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POLITICA
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Viernes 10 de diciembre de 2010
DERECHOS HUMANOS s SE CUMPLIERON 25 AÑOS DEL HISTORICO FALLO
EL PULSO POLITICO
FERNANDO
LABORDA
Cristina y Macri, rehenes de sus propios errores
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MARCELO GOMEZ
Alfonsín, Lorenzetti, Argibay, Ledesma, Mas Vélez, Valerga Aráoz, Gil Lavedra, Binner, Arslanian, Strassera y Torlasco, ayer, en Derecho
Cálido homenaje a los jueces que condenaron a las juntas Lorenzetti, Argibay y Ricardo Alfonsín participaron del acto en la Facultad de Derecho JAIME ROSEMBERG LA NACION
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OS lamentables episodios de violencia que se suceden desde el martes en Villa Soldati son una muestra del retroceso institucional y de la dolorosa involución de la democracia argentina. El parque Indoamericano y sus adyacencias proyectaron hasta anoche la imagen de una tierra de nadie, en la que arreciaban los enfrentamientos entre grupos armados, ante la insólita inacción oficial. El Estado, supuesto garante del orden público, brilló por su ausencia. Pasó a un primer plano la indignación de los vecinos de la zona, en tanto rehenes de los atropellos y del pretexto oficial de que la protesta no puede criminalizarse, aunque dé lugar al caos. Una vez más, frente al más grave problema que, al menos en el área metropolitana, percibe la opinión pública, como la inseguridad, la población quedó atrapada por las diferencias entre el gobierno nacional y las autoridades porteñas y por la falta de una política de Estado.
Se sentaron juntos, como en aquellas extenuantes jornadas en las que palparon de cerca la magnitud del horror. Sonrientes, con el cabello encanecido y recuerdos de aquellos días que cambiaron sus vidas, subieron al estrado y recibieron aplausos de un auditorio agradecido, con mayoría y fervor claramente radical. A 25 años de la lectura de la sentencia del juicio a los integrantes de las juntas de la última dictadura militar, los jueces y el fiscal que llevaron adelante las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos recibieron un cálido homenaje en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Un homenaje que revalorizó lo actuado por el gobierno del fallecido ex presidente Raúl Alfonsín en la materia, en el que se escucharon duras críticas a la política de “saquear la memoria” que lleva adelante el kirchnerismo desde su llegada al poder. Los actuales ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay; el diputado Ricardo Alfonsín; la decana de la Facultad de Derecho, Mónica Pinto; el dirigente radical Carlos Más Vélez y el periodista Pepe Eliaschev rindieron homenaje a los jueces. En la primera fila, escuchaban los integrantes de aquel tribunal: Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian, Jorge Torlasco, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, quienes junto al fallecido Andrés D’Alessio (recordado varias veces con elogio) y al fiscal Julio Strassera terminaron su agotador trabajo de investigación con la sentencia de condena a los jefes militares leída el 9 de diciembre de 1985, en plena primavera alfonsinista. El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y el diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat-Gay se mezclaron en el auditorio o con figuras del ámbito judicial, l, como Ariel Lijo, los familiaress del escritor Ernesto Sabato, que e presidió la Comisión Nacional al sobre Desaparición de Personas as (Conadep) y ex funcionarios del gobierno de Alfonsín, como Enri-
ARCHIVO
Lambruschini, Videla y Massera, en el juicio a las juntas militares que entró en la historia
fl jó lla L tapa t d La de LA NACION reflejó importancia del fallo
que Paixao y José Ignacio López. Luego de la introducción de Más Vélez, titular de la UCR porteña y secretario general de la UBA, Lorenzetti recalcó: “Los procesos de investigación de nuestro pasado se iniciaron con estos juicios, que están en la memoria de todos nosotros”. Y agregó: “Someter al terrible pasado que vivimos a juicio no es propiedad de nadie, y ya forma parte del contrato social de los argentinos”. Para el presidente de la Corte, el ejemplo de aquella investigación “nos puede ayudar a pensar en cómo resolvemos los conflictos”. La jueza Argibay
recordó su pasado como “víctima de la represión militar”, y con voz temblorosa evocó los testimonios que relataban la crueldad impensable del ser humano. “Ustedes escuchaban a las víctimas; le pusieron el cuerpo al dolor, y este juicio permitió a la Nación ponerse de pie para rechazar esos años oscuros”, sentenció. A su turno, Eliaschev calificó el trabajo de los magistrados como “la mayor hazaña civil de la Argentina contemporánea” y recordó que el gobierno nacional “intentó saquear la historia”. Pinto dijo que el gobierno del ex presidente Carlos Menem quiso “cerrar herméticamente” las investigaciones por medio del indulto a los comandantes militares, y Ricardo Alfonsín agradeció a Argibay y Lorenzetti “por ser ejemplos de la independencia de la Justicia”. El diputado destacó la “seriedad y sobriedad” de los ex jueces y recordó que “en aquella época muchos creían que el gobierno de entonces era de transición. Había que tener mucho coraje para hacer lo que hizo”. Luego de los discursos, subieron al escenario los homenajeados. Se hicieron bromas entre sí, recibieron una plaqueta recordatoria y se sacaron decenas de fotos con los asistentes. De fondo, se escuchaba atronador: “¡Somos la vida, somos la paz! ¡Somos el juicio a la junta militar”, entonado por los jóvenes radicales. “No es un premio a méritos personales. Encarna el principio de igualdad ante la ley que debe regir cualquier sistema democrático”, dijo Gil Lavedra, micrófono en mano. Arslanian agradeció al ex presidente Alfonsín “por la reconstrucción de la democracia en la Argentina”. Ricardo se abrazó un rato después con el socialista Binner, que dijo a LA NACION: “Fue un hecho que valoramos todos los días, porque los valores de la libertad y la justicia hay que defenderlos a diario”. Antes de irse, también Strassera, autor de la célebre frase “Nunca más” al cierre de la lectura de la sentencia, dejó un mensaje que combinó la esperanza y la crítica. “Pasaron 25 años; vale la pena estar acá. Es bueno recordar cuando otros prefieren olvidar”, afirmó, con el Gobierno en la mira.
La defensa de Videla pide la absolución Afirmó que los delitos que se le imputan en el juicio que se le sigue en Córdoba son “cosa juzgada” La defensa oficial del dictador Jorge Rafael Videla reclamó ayer la absolución del ex presidente de facto por el principio de “cosa juzgada”, en el juicio oral que se le sigue en Córdoba, junto a otros 29 acusados de los crímenes ocurridos en la Unidad Penitenciaria de Córdoba. “Pedir para estos acusados una reclusión perpetua es como condenarlos a la pena de muerte”, dijo la defensora oficial Natalia Bazán, que representa a Videla, al fundamentar su posición. Sostuvo que el Tribunal Oral Federal N° 1 debe aplicar el criterio de “cosa juzgada”, ya que Videla había sido juzgado en el histórico juicio a las juntas militares, de cuya condena se cumplen hoy 25 años. “Solicito la declaración de que la acción penal está extinguida, la absolución sobre la cosa juzgada y la anulación de los alegatos de las querellas”, dijo
la abogada defensora. Consideró, además, el carácter inconstitucional del pedido de prisión perpetua, ya que estima que esa pena “carece de resocialización”. La doctora Bazán se quejó de los argumentos de la fiscalía y la querella para considerar la aniquilación de presos políticos como parte del plan sistemático de exterminio por parte del gobierno militar, al sos-
tener que “éstos no eran hechos independientes” de los que ocurrían en el resto del país. El supuesto plan sistemático, dijo, “tiene múltiples víctimas, pero la persona no puede ser juzgada cada vez que aparece una nueva víctima”. La defensora también pidió la absolución de Vicente Meli y Enrique Mones Ruiz. “No hay ninguna prueba de que haya ingresado al
Recorrida de Garzón por la ex ESMA El juez español Baltasar Garzón y ex miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recorrieron ayer la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura militar, al cumplirse 25 años del juicio que condenó a las juntas militares. “El juicio fue un ejemplo de cómo se debe responder a la represión desde la Justicia”, señaló el magistrado, mientras recorría el predio, en el que ahora funciona el Museo de la Memoria. Los organismos de derechos humanos estiman que por la ESMA pasaron unos 5000 detenidos.
terrorismo de Estado. No se ha probado que los hechos que se le imputan hayan sido propios”, dijo la abogada respecto del militar Meli. Y denunció que en el juicio se han “vulnerado las garantías de Mones Ruiz” y que el proceso “ha sufrido una contaminación” por la trascendencia que les han dado los medios de comunicación a los hechos que se le imputan”. Ayer habían iniciado la ronda de alegatos las defensas de Carlos Yanicelli, Fernando Rocha, Calixto Luis Flores, Ricardo Cayetano Rocha, Gustavo Rodolfo Salgado, Gustavo Alsina y Mauricio Poncet. Muchos de ellos argumentaron la teoría de los “dos demonios” para justificar los crímenes que se les adjudican y pidieron la prescripción de los hechos por el paso del tiempo. El tribunal dará a conocer la sentencia definitiva el miércoles 22.
* * * Los funcionarios de Cristina Kirchner estuvieron ayer más preocupados por enrostrarle a Mauricio Macri su presunta “xenofobia” tras las críticas del jefe de la ciudad a las políticas migratorias que por darle un corte a la grave situación que se vivía en el parque Indoamericano. El gobierno porteño, por su lado, denotaba impotencia. Pero si operadores del kirchnerismo imaginan que los sucesos de Soldati le ocasionarán un enorme costo político a Macri y no rozarán al gobierno nacional, es muy probable que se equivoquen de cabo a rabo. Es imposible para las autoridades nacionales eludir su responsabilidad en el trasfondo de los episodios de violencia vividos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. La falta de soluciones para mitigar el creciente déficit habitacional exhibe culpas compartidas de la Casa Rosada y del Palacio Municipal. Pero hay un dato que no debería dejar dormir a más de un funcionario kirchnerista: la inflación ha llegado con fuerza a los rincones más pobres del área metropolitana. A tal punto que una casilla en una villa de emergencia por la que hasta hace poco se pedían 500 pesos de alquiler hoy cuesta 1000 pesos, según testimonios recogidos en los asentamientos de Soldati y el bajo Flores. Todo un baño de realidad para el ministro de Economía, Amado Boudou, quien semanas atrás afirmó que la “tensión inflacionaria” era apenas un problema de los sectores altos de la sociedad. La palabra de los innumerables vecinos del Sur que dieron su versión de los hechos a los medios de comunicación en las últimas horas también puso de manifiesto que el problema de la inseguridad no reconoce clases sociales, pero que son los pobres quienes tienen mucho más que perder, empezando por su vida. Quedó de manifiesto, además, que la droga se pasea por estos rincones como si nada, casualmente a pocos días de que los documentos reservados de la embajada estadounidense subrayaran la “falta de voluntad” del gobierno kirchnerista para enfrentar con determinación el lavado de dinero y destacaran el progresivo crecimiento del narcotráfico. Finalmente, quedó en evidencia cómo en el sur de la ciudad, al igual que en otros sitios de la Argentina, la manipulación de las necesidades de los sectores más desprotegidos y pauperizados de la población puede terminar favoreciendo la acción de grupos tan extorsivos como violentos. Grupos semejantes a los que, más de una vez, utilizó el oficialismo kirchnerista como fuerza de choque para amedrentar a sus opositores o presionar a empresas que no aceptaban sus particulares códigos.
Twitter: @flaborda
