POLITICA

Sábado 10 de julio de 2010

FRAUDE MILLONARIO s EX FUNCIONARIOS, COMPLICADOS

Hallan una imprenta ligada a la mafia de los medicamentos Creen que allí se falsificaban troqueles; descubrieron, además, otra droguería de Forza HERNAN CAPPIELLO LA NACION La investigación por la venta de medicamentos adulterados que involucra a obras sociales sindicales y tiende sombras sobre los funcionarios que debían controlar el pago de reintegros a esas organizaciones sigue destapando sorprendentes revelaciones. La Justicia descubrió ahora vínculos entre una droguería y un ex funcionario de la Superintendencia de Salud ya fallecido y halló una imprenta en Barracas, donde se sospecha que se falsificaban los troqueles de los envases de los remedios. Se imprimían también facturas que permitían la comercialización irregular de medicamentos y el cobro indebido de reintegros. Mientras tanto, el juez Norberto Oyarbide aún pelea con su colega Claudio Bonadío para ver quién se quedará con la parte de la investiga-

ELECCIONES POLEMICAS

Denuncian a Tomada en una interna sindical Nueva complicación en Aeronavegantes LUIS LAUGE LA NACION En un nuevo capítulo de los escándalos que en los últimos años sacuden al gremio de Aeronavegantes y frente a la elección de autoridades que se inició ayer, la lista Unión Celeste denunció al Ministerio de Trabajo por “condicionar el libre acceso de los trabajadores al comicio” y accionará judicialmente contra el ministro Carlos Tomada. Así lo informaron fuentes de la lista que lleva como candidata a secretaria general a la auxiliar de a bordo Patricia Gispert, que enfrenta al sector cercano a la histórica jefa del gremio, Alicia Castro, actual embajadora en Venezuela. Cerca de Gispert señalaron a LA NACION que la presentación ante la Justicia será pasado mañana. Desde la Lista Celeste, que fue la autorizada por la justicia laboral a convocar a los comicios y depurar padrones, insistieron en que Trabajo influyó a favor “de la Lista Verde, como lo hizo en elecciones anteriores, en una situación que derivó en un fraude electoral” hace cuatro años. Pero un vocero de la Lista Verde se defendió ante LA NACION: “Ellos [por la Celeste] designaron a los miembros de la junta electoral. ¿Cómo puede ser que sigan quejándose?” La Lista Verde lleva como candidato a Ricardo Frecia, un sindicalista aliado del jefe de la CGT, Hugo Moyano, y que responde políticamente a Castro. Gispert explicó que el Ministerio de Trabajo agregó dos urnas adicionales “apenas horas antes de abrirse las elecciones”, que se iniciaron ayer, para que allí voten “morosos consuetudinarios” del sindicato que no estarían en condiciones de sufragar, pero donde se “excluyen a las embarazadas y a los trabajadores que se rigen por el régimen de planta permanente en períodos de trabajo efectivo”. La lista Unión Celeste hizo desde el 23 de diciembre la depuración del padrón electoral, a partir de la decisión de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de permitir que ese sector asumiera la conducción del gremio y convocara a comicios en seis meses. Una fuente que justificó la colocación de estas dos urnas adicionales dijo que “se permitirá que voten allí; y como hay diferencias entre las listas, después se verá si corresponde o no aceptarlas”. Como sea, la lista Unión Celeste acusó también al Ministerio de Trabajo de “intentar modificar los lugares de votación y los horarios de acceso al comicio”, y Gispert no detuvo su prédica en contra de un posible fraude. El escándalo del año pasado se potenció cuando el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ordenó a la policía no actuar ante el pedido judicial de desalojar al sector cercano a Alicia Castro, que tenía tomado el edificio del gremio para que no pudiera asumir la Lista Celeste.

ción que involucra a la obra social de los camioneros de Hugo Moyano y estudia cuándo citar a declarar como sospechoso al ex recaudador de la campaña presidencial kirchnerista y ex superintendente de Salud, Héctor Capaccioli. La nueva revelación tiene que ver con la imprenta Clan Artes Gráficas, de la calle Isabel la Católica 1661, en Barracas, donde supuestamente se realizaban estuches nuevos para medicamentos adulterados, troqueles, que permiten cobrar reintegros, y se entregarían facturas para que pudieran circular esos remedios. Esa imprenta, según sospechan fuentes judiciales, pertenecería a Fernando Distassio. Al allanar la imprenta, se secuestraron películas de impresión para facturas A de Droguerías Plaza. Esa firma habría estado vinculada con el fallecido ex empleado de la Superintendencia de Salud Raimundo Latorre, según dijeron a LA NACION ex funcionarios

del Ministerio de Salud. Latorre figura como aportante de $ 30.000 a la campaña 2007 del Frente para la Victoria. También se encontraron en la imprenta facturas de Bairesmed/Seacamp, droguerías de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, vinculado con la venta de efedrina a carteles de la droga mexicanos. Esto se desprende de la resolución del juez Oyarbide, en la que dictó el procesamiento de Walter Maffini (preso), Lidia Cinich (excarcelada) y Sergio Amarilla (excarcelado), por participar en la comercialización de remedios adulterados. El juzgado estableció que Maffini, proveedor de remedios y vecino del country Campos de Echeverría, de Canning, estaba vinculado con el dueño de la imprenta en la empresa Vax Consultores, que se dedicaría a los negocios con medicamentos. Esa firma les había sido transferida por

Marcelo Abasto, un empresario que está prófugo en Brasil. La oficina de esa empresa estaba en Corrientes 818, piso 8, oficina 807. En ese mismo domicilio funciona la compañía financiera Argencheck, donde trabajaba la procesada Cinich, y dos pisos más abajo está establecida Masterfin, dedicada al negocio financiero y propiedad de Maffini. La Justicia cree que esas empresas se relacionan con el dinero que dejaba el negocio ilícito de los remedios. Oyarbide, además, descubrió, siguiendo los cheques de los investigados, a la droguería Nuevos Cabales, que había sido vendida en 2004 a Forza. No hace falta vender muchos de estos remedios o cobrar demasiados reintegros para hacer gran diferencia. Sólo dos de los medicamentos oncológicos mencionados por Oyarbide (Mabthera 500 mg, vial de 50 ml y Avastin vial 16 ml x 400 mg) cuestan entre $ 9500 y $ 9700 pesos.

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