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INFORMACION GENERAL

I

Sábado 4 de junio de 2011

USURPACIONES EN LA CIUDAD s SEIS MESES DE TOMA

Otro desalojo resuelto con subsidios El gobierno porteño se comprometió a pagar 1.050.000 pesos entre 150 familias por desocupar 400 metros de veredas en el Bajo Flores JOSEFINA PAGANI

EL ESCENARIO

LA NACION Al recibir la orden, los seis empleados del gobierno porteño se metieron en la casilla y, con varas de hierro y martillos, empezaron a quitar las paredes construidas con tablones, plásticos y cartones. Un grupo de ocupantes observaba de lejos, con los brazos cruzados. La base cedió y la casilla se desplomó. El desalojo total del asentamiento La Veredita, en el Bajo Flores, fue posible gracias a que el gobierno porteño se comprometió a pagar 1.050.000 pesos, pagaderos en diez meses, para que 150 familias desalojen unos 400 metros de espacio público. Luego de cinco postergaciones e intensas negociaciones, ayer se cumplió el fallo de la jueza penal y contravencional porteña Claudia Alvaro, que ordenó desalojar las 245 personas que, desde noviembre del año pasado, ocupan veredas de la avenida Riestra y la calle Portela. El dinero será entregado pese a que el gobierno nacional y porteño acordaron, a fines del año pasado, no otorgar subsidios a quienes usurpen (sobre lo que se informa por separado). Eran las 6 de ayer cuando 300 efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería rodearon la zona. Una topadora ocupaba la esquina de La Fuente y Riestra junto a varios colectivos escolares, en los que se trasladaría a los ocupantes. Pasadas las 7 arribaron al lugar 150 efectivos de la Policía Metropolitana y personal del Ministerio de Desarrollo Social porteño, que comenzó a negociar con los ocupantes. Para las 10, un grupo de aproximadamente 100 personas instaladas sobre Portela ya habían aceptado la oferta del gobierno porteño: un subsidio consistente en una primera cuota de 700 pesos y, si logran acreditar un contrato de alquiler, nueve más. Pero el resto se negaba a irse pues exigían ser incorporados a un plan de vivienda. “Si nos sacan nos metemos en la casilla con nuestros hijos y la prendemos fuego”, llegó a amenazar Carla Manzano, mientras movía el cochecito de su bebe. “No dormimos en toda la noche por el miedo –dijo Cristina, cuya casilla estaba situada sobre la avenida Riestra–. No tenemos casa, no tenemos dónde ir. Te pagan 700 pesos y te largan a la calle. No podés alquilar nada con esa plata”, dijo a LA NACION. Cuando se vencía el plazo de una hora que les había dado el personal del juzgado para ser desalojados, Romina Amaya, delegada de los ocupantes de la avenida Riestra, corrió frente a las cámaras de televisión y dijo que existía un recurso de amparo que ordenaba que las familias recibieran 7200 pesos y fueran incluidas en un plan de vivienda. La resolución dispuesta por la jueza en lo contencioso administrativo porteño Elena Liberatori había hecho lugar a una medida cautelar interpuesta por Lisandro Teskiewicz, abogado de 116 de los ocupantes ilegales de La Veredita. Hacia el mediodía, la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, María Eugenia Vidal, aseguró que la mitad de los ocupantes había decidido abandonar el lugar en forma pacífica y que el resto se resistía al desalojo. “Siempre vamos a apelar al diálogo

Gobiernos y Justicia, una pelea sin fin ANGELES CASTRO LA NACION

Las casillas iban siendo demolidas a medida que los usurpadores acordaban retirarse del lugar; la mayoría, con el cobro de un subsidio FOTOS DE RICARDO PRISTUPLUK, SOLEDAD AZNAREZ Y FABIAN MARELLI

El predio, mientras estuvo ocupado durante casi seis meses para evitar cualquier situación de violencia”, sostuvo Vidal. Mientras el Ministerio de Desarrollo Social porteño apelaba el amparo, la Policía Metropolitana –junto con fiscal de la causa, Luis Duacastella– ingresaba por la avenida Riestra. Apenas los ocupantes aceptaban los subsidios, personal del gobierno de la ciudad destruía las casillas. Además de la ministra Vidal, participaron del operativo el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, quien confirmó a LA NACION que para las 18.30 el predio estuvo “completamente desocupado”. “Estoy muy conforme con el operativo y con el accionar de casi 200 agentes de la Policía Metropolitana, que se supieron manejar en un predio tan grande y sin dejar ningún herido”, afirmó Burzaco.

Fuentes de la cartera que dirige Vidal especificaron que no se les entregó subsidios a aquellos que ya habían recibido algún plan social en otra ocasión y tampoco a las personas que no estaban en el censo que se realizó anteriormente. Las familias que resistían el desalojo, finalmente subieron a los colectivos escolares llevando todas sus pertenencias. Luego del paso de las topadoras y los camiones, cuadrillas del Ministerio de Espacio Público porteño recolectaron todos los desechos que quedaron en el lugar.

Con la colaboración de Fernando Massa Fotogalería. Desalojaron un predio ocupado en Bajo Flores. www.lanacion.com.ar/fotos

Las veredas liberadas, luego del desalojo de ayer

Quejas del club DAOM Insuficiente. Así calificó el presidente del club Dirección Autárquica de Obras Municipales (DAOM), Martín Domato, al desalojo que se realizó ayer en “La Veredita”, en el Bajo Flores, ya que, según dijo, contemplan una parte minoritaria del total de los ocupantes instalados en la zona. “El grueso de la gente que ocupa las veredas [del club] desde octubre de 2009 se halla en Portela, entre Riestra y Ana María Janer, veredas que no están incluidas en la orden de desalojo y que representan por lo menos el 70% del total de los ocupantes de la zona”, afirmó Domato, quien además forma parte de la Federación de Entidades del Parque Brown,

una entidad que agrupa a unas 20 instituciones de la zona. Unos 200 metros del perímetro del anexo del club DAOM dan al asentamiento que fue levantado en la calle Portela por decenas de familias. El club ya hizo una presentación judicial para que la orden se hiciera extensiva a este sector. Consultada por LA NACION, la ministra porteña de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, dijo que ayer no existía la orden para desalojar esa zona y que es algo que deberá definir la Justicia. La causa por usurpación tramita en el Juzgado Contravencional y de Faltas a cargo de Claudia Alvaro, la misma jueza que ordenó el desalojo que se concretó ayer.

Por la calle

TENSION Y DISPAROS EN VILLA LUGANO

Alertó por chat a la policía y logró que atrapen a ladrones

CAUTIVERIO Y TENSION

Secuestro y liberación en Ciudadela

Los vecinos piden que retiren un automóvil abandonado

Pudo avisarle a su novio cuando varios delincuentes asaltaban su casa Una mujer y sus hijos, de 10 y 20 años, fueron asaltados en su domicilio del barrio de Villa Lugano por lo menos por tres delincuentes que utilizaron, entre otras armas, una ametralladora y una escopeta, pero la hija de la dueña de casa alertó a su novio a través del chat y la policía logró detener a dos de los asaltantes. Fuentes policiales agregaron a la agencia de noticias Télam que los delincuentes amenazaron con llevarse al niño como rehén al ver que llegaba la policía. Esta decomisó un fusil de asalto alemán Heckler & Koch MP5, dos pistolas calibre 9 mm y municiones de guerra, que luego descartaron los delincuentes en el jardín de una casa vecina durante el intento de fuga. Además, se encontraron gorras y una campera similar a la que utilizan las fuerzas de seguridad y un pasamontañas. Según las fuentes, todo comenzó cerca de las 22 de anteanoche, en una casa de dos plantas situada en la Larraya 3227, donde irrumpieron tres delincuentes armados. Los ladrones rompieron a las patadas la puerta de acceso y, una vez adentro, amenazaron a la dueña, una mujer de 41 años, que estaba junto a su hijo de 10. La otra hija de

la mujer se hallaba en la planta alta y chateaba con su novio y, al oír los gritos de su madre, se lo contó y le pidió que llamara a la policía. El joven llamó de inmediato a la comisaría 48a. y denunció que estaban asaltando a su novia, por lo que cinco patrulleros se dirigieron al lugar ante la sospecha de que se tratara de un robo con toma de rehenes. Los delincuentes, al advertir que llegaban los patrulleros, amenazaron con llevarse al niño como rehén, pero luego desistieron y huyeron a la carrera con algunas alhajas, dinero y teléfonos celulares robados. Los policías rodearon la manzana y lograron detener a un ladrón joven, de 27 años, en el jardín de la casa vecina, con un tobillo fracturado, y a un posible cómplice, de 34 y de nacionalidad uruguaya, a quien alcanzaron cuando escapaba. La dueña de la casa donde fue detenido uno de los asaltantes dijo que el asaltante se había escondido, herido, detrás de un arbusto y que saltó un alambrado a cinco metros de altura. La policía llegó rapidísimo. Frenaron de golpe acá todos en la puerta, y la rompieron para entrar; hasta uno de los policías se lastimó”, contó la vecina.

El tercer cómplice, que portaba una escopeta, alcanzó a escapar, pero en su huida dejó caer al suelo cuatro cartuchos de esa arma de fuego y de una pistola calibre 9 milímetros. Lo llamativo fue que en poder de los dos detenidos no se hallaron armas, por lo que los investigadores regresaron ayer a la mañana a la casa donde se concretó el hecho y a los alrededores. En esa ocasión, los policías federales hallaron el fusil de asalto y las dos pistolas, una de ellas con la numeración limada, que estaban junto a unos arbustos en el jardín de una casa lindera. La sospecha de los investigadores policiales es que esas armas fueron robadas a miembros de alguna fuerza de seguridad. Los dos detenidos quedaron a disposición del juez en lo criminal porteño Eliseo Otero, mientras los investigadores intentan determinar si en el hecho participó un cuarto cómplice con algún vehículo, quien los esperaba en las proximidades de la casa asaltada. Los investigadores rastrearon ayer si alguna vivienda de la zona posee cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el ingreso de los delincuentes en la casa asaltada.

El caso del desalojo de las veredas usurpadas en el Bajo Flores volvió a dejar en evidencia ayer cómo, en muchas ocasiones, los intereses políticos entran en colisión con los judiciales, lo que termina transformándose en una verdadera puja de poder. “Todo aquel que usurpe un terreno, tanto público como privado, no tendrá derecho a percibir o acceder a un plan de vivienda ni a ningún otro plan de asistencia social”, afirmó el jefe de gabinete nacional, Aníbal Fernández, el 14 de diciembre, cuando se logró destrabar la toma del parque Indoamericano, la primera de una serie de ocupaciones que vivió la Capital en los últimos seis meses. El concepto fue repetido, entonces, por el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Parecía ser una decisión política de la que no había retorno. Después, las tomas se extendieron a otros predios: el Club Albariños, las veredas del Bajo Flores, la calle México y el edificio del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), destinado a familias de la ribera del Riachuelo, en Villa Soldati. En el caso del acampe de la calle México al 1200, donde una veintena de familias reclamó viviendas en abril pasado, con el consecuente cierre de la arteria vial, intervino el juez en lo contencioso administrativo porteño Roberto Gallardo, que exigió la instalación de baños químicos y la entrega de frazadas a los acampantes. Durante una audiencia mantenida en el juzgado entre representantes de los usurpadores y del Ministerio de Desarrollo Social, las autoridades porteñas debieron ceder y aceptaron pagar $ 7200 de subsidio para lograr la liberación de la calle. Adiós a la promesa escuchada en diciembre. Antes del desalojo del edificio tomado del IVC, también existió un fuerte enfrentamiento entre el juez federal Luis Armella, que ordenó en reiteradas ocasiones la desocupación del lugar, y la negativa del gobierno nacional a prestar la Policía Federal para el operativo. En la usurpación de las veredas del Bajo Flores, confluyeron ambos conflictos. Las repetidas indicaciones de la jueza en lo penal porteña Claudia Alvaro y de la Cámara de Apelaciones del fuero para que se desalojaran las aceras fueron desoídas por las fuerzas de seguridad federales. Y luego, los jueces en lo contencioso Vicente Cataldo y Elena Liberatori obligaron a pagar subsidios e incluir en planes de viviendas a los protagonistas de la toma, incluso a los imputados por el delito de usurpación en el juzgado de Alvaro. Diciembre ha quedado muy lejos.

RICARDO LARRONDO

Un auto, contenedor de basura Crece la preocupación en el barrio Villa General Mitre por un Fiat Tipo, estacionado en Galicia al 2500, junto al Instituto Sagrada Familia que, tras ser “canibalizado” (sólo quedaron en su lugar los amortiguadores), se convirtió en un improvisado contenedor de basura, muy visitado por los roedores.

Un hombre fue secuestrado cuando llegaba a su casa en la ciudad bonaerense de Ciudadela y liberado ileso cerca del complejo habitacional Fuerte Apache, tras el pago de un rescate aproximado de 10.000 pesos. La policía identificó a la víctima como Fernando Ceballos, de 59 años. El hecho se inició, según explicaron fuentes policiales a la agencia de noticias DyN, cuando el hombre se disponía a ingresar en su casa de la calle Barragán, casi esquina Croacia, de Ciudadela norte, y fue abordado por varios individuos que lo obligaron a subir a un automóvil. Los delincuentes, minutos después, se comunicaron con la familia del cautivo y le exigieron el pago de un rescate. Al poco tiempo, el hijo de la víctima entregó a los secuestradores el dinero exigido, luego de subirse a un remise y cumplir con un sistema de postas que le fueron indicando los delincuentes, según destacaron los investigadores. La suma entregada para el rescate fue de aproximadamente 10.000 pesos. Tras el pago, Ceballos fue liberado en las inmediaciones del complejo de monoblocks Ejército de los Andres, más conocido como Fuerte Apache.