Política

Página 10/LA NACION

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Martes 4 de diciembre de 2007

DECLARACIONES POLEMICAS

La Justicia investiga una estafa masiva

Una mafia cobraba a portuarios para jubilarse: hay 3 detenidos

“A Videla hay que conocerlo. La gente juzga por cosas que oye o se dicen. Pero él es una persona distinta de como lo presentan en la opinión pública. No es un asesino” Martínez de Hoz

Dos funcionarias están prófugas; allanaron la Anses y la Dirección de Puertos Por Paz Rodríguez Niell De la Redacción de LA NACION Una carta dirigida al Presidente fue la clave para desmantelar la estafa. “Mi situación es caótica. He golpeado todas las puertas para obtener mi jubilación. Me exigieron que firmara un pagaré en blanco. Por favor, necesito su ayuda.” Cinco meses después de ello intervino la Justicia y hay tres presos por extorsión y dos funcionarias prófugas: una gerente de la Administración General de Puertos (AGP) y la responsable de una unidad especial de la Anses. Todos están acusados de integrar una suerte de mafia que obligaba a los trabajadores portuarios a pagar para acceder a la jubilación. Se estima que miles de empleados fueron víctimas de la extorsión y que, sólo entre diciembre de 2006 y mayo de 2007, la estafa superó los 540.000 pesos. Cuando los puertos se privatizaron, a principios de los 90, cientos de estibadores quedaron en la calle. Uno de ellos es el autor de la carta dirigida a Kirchner. No conseguían trabajo, y sin aportes no podían jubilarse. Para revertir esta situación, un decreto de 2004 (ampliado por otro de 2006) dio por completados los aportes de quienes habían trabajado en blanco más de 16 años. Era el final de una larga lucha gremial, pero fue también la herramienta que posibilitó la defraudación. En las últimas semanas, el juez Marcelo Martínez de Giorgi allanó la AGP, la Anses y el puerto. Detuvo a tres personas y ordenó la captura de otras siete, que están prófugas. De acuerdo con las pruebas reunidas, la maniobra fue posible porque la AGP delegó la elaboración de los padrones de los futuros jubilados en un ex trabajador portuario: Francisco Montiel, que hoy está preso. El recolectaba los documentos de sus compañeros y gestionaba los trámites. A cambio, exigía entre 4000 a 10.000 pesos, según las declaraciones de unos 20 testigos. La causa penal fue iniciada por la Anses después de que Kirchner le remitiera la carta (de una carilla en total) que alertaba sobre la situación. Paradójicamente, quien la recibió en la Anses y presentó la denuncia judicial es la responsable de la Unidad Central de Apoyo, Silvia Montenegro, que hoy es una de las acusadas de la estafa y está prófuga.

Martínez de Hoz defendió a Videla y justificó la represión Reapareció el ex ministro de Economía

FEDERICO NADER

Carlos Vallejos: “Estamos desahuciados; ya no sé qué hacer para que me den la jubilación”

La Justicia calcula que unas 8000 personas pasaron por Montiel. A cambio de haberle otorgado ese poder, una gerente de la AGP, Silvia Quinteros, habría cobrado unos 70.000 pesos, según surge de una planilla que fue secuestrada. Ella también tiene orden de captura. En cuanto a Montenegro, no hay pruebas de que recibiera dinero, pero una llamada la complica, relató una fuente. Mientras se allanaba el puerto, Montiel la llamó y le dijo que no se preocupara. “Hicimos desaparecer todas las pruebas”, advirtió. La Justicia había intervenido su línea. Voceros de la Anses destacaron que el organismo había promovido la investigación, pero optaron por no hacer más declaraciones.

Como quienes se querían jubilar no tenían dinero, Montiel montó un sistema para diferir los pagos: les hacía firmar un pagaré en blanco. “Muchos accedían. Para los que no, tenía un grupo de matones”, dijo un funcionario que trabaja en el caso.

Por las malas Tan bien montado estaba el circuito que cuando se concedía una jubilación no se notificaba al beneficiario, sino a Montiel. Sabía cuándo cobraba cada uno y dónde. Su gente los esperaba en la puerta del banco. Quienes se negaban a pagar eran golpeados, según los testigos. Cuando lo detuvieron, Montiel declaró que el dinero no era para él, sino para crear el Movimiento Es-

Definición judicial ■ En los próximos días, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi debe resolver si procesa a los tres acusados que están presos por su presunta participación en la defraudación a los jubilados portuarios. Detenidos en la cárcel de Ezeiza, están acusados de estafa y extorsión. Entre ellos está Francisco Montiel, el supuesto artífice de toda la maniobra y dos de los que fueron sus colaboradores, Bernabé Naranjo y Hugo Escalada. Este último integraba la “comisión” de Montiel y fue acusado, además, de haberle pegado a una persona que se negó a pagar por su jubilación, según informó una fuente de la causa.

tibadores de Pie y una mutual para los portuarios que se iba a llamar 10 de Octubre, por la fecha del decreto que habilitó las jubilaciones. Con parte de lo recaudado, Montiel compró una quinta, que declaró que era de la mutual. “La vida del puerto es así”, dijo sobre la violencia de sus métodos. Además de Montiel, están presos su presunta mano derecha, Bernabé Naranjo, y otro colaborador, Hugo Escalada, y tienen orden de captura las dos funcionarias, dos gestores, dos ex miembros de la organización de Montiel y su mujer, Ana Gorría. Ella es a quien más temen los testigos. “Es vengativa y es la verdadera cabeza de todo”, dijo una mujer que tuvo trato directo con Gorría y está amenazada. No es la única que tiene miedo. “Sé que tengo los días contados. Cualquier noche me queman la casa”, dijo el jubilado que escribió la carta al Presidente. Prefiere que no se difunda su nombre. Cuando destapó la maniobra, estaba desesperado. “Mi familia y yo abríamos las bolsas de basura en French y Anchorena. ¿A qué le iba a tener miedo? ¿A que me matara ese hombre? Eramos muertos en vida. No quise denunciar a nadie. Fueron el hambre y la necesidad.”

“Aporté toda la vida y no tengo dónde vivir” Cuando le avisaron que ya no había trabajo para él, Carlos Vallejos llevaba 22 años cargando y descargando barcos. Era 1995 y el puerto se había privatizado. No había nada que hacer. “Ahora no andamos bien, pero en ese momento sí que vivíamos en la miseria”, dice, sentado bajo el alero de chapa de la casilla que le prestan, en Paso del Rey. Once años y cientos de changas más tarde se enteró de que un decreto le permitía jubilarse. No lo podía creer. Juntó todos sus papeles, tomó el tren y viajo a la Capital. Sería el primero de muchos viajes iguales. Se unió a otros ex trabajadores, fue a actos y hasta firmó un pagaré en blanco, pero la jubilación nunca llegó. “Tengo todos los papeles”, asegura con rabia, y muestra una bolsa transparente llena de documentos. Para Vallejos, cada viaje a Buenos

Aires era un desafío. Queda poco del hombre que cargaba con toda naturalidad medias reses congeladas en la espalda: un ataque de presión alta (que sufrió cuando perdió su trabajo de sereno) le dejó casi paralizada la mitad del cuerpo. “Mi mujer hacía lo que podía. Juntaba botellas de la calle con mi hijo mayor, y cuando no había nada, llevaba a los chicos al comedor comunitario.” Cuando lo despidieron del puerto, Vallejos tenía seis hijos. Por eso, estaba dispuesto a lo que fuera por su jubilación. Así fue cómo le firmó un pagaré en blanco al hombre que le prometió tramitársela, Francisco Montiel. “Lo firmé por la desesperación. De acá [por la casa] nos piden que salgamos y queríamos tener un lugar. Lo firmabas o lo firmabas. Todos lo hacían.” Pero Vallejos no confiaba en Montiel. “Lo conocía

desde hacía años. En el puerto todos nos conocemos, pero a Montiel no lo queríamos porque era zurdo.” Otros tuvieron más suerte que Vallejos y, después del pagaré, se jubilaron. “A mi compadre le consiguió el trámite y le sacó 7800 pesos. A otro, que lo jubiló en pocos días, 10.000”, relata.

La plaza de Montiel Montiel atendía en la plaza de Paseo Colón y Belgrano. “El no te informaba de tu trámite si no era en la plaza. Había que esperarlo todo el día a ver si aparecía y te decía algo. Nos trataba como un trapo de piso.” Todos los miércoles se hacía una lista con los presentes. “Cuando ibas tenías que poner un peso. Si no lo ponías, no te anotaban”, dice Claudia, la mujer de Vallejos. “Fuimos un año y pico. Con frío, calor, hambre.”

Hoy, Vallejos vive con Claudia y cuatro de sus hijos en una casilla de madera que es de sus suegros. “Todos mis hijos van al colegio y fueron siempre”, dice el hombre con orgullo. Tiene 60 años y explica que por la insalubridad del trabajo portuario se podría haber jubilado a los 52. Como no tuvo suerte con ese trámite, consiguió una pensión graciable por invalidez de 400 pesos. Le cambió la vida, pero le da impotencia pensar que podría cobrar 3500 de jubilación. “Aporté toda la vida y no tenemos dónde vivir. Eso da bronca”, dice. Pero no pierde las esperanzas. “En la Anses me trataron muy bien, pero me dicen que ellos necesitan el certificado de que yo trabajé”, dice. Vallejos recuerda que una tarde Montiel leyó en la plaza que ya tenían su certificación. “Andá a saber si era cierto. Nos mintieron tanto...”

Vacaciones

El ex ministro de Economía de la última dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz rompió el silencio y defendió al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, de quien dijo que “no” es un asesino, y justificó “algunos procedimientos” de la represión ilegal al señalar que “él tenía que defender a la sociedad de los terroristas”. “A Videla hay que conocerlo. La gente juzga por cosas que oye o se dicen, pero él es una persona distinta de como se lo presenta ante la opinión pública”, señaló el ministro de la dictadura, quien promovió la devaluación y la desindustrialización del país a partir de la apertura indiscriminada de la importación. En una entrevista publicada por el semanario de la escuela de periodismo Taller Escuela Agencia (TEA) que ayer reprodujo la agencia DyN, Martínez de Hoz respondió que Videla “no” es un asesino y justificó su accionar en la represión ilegal en que “tenía que defender a la sociedad de los ataques que

empezaron los grupos terroristas”. “A mí me mataron al subsecretario de Economía, Miguel Padilla, me pusieron una bomba subiendo en un avión con Videla. Ustedes oyen una sola campana”, respondió a los periodistas, tras lo cual admitió que “evidentemente hubo procedimientos que uno hubiera preferido que no se hicieran...”. Cuando se le pidió que explicara a qué se refería, Martínez de Hoz respondió: “Prefiero no seguir hablando”. En otro tramo de la entrevista, el economista, de 82 años, dijo que, por el contrario, “el Che Guevara era un asesino. El estaba a cargo de los fusilamientos de opositores. Conozcan la verdadera historia y no el mito que la propaganda hace creer”, enfatizó. “Videla no quería dar el golpe, porque es una persona de una gran seriedad y comprensión y no tenía ninguna ambición política”, dijo Martínez de Hoz. También defendió su política económica de “endeudamiento” financiero, que marcó el inicio del aumento exponencial de la deuda externa.

El juicio político

Pidieron la remoción del juez Tiscornia El 19 del actual se leerá el veredicto En el último día del juicio político contra el juez Guillermo Tiscornia, la fiscalía reclamó su destitución con un duro alegato final en el que lo acusó de haber “vendido sobreseimientos” a los acusados en expedientes que tramitaban en su juzgado. Ahora sólo resta el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento, que será leído el 19 del actual, a las 12. Entonces se sabrá si el juez es removido o repuesto en su cargo (está suspendido desde agosto, cuando el Consejo de la Magistratura lo acusó). “Los argentinos nos merecemos algo mejor”, dijo la consejera y diputada kirchnerista Diana Conti, que oficia como uno de los fiscales ante el Jurado. Terminante, anunció que Tiscornia “va a terminar preso”. Pero eso no depende de este juicio, cuyo único objetivo es decidir si corresponde la destitución. Antes de que se cerrara el proceso, se le concedieron al juez sus “últimas palabras”. Dijo entonces que la acusación en su contra no era más que un conjunto de “apreciaciones vagas e imprecisas” y acusó a la Cámara de Apelaciones en la Penal Económico, su superior, de haberlo perseguido. “Estoy muy tranquilo. Nada de lo que se dijo quedó demostrado y la comunidad judicial ajena al ámbito penal económico me respaldó”, dijo el

Por Nik

juez, en referencia a los testigos ofrecidos por él durante el juicio. Tiscornia está acusado de haber pedido un soborno de cuatro millones de dólares a directivos de la empresa Codere para beneficiarlos en causas en las que estaban acusados. Según los consejeros Conti y Santiago Montaña –el otro fiscal–, está demostrado que el pedido de coima existió y que se concretó a través del padre del juez. “Tiscornia tenía el expediente para resolver en cuanto le dijeran «pagaron»”, afirmó ayer Conti, que dijo que este caso “es la punta del iceberg”. “Vayamos a saber qué es lo quedó tapado”, dijo la consejera, que acusó al juez de haberse conducido como un “monarca soberano” que ejerce “su poder coercitivo” en forma arbitraria, según informó la agencia Télam. Luego del alegato de la acusación, fue el de la defensa. El abogado Santiago Bardi desmintió todos los cargos y advirtió que en el caso de Codere, para asegurar el sobreseimiento, Tiscornia “tendría que haber actuado en connivencia con el fiscal [Miguel] Schamun, que tenía delegada la instrucción”. La semana pasada, Tiscornia había dicho que pensaba que lo iban a remover. Ayer, cuando terminó el proceso, dijo a LA NACION: “Si fuera un juicio razonable, no podría siquiera haber comenzado”.

Centro de estudios

El legado de Frondizi Era uno de los sueños del ex presidente Arturo Frondizi y había desaparecido con su muerte. Pero su legado continuará, ya que el Centro de Estudios Nacionales (CEN), que el mandatario de origen radical fundó en 1956, reabrió sus puertas. Tras una idea de la profesora Emilia Menotti (que trabajó en el CEN durante el gobierno de Frondizi), que fue recibida por el ex senador correntino José Antonio Romero Feris, y con la ayuda de la Universidad Kennedy, el nuevo espacio para “pensar la política”, como explican sus nuevas autoridades, fue formalmente abierto a todos los sectores. En el Salón Presidencia Arturo Frondizi de la Universidad Kennedy, la semana pasada fue inaugurada esta nueva etapa del CEN, con la presencia de conocidas figuras políticas, como el senador Eduardo Menem y Juan Carlos Blumberg. “En nuestro país existe entre nuestra dirigencia una enorme mediocridad, tenemos que preocuparnos por estudiar y aprender”, señaló Romero Feris en su discurso.