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POLÍTICA

| Sábado 25 de octubre de 2014

La Argentina salió de la lista gris del lavado de dinero

Surgen datos sobre facturas truchas que contradicen a la AFIP

sociedades. La Regional Bahía Blanca archivó

actuaciones que complicaban a Lázaro Báez Hugo Alconada Mon LA NACIoN

blanqueo. Alak anunció que el GAFI

reconoció avances en la lucha contra el financiamiento del terrorismo Mariano Obarrio LA NACIoN

El gobierno de Cristina Kirchner celebró ayer que el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reunió en París, sacara a la Argentina de la “lista gris” en la que estaba desde hacía cuatro años por no cumplir los estándares requeridos en materia de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Sin embargo, la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbattella, está sospechada de encubrir al oficialismo y perseguir a opositores. En los últimos años se multiplicaron las causas sobre narcotráfico y corrupción en las que se investiga a funcionarios y empresarios vinculados al kirchnerismo y en las que la UIF restó su colaboración. Con un mensaje ante los periodistas, sin contestar preguntas, el ministro de Justicia, Julio Alak, informó ayer que el GAFI “acaba de reconocer que la Argentina tiene un sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de acuerdo con los máximos estándares internacionales”. El funcionario celebró que “el plenario del GAFI dictó una resolución muy importante para nuestro país” y puso de relieve que “fue adoptada por unanimidad” por los Estados Unidos, Italia, Francia, Canadá, Alemania, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, e “incluso por el FMI y el Banco Mundial”. Según Alak, los cambios normativos y administrativos permitieron aumentar las causas judiciales, tener 50 querellas y llegar a 13 condenados a prisión por lavado de activos. También incrementó a 40.000 las operaciones sospechosas, hubo 629 supervisiones y 56 multas por $ 265 millones. La decisión del GAFI se da en

momentos en que la oposición denuncia que la UIF promovió causas y congelamientos en casos que no implican lavado de activos o financiamiento al terrorismo. “Es cierto que la Argentina sacó una ley y que hay causas, pero no son trascendentes para perseguir la corrupción y el lavado”, afirmó la diputada Patricia Bullrich, del bloque Unión Pro. Respecto de la medida, dijo a la nacion que “acá hubo una mirada superficial y burocrática del GAFI”. La legisladora, que preside la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, contrapuso que en el organismo, que depende del G-20, “se analizaron causas que nada tienen que ver con el lavado de activos, porque el lavado de dinero sigue intacto en la Argentina”. “No hubo persecución al lavado y la UIF sigue politizada. El GAFI escuchó sólo una voz, la del Gobierno”, dijo Bullrich, en referencia a la última misión in situ que envió el organismo en septiembre pasado, durante la cual no entrevistó a legisladores de la oposición. En cambio, Alak dijo que los fondos que persigue el GAFI “provienen habitualmente del narcotráfico, el contrabando, la evasión impositiva, la trata de personas, y generan un debilitamiento del sistema económico”. Certificación internacional Alak dijo que si no se lograba esta medida se “podría haber perjudicado la operatoria financiera de la banca”. Esa venia, dijo, “le otorga al país una certificación internacional de que su sistema tiene todos los requisitos que exigen las máximas autoridades financieras del mundo”. La salida de la “lista gris”, de seguimiento intensivo de países sospechosos, significa que el GA-

El ministro de Justicia, al hacer ayer el anuncio FI consideró que el país mejoró sus regulaciones para controlar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a través de la sanción de la ley antilavado y de la apertura de causas, sanciones y resoluciones de los bancos. El experto Juan Félix Marteau, abogado y ex representante nacional ante el GAFI durante el gobierno de Néstor Kirchner, también se mostró crítico y señaló que esta decisión “debe ser tomada como una oportunidad para que el Gobierno focalice el sistema antilavado en el dinero ilícito proveniente de la corrupción y del narcotráfico”. Añadió que “si la ley no se aplica efectivamente o se aplica sólo contra los enemigos políticos, genera la impunidad de los criminales organizados”. Pese a la venia del GAFI, la Argentina padece el avance del narcotráfico vinculado con estructuras del Estado, en casos como el tráfico de efedrina y de cocaína colombiana destinada a Europa. Bullrich recordó denuncias contra la UIF por encubrimiento a Sergio Schoklender, a Lázaro Báez, a la financiera Invernes, y a The old Fund, todos ligados a los Kirchner. Además, el Gobierno promovió en el Congreso la sanción de blanqueo de divisas, que permitió que capitales no declarados entren al país y se regularicen.ß

télam

La resolución del GAFI a favor del país Qué pasó El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a la Argentina del régimen de vigilancia intensiva, de la denominada “lista gris“ de países sospechosos Por qué El organismo destacó los avances de la Argentina en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo Apoyo La resolución fue adoptada por unanimidad y votada por Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Alemania, y los países del BRIC, incluso por el FMI y el Banco Mundial

Campagnoli celebró con su gente el cierre del juicio político fiscal. Se venció el plazo para juzgarlo sin que haya sentencia; se mostró molesto

por “la campaña” en su contra que articuló la procuradora Gils Carbó

Hernán Cappiello LA NACIoN

Por el paso del tiempo sin que se llegara a dictar una sentencia, se cayó el juicio político impulsado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, contra el fiscal José María Campagnoli, a quien acusó de abusar de su poder por investigar al empresario kirchnerista Lázaro Báez por lavado de dinero. Ayer Campagnoli, de regreso en su fiscalía de Saavedra, festejó con un asado junto a sus empleados, y denunció que hay “responsabilidades políticas por llevar a juicio a una persona por hacer su trabajo”. “Me hubiera gustado una sentencia que despeje toda duda sobre mi trabajo. Someterme a un juicio político, suspenderme en mi cargo, reducirme el sueldo y que haya existido una campaña con todo el poder del Estado para desprestigiarme es una cuestión grave que hubiera merecido otro final”, dijo el fiscal a la nacion, luego de las celebraciones. “Desde lo personal, mi situación es mejor de la que esperaba hace unos meses, aunque aún quedan sumarios abiertos. Desde lo institucional, el asunto tiene una gravedad manifiesta”, insistió. Campagnoli fue el protagonista de un juicio político que trascendió los tribunales y, tras diez meses, quedó empantanado en un cúmulo de recursos que impidieron retomar el proceso. La cuestión jurídica fue acompañada por la voluntad política de la Procuración de dejarlo caer, para no pagar un costo político mayor. “Iba encaminado a mi absolución cuando todo se empantanó”, dijo ayer Campagnoli. El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público tenía 180 días hábiles para decidir si remo-

La historia oficial es benévola. Sostiene que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigó a decenas de sociedades de Bahía Blanca, detectó que varias emitían o recibían facturas truchas, pero sólo admite que una le había facturado a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Y expone que el cierre de su Regional en esa ciudad bonaerense se debió a un conflicto gremial y que ningún funcionario del organismo fue desplazado. Documentos de la propia AFIP que recolectó la nacion en los últimos diez meses cuentan, sin embargo, otra historia. Confirman que Austral Construcciones recibió facturas truchas de tres grupos de empresas de esa ciudad, que dentro de la AFIP se desplazó a 49 funcionarios, que se remitieron las investigaciones a Mar del Plata cuando se cerró la Regional Bahía Blanca y que allí, una división creada para la ocasión, se encargó de archivar actuaciones y emprolijar papeles, si los hubo. Porque, al menos, una de las firmas fantasma informó que le habían robado su documentación. Así, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sólo identificó a Calvento SA como una firma trucha durante la conferencia de prensa que brindó el lunes para despegar de Báez a la presidenta Cristina Kirchner, y criticar a la prensa con un argumento incriminatorio: concentrarse sólo en el empresario patagónico por delitos cometidos por otras 1200 firmas. En efecto, Calvento SA es una firma fantasma, creada por Silvio, Enzo y Franco Ficcadenti. Pero documentos internos de la AFIP exponen que sus sabuesos también avanzaron sobre otras dos sociedades de esa familia: Grupo Penta y Terrafari. También emitieron facturas millonarias, que los inspectores consideraron apócrifas y terminaron en manos de Báez. El cuadro irregular del Grupo Penta quedó reflejado en la AFIP con la “orden de intervención” o.I.635602, según reconstruyó la nacion. A tal punto que los Ficcadenti rectificaron el cuadro fiscal de esa firma por propia voluntad por $ 21 millones y se acogieron a un plan de 120 cuotas. Pero el proceso que llevó a ese plan de regularización está viciado. Las actuaciones se archivaron tras categorizar a Penta como una empresa real –con lo que se evitó tener que avanzar sobre Austral como receptora de sus facturas truchas–, más allá de que la firma carecía de empleados, bienes, maquinarias o gastos en combustible. No sólo eso. Los Ficcadenti ni siquiera pagaron la primera de las 120 cuotas. Apenas el anticipo, por lo que se cayó el plan de regularización. El segundo grupo de empresas de Bahía Blanca se concentra en la Constructora Patagónica Argentina, de la familia Ferreyra. La AFIP también la fiscalizó tras la orden de intervención o.I.640180. Y aunque sí se trata de una empresa real, también se le detectaron facturas truchas o con

sobrefacturación a favor de Austral Construcciones. También se acogió a un plan de pagos por 120 cuotas. El proceso que llevó a los planes de pago de Penta y de la Constructora Patagónica Argentina incluyó más datos llamativos. Ambas fiscalizaciones ya se habían iniciado cuando Echegaray emitió las resoluciones 285 y 299, en agosto de 2012. Con ellas disolvió la Regional Bahía Blanca y removió a 49 jefes de la dependencia. Entre ellos, los de fiscalización. De manera simultánea, Echegaray colocó a Bahía Blanca dentro de la órbita de la Regional Mar del Plata, liderada por Sebastián Durruty. Y allí creó una nueva división de fiscalización, la N° 5, a cargo de Norberto Filipini. Bajo su mando se ordenó el paulatino archivo de varias fiscalizaciones. Así, un tercer grupo empresario vinculado a Bahía Blanca, de la familia Pedraza y en la que descuella la firma Iberoamericana de Servicios –que a su vez acumuló facturas apócrifas de las sociedades pirata de Juan Suris–, se inquietó menos: la pesquisa no avanzó; al contrario, se archivó. Sin embargo, Grupo Penta SA es el caso más singular de todos: muchas de sus facturas eran inverosímiles. Cuando los inspectores le exigieron que probara su operatoria, la respuesta fue sintomática: dijeron que les habían robado toda la documentación. Y los sabuesos concluyeron que Penta era una inmensa falsedad ideológica. Pero hasta allí llegaron. Para cuando Echegaray volvió sobre sus pasos, restableció la Regional Bahía Blanca y a casi todos los funcionarios en sus cargos –pero no a todos– con las resoluciones 317 y 525 de diciembre de 2013, comenzó a cerrarse el círculo alrededor de Penta. Con el plan a 120 cuotas ya caído, los Ficcadenti iniciaron negociaciones para preservar a Penta como una firma “real” y obtener un segundo plan. El tira y afloja se extendió por meses. Hasta que este 23 de julio, el apoderado de Austral, Claudio Bustos, viajó a Bahía Blanca y se reunió con las autoridades de la Regional y los contadores de Penta en el organismo. Él dio las órdenes. Y se avanzó con un plan de 24 cuotas. Nada dice la historia oficial de la AFIP.ß

Medidas contra Moreno ^b^b^ El juez federal Daniel Rafecas ordenó medidas de prueba para analizar la actuación de una contadora en una causa ligada con Papel Prensa. Una vez cumplidas,el magistrado dijo que avanzará con la indicación de la Cámara Federal de indagar a Moreno, acusado de falsear actas de reuniones de directorio de la empresa.

Perpetua a Etchecolatz por el centro La Cacha lesa humanidad. Condenan a 15 represores en

la causa de Laura Carlotto y otras víctimas

Campagnoli ayer, con una nota titulada: “Doctora Gils Carbó: corresponden sus disculpas” vía o absolvía al fiscal, acusado por Gils Carbó de haberse extralimitado cuando investigó a Báez. Ayer a la medianoche venció ese plazo. La ley establece que si el proceso se suspende durante más de diez días hábiles –como pasó en este caso– “todo el debate deberá realizarse de nuevo, bajo pena de nulidad”. Dice, también, que el debate debe ser convocado con no menos de diez días de anticipación, plazo que sólo puede acortarse si las partes están de acuerdo. Además, no sólo faltaban declarar testigos, si-

no también los alegatos, las últimas palabras y la deliberación. Campagnoli regresó a su fiscalía luego de que el tribunal lo decidió por cuatro votos contra tres. Después, hubo incluso un acercamiento entre él y Gils Carbó, que se tradujo en recuperar alguno de sus empleados. otros siguen dispersos. Aunque Campagnoli quiere dejar algo en claro: “No hubo pacto ni hice treguas con nadie”. El juicio se trabó porque uno de los jurados –Cristina Martínez Córdoba– renunció por estrés, tres se

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inhibieron de seguir interviniendo y otros tres fueron recusados. No hubo ni siquiera reunión de los jurados suplentes para levantar el asunto. Quedan varios sumarios abiertos en su contra y un par de causas penales. Adolfo Villate fue uno de los dos fiscales del jury. Fue nombrado hace dos días por Gils Carbó a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Ayer Campagnoli posójunto a una nota periodística titulada: “Doctora Gils Carbó: corresponden sus disculpas”.ß

LA PLATA.– El Tribunal oral en lo Criminal Federal Nº 1 de esta capital condenó ayer a prisión perpetua a 15 militares, policías y civiles que intervinieron en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha, que funcionó en las afueras de esta ciudad. Se acreditó la responsabilidad de los acusados en homicidios, tormentos y privaciones ilegítimas de libertad, todos delitos calificados en el marco de un “genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar”. El tribunal, integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, dijo en su veredicto que los imputados intervinieron “en la matanza de un grupo nacional en la lesión grave a su integridad [...] acarreando su destrucción física parcial o total”. Entre las más de 128 víctimas se encuentran Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Tanto Estela de Carlotto como Carlos Bettini estuvieron presentes anoche en la sala del juicio. La lista de condenados está encabezada por el ex director de investigaciones de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz, a quien se lo encontró “cómplice de crímenes de genocidio”. Etchecolatz

intentó desafiar al tribunal tras el veredicto, pero fue reprendido por el presidentedelTribunaloral. También recibieron prisión perpetua Gustavo Adolfo Cacivio, Roberto Armando Balmaceda, Miguel Ángel Amigo, Anselmo Palavezzati, Carlos María Romero Pavón, Ricardo Armando Fernández, Héctor Raúl Acuña, Horacio Elizardo Luján, Julio César Garachico y Jaime Smart. Al cierre de esta edición, se leían las condenas para otros nueve imputados. Los fundamentos del fallo se leerán el 19 de diciembre próximo.En la causa se investigó, además, el delito de homicidio, privación ilegítima de la libertad y retención y ocultamiento de un menor de 10 años. El centro clandestino de detención La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia; funcionó desde 1976 hasta 1978 y, además, operó como una maternidad clandestina para las detenidas embarazadas. El centro se denominó La Cacha, porque los represores se jactaban en decir: “Éstas en La Cacha de Cachavacha, la bruja que desaparece gente”, en referencia al personaje del dibujo animado de la serie Hijitus, de Manuel García Ferré.ß María José Lucesole