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POLITICA

I

Miércoles 16 de febrero de 2011

MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS s REVES PARA EL MAGISTRADO

La Cámara reprendió a Oyarbide Le llamaron la atención por la “desprolijidad” en la causa y por arrestar a acusados sin reunir antes las pruebas HERNAN CAPPIELLO LA NACION La Cámara Federal porteña, superior jerárquico del juez federal Norberto Oyarbide, le llamó la atención al magistrado por la “desordenada instrucción” de la investigación de la mafias de los medicamentos “sin un Norte claro” y por arrestar a acusados sin antes reunir las pruebas suficientes para incriminarlos. La dura advertencia contra Oyarbide es la séptima que le hicieron los camaristas de la Sala II, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, durante la tramitación de las causas en las que se investigan fraudes al Estado, la comercialización irregular de medicamentos, su adulteración, la actuación irregular de funcionarios y el lavado de dinero de estas prácticas, realizado mediante aportes a la campaña presidencial 2007 del Frente para la Victoria. La tolerancia de los camaristas con la manera de llevar adelante el caso estaba ayer cerca de llegar a su fin, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, que deslizaron que ésta sería la última advertencia al juez antes de tomar una medida más dura, como un llamado de atención formal. No obstante, fuentes tribunalicias dijeron que la decisión de sacarle la causa al juez quedó casi descartada por el atraso que significaría que un nuevo magistrado se interiorice de tantos expedientes como los que abarca la investigación. El tirón de orejas para el juez fue decidido cuando los camaristas decidieron revocar la prisión preventiva de dos acusados, Carlos Tripi y Marcos Ludueña, liberarlos y disponer su falta de mérito. Al analizar la situación de estos acusados, los camaristas dijeron: “El hallazgo de elementos que puedan sugerir la existencia de un ilícito o

la intervención de otras personas en hechos que están siendo investigados no pueden determinar sin más el dictado de una orden de detención, sino que exige la producción de diligencias probatorias que acompañen la presunción, dando forma a una concreta imputación”. En otras palabras: no se pude detener a nadie sin antes juntar las pruebas del delito del que se lo acusa. Si bien el párrafo de la resolución está expresamente dedicado a la situación de Tripi y Ludueña, en el segundo piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, donde funciona la Cámara Federal, mencionaron el caso del secretario general del gremio de trabajadores rurales, Gerónimo Venegas, “Momo”, cuya situación procesal aún debe resolver Oyarbide. No escapa a los camaristas que deberán revisar la decisión del juez. Insistieron en que el magistrado debe primero realizar medidas para averiguar sobre los datos que tiene en su poder desde 2008 y luego evaluar si se violó la ley.

Dirección ineficaz Al referirse, en general, al trámite de estas causas, los camaristas aseguraron que “no se ha encontrado una eficaz dirección de las pesquisas”, pues con el paso del tiempo “más que un avance hacia el esclarecimiento, se va dilatando la dilucidación de los sucesos” a partir de elementos que “se aúnan sin Norte en una desordenada instrucción”. Eso hace, dijeron, que mientras se hacen nuevos arrestos e indagatorias se deja de lado resolver la situación de otros presos, algunos en condición de afrontar un juicio oral. Le criticaron, además, a Oyarbide que adjunte a su causa otras de otros juzgados y que trate, incluso, de incorporar a su caso otros re-

ARCHIVO

El juez Oyarbide sumó la séptima advertencia de la Cámara Federal sonantes expedientes, como en el que se analiza el contrabando de 900 kilos de cocaína a España, que involucra a los hermanos Juliá, y el asesinato del titular de la obra social de empleados de maestranza, Roberto Rodríguez, investigado en el caso de los remedios. “Se impone que el juez disponga lo inmediato para corregir las falencias señaladas”, concluyeron su reto los jueces.

“Estúpidos y mentes afiebradas” El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que la detención del sindicalista Gerónimo Venegas por la mafia de los medicamentos “no es materia de opinión” del Gobierno. “Si Venegas no tiene nada que ver, que lo resuelvan y lo dejen tranquilo, y si tiene que ver, que dé explicaciones en la Justicia”, dijo Fernández, en declaraciones a la radio La Red. Para el jefe de Gabinete, “los que plantean [que existe] un trasfondo político [tras el arresto] son unos importantes estúpidos, mentes afiebradas que creen que estas acciones se manifiestan de alguna manera espuria”.

El sindicalista mendocino seguirá preso El juez federal Norberto Oyarbide rechazó ayer la excarcelación del titular de la Mutual del Personal del Agua y la Energía de Mendoza, Juan José Denaro, detenido por el caso del fraude al Estado con medicamentos. El magistrado se opuso a la excarcelación de Denaro “bajo ningún tipo de caución” y basó su negativa en la posibilidad de que, en caso de recuperar la libertad, el dirigente mutualista pueda entorpecer la investigación. Apenas conocida la resolución de Oyarbide que denegó la excarcelación, el penalista Pablo Slonimsqui, defensor de Denaro, presentó un recurso de apelación para que la Cámara Federal revise el fallo. De todos modos, el rechazo de Oyarbide es momentáneo, según dijo el propio juez al sostener su fallo. Su resolución se basa en dos argumentos: que Denaro, en libertad, puede frustrar algunas medidas de pruebas pendientes y que no puede revelar esas medidas a los defensores para no poner en riesgo la pesquisa. Esto motivó la queja de algunos abogados que intervienen en el caso porque sostienen que así no pueden analizar la razonabilidad de la decisión. Denaro está acusado de haber presentado ante la Administración de Programas Especiales (APE) 27 expedientes para cobrar reintegros por la adquisición de costos de medicamentos para tratar el cáncer. Pero Slonimsqui señaló que de ese universo “en 20 expedientes no se sabe aún si los troqueles de los medicamentos presentados son falsos o no y si los pacientes existen”, con lo que entendió que en su caso se dio lo mismo que en el de Carlos Tripi (ver nota aparte), “donde el juez ordenó un arresto sin tener las pruebas”.

ENRIQUECIMIENTO ILICITO

Intimaron a Jaime a justificar sus bienes El juez Oyarbide le dio 15 días para explicar cómo creció su patrimonio en $ 6.608.642,76 El juez federal Norberto Oyarbide intimó al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime a que en 15 días justifique el incremento de su patrimonio en $ 6.608.642,76, por encima de sus ingresos, según determinó el fiscal Carlos Rívolo, que investigó los bienes del ex funcionario durante tres años. Tras la notificación de ayer, Jaime tiene ahora ese plazo para presentar un escrito en el que explique la manera en que él y su grupo familiar obtuvieron el dinero con el que adquirieron entre 2003 y la actualidad, casas, un hotel, un barco, una docena de automóviles, motos, una camioneta, lotes, un departamento en Florianópolis y un chalet en un country en San Isidro. El plazo puede ser prorrogable una o dos veces. Una vez que el juzgado reciba esa información, la enviará al fiscal que la analizará para determinar si las explicaciones de Jaime le resultan convincentes o si por el contrario encuentra injustificado su incremento patrimonial en esas sumas de dinero, considerando todos los

Colectora

bienes que compró y vendió desde que llegó a la función pública, menos los ingresos que tuvieron él, su mujer, sus hijos y hasta su suegra. Si el fiscal no se da por satisfecho con la justificación, pedirá que Jaime sea indagado por el delito de enriquecimiento ilícito, que prevé penas de dos a seis años de prisión y una multa del 50 al 100% del valor del enriquecimiento. El dictamen de Rívolo no incluye entre los bienes adjudicados a Jaime un avión privado valuado en US$ 4 millones que el ex funcionario utilizaba como suyo y un yate Altamar 64, valuado en US$ 1,5 millones. Faltan medias de pruebas para determinar a quién pertenecen ambos vehículos. Por otra parte, ayer el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán ratificó ante el juez penal tributario Javier López Biscayart una denuncia por supuesta evasión contra Manuel Vázquez, jefe de asesores de Jaime, a quien acusa de cobrar comisiones en negocios con España, que ocultan, a su juicio, “gran parte de la matriz de retornos a Ricardo Jaime”.

Por NIK