10

POLITICA

I

MAGISTRATURA s PRESUNTO ATENTADO CONTRA EL “DECORO”

Jueves 28 de abril de 2011

TEMAS DE LA JUSTICIA

Denuncian a Oyarbide por bailar y cantar con “la Mona” Jiménez

Cuando la ley es la impunidad

H

Consejeros de la oposición harán hoy una presentación contra el juez por su conducta PAZ RODRIGUEZ NIELL LA NACION El programa original del juez federal Norberto Oyarbide era pasar un fin de semana de tranquilidad en Córdoba, pero hubo un cambio de planes y el viernes a la noche fue a ver el show de Carlos “la Mona” Jiménez: se subió al escenario, tocó “La última curda”, bailó cuarteto y cantó el hit “Beso a beso” pegado a su amigo, ídolo absoluto en la provincia. Las fotos y el video de aquella noche hicieron furor en Internet, pero serán además las pruebas de un expediente que se abrirá en su contra. Hoy, referentes del antikirchnerismo en el Consejo de la Magistratura presentarán una denuncia contra Oyarbide por posibles “actos ofensivos al decoro de la función judicial” que “podrían comprometer la dignidad de su cargo”. Así lo adelantaron a LA NACION sus promotores, el ex presidente de la Asociación de Magistrados Ricardo Recondo y el abogado Alejandro Fargosi. El senador Mario Cimadevilla (UCR) evalúa sumarse a ellos. “No es pacatería. Los jueces sabemos que debemos ser prudentes. Así como tenemos privilegios que son por la función, también tenemos prohibiciones especiales”, dijo Recondo.

IMAGEN DE VIDEO

Oyarbide subió al escenario con la Mona Jiménez ante 4500 personas Oyarbide (que ayer hizo saber a LA NACION que no hablará del tema) ha sorteado acusaciones mucho más graves. En 2001, sobrevivió a un juicio político. Entonces, lo acusaban de proteger una red de prostíbulos y llevaba dos años en el centro de un escándalo: lo señalaban como cliente VIP de Spartacus, un burdel gay, y circulaba por televisión un video, supuestamente de él, en ese lugar. En los últimos tiempos fue objeto de varias denuncias. El año pasado, el Consejo cerró la más delicada: la que

lo investigaba por haber sobreseído a los Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito. Además, tiene otras dos abiertas, que no han sido siquiera tratadas este año: una por haber procesado a Mauricio Macri y otra por sus declaraciones sobre la mafia de los medicamentos. “En algún momento hay que empezar. Al Capone fue a prisión por evadir impuestos”, dijo Recondo. Para Fargosi, no es un tema menor. “A los jueces el sistema les da un monumental poder y eso tiene como

contrapartida que las reglas que rigen su vida, tanto profesional como personal, son distintas. Su cargo es incompatible con exponerse meneándose con la Mona Jiménez. Y si lo invitaron es, justamente, porque es juez”, afirmó. La denuncia se basa en dos normas: la ley del Consejo y el reglamento para la justicia nacional. La primera incluye entre las faltas disciplinarias de los jueces “los actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad del cargo”, y establece que configurarán mal desempeño (causal de remoción) “los graves desórdenes de conducta personales”. El segundo dice que los magistrados “deberán observar una conducta irreprochable”. Oyarbide –instructor de muchas de las causas de mayor voltaje político– nunca ocultó su vida social. Ya había viajado a Córdoba para homenajear a “la Mona”, pero además, en los últimos años, caminó por la alfombra roja del Festival de Cine de Mar del Plata, asistió a una velada de box y posó para una foto con el vencedor; fue, vestido de jaquette, a la procesión de la virgen del Milagro, en Salta, y los habitués de la noche porteña lo cruzaron más de una vez en Esperanto, boliche favorito de vedettes y futbolistas.

Jaime sumó una nueva denuncia penal El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime sumó una nueva imputación a la lista de causas en su contra que tramitan en la Justicia. Esta vez fue el ex dueño de la empresa de colectivos Transporte del Oeste quien lo acusó de incumplir sus deberes como funcionario público. La causa recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide, que ya investiga a Jaime por supuesto enriquecimiento ilícito y que lo procesó por la presunta recepción de dádivas en razón de su cargo. El fiscal Jorge Di Lello dictaminó ayer que es necesario realizar

medidas previas de investigación e impulsar la acción penal para ahondar los hechos que denuncia el empresario. La presentación la hizo Norberto Oscar Russo, presidente de Transporte del Oeste desde 1994 hasta 2003. Relató que en ese último año su empresa quebró, en medio de un conflicto gremial por el cual los colectiveros no cobraban sus haberes. Indicó que merced a las gestiones de la Secretaría de Transporte, entonces a cargo de Ricardo Jaime, la empresa sufrió un “mecanismo de expropiación” como a su juicio lo fueron los

sistemas de “gestión participada”, para dejar las empresas en manos de cooperativas manejadas por los trabajadores. Russo dijo que se firmó un acta en la secretaría de Jaime mediante el cual el Estado le entregaba a la cooperativa de trabajadores 15.000 litros de gasoil diarios para los colectivos. Al mismo tiempo se inscribió como empresa el estudio consultora Ecotrans S.A. Una vez decretada la quiebra de Transportes de Oeste, la Secretaría de Transporte le concedió a Ecotrans una habilitación comercial provi-

sional, dice el escrito, que acusa al Grupo Plaza, de los hermanos Cirigliano, de haber comprado luego la consultora y asi tener la gestip´´on de las líneas de colectivos. Afirma, además, que quien comandaba Ecotrans Daniel Millaci, era un “prestanombres y empleado del Grupo Plaza” a quien se transfirieron las acciones de Ecotrans. Millaci dijo anoche a LA NACION que la venta de Ecotrans ocurrió un año despues de que controlara Transportes del Oeste y que se hizo cargo, convocado por los trabajadores, después de la quiebra.

ADRIAN

VENTURA El GAFI critica a la Argentina porque la Justicia no condena el delito del lavado de dinero y la legislación es muy inconsistente. Por ello pide medidas necesarias

ubo que esperar que Estados Unidos solicitara su detención para que un financista colombiano vinculado con el narcotráfico, que vivía tranquilamente en Puerto Madero desde 2005, fuera arrestado en Ezeiza. El Gobierno lo había detectado en 2006 y el fiscal Raúl Plee lo había denunciado en 2009, pero ningún juez lo había arrestado. No es la primera vez que absurdos de este calibre ocurren en el país. En enero de 2011, un juez y la policía de Barcelona incautaron en el aeropuerto de esa ciudad un lujoso jet privado con 940 kilos de cocaína a bordo, que era tripulado por los hermanos Juliá, quienes quedaron detenidos. Pero ningún juez ni policía había impedido que la nave despegara desde Ezeiza. Y, transcurridos varios meses, el juez penal económico argentino aún no indagó a los cómplices. Volvamos al misterioso financista. En 2006, un banco reportó que había realizado una transacción sospechosa. Además, escudado en una nube de sociedades, compró inmuebles y campos en la provincia de Buenos Aires. Nadie encontró justificación para tal fortuna. Lo que el juez federal no pudo probar es que se trataba de un narco. Entonces, el magistrado decidió que no lo podía investigar por lavado –porque mientras no se reforme la ley, si un delito deja un rédito pecuniario se puede castigar al autor del delito, pero no el lavado que hace para encubrirlo– y remitió el caso a un juez penal tributario, para que lo investigara por evasión. Distintas razones técnicas, la burocracia judicial y la falta de datos suficientes sobre el narcotráfico pueden explicar el ping-pong de la causa, pero el resultado es categórico: el hombre se movía libremente. Esta historia es un buen ejemplo para explicar por qué hay que reformar la ley de lavado de dinero. Sin embargo, el apuro del Gobierno no exculpa sus muchas torpezas: L El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) critica a la Argentina porque la Justicia no condena este delito y la legislación es muy inconsistente. Finalmente, dictó varias normas necesarias. LPero el Gobierno debió haber corregido el sistema mucho antes, desde el momento en que advirtió que el país se convertía en la meca de varios narcolavadores y traficantes. LAhora, el Gobierno quiere aprobar un proyecto de la ley de lavado. El eje de la norma es correcto, pero tiene un punto que aleja la posibilidad de un acuerdo político: la oposición pretende que la UIF sea autónoma frente al Poder Ejecutivo. El cuestionamiento no apunta al actual titular de la UIF, José Sbatella, sino a la posibilidad de que se use el organismo como instrumento de persecución política. No hay que buscar rédito político, sino eliminar la impunidad.