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POLITICA
I
Domingo 26 de diciembre de 2010
UN CASO QUE HARA HISTORIA s UN DELITO POR EL QUE NO HABIA CULPABLES
Lavado: una mafia de barrio, la primera condena Continuación de la Pág. 1, Col. 5 un restaurante, televisores de plasma y hasta una mesa de pool. La falta de condenas por actividades de lavado era uno de los argumentos más simples y contundentes que afrontó el país cada vez que fue evaluado durante los últimos años por el principal foro intergubernamental del mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que volverá a reunirse a mediados de febrero para revisar la situación argentina. El jefe de la unidad antilavado (UIF), José Sbattella, podrá exponer ahora la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, que condenó a la pareja de dealers (en ese caso, por el delito de narcotráfico) y al trío que se encargó de reintroducir el dinero en el circuito blanco (por lavado), según consta en la copia de la sentencia, dictada el 15 de este mes, que obtuvo LA NACION. El trío de lavadores condenados abarca a María Eugenia Rodríguez, de 43 años, su marido Julio Guillermo Vallejo, un tucumano desocupado de 42 años, y el hermano de éste, Gonzalo Maximiliano Vallejo, un empleado cordobés, de 36 años, que se encargaron de blanquear el dinero obtenido por la venta de cocaína y marihuana en la capital cordobesa. Los tres –no cumplirán penas de prisión efectiva por el monto de sus condenas– trabajaban para una banda de narcotraficantes que lideraba Jorge Guillermo Altamira –“el Gallo” o, más simple, “el Narco”–, y su mujer, Magalí Macarena Vallejo. El vínculo entre los narcos y los lavadores era tanto familiar como laboral. Por un lado, porque Magalí Vallejo era hermana de Julio y de
Guillermo; por otro, porque era la dueña de la tienda J&M, donde trabajaba su cuñada, María Eugenia Rodríguez. Repleto de ropa deportiva trucha y con ventas formales por 10.900 pesos durante 2005, 24.444 pesos al año siguiente y nada declarado hasta que lo cerró la policía en 2007, J&M sirvió para “dar apariencia de legalidad a la liquidez monetaria proveniente de la venta de estupefacientes”, según el tribunal, “como así también utilizarlo de pantalla para esconder el verdadero negocio vinculado al narcotráfico”. El blanqueo fue sustancial, según corroboró la Justicia. Como dueña del local, Magalí Vallejo compró dos departamentos, una casa, dos autos, una camioneta, televisores plasma y equipos musicales. A la par de ella, sus hermanos y su cuñada complementaron la reintroducción del dinero blanqueado, aun cuando los camaristas destacaron que “todos ellos [contaban] con un bajo nivel de ingresos y [eran] procedentes de sectores económicos carenciados”. Por eso, concluyeron, actuaron como “testaferros” de “El Gallo” Altamira.
Bola negra El blanqueo del trío incluyó la compra de “vehículos, bienes muebles e inmuebles y fondo de comercio”. Es decir, un auto Volkswagen New Beetle, una camioneta Ford Ranger, el restaurante Como en Familia y hasta una mesa de pool por 5000 pesos. “El fin de las actividades económicas que llevaron adelante los nombrados fue adquirir bienes con dinero proveniente del lavado de activos originado en el narcotráfico para, mediante su adquisición «legal»”, destacó el camarista Carlos Julio Lascano, lo que refrendaron sus
colegas José María Pérez Villalobo bo y José Vicente Muscará. El jefe de la banda, Altamira, ra, es un conocido delincuente cordodobés. Entre otros motivos, porque ya or arrastraba una condena previa por tenencia simple de estupefacientes, es, múltiples denuncias penales, dos os investigaciones policiales simultátáial neas –una por la fuerza provincial y la otra por la Policía Federal–,, y bre una larga lista de testimonios sobre él, su mujer y sus hijos, también én detenidos. Colectivero según su empleo forormal, el tribunal concluyó que armó mó una asociación ilícita con su mujer, sus hijos Diego y José, un changarín conocido como “Boby”; un chapista (“Petiso”); un albañil (“Polvorita”); y una ama de casa a la que todos llamaban “la gorda Mary”. Juntos vendieron kilos de cocaína y porros de marihuana en distintas casas y en la calle, y a través de mayores y menores de edad, incluido un chiquito al que apodaban “Pollito”. El tribunal convalidó el pedido del fiscal federal Carlos Gonella y terminó por condenar a Altamira a 6 años de prisión y a su mujer, Magalí Vallejo, a tres años en suspenso, mientras que el resto de la banda recibió entre 3 y 5 años de prisión cada uno, más multas, accesorias y costas. Lo histórico ocurrió, sin embargo, cuando los camaristas también hallaron culpables a Julio y Gonzalo Vallejo y María Eugenia Rodríguez, y los convirtieron en los protagonistas de la primera condena por lavado de dinero en el país. Les fijaron dos años de prisión y multas de $ 100.000 cada uno. Y ordenaron el decomiso de los autos, la camioneta, el restaurante, la casa, toda la ropa trucha... Y, sí, también la mesa de pool.
Una historia de dealers cordobeses
La sentencia ntencia y sus consecuencias consecuenciias
fallo. La Justicia consideró ➽ Elculpables de lavado de dinero a
tres integrantes de una familia cordobesa (uno de ellos desempleado) por ayudar a introducir en el mercado legal fondos de una pareja de vendedores de drogas. traficantes. El dinero prove➽ Los niente de la venta de marihuana y cocaína se usó para comprar casas, autos y electrodomésticos. El jefe de la banda es un colectivero que vendía drogas. En su caso, la condena fue por narcotráfico. fraganti. Al colectivero lo ➽ Indetuvieron con unos gramos de marihuana y papeles con restos de cocaína, según la sentencia.
histórico. Es la primer ➽ Dato condena de lavado en más de diez años que existe ese delito. La falta de sentencias es una de las causas por las que la Argentina es sospechada en el ámbito internacional de no tener compromiso con la lucha de este flagelo. mayores. Más allá del ➽ Delitos caso de Córdoba, no hay avances en causas relacionadas con delitos del narcotráfico internacional, el blanqueo de grandes corporaciones y la corrupción política.
El Gobierno tiene ➽ Ultimátum. hasta febrero para mostrar avances, a riesgo de ser enviado a la “lista gris” de países sospechados de favorecer el lavado.
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Otras dos causas que se acercaron a la sentencia La condena del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba es la primera que se conoce en el país por el delito de lavado de activos: llegó antes que otros dos juicios que pudieron haber conseguido el inusual honor. Un antecedente se gestó en el Tribunal Oral Federal N° 5 de la ciudad de San Martín, en el conurbano bonaerense, donde el acusado de administrar y blanquear el dinero de una banda de narcos con vínculos en Colombia y España, Osvaldo Rosario Altuna, obtuvo el año pasado la suspensión del juicio a prueba y evitó así convertirse en el primer condenado por lavado. Según el fiscal federal Marcelo Darío Fernández, hubo “lavado de activos proveniente del tráfico de estupefacientes, el que era llevado a cabo por Osvaldo Altuna”. Altuna obtuvo, sin embargo, la suspensión del juicio a prueba en septiembre de 2008, a cambio de abonar el mínimo de la multa posible –fijado en 100.000 pesos–, en 10 cuotas mensuales. Poco más de un año después, en noviembre de 2009, el tribunal integrado por Alfredo Ruiz Paz, Daniel Alberto Cisneros y Carlos Cassani, declaró extinguida la acción penal y lo sobreseyó. Dado lo ocurrido en San Martín y la sentencia de Córdoba, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Comodoro Py podría dictar la segunda condena por lavado. Para eso debería hallar culpable a una pareja de mexicanos acusada de tratar de ingresar por el aeropuerto de Ezeiza con US$ 618.000 sin declarar en 2005. El juicio oral comenzaría el 26 de mayo, aunque la incógnita sigue abierta. Con ambos acusados en libertad, uno de ellos regresó a México por razones de salud con la venia del tribunal.
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