compañía del Batallón de Ingenieros en Construcciones 141 de La Rioja, donde cumplía el servicio militar obligatorio. El encargado de instruir el sumario por la supuesta deserción de Ledo fue el entonces subteniente Milani. En el expediente judicial se menciona que el conscripto era “el asistente” del hoy jefe del Ejército. En la resolución de Brito, a la que tuvo acceso la nacion, el fiscal advirtió que la desaparición de Ledo “se habría producido durante la vigencia de un plan delictivo implementado por las Fuerzas Armadas, que detentaban el poder estatal de facto” en esa fecha. Compañeros de Ledo afirmaron haberlo visto por última vez en la noche del 17 de junio de 1976, cuando, junto al entonces capitán Esteban Sanguinetti, jefe de la Compañía de Ingenieros de Construcciones y superior de Milani, salió a hacer una recorrida en la ciudad tucumana de Monteros y nunca más regresó. En agosto de 2013, el juez Bejas dispuso el procesamien-

Milani, quedó complicado tras mucho tiempo to de Sanguinetti y le dictó prisión preventiva, por considerarlo presunto responsable del secuestro y homicidio calificado de Ledo. Ahora, tendrá que resolver si cita a Milani para que declare como imputado, acusado de haber encubierto ese crimen y de haber falsificado el acta sobre la supuesta deserción del conscripto. El fiscal también requirió que se llame para ampliar la declaración indagatoria a Sanguinetti, a quien requirió imputar “por el delito de falsedad ideológica”. Brito recordó que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaboró un informe según el cual todas las desapariciones de decenas de jóvenes que durante la dictadura cumplían con el servicio militar “fueron en realidad detenciones ordenadas por sus superiores o ejecutadas por agentes de los servicios de inteligencia con aprobación de aquellos”. Detalló que “cuando se producían las detenciones, las autoridades militares se limitaban a sostener que se trataba de deserciones, proporcionando en algunos casos explicaciones inverosímiles”. En julio del año pasado, Milani asegu-

archivo

ró que firmó el acta de deserción de Ledo “por azar”. El fiscal Brito advirtió que Milani firmó la resolución apenas tres horas después de que Sanguinetti le ordenara que investigue la supuesta deserción. El fiscal aseguró que el actual jefe del Ejército “no realizó ninguna actividad tendiente a determinar lo que había ocurrido con Ledo, no señaló en qué circunstancias fugó y no dejó constancias por escrito de las personas que habrían intervenido o presenciado el hecho”. Apuntó que “no consta que Milani le haya tomado declaración a ninguno de los conscriptos compañeros del presunto desertor ni a sus superiores; no averiguó si había recibido malos tratos; no determinó si existían cómplices o encubridores; y en cuestión de horas concluyó lo que tenía tres días de plazo para realizar”. Brito aseveró que “bajo la apariencia de una supuesta deserción, con su nula actividad perquisitiva (Milani) encubrió la privación ilegítima de libertad agravada y homicidio agravado en concurso real en perjuicio de Ledo, mientras se encontraba prestando el servicio militar, falsificando ideológica-

El Estado podrá ser querellante en el caso del legajo de The Old Fund ciccone. Lo decidió la Cámara Federal, que accedió a un pedido del Ministerio de Justicia; el expediente desapareció dentro de la IGJ Hugo Alconada Mon LA NACIoN

El Ministerio de Justicia podrá ser querellante en la causa por la desaparición del expediente de The old Fund dentro de las instalaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) semanas después de que estalló el “caso Ciccone”, según resolvió la Cámara Federal. Con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, la sala I de la Cámara resolvió que el Ministerio de Justicia puede pedir medidas de prueba e impulsar el expediente, tras considerar que su rol como tal no pondrá en riesgo la investigación en la que se encuentran bajo sospecha algunos funcionarios de esa misma cartera. La Cámara Federal revocó así la decisión de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien rechazó el pedido del Ministerio. Consideró que aceptar a los funcionarios del Ministerio como querellantes podía poner en riesgo o al menos entorpecer su pesquisa, que también abarca el armado de un “cepo informativo” en la IGJ. Uno de los tres camaristas, Eduardo Farah, compartió el criterio de Servini, y estimó que otorgarle “la calidad de querellante solicitada [por el Ministerio de Justicia] resulta incompatible con la imputación formulada y el pedido en tal sentido debe ser denegado”. Sin embargo, Farah quedó en minoría, ya que Freiler y Ballestero compartieron el criterio de que “el Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública”, según establece el artículo 4 de la ley 17.516. En ese sentido, los camaristas plantearon que no debe confundirse “la función pública ejercida por el Ministerio con los funcionarios que pudieran representarlo”, por lo que negaron la “existencia de un riesgo para el fructífero de-

venir de la investigación sin indicar un motivo concreto”. El temor, sin embargo, es que el Ministerio busque debilitar la credibilidad de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez, quien ya declaró ante los jueces Servini y Claudio Bonadio, y el fiscal Carlos Stornelli. En esa línea, al presentarse ante Servini, Alak acompañó copias de algunos tramos de los tres sumarios simultáneos que se iniciaron dentro de la IGJ para averiguar qué pasó con esos legajos y quiénes fueron los responsables por su extravío o robo entre febrero y marzo de 2012, cuando despuntaba el es-

Los bienes de la Presidenta ^b^b^ La diputada Margarita Stolbizer amplió con nuevos elementos su denuncia ante el juez Claudio Bonadio sobre irregularidades contables en la firma Hotesur. Los nuevos elementos surgen, según la legisladora, de cotejar las declaraciones juradas de la Presidenta y la existente en la Inspección General de Justicia (IGJ), ya que allí consta que la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner se encuentra activa y, al menos hasta 2013, tributó ganancias, lo que implica que no hubo hasta ese momento traspaso de bienes. La declaración de 2011 de Cristina justifica su aumento patrimonial con la herencia recibida de su marido.

cándalo por el “caso Ciccone”, que protagoniza Amado Boudou. Esas copias que aportó Alak, sin embargo, acumulan varias inconsistencias. Entre otras, la foliatura no es correlativa, no se respetó la secuencia cronológica para incorporar documentos y testimonios a los expedientes, y se mezclaron los testimonios, al punto de aparecer alguno del sumario sobre The old Fund en el de London Supply. De los tramos disponibles de esos sumarios surge, además, que sus instructores decidieron avanzar sobre Martínez –desplazada de la IGJ– y el jefe del Archivo, Guillermo Agüero, pero obviaron los indicios y testimonios sobre otros funcionarios jerárquicos de ese organismo que estuvieron o continúan allí. El propio Agüero detalló que Martínez era una de las autoridades que solían pedirle legajos de empresas sin que quedaran registros de sus solicitudes, pero que la misma práctica repetían de manera habitual el entonces titular del organismo, Marcelo Mamberti; el director de Sociedades Comerciales, pablo Lagarrañaga; el de Entidades Civiles, Luciano palacios, y la delegada administrativa, Karina Bellizzi. En su última declaración, Agüero aportó más nombres. Entre otros, el de Gustavo Varela, por entonces subinspector general de la IGJ, y el de Analía Spátola, por entonces asesora y actual número dos del organismo. Servini estimó que contaba con indicios suficientes para considerar que algunos de esos funcionarios –u otros, incluido Alak– podían terminar acusados. pero la Cámara no compartió su criterio. “Este tribunal –indicaron Freiler y Ballestero– no advierte la existencia de una razón que aquí pueda constituir un obstáculo al derecho que la legislación ha conferido a los poderes públicos para que intervengan dentro de un proceso penal”.ß