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POLÍTICA

| Sábado 29 de marzo de 2014

Abren una causa contra Oyarbide y Liuzzi por el polémico allanamiento justicia. Ambos quedaron imputados por el fiscal González en la investigación abierta por la decisión

del juez de frenar un operativo como consecuencia de una llamada del segundo de Zannini Paz Rodríguez Niell LA NACION

El juez federal Norberto Oyarbide y el subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, serán investigados por la justicia penal por la interrupción del allanamiento que el magistrado levantó, según él mismo dijo, después de una llamada de este funcionario de la Casa Rosada. El fiscal Ramiro González identificó a ambos como los imputados (es decir, como los sujetos por investigar) en un requerimiento de instrucción que presentó ayer. Dio inicio así a esta nueva causa y pidió además que el juez Luis Rodríguez dispusiera las primeras medidas de prueba, que incluyen un informe de los números de teléfono de todo el personal de la Secretaría Legal y Técnica, que conduce Carlos Zannini. Hasta ahora, la Justicia investigaba otra parte de esta historia: los supuestos sobornos pedidos por la policía, a nombre del juzgado, para interrumpir el allanamiento en la mutual Propyme. Oyarbide había sido el denunciante. Esta nueva investigación, en cambio, se dirige directamente contra él. Se inició por una denuncia de los diputados radicales Manuel Garrido, José Cano y Mario Negri, después de que Oyarbide declarara que frenó el allanamiento de Propyme –y una veintena más– como consecuencia de la llamada de Liuzzi. Este funcionario es el número dos de Zannini y tiene su despacho casi pegado al de su jefe, en la planta baja de la Casa Rosada. Oyarbide les informó a sus superiores de la Cámara que el 19 de diciembre pasado Liuzzi se había comunicado con él para decirle que los policías a cargo de un allanamiento estaban pidiendo sobornos. Como la información provenía de “tan confiable fuente” –dijo–, paró todos los procedimientos. El juez no chequeó

El juez que investigará al juez luis rodríguez, con despacho a un piso de distancia de oyarbide, será el encargado de investigarlo

fernando massobrio/archivo

Luis rodríguez juez , titular del juzgado criminal y correccional federal n° 9

Antecedentes Era juez de instrucción y en 2012 fue nombrado juez federal. Su designación fue resistida por sospechas de que hizo trampa en el examen para el nuevo cargo (el motivo fue que desde el juzgado que dirigía pidieron, 12 días antes de la prueba, copia de un fallo similar al que le tomaron, que en teoría era sorpresa)

que fuera cierto. No se presentó en la mutual allanada ni envió a nadie de su juzgado. Según su propio relato, sólo dejó una nota manuscrita en el expediente diciendo que levantaba los operativos por “la denuncia de la comisión de hechos graves de corrupción”. Dos meses después,

relaciones Tiene una amistad estrecha con el auditor peronista Javier Fernández, padrino de una hija suya. Fernández supo ser un hombre de enorme influencia en Comodoro Py en favor del kirchnerismo, pero últimamente se distanció de la Casa Rosada. En el caso de Oyarbide, Rodríguez da señales de que planea avanzar

cuando empezó a investigarse lo sucedido, mencionó a Liuzzi. Según los denunciantes, “llama poderosamente la atención” que un juez decida interrumpir un procedimiento que él mismo había fundamentado “con el solo pretexto” de que un funcionario le merece toda

la confianza. Es llamativo también –advierten– que reciba llamadas con sugerencias para sus causas. “Su receptibilidad” supone un “trato previo”, afirman. Y sostienen que esto es especialmente grave porque hizo caer los allanamientos. Estos operativos no son reproducibles;

en ellos es clave el factor sorpresa. “Lo expuesto adquiere mayor trascendencia si tenemos en cuenta que algunos meses atrás Oyarbide archivó una causa judicial en la que se investigaba el posible enriquecimiento ilícito del propio Carlos Emilio Liuzzi ¿Será acaso esa investigación la que permitió la alegada confianza entre juez federal y subsecretario legal y técnico?”, se preguntan los denunciantes. La semana pasada, el fiscal Patricio Evers le pidió a Oyarbide que reabriera aquella causa contra Liuzzi por presunto enriquecimiento. El juez se negó. La decisión quedó ahora en manos de la Cámara. Otra de las medidas de prueba pedidas ayer por el fiscal González es un informe detallado de todos los expedientes que estén abiertos –o lo hayan estado– contra Liuzzi en la justicia federal. El juez Rodríguez decidirá ahora si dispone éstas u otras medidas. En su juzgado, la denuncia por haber frenado el allanamiento quedó unida a la que investiga si existieron los pedidos de sobornos denunciados. En esta parte de la causa, el fiscal amplió ayer la lista de imputados: incluyó como sujetos por investigar a todos los policías de la División de Investigación Federales de Organizaciones Criminales (Difoc) que intervinieron de alguna forma en el allanamiento. Son, en total, 19. Rodríguez rechazó, en cambio, quedarse con la causa que desencadenó todas las otras: aquella en la que Oyarbide había ordenado los allanamientos. Ese expediente investigaba supuestos casos de lavado de dinero. Después del escándalo, Oyarbide dejó la causa. Por sorteo, le tocó entonces a su colega Julián Ercolini, que se la envió a Rodríguez. Pero Rodríguez entendió que no investigan lo mismo y se negó a quedársela. El destino de este expediente también deberá decidirlo la Cámara.ß

Suris operó con una red cómplice en el BaPro

El amigo de Fariña movió más de $ 11,5 millones a través de operaciones fraudulentas; el banco abrió una investigación Hugo Alconada Mon LA NACION

Procesado ya por tráfico de drogas y por emitir facturas truchas que facilitaron la evasión tributaria de 190 empresas, Juan Ignacio Suris calla mucho más de lo que admite ante la Justicia. Calla, en particular, sobre la red de complicidades que operó dentro del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BaPro) para que él pudiera mover más de $ 11,5 millones sin que saltaran las alarmas de la entidad, según reconstruyó la nacion sobre la base de documentos oficiales y de media docena de testimonios durante las últimas semanas. Ante el juez federal de Bahía Blanca que luego lo procesó, Santiago Martínez, Suris admitió que emitió facturas por servicios que jamás prestó y que luego completaba operaciones ficticias en el BaPro para simular que las empresas le pagaban por esos servicios inexistentes. ¿Cómo? Se simulaba el depósito del dinero y en cuestión de horas lo retiraba con cheques. De ese modo, los fondos jamás ingresaron a su cuenta. Pero aun así, el BaPro sólo emitió un reporte de operación sospechosa (ROS) cuando fue demasiado tarde y se ordenó la detención del amigo del “valijero” Leonardo Fariña, hoy también detenido por una presunta evasión tributaria multimillonaria. Basados en las evidencias que acumularon y un informe que prepararon técnicos de la AFIP, los investigadores judiciales sospechan

que Suris contó con la ayuda de uno o más empleados del BaPro para armar la “calesita” de depósitos y retiros ficticios. Pero la duda de la Fiscalía es si esta complicidad alcanza sólo a un cajero de la delegación Barrio Universitario del banco o llega más arriba. Desde el BaPro, en tanto, confirmaron a la nacion que se abrió una “investigación sumarial interna para analizar qué ocurrió y, llegado el caso, aplicar sanciones a uno o más empleados”. Pero indicaron que no podían aportar detalles por tratarse de una “instrucción reservada”. Suris tenía motivos para sentirse protegido. Según declaró ante la Justicia, ayudó a empresas que ganaron contratos de obra pública del Ministerio de Planificación. “Existen movimientos de sobrefacturación, como algunas empresas del Sur relacionadas con el Gobierno”, testificó. “En la zona de Santa Cruz, con empresas algunas de las cuales están relacionadas con el gobierno nacional y provincial”, insistió. Según reveló la nacion a mediados de enero, la AFIP había impulsado una investigación sobre Suris por la emisión de facturas truchas para unas 200 empresas por unos $ 40 millones. Entre otras, algunas controladas por Lázaro Báez y Cristóbal López. Esa pesquisa comenzó en junio de 2011, pero sufrió un parate cuando el titular del organismo tributario, Ricardo Echegaray, cerró la delegación de la AFIP en Bahía Blanca y desplazó a los jefes del equipo de investigadores.

¿Cómo operó Suris en el BaPro? Una y otra vez, simuló depósitos en distintas cuentas de sus firmas –Attimo Bahía Blanca, CVP Industria y M-Magna, entre otras–, pero tras la acreditación formal del dinero en esas cuentas de inmediato libraba cheques. ¿Cuál era el beneficio para él? Se quedaba con una comisión de entre el 15 y 30 por ciento. ¿Cuál era el beneficio para la empresa que recurría al novio de la vedette Mónica Farro? Simular que realmente había contratado a una empresa que le había prestado un servicio, por el cual le había hecho un pago bancarizado, tal como impone la ley 25.345 para montos superiores a los $ 1000 para combatir la evasión. En la práctica, la operatoria llegó a ser grosera, a tal punto que el 23 de diciembre de 2010, Pablo Matélica, dueño de la firma Mapsa Ingeniería SA, figuró como depositante de $ 500.000 en una cuenta controlada por Suris en el BaPro. Pero ese mismo día, se debitaron 10 cheques por $ 50.000 cada uno. El problema es que Matélica, cuando fue citado a explicar esa operación, afirmó que no sabía de ese depósito. Más aún, sostuvo que “nunca concurrió a la sucursal Universitario del Banco de la Provincia”. La operatoria bajo la lupa es más incierta aún. Porque los cheques para el retiro del medio millón de pesos los endosaron Bruno Ortiz y Miguel Ángel Cruz, que consignaron documentos que corresponden en realidad a una mujer de Mendoza y a otro hombre de Entre Ríos. Es

El mecanismo que utilizó para simular pagos Facturas falsas Suris reconoció haber emitido facturas por servicios que nunca prestó operaciones bancarias También admitió que realizó movimientos bancarios ficticios a través del Banco Provincia para simular el pago de esos servicios el mecanismo Para realizar estas operaciones, Suris simulaba un depósito y, en pocas horas, lo retiraba con cheques. Los fondos nunca habían llegado a la cuenta Falta de alertas El banco sólo emitió un reporte de operación sospechosa, a pesar de que Suris movió $ 11,5 millones con este mecanismo Protección Se investiga si Suris contó con la protección de un cajero de la entidad o si hubo complicidad a niveles más altos

decir, los endosos también fueron truchos. ¿Quién se presentó por ventanilla en la sucursal del BaPro y depositó esa fortuna? ¿El cajero no le pidió un documento para verificar su identidad? ¿Quién cobró luego los cheques? Peor aún, ése u otro desconocido repitió la operatoria cuatro días después. El 27 de diciembre, Mapsa aparece como depositante de $ 460.532 en el BaPro y ese mismo día se debitaron 9 cheques por $ 50.000 y otro cheque por la diferencia restante de 10.532 pesos. En ambos casos, no se encendieron las luces amarillas en el banco. Por eso, indicaron desde el BaPro a la nacion, “se investiga ahora toda la operatoria”, en sus distintos eslabones: cajeros, supervisores, gerentes, al tiempo que prometen colaborar con la Justicia con todo lo que les requiera. El BaPro –donde el referente del peronismo de Bahía Blanca, Dámaso Larraburu, integra el directorio– al fin emitió un ROS a principios de este año, según consta en documentos de la entidad que obtuvo la nacion, en simultáneo con la apertura de esa “investigación sumarial interna”. Es decir, sólo después de que los medios difundieron que la Justicia había ordenado la detención de Suris. Para entonces su tarjeta de crédito Visa Gold ya había sido bloqueada por incobrable, su CUIT había sido cancelada por la AFIP y arrastraba 120 cheques personales “sin fondos” por más de 780.000 pesos.ß

Reanudaron el juicio por las muertes de diciembre de 2001 Rechazan la recusación de un juez acusado de falta de ética; Santos y Mathov no declararon El juicio por los crímenes ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001 en inmediaciones de la Plaza de Mayo, cuando cayó el gobierno de Fernando de la Rúa, finalmente se encaminó luego de una semana de escándalo y demoras porque un juez cuestionó la ética de un colega. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, integrado por José Martínez Sobrino, Rodrigo Gimé-

nez Uriburu y Javier Anzoátegui volvió a sesionar ayer. El ex secretario de Seguridad de la Alianza Enrique Mathov se negó a declarar en ese momento aduciendo sufrir una disfonía. Tampoco declaró el ex jefe de policía Rubén Santos y se leyeron las declaraciones indagatoria anteriores que prestó durante el proceso. Dijeron que lo harían mas adelante. El juicio pudo reiniciarse porque un tribunal especialmente designado al efecto, rechazó la recusación del juez Giménez Uriburu, que había ensayado su colega Anzoátegui. Públicamente le había endilgado

una falta de ética (que no explicó) que tuvo lugar cuando se debatía anular o no parte la acusación de una querella. Giménez Uriburu, al informar sobre el asunto, escribió: “No existe ni ha existido causal alguna para justificar las expresiones vertidas en el pedido de apartamiento de mi colega”, sostuvo y las calificó como “expresiones irresponsables” que le provocan “un daño injusto y gratuito” que exceden las discrepancias éticas invocadas por Anzoátegui. Explicó que había cambiado su voto con el correr de los días y que le avisó a su colega a medida que iba a modificando su

pensamiento para votar de acuerdo con un fallo anterior, donde se planteaba un problema similar. Los jueces María del Carmen Roqueta, Adriana Palliotti y Guillermo Costabel, designados para tratar el asunto, rechazaron la recusación de Giménez Uriburu. Los pedidos se fundaron “únicamente en una inadecuada interpretación que aventuraron hacer en torno de los conceptos vertidos por el doctor Anzoátegui, pero que de ninguna manera supone la posibilidad de extraer de esas expresiones la efectiva acreditación de circunstancia alguna que pueda considerarse co-

mo de imparcialidad manifiesta”. Los jueces retaron a sus colegas que llevan adelante el juicio y a las partes. “Deben extremar los recaudos de prudencia y templanza”, les dijeron y que deben tener en cuenta “la importante tarea que les toca desarrollar en una causa de trascendencia social e institucional, que exige la mejor y pronta respuesta a las víctimas e imputados.” Algunas defensas intentaron, tras el rechazo de la recusación, pedir la suspensión del juicio, dado que esa decisión es inapelable, lo que fue rechazado por el tribunal. Así el juicio pudo seguir.ß

Caso Báez: denuncian reticencia extranjera El juez y el fiscal se quejaron porque Suiza y Panamá no colaboran Hernán Cappiello LA NACION

La justicia argentina aseguró que hay “reticencia” en la cooperación internacional, especialmente de Suiza y Panamá, para que le envíen información relacionada con empresas, cuentas y transferencias ligadas supuestamente al empresario kirchnerista Lázaro Báez y a su hijo Martín en la causa en que se los investiga por lavado de dinero. El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal a cargo del caso, Guillermo Marijuan, escribieron en el expediente que entienden que Suiza y Panamá actuaron con “reticencia” cuando se negaron a enviarles la información que les pidieron. “La actitud de estos Estados frente a nuestros pedidos de cooperación dificulta el avance de la pesquisa”, escribió Casanello. Para la fiscalía también la información internacional es clave para el avance de la causa, pues permitiría probar el circuito del dinero a escondidas. Casanello reiteró por eso el pedido de datos que había efectuado a Panamá, ampliando esta vez la información disponible sobre los imputados y las acusaciones, de acuerdo con la investigación que impulsa la fiscalía y define el objeto por investigar. Tanto Panamá como Suiza exigieron mayores requisitos que los previstos en las normas internacionales para intercambiar datos entre países, dijo el juez. Casanello hizo una distinción entre estos países y Uruguay, que le envió, aunque parcialmente, datos de transferencias realizadas por sociedades anónimas y personas, supuestamente ligadas a Báez, pero no copia de la causa en la que se investiga al empresario en ese país. “Como lo ha sostenido el señor fiscal, el suscripto [Casanello] advierte una reticencia internacional en colaborar con la prosecución de la presente investigación”, escribió el juez. La información que recibió es un reporte del Banco Central de Uruguay, que revela una transferencia de una empresa uruguaya a Helvetic en el principado de Liechtenstein, por la venta de un campo en Punta del Este. No se trata de la operación realizada por El Entrevero, otro campo en las afueras de la ciudad balnearia. Esa operación es la que investiga en la causa penal la jueza Adriana de los Santos, a cargo del juzgado especializado en crimen organizado. Ante el pedido de información que le hizo Casanello a la magistrada, la jueza le contestó que no podía enviarle esa causa penal porque tenía un trámite reservado. Esa causa es la número IUE 2-014181/2013 que se caratula “Garrido Manuel, Ocaña Graciela-denuncia”. Los dos legisladores se presentaron en Uruguay y adjuntaron las denuncias periodísticas que señalan que el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, compró ese campo con intervención de Leonardo Fariña. Se investiga si se trata de una operación para blanquear dinero de Báez. En la información del Banco Central uruguayo también se mencionan operaciones realizadas por Teegan Inc, antes de 2012, cuando Martín Báez aparece como su propietario. La justicia uruguaya informó sobre la existencia de transferencias, pero no las detalló. Paralelamente, la jueza De los Santos también le pidió información a Casanello. El fiscal Marijuan entendió que antes de contestarle, el magistrado debía certificar el contenido de los expediente s para saber qué se investiga en Uruguay y las evidencias que hubieran podido reunir. Por eso es que Casanello le mandó un exhorto a la jueza uruguaya en el que le pide le indique el alcance y contenido de su causa y su “avance probatorio”. También le reiteró el pedido de información a Panamá. Es clave este país, pues allí se constituyó Teegan Inc. El juez investiga desde abril pasado a Báez, a Leonardo Fariña y a Federico Elaskar tras la emisión del programa Periodismo para todos de Jorge Lanata. Fariña y Elaskar fueron indagados en la causa, pero aún no se resolvieron sus situaciones procesales. Las autoridades de Suiza y de Panamá se negaron a colaborar con Casanello por entender que no estaba bien señalado en los exhortos qué delito que castigue la Justicia de esos respectivos países se habría cometido en las cuentas bancarias sobre las que se pidió información. Pero Casanello recordó que no es necesario este requisito cuando se trata de un pedido de información y no de una medida de coerción. No se pide un embargo o una detención.ß