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INFORMACION GENERAL

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Domingo 28 de agosto de 2011

Narcotráfico | Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales

La Argentina, escala logística del lavado Dos de los mayores capos de Colombia operaron en Buenos Aires, y el jefe del cartel mexicano de Sinaloa se concentra en el norte del país; operan con sociedades para invertir en campos

Tres casos

HUGO ALCONADA MON LA NACION El hombre venido de Estados Unidos pidió hablar cinco minutos con el detenido. A solas. Resultó decisivo. Nadie sabe qué le dijo el emisario, si negoció algo, ni mucho menos si arribó a un acuerdo con el detenido. Pero en cuanto terminó el cónclave, el guatemalteco Carlos José Martínez Castañeda admitió lo que hasta entonces negaba ante la justicia argentina. Es decir, que era colombiano, que su verdadero nombre era Luis Agustín Caicedo Velandia, líder de uno de los carteles más poderosos del mundo, El Dorado, y que aceptaba su extradición a Estados Unidos. “Don Lucho” voló a Nueva York a fines de junio de 2010, acusado de lavar US$ 176,5 millones sólo dentro de Estados Unidos, aunque el cálculo global de sus tropelías trepa a US$ 1500 millones entre 2005 y 2009. Pero lo que no quedó claro en Buenos Aires sí resultó evidente en Manhattan. Delató a sus socios y la metodología usada para lavar montañas de dinero negro. Poco después, en España, cayeron su pareja y ocho colaboradores acusados de lavado en el mercado de oro y joyas. En Colombia avanzaron sobre sus inversiones en esmeraldas y en el Club Deportivo Independiente de Santa Fe. En Marruecos decomisaron dinero en efectivo. Y en Buenos Aires arrestaron en abril al capo del Cartel del Valle colombiano, Ignacio Alvarez Meyendorff, quien continúa detenido a disposición de la justicia argentina y con extradición pendiente a Estados Unidos, como presunto cerebro detrás del contrabando de cocaína, por las costas de México, con submarinos. México es mucho más que una mera escala de los narcos colombianos. Con carteles propios, comenzó a competirles por el tráfico y los canales internacionales del lavado. A tal punto que, según el profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Edgardo Buscaglia, los carteles de Sinaloa y de Tijuana se desplegaron en al menos 52 países. En la Argentina, alertó en junio, el capo Joaquín Guzmán (“el Chapo”) ubicó centros de producción en la zona norte, aunque precisó que “su manejo patrimonial y de inversiones está muy focalizado en Buenos Aires y en provincias como Córdoba y Santa Fe”.

Back to back La DEA, no obstante, no registra a la Argentina como escala mayor para el transporte o triangulación de la droga, ni como plaza principal para el lavado. Pero sí como centro logístico de operaciones. Es decir, un lugar seguro para reunirse y coordinar los pasos por seguir. Y, en esa línea, la caída de Caicedo Velandia y Alvarez Meyendorff, expuso cómo se mueven y lavan sus narcodólares en el país. La Argentina ofrece un atractivo específico. Se trata de uno de los 30 países más grandes del mundo por su PBI, con una economía relativamente diversificada, pero con serias deficiencias estratégicas en su sistema antilavado, según concluyó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su reunión plenaria de junio pasado. Es decir, una valiosa puerta de ingreso en el sistema financiero internacional, ya que es posible invertir millones por debajo de los radares. A tal

Colombia “Lucho” y sus dos nombres Oculto detrás de un nombre falso y un pasaporte guatemalteco, el jefe colombiano del cartel “El Dorado”, Luis Caicedo Velandia, fue arrestado en abril de 2010 al salir del shopping Alto Palermo; meses después fue extraditado a Estados Unidos, donde delató negocios y socios.

México ARCHIVO

Entre 2005 y 2008, Alvarez Meyendorff alquilaba por US$ 2200 por mes un lujoso departamento en este edificio de Puerto Madero punto resulta una nebulosa que es imposible cuantificar cuánto dinero se lava cada año en el país, según coincidieron la ex titular de la unidad antilavado (UIF), Alicia López, y el ex coordinador nacional del área, Juan Félix Marteau. “Los countries, las inversiones inmobiliarias en general y los autopréstamos o back to back, son las actividades más usuales en el país”, según resumió a LA NACION un juez a cargo de investigaciones sobre narcolavado. “Los colombianos suelen aparecer como segundos o terceros eslabones, detrás de los rostros locales”, estimó. Alvarez Meyendorff, Caicedo Velandia, sus familiares y algunos colaboradores se instalaron en los countries Nordelta, Abril y Grand Bell, y en departamentos en Puerto Madero –entre ellos, uno en el que también figura un ex director de Informática de la AFIP–. También registraron sociedades ante la Inspección General de Justicia y abrieron múltiples cuentas bancarias, según el relevamiento que completó LA NACION durante los últimos meses. La apertura de una de esas cuentas, sin embargo, disparó la primera alarma. Fue en el Banco Río, el 7 de febrero de 2006, cuando Alvarez Meyendorff depositó en una sucursal del microcentro $ 20.000 por ventanilla a su nombre y otros $ 250.000 en la cuenta de Cattle de Argentina SA, que él mismo presidía. El jueves 23 repitió la operatoria: otros $ 100.000. Y el 24, $ 108.000 más. Casi medio millón cash, en dos semanas, según los registros de movimientos bancarios que obtuvo LA NACION. Alvarez Meyendorff, su madre, su mujer, su hermano Juan Fernando –prófugo– y sus hijos figuran en numerosas sociedades. En algunas, Alvarez Meyendorff aparece con CUIT distintos; en otras, aparecen belgas, colombianos y argentinos como socios, directores o apoderados cruzados. Todas, con domicilio legal en Buenos Aires.

Los colaboradores del “Chapo” Guzmán, según Buscaglia, concentraron, en cambio, sus esfuerzos en Chaco, Formosa y Misiones. Para eso se apoyaron y financiaron la expansión de ciertas iglesias evangélicas, de las que el investigador del ITAM concluyó que los narcos reciben protección social –tan valiosa o más, señaló, que la protección política– y, a veces, cobertura para lavar activos.

Aportes de fieles “El pastor va al banco con dinero físico y dice que es la colecta de la semana. ¿Y cómo se sabe si es así? Lo depositan, luego lo transfieren a otro banco y lo invierten ya legalizado en cualquier otra cosa”, resumió un ex alto funcionario de la UIF, que recordó un caso así cerca de la Triple Frontera, ante la consulta de LA NACION. Alvarez Meyendorff, en tanto, centró sus operaciones en una oficina porteña de Florida 142. Ese es el domicilio de Cattle de Argentina, San Judas, Estilo Pietra y Fara, según los registros que verificó LA NACION. Pero concentró su dinero en tierras. Aparece vinculado a una tal Cabaña San Valentín y al campo Ana José, en San Vicente, sobre la ruta 210. También, a una estancia Santa Clara, de Chivilcoy, dos predios de 97 y 210 hectáreas. En otro campo, habría sellado el acuerdo que relató en Nueva York otro testigo de identidad reservada. Contó que en 2006, se presentó en una chacra de Caicedo Velandia y acordaron cuánto dinero le devolvería de un envío frustrado de 3 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Mera coincidencia, acaso, cuando Caicedo Velandia fue detenido al salir del Alto Palermo; lo acompañaba otro colombiano. También fue demorado por el juez Julián Ercolini, pero como Estados Unidos no pidió su extradición, se lo excarceló. Antes, dijo dedicarse al ganado Angus. Los investigadores creen que podría ser el hermano prófugo de Alvarez Meyendorff.

Colchones, inmuebles y zapatos Los lavadores buscan rubros con altos retornos y bajo o nulo control estatal real Colchones, milanesas, locales de ropa y melones. Esos son algunos de los rubros y productos en los que concentraron sus esfuerzos los dos únicos grupos de narcolavadores a los que, hasta ahora, la justicia argentina puso contra las cuerdas. Uno fue en Córdoba, el otro en el conurbano, pero con inversiones en Neuquén y proyectos hasta para Irak. Esos rubros se suman a otros muchos que, según los expertos consultados por LA NACION, suelen utilizarse para blanquear. Entre ellos, el mercado inmobiliario, los créditos no bancarios en los que suelen intermediar las escribanías e, incluso, hasta fábricas de zapatos, aunque en el caso de narcolavadores peruanos. María Eugenia Rodríguez, su marido Julio Guillermo Vallejo y su cuñado Gonzalo Maximiliano Vallejo fueron los tres primeros lavadores condenados como tales en el país, luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba consideró probado en diciembre de 2009 que blanquearon las ganancias de Jorge Guillermo Altamira, un colectivero según su empleo formal, pero más conocido como “el Gallo” o “el Narco”. Para eso, el trío utilizó un local de ropa trucha montada por la esposa de Altamira como pantalla para dibujar ganancias ficticias con las que, a su vez, compraron dos departamentos, una casa, dos autos, una camioneta, televisores plasma, equipos musicales y hasta una mesa de pool por 5000 pesos. Más relevante que la mercadería, sin embargo, el trío también compró el

fondo de comercio del restaurante y bar “Como en Familia”, con el que también enjuagó las ganancias obtenidas de la venta de cocaína y marihuana en la capital cordobesa. En tanto, el Tribunal Oral N° 5, pero de San Martín, ordenó la suspensión del juicio a prueba tras aplicarle una multa a otro traficante con vínculos en Colombia y España, Osvaldo Rosario Altuna, cuyas ganancias eran reintroducidas en el mercado legal, entre otras, por su hermana Ana María. Según el fiscal federal Marcelo Darío Fernández, los Altuna concentraron sus inversiones en Neuquén, donde compraron la fábrica de colchones Quemu Quemu, otra de casas rodantes y trailers llamada Fortinera Neuquina con las que, en teoría, proyectaban exportar a Irak, y un campo de 180 hectáreas para la producción de melones.

Fútbol y calzados Para el titular del Centro Argentino de Transparencia Inmobiliaria (CATI), Ricardo Tondo, el mercado de bienes raíces es “central”, hoy, para el lavado. Entre otras posibilidades, a través de las compras con cesión de venta –más conocido como “cesión de boleto”–, pero también por medio de los alquileres de departamentos con, en teoría, fines turísticos. Carentes de control real por la AFIP, la unidad lavado (UIF) o Rentas, remarca, “casualmente, esas son las propiedades más buscadas”. Tondo enumeró otros rubros que consi-

dera canales habituales para el blanqueo: desde los cheques de viajero a “los créditos no bancarios, los falsos intermediarios, por ejemplo en el negocio del fútbol, y volviendo al rubro inmobiliario, los remates de propiedades”. Desde Lima, el consultor en la lucha contra el narcotráfico y el lavado, Jaime Antezana, alertó sobre lo que definió como “el proceso de cartelización de los narcos peruanos”, que comenzaron a desplegar “contactos y enlaces” en Bolivia y la Argentina. “Operan al menos tres grandes clanes familiares, más otros más pequeños, en la Argentina, que se dedican a comercializar la droga lavar parte de sus ganancias allá y también traen dinero físico al Perú”, argumentó. En uno de esos casos, comentó a LA NACION, el blanqueo es a través de una “fábrica de calzado” cuyo nombre no difundió. En el caso de los narcos cordobeses liderados por “el Gallo” Altamira, apelaron al local “J&M” para dibujar ventas formales por unas pocas decenas de miles de pesos. Pero con eso, según el tribunal, dieron “apariencia de legalidad a la liquidez monetaria proveniente de la venta de estupefacientes”.

“El Chapo” y sus iglesias El capo del Cartel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán, desplegó su producción en el norte de la Argentina, con la protección de algunas iglesias evangélicas, pero su manejo financiero lo centró en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Detenido

Alvarez Meyendorff, jefe del temible “Cartel del Valle” colombiano.

El cerebro de los submarinos Considerado la llave de los submarinos que transportan la droga colombiana hasta Estados Unidos, fue detenido en Buenos Aires en abril último.

OPINION

Claves de la investigación del delito RAUL PLEE PARA LA NACION Como todo quehacer humano, la puesta en marcha y el desarrollo de una investigación criminal por parte de los órganos encargados de persecución penal y judiciales –en tanto los jueces por regla general son los directores del proceso en materia de delitos federales–, obedece a pautas culturales que se repiten inexorablemente. Salvo honrosas excepciones (escasísimos casos), los investigadores en una causa de narcotráfico se empeñan en ubicar para su aprehensión a los autores del delito, así como tratan de obtener la incautación de la mayor cantidad posible de elementos que constituyen el instrumento del delito (p. ej: pasta base, precursores, droga elaborada, “cocina”, elementos de corte, elementos para el fraccionamiento, etc.). Mas, uno de los factores más importantes para la lucha contra el narcotráfico, la más de las veces pasa inadvertido. Me refiero a la obtención de elementos de prueba que permitan dirigir también la investigación hacia el producto del delito, es decir, la ganancia. Eso obedece, inobjetablemente, a un fenómeno cultural, que puede y debe cambiar. De hecho, algo se está haciendo en el ámbito del Ministerio Público. Es que, cuando se presenta como hipótesis de trabajo en una investigación criminal la posible existencia de una organización delictiva de características transnacionales o, aunque vernácula organizada de manera extremadamente peligrosa, es imprescindible reconocer que muchos de sus miembros (los de menor jerarquía) pueden ser, inclusive, fungibles para la organización, pero que sus ganancias son su único objetivo

Estas organizaciones criminales tienen un verdadero “perfil empresarial” defendible. En otras palabras, existe una verdadera “economía criminal” que subyace como objetivo último de la actividad delictiva de las organizaciones criminales. El fiscal o el juez que se encuentren frente a una investigación orientada a desentrañar todos los detalles de una organización criminal y a la individualización de sus miembros, también tiene que reconocer que en esa asociación ilícita se presenta (además de una identidad criminal) un verdadero “perfil empresarial”. Una vez que seamos capaces de reconocer que estamos frente a una empresa criminal y no frente a un grupo de delincuentes, será el momento en que hayamos dado un giro en la cultura judicial (englobando en ella a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad que actúan en las investigaciones subordinadas a aquéllos). Un esfuerzo institucional plausible se concretó recientemente, cuando en el orden federal, el procurador general de la Nación dispuso a través de la Resolución PGN N° 134/09 del 13 de octubre de 2009. A través de esta instrucción general: “Instruir a los señores fiscales para que, a partir de la notificación de la presente resolución, en el marco de las investigaciones que se lleven a cabo por hechos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y demás delitos relacionados con la criminalidad económica, realicen –en forma simultánea a las medidas destinadas a lograr el esclarecimiento del hecho ilícito–, la investigación patrimonial de cada una de las personas involucradas...” Todavía cuando en muy pocos casos se ha visto concretada esta disposición –probablemente por la necesidad de contar con órganos auxiliares especializados en ese tipo de investigación– esa metodología se convierte en un salto cualitativo de enorme trascendencia, en tanto marca cómo debería en el futuro encaminarse la investigación del lavado de dinero del tráfico de drogas. Por un lado, en tanto, atacando a sus ganancias se ataca a la esencia de la organización delictiva; y por el otro, en razón de que se evitaría la integración de fondos ilícitos al circuito legal, lo cual afectaría seriamente el orden socioeconómico.

El autor es fiscal de la Cámara de Casación Penal y titular de la UFI-Lavado