Política

Página 8/LA NACION

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Martes 27 de noviembre de 2007

Fallo de Cámara

Combate al delito: balance negativo de la Unidad de Información Financiera

No hay condenados por lavado de dinero a 7 años de sancionada la ley Continuación de la Pág. 1, Col. 1

como Viñas Blancas, se cerró hace tres semanas. Hubo condenas para los traficantes, pero se absolvió a los tres supuestos lavadores, los joyeros Orentrajch, que habían pasado casi dos años en prisión. Los especialistas destacan, además, que sólo hay dos condenas dictadas por la ley anterior, que rigió durante once años y que sólo penaba el blanqueo de activos provenientes del narcotráfico. ¿Es que en la Argentina no se lava dinero? No hay datos oficiales sobre el tema, pero ésa no parece ser la explicación: a comienzos de 2001, un informe del Senado de los Estados Unidos advirtió sobre hechos graves en el país. Desde octubre de 2002, la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo creado por la ley para detectar este tipo de operaciones, remitió a la Justicia 202 de los 2851 reportes de operación sospechosa

La comisión que abrió las puertas al escándalo La integraron Cristina y Carrió El lavado de dinero, una maniobra consistente en el reingreso en el sistema financiero a partir de actividades de apariencia legal de fondos provenientes de hechos delictivos, quedó en el centro de la escena como nunca antes en el país a comienzos de 2001. El 5 de febrero de ese año, un informe del Senado de los Estados Unidos advirtió sobre graves casos de blanqueo de activos en la Argentina. Esa información quedó contenida en 16 cajas que llegaron al país el 5 de mayo de 2001. Enseguida, el gobierno de Fernando de la Rúa las remitió para su estudio a la Cámara de Diputados, donde se creó la famosa comisión antilavado, que presidió Elisa Carrió. Por años, el destino de la hoy líder de la Coalición Cívica quedó ligado al contenido de las cajas. Luego de algunos inconvenientes para su conformación, un grupo de diez diputados empezó la tarea. Además de Carrió y del mendocino Gustavo Gutiérrez, vicepresidente del equipo, en la comisión había una diputada de Santa Cruz con fama de rebelde, Cristina Fernández de Kirchner. La operación que denunció el Senado de los Estados Unidos fue un giro directo entre el Bank of America, de Nueva York, y la financiera Mercado Abierto, de Buenos Aires, que funcionaba también como casa de cambios. Uno de los principales directivos de la financiera argentina era Aldo Ducler, un economista que se acercó al peronismo por medio del candidato a vicepresidente en las elecciones de 1999, Ramón Ortega. Pronto, la Interpol de México informó que la empresa de Mercado Abierto podía estar relacionada con el cartel de narcolavado de Juárez. Esa investigación aún sigue abierta en la Argentina y está a cargo del juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid. Pero el principal imputado, el empresario Angel Salvia, murió en mayo pasado, víctima de un crimen pasional.

Negocios de Al Kassar Menos de tres meses después de iniciado el trabajo de la comisión antilavado, Carrió presentó un duro preinforme que advirtió sobre posibles ramificaciones en la Argentina de una organización dedicada al delito, liderada por el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar. La línea de investigación que el informe aconsejaba a los jueces vinculaba a Al Kassar, al banquero egipcio Gaith Pharaon y a Alberto Kohan, ex secretario general de la presidencia de Carlos Menem. Los datos del informe no produjeron tantos avance de causas en la Justicia como se esperaba. Su presentación, eso sí, desató una gran pelea entre los integrantes de la comisión. El dictamen de Carrió sólo lo respaldaron Gutiérrez, José Vitar y Graciela Ocaña, actual directora del PAMI y próxima ministra de Salud. Cristina Kirchner hizo su propio informe, que firmó con Carlos Soria y el cavallista Franco Caviglia. Los radicales Margarita Stolbizer y Horacio Pernasetti hicieron un tercer escrito, y Daniel Scioli, un cuarto. Carrió y Cristina Kirchner, que hasta entonces se llevaban bien, nunca recompusieron su relación.

(ROS) elaborados por los sujetos obligados (bancos, financieras, sociedades de bolsa y otros). Más allá de los cuestionamientos que pesan sobre la UIF –reformada por el Gobierno en diciembre pasado, luego de un año de parálisis–, por lo menos 20 de esas remisiones dieron origen a causas penales. A eso hay que sumar un puñado de expedientes que se abrió sin pasar por la UIF ni por la fiscalía especial, que dirige Raúl Pleé. ¿Entonces? Las fallas parecen estar tanto en el sistema preventivo como en el represivo. Jueces y fiscales destacan los defectos de la ley y el retaceo de información desde otros países. Los especialistas independientes apuntan a la ineficacia de la UIF y la falta de capacitación y recursos de jueces y fiscales. Desde el Ministerio de Justicia reconocen que los resultados judiciales no son buenos, pero destacan que durante los últimos tres años se dieron pasos trascendentes en la ma-

teria, que hicieron que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional de lucha contra el lavado de dinero, aprobara la evaluación sobre la Argentina. “El éxito no está dado por una gran cantidad de condenas, sino por un efectivo sistema de prevención, para lo que hace falta el trabajo de los tres poderes del Estado. En ese sentido, la Argentina ha dado pasos que la colocaron en una posición de liderazgo en el Gafisud [la versión regional del GAFI]”, dijo a LA NACION Juan Félix Marteau, el representante ante ambos organismos internacionales.

Una norma ineficaz La última de las medidas que tomó el Gobierno fue un decreto presidencial, del 11 de septiembre, que estableció una agenda nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, con un plazo de dos años. El primer objetivo es la reforma del régimen penal.

Para Francisco D’Albora (h.), de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con la actual legislación “es sumamente complejo que, respetando las garantías, se pueda llegar a una sentencia condenatoria”. Todos los consultados por LA NACION coincidieron en que uno de los principales inconvenientes es que la ley no define el lavado de dinero como un delito autónomo, sino como una forma de encubrimiento. La dificultad consiste en que para llegar a una condena por lavado de dinero hay que, por un lado, haber comprobado, al menos en forma semiplena, la existencia de un delito previo, y por otro, concluir que las personas investigadas por lavado no participaron del hecho anterior. “El caso más clásico es el de la viuda de Escobar Gaviria. El fiscal no la pudo acusar porque no tenía individualizado un hecho concreto de narcotráfico”, explicó a LA NA-

el camarista Gabriel Cavallo, que procesó a Henao Vallejo cuando era juez. El magistrado dijo que el hecho de mandar exhortos al exterior y lograr una respuesta clara y completa es muy difícil. El juez Rodolfo Canicoba Corral, que tuvo a su cargo una investigación por lavado de dinero del Cartel de Juárez, compartió que “no ha funcionado bien la ley ni el sistema creado para detectar qué dinero es considerado lavado”. Para Alicia López, ex directora de la UIF, además de un cambio de normativa “hace falta una verdadera política nacional que refuerce la prevención”. Según Pedro Biscay, del Centro de Prevención e Investigación de la Criminalidad Económica, “la agenda nacional no tiene metas claras que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos para 2009”. El problema está planteado y los números, a la vista. En el Ministerio de Justicia esperan que en dos años el escenario sea otro. CION

Casos significativos

BANCO REPUBLICA

CARTEL DE JUAREZ

YOMAGATE

LA VIUDA DE ESCOBAR

BANCO GENERAL DE NEGOCIOS

Caso: es una causa por lavado de dinero en la que se investiga la caída de los bancos Mendoza y República.

Caso: se investigan las inversiones que el Cartel de Juárez realizó en la provincia de Buenos Aires con la compra de campos e inmuebles.

Caso: se investigó una banda que traía dinero proveniente de la venta de drogas en valijas desde Miami.

Caso: se investigó a una banda dedicada a lavar dinero proveniente del Cartel de Medellín.

Caso: se acusa a los hermanos Rohm por comandar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas financieras.

Juez: Canicoba Corral

Juez: Aráoz de Lamadrid

Juez: Jorge Ballestero

Juez: Gabriel Cavallo

Juez: María Servini de Cubría

Situación: el principal imputado es Raúl Moneta (foto). En julio pasado, la Cámara Federal retó al juez Canicoba Corral por el retraso en la investigación.

Situación: en mayo pasado murió el principal imputado, el empresario Angel Salvia (foto). También fue procesado el inversor inmobiliario Nicolás Di Tullio.

Situación: se aplicaron condenas por la ley anterior. En septiembre de 2003, fue condenado Mario Caserta (foto). Amira Yoma fue sobreseída.

Situación: Victoria H. Vallejo, la viuda de Escobar Gaviria (foto), enfrentó un juicio en 2005. El fiscal del juicio no presentó acusación y quedó sobreseída.

Situación: Carlos (foto) y José Rohm están procesados. Fue una de las causas que se iniciaron con el informe de la Comisión Antilavado de la Cámara baja. LA NACION

En los Estados Unidos hubo más de 1200 sentencias en un solo año Son los últimos datos oficiales; un experto, que fue lavador, pide penas más duras Por Hugo Alconada Mon Corresponsal en EE.UU. WASHINGTON.– Sólo durante 2001, Estados Unidos presentó cargos contra 1477 sospechosos de lavar dinero. También durante 2001, el último año con información estadística oficial disponible, 1243 acusados fueron condenados por ese delito. El 77% era de nacionalidad estadounidense y el 67% carecía de condena previa. Más aún, el 60% de los casos estaba vinculado a divisas generadas por el narcotráfico. En suma, delitos de guante blanco. Un segundo informe de la Oficina de Estadísticas del Departamento de Justicia muestra que, en 2001, el grueso del lavado se hizo a través de concesionarias de autos, empresas constructoras, bancos, supermercados minoristas, mueblerías y hasta locales de belleza. Entre 1994 y 2001 hubo 10.000 condenados. Nueve de cada 10 se declararon culpables tras acordar con el fiscal una reducción de la pena a cambio de aportar información. Es posible conseguir información más reciente, aunque está desperdigada. Así, es como en el distrito sur del estado de Florida –que abarca a Miami–, se cerraron siete casos y un acuerdo especial durante los últimos dos años. Condenaron a 12 personas. Entre ellos, a los líderes del Cartel de Cali, Gilberto y Miguel Angel Rodríguez Orejuela, condenados a 30 años de prisión y a devolver US$ 2100 millones. Y también alcanzó a American Express, que a cambio de evitar una condena, aceptó pagar multas por 55 millones de dólares. Aun así, el gobierno norteamericano está lejos de “amedrentar” a los nuevos lavadores, que ven que los riesgos de sufrir la condena máxima (20 años de prisión) son muy bajos en comparación con sus beneficios económicos. Miami y Key Biscaine, donde se encuentra el “maletero” Guido Alejandro Antonini Wilson, resultan un paraíso fiscal, seguidos de Manhattan y Puerto Rico, según las estadísticas oficiales. Por eso, el consultor en crimen financiero de World Check, Kenneth Rijock, alienta la aplicación de conde-

–Desde que salí de prisión, en 1992, nas más duras y la bancarización para reducir los riesgos. Sabe de lo que he enseñado, entrenado y asistido a las habla por experiencia personal. agencias de seguridad para identificar –¿Cuántos años y cuánto dine- las técnicas de lavado, pero no colaboro les llevó a las autoridades de- ré en casos específicos. Mi experiencia me ha dado la habilidad de detectar los tectarlo? –Comencé moviendo las ganan- métodos que usan los lavadores. cias de los delitos para traficantes –¿Podrían mejorarse los esfuerde droga norteamericanos en 1980. En zos de Estados Unidos contra el 1982, yo estaba lavando dinero para lavado? un francés que vivía en Miami Beach, –Sí. La pena de 20 años de prisión un traficante grande de cocaína que se aplica rara vez, y eso hace que hahuyó de Estados Unidos. Fui detecta- ya un castigo insuficiente. Las leyes do por las autoridades, que empeza- estatales deben ser reformadas para ron a investigarme. imponer la identifiPara entonces, hacación de los dueLa Argentina tie- ños de las corporabía sacado muchos millones de dólaciones. ne que alejarse de res en ganancias –Y hablando de de drogas fuera la cultura en la que la Argentina, a la de Estados Unidos luz del escándalo se demanda dineAntonini, ¿qué popara introducirlos mediante los paro en efectivo como dría hacerse? raísos fiscales del –La Argentina forma de pago para tiene que alejarse Caribe. de la cultura en la –¿Qué pasó? cualquier opera–No fui arresque se demanda ción de un monto dinero en efectivo tado hasta 1990, cuando apresaron como forma de paimportante a dos miembros de go para cualquier otra red que yo reoperación imporpresentaba. Fueron condenados por tante debido a la falta de confianza narcotráfico y podían pasar su vida en la estructura bancaria doméstica. en prisión, así que dieron informa- Los tribunales también deberían imción contra mí. poner condenas extensas de prisión. Y también ayudaría que congelaran –¿Le ofrecieron un acuerdo? –Me había negado a cooperar du- y confiscaran todos los activos crirante años, pero cuando me arresta- minales producto del lavado. Tamron me declaré culpable para evitar bién pienso que el público debe ser una posible condena de 25 años a per- educado sobre los métodos a través petua, y le detallé al fiscal mi involu- de los cuales los lavadores inviercramiento. Recibí una sentencia de 4 ten el dinero sucio en la economía años de prisión por esa ayuda. argentina, en especial a través del –¿Aún colabora con el gobierno mercado inmobiliario y locales code manera regular? merciales.

Highton e Iribarne ■ La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco; el ministro de Justicia, Alberto Iribarne; la directora de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto, y otros expertos del país y del exterior discutirán sobre lavado de dinero pasado mañana, en el cuarto encuentro de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis de la Prevención del Lavado de Activos (Fapla), en el Alvear Palace Hotel. Uno de los temas será la falta de condenas por este delito, a más de siete años de sancionada la ley. También participará el titular de la fiscalía especial antilavado, el fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé.

Una oficina envuelta en una polémica Una de las medidas que dispuso el Gobierno para mejorar la lucha contra el lavado de dinero fue la modificación orgánica de la Unidad de Información Financiera (UIF), que pasó de ser un organismo colegiado a ser dirigido por una sola persona, designada a propuesta del Ministerio de Justicia. En diciembre del año pasado fue nombrada al frente del organismo Rosa Falduto, una contadora cercana a la jueza María Servini de Cubría, tras un proceso de impugnaciones en el que recibió muchas críticas por su falta de experiencia en la materia. Si bien hubo avances en el tratamiento de los reportes de operación sospechosa (ROS) que elaboran los bancos y otros sujetos obligados, la funcionaria tuvo en septiembre su primer escándalo. Juan Carlos Servini, hermano de la magistrada y asesor de Falduto, renunció a raíz de las graves denuncias sobre el manejo de fondos en el organismo. “La operatividad [en la UIF] es paupérrima y, por otra parte, vale comparar esa situación con los cuatro viajes realizados al exterior [por Falduto] para participar en eventos respecto de los cuales podía prescindir o delegar en otro funcionario de probada idoneidad. Como colofón de todo esto, se agregan las recientes contrataciones de personal allegado a su familia”, dijo Juan Carlos Servini, en una carta de lectores publicada en LA NACION. Por la misma vía, Falduto defendió su gestión y destacó el incremento en el tratamiento de los ROS desde que se había hecho cargo del organismo y en la cantidad de denuncias remitidas a la Justicia. Más allá de la polémica, lo cierto es que en pocos meses Falduto se quedó sin su principal apoyo político, el que le daba la jueza Servini de Cubría.

ARCHIVO

Juan José Aranguren

La Justicia avanza con el juicio contra Shell Ordenan abrir una causa penal Cuatro meses después de que el Gobierno promoviera decenas de pedidos de arresto contra autoridades de Shell por “desabastecimiento”, la Justicia ordenó la maraña de expedientes y resolvió abrir una única causa penal que investigara el caso como un posible “delito”, que podría llevar a la cárcel a los directivos de la petrolera. El promotor de la avanzada judicial contra Shell fue el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, enfrentado desde hace años con el presidente de la compañía, Juan José Aranguren. Hasta ahora, dos jueces habían investigado el caso. Uno es Diego Sysman, que había archivado el expediente. El otro, Marcelo Aguinsky, quien sostuvo que no había más que una posible “infracción” y había abierto un juicio correccional. En ese proceso declaró Moreno y estaba prevista una audiencia con ambas partes. El juez planeaba dictar sentencia antes de fin de año y había anunciado que no ordenaría penas de prisión por entender que “la pena de seis meses a cuatro años” que prevé la ley era “inaplicable”. La semana última, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico anuló todo. La decisión de Sysman de archivar la causa, porque entendió que hubo irregularidades en la intervención del fiscal; el juicio de Aguinsky, porque la pena que prevé la ley de desabastecimiento es de más de tres años. En estos casos, el código procesal es terminante: exige un proceso común, más largo que el correccional. Ahora, la causa volverá a empezar. La jueza Marta Novatti quedará a cargo y el próximo paso será del fiscal, que debe promover la investigación. “Lo que hizo la Cámara fue ordenar el proceso. Nada más”, afirmó ayer un funcionario que intervino en el caso. A Shell no le preocupa el nuevo curso de la investigación. “Estamos conformes. El expediente se está ordenando y tenemos un juez a quien plantearle la cuestión de fondo”, dijo una fuente que trabaja para la empresa. Los camaristas Marcos Gravibker, Roberto Hornos y Nicanor Repetto insistieron en que lo resuelto no implica adelantar una opinión sobre el tema de fondo: si está vigente la ley de abastecimiento y si corresponde aplicarla contra Shell. Eso deberá resolverlo la jueza. La ley de abastecimiento, sancionada en 1974, enumera diferentes faltas económicas y le da al presidente la facultad de aplicar sanciones. Para la pena de prisión, exige la intervención de un magistrado. De dudosa constitucionalidad, lleva más de 10 años derogada, con la única excepción de parte de un artículo: la que permite al Gobierno dictar normas regulatorias. ¿Puede además aplicar las sanciones? Eso deberá decirlo la Justicia. Aranguren y el Gobierno tienen una larga historia de peleas. La relación atravesó su momento de mayor tensión hace más de dos años, cuando el presidente Néstor Kirchner promovió un boicot contra Shell y llamó a no comprarle “ni una lata de aceite”. En simultáneo con los pedidos de arresto, la empresa presentó una acción de amparo para que la Justicia hiciera cesar los actos “discriminatorios” del Gobierno contra ella. Rechazado en primera y segunda instancia, el amparo está hoy en la Corte.

Aclaración del CELS En relación con la nota publicada ayer por LA NACION titulada “Las intrigas que ya complican a Cristina”, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo llegar una nota a este diario en la que aclaró que el agente de inteligencia Fernando Pocino no tuvo ni tiene ninguna relación con esa institución.