POLITICA
Martes 4 de octubre de 2011
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Por NIK
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FONDOS BAJO SOSPECHA s PROCEDIMIENTOS EN LA CAUSA DE LAS MADRES
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Allanó Oyarbide una droguería ligada a Pablo Schoklender Ocurrió el mismo día en que el hermano de Sergio acusó al ex apoderado de las Madres HERNAN CAPPIELLO LA NACION La Justicia allanó ayer los domicilios de una droguería supuestamente ligada a Pablo Schoklender en la causa en que lo investiga por fraude y lavado de dinero durante su gestión en Madres de Plaza de Mayo. Los allanamientos se realizaron el mismo día en que Pablo Schoklender se presentó ante el juez Norberto Oyarbide –a través de sus abogados– para criticar a su hermano Sergio. Allí, destacó que están peleados y que no comparte su estilo gritón e intempestivo de hacer denuncias en contra del magistrado. También rechazó que las Madres hubieran financiado la campaña electoral de candidatos kirchneristas. Los procedimientos de ayer fueron realizados por Oyarbide en los domicilios del laboratorio, cuyo presidente hasta 2009 fue Manuel Camet, allegado a Pablo Schoklender e imputado en la causa. En enero de este año asumió como vicepresidenta Noelia Verónica Garay, de 27 años, quien tuvo un paso por la imprenta y se la vinculó sentimentalmente con Pablo. El laboratorio Lenity tiene autorización para proveer de medicamentos a la provincia de Buenos Aires y fijó domicilio en Rivadavia 1157, sexto piso, departamento A. Más allá de profundizar esta línea de investigación que complica a Pablo, ayer el hermano menor se esforzó por demostrar ante la Justicia que su estrategia es diferente de la de Sergio. En el escrito, Pablo Schoklender señaló que su hermano Sergio, con sus manifestaciones “espasmódicas”, impregna la causa “de una carga psicótica” que envuelve a los involucrados en el expediente. Además, desmintió que la Fundación Madres de Plaza de Mayo hubiera financiado campañas políticas del kirchnerismo, como lo había denunciado Sergio, y defendió el rol
ARCHIVO
Sergio Schoklender fue cuestionado ayer por su hermano Pablo de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de José López, a quien Sergio tildó de coimero. “En modo alguno puede atribuirse a la fundación, como tal, haber contribuido, tanto en el orden nacional como en el ámbito local, al financiamiento de campañas proselitistas, ya sea mediante la confección de afiches o piezas gráficas en general o solventando gastos propios de dicha actividad”, afirmó en un escrito presentado por sus abogados, Gonzalo Romero Victorica y Ramiro Rubinska. “Las autoridades políticas que
tuvieron vinculación con el proyecto Sueños Compartidos, y en particular la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, acompañaron las actividades del programa”, destacó, y negó que hubieran existido injerencias. En sintonía, el ministro de Planificación, Julio De Vido, respaldó a López. Además, Pablo dijo que frente a “las curiosas e intempestivas manifestaciones” de Sergio hubo una “pelea entre ambos” y que están totalmente alejados”. Reiteró su “vocación de colabo-
rar en un todo con el progreso” de la investigación y atribuyó a su hermano “expresiones espasmódicas, parciales y apartadas de un conocimiento objetivo del legajo, que lejos de aportar claridad a su trámite lo impregnan de una carga psicótica”. “Las diferencias respecto de la causa, como también las declaraciones que no comparto, plagadas de falacias e injurias, imposibilitan cualquier tipo de acercamiento, tanto en lo personal como a los fines de una eventual estrategia procesal conjunta”, sostuvo Pablo. Se quejó del prolongado secreto de sumario que el juez Oyarbide dispuso en la causa y advirtió que esa “falta de publicidad del legajo les resulta funcional a quienes, utilizando a los medios de comunicación, lanzan mensajes confusos”. Allegados a Schoklender dijeron que esta presentación de Pablo busca alejar la idea de que la pelea entre ambos es una impostura. Oyarbide recibió ayer este escrito, pero además envió un oficio al Banco Central para que todas las entidades le informen sobre las cuentas que manejaron las Madres de Plaza de Mayo y el detalle de sus movimientos. Esto es necesario, dijeron fuentes judiciales, porque era tal el descontrol administrativo interno en la entidad que no tenía identificadas sus propias cuentas bancarias. Además, el juez decidió ordenar la realización de una inspección simultánea en todas las obras de las Madres para certificar su estado de avance, antes de que el Gobierno siga adelante con su idea de terminarlas, como anunció la semana pasada el ministro De Vido. La idea es que esta tarea se haga previamente al peritaje en el que se busca determinar si se pagaron sobreprecios por el metro cuadrado construido y si se pagó sin certificados de avance de obra.
Síntesis FORMOSA
DERECHOS HUMANOS
Homenaje a víctimas de los montoneros
Etchecolatz aportaría datos a la Justicia
FORMOSA.– En la plaza de armas del regimiento 29 de Infantería de Monte, se realizará mañana a las 18.30, el homenaje a los militares caídos en el intento de copamiento de la unidad por parte de elementos de la organización Montoneros. El hecho ocurrió el domingo 5 de octubre de 1975 y fue protagonizado por treinta hombres que ingresaron en la unidad, equipados con armas automáticas y explosivos. Como consecuencia del ataque, doce efectivos del regimiento –diez soldados, un suboficial y un oficial–, y un agente de la Policía provincial resultaron muertos. “Este hecho constituye una cabal muestra de coraje y entrega del pueblo formoseño en su conjunto y sin distinción en defensa de las instituciones de la República”, consigna la invitación cursada por el actual jefe del batallón, teniente coronel Enrique Marcelo Pando, para participar en la conmemoración del episodio.
El represor Miguel Etchecolatz negó ayer ante la Justicia tener algún tipo de vinculación con la desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad que se sustenta contra el ex policía y que lleva cinco años sin aparecer. Por el contrario, Etchecolatz dijo que tiene datos, pruebas y elementos de prueba para aportar sobre el paradero de Clara Anahí, hija de Daniel Mariani y Diana Teruggi, que, con tres años, fue secuestrada en noviembre de 1976 de la casa de sus padres, cuando el personal policial realizó un operativo y asesinó a todos los allí presentes. “Podría aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anahí Mariani, a quien pueda estar necesitándolo, porque fui testigo presencial de aquellas circunstancias generadas”, dijo el ex director de Investigaciones de la policía bonaerense durante la audiencia celebrada ayer en el Tribunal Oral N° 1 de La Plata.
PRESUNTO FRAUDE EN LA OFICINA DE CONTROL AGROPECUARIO
LA NACION
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ARCHIVO
El ex titular de la Oncca y actual jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray se presentaron en su casa y lo llevaron otra vez al banco. Pero esa vez, para retirar el dinero del subsidio de la Oncca, que el changarín jamás tuvo entre sus manos. Sólo cobró $ 1000 que creyó parte del seguro de desempleo prometido. Ibarra y Albarracín afrontaron situaciones similares en la misma sucursal del Banco Nación, pero en sus casos los cobros de los subsidios irregulares no llegaron a concretarse. Tras la difusión pública de lo ocurrido con Tapia, el entonces titular de la Oncca, Emilio Eyras, revocó las órdenes de pago que él mismo había autorizado.
Reembolso inesperado
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El escándalo aportó, sin embargo, un fruto inesperado. Reapareció el millón de pesos birlado con la firma de Tapia. Y según el polémico presidente de la Cámara Pesquera Marplatense, Daniel Tunoni, quien lo transportó desde Buenos Aires hasta Mar del Plata para devolverlo al Banco Nación fue Fernando Villaverde, uno de los colaboradores más cercanos desde hace dos décadas del ex titular de la Oncca y luego de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
Tanto Villaverde como Echegaray niegan cualquier relación con la operatoria irregular. Más aún, el jefe de la AFIP inició una disputa judicial con Tunoni que incluyó el envío de e-mails en los que el testigo aludió al presunto cobro de US$ 15.000 a cambio de cambiar su testimonio, tal como reveló LA NACION el mes pasado. En Mar del Plata, mientras tanto, la investigación judicial por los presuntos cobros irregulares quedó en manos del juez federal con competencia en esa ciudad, Alejandro Castellanos, pero el expediente se desdibujó. Sólo se reactivó cuando recaló en Buenos Aires, atraído por la pesquisa que instruyen Martínez De Giorgi y Cearras. En esa investigación, Eyras figura como imputado, aunque no fue citado a indagatoria. Su última movida fue cambiar de abogado defensor y designar a Federico Novello, un ex secretario federal en el juzgado de Jorge Urso durante los tiempos del caso Armas. Echegaray, por el contrario, sí es investigado en la causa como supuesto dueño de otro feedlot que tampoco llegó a cobrar subsidios, pero que la Oncca se los otorgó.
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De mendigo a millonario, de productor rural a mendigo otra vez y, ahora, a acusado ante la Justicia. El changarín que figuró como supuesto dueño de un feedlot fantasma para embolsar casi un millón de pesos en subsidios de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) deberá ahora explicar ante la Justicia qué pasó y quiénes lo metieron en esa operatoria. El juez federal subrogante Marcelo Martínez De Giorgi citó al changarín Juan Benjamín Tapia, a dos patovicas y a otros cinco imputados a indagatoria, sospechosos de cometer varias irregularidades con fondos millonarios de la Oncca, que el Gobierno disolvió a raíz del escándalo. Todos ellos deberán declarar entre el 13 y 27 de este mes, acusados de fraude en perjuicio de la administración pública y falsificación de documentos, según indicaron fuentes judiciales a LA NACION. De Giorgi convalidó así el pedido del fiscal Carlos Cearras, quien pidió citar a Tapia para que declare qué ocurrió antes y después del 7 de septiembre de 2009, cuando se presentó en una sucursal del Banco Nación en Mar del Plata para cobrar $ 964.276 como dueño del feedlot La Pilarica, que sólo existía en papeles falsos. Tapia deberá presentarse en Comodoro Py el jueves 13, una hora y media antes que Maximiliano Rubén Ibarra y Mirta Gladis Albarracín, otras dos personas de escasos recursos que también aparecieron como supuestos dueños de feedlots inexistentes, que aspiraban a embolsar subsidios irregulares. Una semana después, el jueves 20, será el turno de tres veterinarios –Hernán Finnegan, Guillermo Ariel Korsunsky y Néstor Daniel Galván–, mientras que el 27 será el turno de José Ignacio Sosa y de Adolfo Rúa. “Toto” Sosa y “Cacho” Rúa, como se los conoce en el ambiente portuario marplatense, serían los dos patovicas que levantaron a Tapia por su casa, tras prometerle un seguro de desempleo, lo llevaron a una escribanía para que firmara documentos y luego al banco, para que abriera una cuenta. Dos meses después, la vida de Tapia volvió a acelerarse. Dos hombres
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La Justicia los citó junto a otros 5 imputados por los subsidios irregulares
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Investigan a un changarín y dos patovicas por la Oncca
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