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POLITICA

I

Jueves 1º de julio de 2010

POLITICA

Jueves 1º de julio de 2010

PATRIMONIO BAJO SOSPECHA s COMPRA POR $ 1,5 MILLONES

DERECHOS HUMANOS

Vinculan a Ricardo Jaime con otro lujoso departamento

Fracasó el estudio genético sobre los hijos de Noble

Continuación de la Pág. 1, Col. 5 en Buenos Aires. (LA NACION se comunicó ayer con una hija y la cuñada del arquitecto, que no respondieron las llamadas). Sin embargo, el primer indicio que vinculó el semipiso de Figueroa Alcorta que compró Alvarez Picasso con Jaime fue el hallazgo, en la casa del ex secretario en avenida del Libertador 654, de una boleta de expensas por $ 2299 y facturas de agua y gas de Figueroa Alcorta. Los rostros visibles de Clamaran son singulares, según corroboró LA NACION. Uno, Claudio Hernando, es un vendedor ambulante de medias que vive en un monoblock. El otro, Juan José Salas, es un changarín al que la Justicia le designó un curador y declaró incapaz para realizar operaciones comerciales (de lo que se informa por separado). Allí no se acaban las sorpresas alrededor de la sociedad. Su nombre, Clamaran, se gestó durante una partida de Scrabble. Y con un capital social de

$ 12.000 se constituyó el 21 de octubre de 2009. Veintitrés días después, el 13 de noviembre, Hernando y Salas le vendieron la firma a Alvarez Picasso, que tres días después desembolsó $ 1,5 millones, en efectivo, para adquirir el departamento del contrafrente del 5° piso de Figueroa Alcorta. El segundo indicio que vincula a Clamaran con Jaime es el escribano que intervino en la compra del semipiso, Luis María Allende. Es el mismo que constituyó las sociedades Delome y Midas, señaladas por Oyarbide como ligadas a Jaime a través de su principal asesor, el empresario Manuel Vázquez. Delome SA, afirmó Oyarbide al inhibir al ex funcionario por $ 40 millones, “pertenecería a Ricardo Jaime y/o su entorno y es utilizada como pantalla para ocultar la verdadera propiedad de sus bienes”. El tercer indicio es otro nombre, ya que la compra del semipiso la negoció Silvano del Carmen Mazzucchelli, quien figura como director suplente de Delome. Es, además, uno de los

autorizados, junto con Vázquez, a retirar un yate valuado en US$ 1,5 millones que la Justicia también vincula a Jaime.

Comprado, pero vacío Allí tampoco se agota la conexión de Mazzucchelli con la compra del departamento de Figueroa Alcorta. La factura por la comisión del 5% que cobró la inmobiliaria Toribio Achaval está a su nombre, según consta en la causa en que se investiga a Jaime por presunto enriquecimiento ilícito. En el expediente judicial figuran las actas del escribano, de donde surge que hubo dos intentos fallidos para escriturar el inmueble. La primera vez se presentó Mazzucchelli, pero alegó que no podía cerrar el trato. Y en la segunda nadie se presentó por la parte compradora. Sólo en la tercera ocasión apareció Alvarez Picasso y apiló los billetes. Pese a todas esas gestiones, sin embargo, el funcionario monotributista no ocupó el semipiso. “Hace

meses que está vacío”, relató uno de los moradores del edificio. Y aunque las expensas tampoco llegaban allí, el enlace quedó sellado. Horacio Saettone, el administrador del consorcio, aportó a la Justicia el número de teléfono que dejó Alvarez Picasso para contactarse por cualquier gestión. Ese número corresponde al departamento de La Plata que ayer allanó Oyarbide. Para Alvarez Picasso, la situación se complicó aún más en cuestión de horas. Porque al allanamiento se sumó su salida de la función pública, según confirmaron ayer allegados al actual secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Ante la consulta de LA NACION, informaron que “se dejó sin efecto la asignación de tareas” de Alvarez Picasso, con fecha retroactiva al primer día de 2010.

FOTOS DE ARCHIVO

El baldío donde dijo vivir Salas HUGO ALVAREZ PICASSO

EX FUNCIONARIO DE TRANSPORTE

Profesión: arquitecto, 56 años Trabajó en la Secretaría de Transporte a las órdenes de Jaime en varios proyectos. El último fue la gestión de un crédito internacional por US$ 35 millones para ejecutar un proyecto ferroviario para la Laguna La Picasa. Amante de los libros, dio talleres de literatura y acaba de publicar El legado.

DOS PROTAGONISTAS DE LA TRAMA

Changarín con tutor

“Si yo fuera el dueño de ese departamento, estaría viviendo allá. No acá”, retruca Claudio Marcelo Hernando ante la consulta de LA NACION, sentado en la escalera de concreto que lleva a su departamento, en el segundo piso de un monoblock en las afueras de La Plata. Pero es él quien apareció en los registros oficiales como dueño de otro coqueto departamento porteño de Barrio Parque que ocultaría a su verdadero propietario: el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Vendedor de medias, Hernando (47) vive en un barrio humilde, detrás del cementerio platense. Pero en los registros oficiales figura como uno de los ejecutivos de Clamaran SA, aunque él dice ignorarlo todo. Se muestra sorprendido. “¿Jaime? Sí, sé quién es”, comenta, mientras con su mano hace el gesto de un

Todo alrededor de Juan José Salas es singular. Lo nombraron presidente de Clamaran SA cuando la Justicia ya le había impuesto un curador y lo declaró incapaz para disponer de sus bienes. Y en los registros oficiales figura con dos domicilios, pero ambos son falsos. Por completo. En el primer domicilio, de la calle Fitz Roy 2435, vive una mujer que asegura que allí jamás vivió Salas, sino ella, desde que se inauguró el edificio en 1983, según aclaró a LA NACION. Y en el segundo domicilio, en otro barrio periférico platense, El Carmen, el resultado es aún más drástico: no existe tal dirección. Es un baldío donde quedan los restos derruidos de una casa deshabitada desde hace varias décadas. Salas vive, sin embargo, a tres cuadras de allí y todos los días viaja

avión aterrizando y despegando. “Pero no lo conozco”, aclara. Lo que expande cuando LA NACION lo contacta otra vez, pero por teléfono: “Ahora me da miedo. Vi de qué se trata por el noticiero de la tele. Son gente poderosa, ¿no?”. Ante la Justicia, dijo que todo comenzó tras un partido de fútbol, cuando comieron un asado y acordó invertir $ 7000 en una sociedad, Clamaran. Y que a Hugo Alvarez Picasso sólo lo vio una vez, cuando firmó la venta de la firma. Ante LA NACION, Hernando jura, de todos modos, que él necesitaba dinero y malvendió su parte. Dice que cobró 7000, pero dólares, no pesos, por sus acciones, aunque no encuentra la constancia del escribano. “Me mudé un par de veces desde entonces, así que tengo que buscar ese papelito.”

hasta el centro de La Plata para buscarse unas changas. “Cobro 10 pesos por día y eso lo firmé porque necesitaba unos remedios para la nena”, le contó a LA NACION. Frente al juez y al fiscal relató que ayudaba en una escribanía en la que le “hacían firmar papelitos” a cambio de “unos pesos”. Su testimonio también llegó precedido de una nota peculiar: poco después de notificarlo llamó la curadoría bonaerense para pedir que alguien se encargara de llevarlo y traerlo entre los tribunales de Comodoro Py y La Plata. “Si no, se pierde”, aclararon. Se encargó la Gendarmería. “Me metieron en la olla”, le dijo antes a LA NACION. “Por dar una mano, me clavaron un puñal. Me dijeron que ya me habían dado de baja. Vino un muchacho y me pidió los papeles. Me dijo que me sacarían.”

POLITICA EXTERIOR

El semipiso de Figueroa Alcorta

Aquí vive Claudio Hernando

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) comunicó a la Justicia que “no logró obtener una secuencia única y reproducible del ADN mitocondrial” de Marcela y Felipe Noble Herrera, los hijos adoptivos de la directora del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Por eso, dice el informe, no puede arribarse a conclusiones sobre su identidad. El viernes pasado, la directora del BNDG, Belén Rodríguez Cardozo, se había entrevistado durante una hora con la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que investiga, por pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo y de dos familias querellantes, si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Obtener el ADN de Marcela y Felipe era el primer paso para, luego, contrastar ese resultado con las muestras genéticas existentes en el BNDG, donde hay 3800 perfiles de desaparecidos, aunque muchos de ellos incompletos. El resultado que le adelantó ese día Cardozo Rodríguez, sin embargo, sorprendió a la magistrada, dijeron fuentes cercanas a la causa. El BNDG no pudo hacer siquiera la primera parte de la prueba. Luego de haber invalidado un allanamiento que había ordenado el juez que la precedió en el caso –Conrado Bergesio– a principios de este año, la doctora Arroyo Salgado, el 28 de mayo último, dispuso en forma sorpresiva un nuevo procedimiento en el domicilio de Herrera de Noble. En ese nuevo procedimiento la Justicia secuestró numerosas prendas íntimas a Marcela y Felipe, que se desvistieron en presencia de personal del juzgado, del BNDG y policial. A pedido de Arroyo Salgado, Cardozo Rodríguez presentó ayer el informe en un escrito que también lleva las firmas de los peritos que intervinieron en representación de

Marcela y Felipe y de las familias querellantes. En las conclusiones se sostiene que “no se logró obtener una secuencia única y reproducible de ADN mitocondrial que permita continuar con la pericia”. También se afirma que, en las prendas de cada uno de los jóvenes, se realizaron tres extracciones por dos métodos diferentes para la obtención de ADN: se llegó a la conclusión de que los perfiles fueron incompletos y, en algunos casos, se relevaron datos de más de una persona. Además, se compararon los perfiles obtenidos en distintas pruebas y los resultados no fueron reproducibles (es decir, no fueron coincidentes). Mientras que Marcela y Felipe Noble Herrera reiteradamente cuestionaron la idoneidad e independencia del BNDG para hacer los exámenes, la jueza y las autoridades del banco siempre defendieron a esa institución. Fuentes allegadas a la magistrada deslizaron la posibilidad de que ordene la declaración testimonial de Cardozo Rodríguez la semana próxima, para que las partes puedan formular preguntas. La duda reside en que las prendas fueron obtenidas mediante un procedimiento ordenado por la jueza, por personal a su cargo, y el material genético sólo fue manipulado por los expertos del BNDG, a tal punto que Cardozo Rodríguez se negó, por escrito, a suministrar parte de ese material para que los peritos de parte hicieran sus propias pruebas. “Impugnamos al BNDG antes de que hiciera el estudio. Ahora, su peritaje fracasó. Presentaremos un escrito. Habría que analizar si el BNDG efectivamente puede ofrecer garantías para hacer todos los estudios”, afirmó Gabriel Cavallo, abogado de Marcela y Felipe Noble Herrera.

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ESPIONAJE PORTEÑO

Anulan un fallo contra “Fino” Palacios Le piden a Oyarbide más fundamentos

El Banco Nacional de Datos Genéticos no logró obtener el perfil del ADN de los jóvenes

Video. Del monoblock a un semipiso de US$ 500.000. videos.lanacion.com.ar/video15522-1

Desde el monoblock

I

TELAM

Nuevo reclamo por la soberanía de las Malvinas La presidenta Cristina Kirchner renovó ayer el reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas, al encabezar el acto de conmemoración por los 200 años de la creación de la Prefectura Naval Argentina. En Zárate, la Presidenta

dijo que sumaba “al recuerdo y al dolor de los muertos en las Malvinas” de la fuerza, y expresó: “Renuevo también frente a esta Prefectura nuestro reclamo inalienable e imprescriptible sobre la soberanía de nuestras islas”.

EL CONFLICTO CON URUGUAY

Brasil no controlará a Botnia Lo dijo ayer Timerman; la Prefectura Naval hará vigilancia ambiental Un día después de la cumbre en Montevideo entre los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro, el misterio en torno del plan de monitoreo ambiental sobre el río Uruguay persiste. Aun así, desde el Gobierno se dieron ayer algunas pistas del alcance que tendría la iniciativa: el proyecto no incluirá a Brasil como tercer país para instrumentar los controles y la Argentina pretende sumar a la Prefectura Naval Argentina a los trabajos. La presidenta Cristina Kirchner y el canciller Timerman fueron quienes, a lo largo de la jornada, revelaron aquellas dos precisiones, al tiempo que expresaron la expectativa oficial por superar a partir de este trabajo conjunto el entredicho con Uruguay. Timerman viajó anteayer a Montevideo para presentar la propuesta argentina de monitoreo ambiental

ordenada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Almagro, su contraparte uruguaya, expresó que la semana próxima se comunicará la respuesta formal de su país sobre la iniciativa para evitar la contaminación del río. La Argentina tiene como principal petición poder ingresar en las instalaciones de la pastera UPM (ex Botnia) en la margen uruguaya del río, en la localidad de Fray Bentos, para poder tomar muestras allí. Esa petición es la condición requerida por los ambientalistas de Gualeguaychú para levantar el corte de la ruta 136 por 60 días. Timerman anunció ayer que el martes de la semana próxima recibirá a los asambleístas. Y en declaraciones a Radio 10 reiteró que la posibilidad de que Brasil participe de ese control ambiental fronterizo “la tendrán que discutir los presidentes” y recordó que eso

“no está en el fallo de La Haya”. “Hoy [por ayer] me reúno con el canciller brasileño y no figura en la agenda el fallo de La Haya”, dijo Timerman. El canciller viajó ayer a Brasil para una audiencia con su par Celso Amorim. Timerman señaló antes de partir que será el Ministerio del Interior el que defina si el Gobierno accede al pedido de los asambleístas de Gualeguaychú de levantar la querella presentada por el corte de la ruta. La Presidenta adelantó la participación de la Prefectura Naval Argentina en el control ambiental del río. Durante el acto por el bicentenario de la Prefectura, la mandataria afirmó que “el cuidado del medio ambiente va a adquirir mayor importancia por parte de la fuerza que participará en la CARU y en todo lo que hace a la vigilancia y el monitoreo del río Uruguay”.

La Cámara Federal anuló ayer, por falta de fundamentos, un fallo del juez Norberto Oyarbide que había ordenado que el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios siguiera preso por la causa de las escuchas ilegales. La Cámara no dispuso la libertad de Palacios: le ordenó a Oyarbide que dictara una nueva resolución; esta vez, fundada. El ex jefe de la Policía Metropolitana está preso desde el 17 de noviembre de 2009, acusado de haber integrado, junto con Mauricio Macri, una asociación ilícita dedicada al espionaje. Según los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler (Eduardo Farah votó en disidencia), el fallo de Oyarbide tiene varios defectos. El primero, que el juez apoya su decisión en un dictamen del fiscal Jorge Di Lello, inválido a juicio de los camaristas. El defecto que le reprochan al fiscal es que debía haberle dado su opinión al juez sobre qué hacer con Palacios y no lo hizo. Los camaristas dicen que, por el contrario, Di Lello afirmó que Oyarbide conocía más de cerca que él este expediente, “muy complejo y voluminoso”, y que, por eso, sólo el magistrado “en su íntima convicción” podía valorar si era peligroso para la investigación que Palacios siguiera libre. Además, el fiscal anunció que iba a acompañar la decisión que adoptara el juez sobre Palacios. Según los camaristas, la intervención del fiscal era obligatoria, y haber “comprometido de antemano su acompañamiento a la decisión que se adoptase cualquiera fuera” hace nulo el fallo del juez. La decisión de Oyarbide tiene otros “vicios”, de acuerdo con la Cámara. Fundamentalmente, que el juez no especifica en forma concreta por qué es peligroso que Palacios quede en libertad.