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INFORMACION GENERAL

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Viernes 11 de septiembre de 2009

LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS s INVESTIGAN LOS APORTES A LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Sospechan que hubo pago de coimas Continuación de la Pág. 1, Col. 5 ccioli la realizó ayer también la oposición, por boca del diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez, quien consideró que el ex superintendente de Servicios de Salud es el “nudo” del “triángulo que conforman el triple crimen de General Rodríguez, la efedrina y adulteración de medicamentos, y la financiación de la campaña presidencial de Cristina Kirchner”. “Héctor Capaccioli era el encargado de controlar todos los subsidios que se entregaron desde 2003 hasta el 2008 a obras sociales para la compra de medicamentos contra la hemofilia y el sida, oncológicos y para trasplantes, y es imposible que hoy no esté sentado frente al juez”, dijo. Actualmente, hay tres causas

penales en las que se investiga a los aportantes de la campaña de Cristina Fernández: una está en manos de la jueza María Servini de Cubría; otra la tiene su colega Ariel Lijo y la tercera, Norberto Oyarbide, que indirectamente se encontró con los mismos protagonistas a través de sus propias pesquisas. Sánchez reclamó que fuera el juez Lijo quien citara a Capaccioli para “preguntarle por qué los sindicalistas a los que daban los subsidios terminaban malversando esos fondos y adulterando medicamentos o contratando con empresas que adulteraban medicamentos”, indicó. Explicó que “casi todos los subsidios que cobraba la obra social de los bancarios no estaban rendidos”. Pero no es en la causa de Lijo en la que se analiza la posibilidad de

HECTOR CAPACCIOLI EX SUPERINTENDENTE DE SALUD

Fue el recaudador de fondos para la campaña que llevó a Cristina Kirchner a la Casa Rosada. Se descubrió que algunos aportantes negaron haber entregado los fondos. Otro aportante, Sebastián Forza, apareció muerto en General Rodríguez por un presunto ajuste de cuentas de narcotraficantes.

citar a Capaccioli, sino en la causa de Oyarbide, ante la presunción de que los negocios con medicamentos puedan dar pistas sobre otros delitos cometidos por altos funcionarios públicos. Así lo revelaron a LA NACION fuentes judiciales, que señalaron, además, que Oyarbide tiene sobre un escritorio un pedido para decidir si cita a prestar declaración al titular del gremio de los bancarios Juan José Zanola y a su esposa, Paula Aballay, quien supuestamente maneja las contrataciones del policlínico bancario con droguerías. El juez debe definir si cita al jefe de los bancarios y a su mujer, y si lo hace en calidad de testigos o de sospechosos. Quien firmó ayer el pedido para que declaren es el fiscal de la causa, Luis Comparatore, que solicitó que

el gremialista avisara si piensa salir del país. Zanola quedó envuelto en la causa cuando se incorporaron a la investigación de Oyarbide las constancias de un fideicomiso conformado por la obra social y la droguería San Javier, en manos del empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, imputado en la causa. Ese acuerdo permitía que el 45 por ciento de los fondos otorgados a la obra social bancaria fueran a manos de San Javier. La ex ministra de Salud Graciela Ocaña dijo que se opuso a la firma de ese fideicomiso que tenía como beneficiarios a San Javier y a la empresa Intermedicina, pero que luego se realizó merced a una autorización judicial. Para ahondar en la pista del financiamiento electoral, la fiscalía ya pidió al juzgado de Lijo la lista

de aportantes a la campaña para cruzarla con los sospechosos de esta causa de los medicamentos. Además, la fiscalía solicitó a la AFIP que aporte informes patrimoniales de todos los involucrados, incluidos los funcionarios, y que se le pida a Interpol informes para saber si los medicamentos sospechosos pudieron haber salido del país. Ayer, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que Lorenzo no hizo aportes a la campaña presidencial “ni directa ni indirectamente”. No obstante, en allanamientos realizados en sus empresas se hallaron recibos de aportes de campaña por casi un millón de pesos, realizados por allegados suyos como Julio César Posse y Carlos Torres, así como por las sociedades Multipharma y Global Pharmacy Service SA.

Admiten que pudo haber aportes del circuito ilegal

Diputados reclaman investigar al ministro Zin

Lo hizo Fernández con relación a la campaña

Por el caso de los remedios adulterados

GUSTAVO CARABAJAL

VALERIA MUSSE

LA NACION

CORRESPONSALIA LA PLATA

Ayer, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, admitió que “puede que hubiera existido” algún aporte monetario de la llamada mafia de los medicamentos a la campaña presidencial, pero negó que haya provenido “directa o indirectamente” del mayorista farmacéutico y acusado Néstor Lorenzo. “Lorenzo no hizo ningún aporte –afirmó Fernández–. Por los datos que yo conozco, de mano de Lorenzo ni directa ni indirectamente hay aportes a la campaña. No los hay”. No obstante, el jefe de Gabinete admitió que “puede que haya en otro caso”. La maniobra que investiga la Justicia era simple. El empresario dueño de la droguería que tenía negocios con varias obras sociales les pedía cheques prestados a sus amigos a cambio de pagarles el siete por ciento del monto del documento. Luego, el empresario depositaba el dinero en efectivo para cubrir la cuenta del “prestanombre”. Así, los encargados de manejar los fondos de la campaña del Frente para la Victoria en las elecciones de 2007 lograron ponerle nombre y apellido al dinero en efectivo que tenían y cuyo origen no podían justificar. Dicha maniobra es investigada por el juez federal Ariel Lijo. Uno de los empresarios que habría reclutado amigos para que pusieran sus cheques fue Lorenzo, el principal acusado en la causa por medicamentos adulterados que investiga el juez federal Norberto Oyarbide. Hace una semana, uno de los allegados a Lorenzo afirmó a LA NACION que, si bien aparecieron tres cheques a su nombre por casi 310.000 pesos en la lista de aportes a la campaña electoral, los documentos se los había entregado al empresario, quien se comprometió a cubrirlos en el banco. Fuentes judiciales indicaron que Lorenzo habría aportado más de un millón de pesos a la campaña. “Se imaginará que tanto Cristina Fernández de Kirchner como su compañero de fórmula en 2007 Julio Cobos no podían saber lo que estaba sucediendo respeto del análisis de las finanzas porque no se dedican a eso. Hubo una persona que se encargaba de las finanzas que deberá responder”, agregó el jefe de Gabinete. Dijo, además, que esperaba que el juez Oyarbide “llegue al punto más recóndito para encontrar hasta el último que haya participado de esta mugre y sancione en una forma ejemplar para desalentar que no vuelva a suceder nunca más en nuestro país”. En tanto, la ex ministra de Salud Graciela Ocaña reiteró ayer que el triple crimen de General Rodríguez “tiene relación con la investigación sobre la venta de medicamentos adulterados”. Al mencionar a una red de droguerías como responsable de las maniobras para adulterar medicamentos o vender productos robados al mercado, Ocaña dijo que “una de las empresas era la de Forza”. Con respecto a la supuesta vinculación entre ambos casos, Mariela Ferrón, la esposa de Damián Ferrón, asesinado en General Rodríguez con Forza, declarará hoy como testigo en el juzgado de Oyarbide. La mujer sostiene que la droguería para la que trabajaba su marido tenía como principal cliente a la Obra Social Bancaria, a cargo de Juan José Zanola. Según Oyarbide, la camioneta quemada de Ferrón fue hallada a cuatro cuadras del Policlínico Bancario.

LA PLATA.– Legisladores opositores pidieron a la Justicia que se investigue al ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, y al ex subsecretario de Control Sanitario Alberto Costa, por su supuesta vinculación con la mafia de los medicamentos. Además, propusieron la creación, en el ámbito legislativo, de una comisión especial para investigar el supuesto tráfico ilegal de remedios. El diputado Sebastián Cinquerrui (CC) denunció a L A N ACION que “es mentira lo que dijo Zin” cuando declaró que la cartera que dirige no le compraba remedios a ningún laboratorio relacionado con el investigado empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier. Según consta en el registro de proveedores que abastece al ministerio, Farmaline SA (una de las empresas allanadas por el juez federal que investiga la causa, Norberto Oyarbide, que fue vinculada públicamente por el magistrado) figura entre las sociedades que le venden insumos a la cartera sanitaria. El ministro Zin dijo ayer que Cinquerrui “no entiende nada acerca del sistema de salud” y que busca “hacer declaraciones estruendosas que sólo sirven para generar mayor confusión y entorpecer la investigación”. Respecto de Farmaline, el ministro Zin afirmó, por medio de un comunicado, que “durante la presente gestión no hay órdenes de compra” con esa firma. Uno de los trascendidos indicaba que Lorenzo le habría ofrecido a Costa fabricar el antiviral Oseltamivir en plena epidemia nacional de gripe A para abastecer al gobierno provincial. LA NACION intentó reiteradamente comunicarse con el funcionario desplazado, pero no obtuvo respuesta. El organismo estatal dispone del Instituto Biológico Doctor Tomás Perón, en donde hasta hace casi tres años la provincia producía alrededor de 22 genéricos para la distribución gratuita a la comunidad. Pero, según confió a LA N ACION una fuente gremial que trabaja allí, desde ese momento la desinversión se hizo notar y las maquinarias con desperfectos no fueron reemplazadas. “Esto no fue casual porque, a partir de ese momento, se comenzó a comprar a los grandes laboratorios”, sugirió la empleada, que prefirió el anonimato.

DYN

Esta semana fue allanada la cooperativa de crédito Vernet, en 25 de Mayo 293, para seguir la ruta de los fondos de la obra social de bancarios

Casi 5000 cheques voladores involucrarían a los bancarios Denuncian que en los últimos dos años operaron sin fondos obligaciones por $ 61 millones DANIEL GALLO LA NACION Si una obra social debería conocer todos los mecanismos financieros es la de los empleados bancarios. Pero la especialidad de la casa parecería ser el pago con cheques sin fondos. Y no fue uno o algunos pocos los rechazados, sino bastantes más de lo esperable: 4772 cheques rebotados en los últimos años por un valor de 61 millones de pesos. Así lo detalló Hugo Dessal, dirigente del gremio de bancarios opuesto a la conducción de Juan José Zanola. Esa información la aportó al juez federal Norberto Oyarbide, con planillas que indican el increíble movimiento financiero de la obra social bancaria, con datos sobre los pagos a la droguería San Javier por más de ocho millones de pesos, que fueron de los pocos que tuvieron respaldo económico. “El estado de cuentas de la obra social no resiste análisis. No sólo

emitió miles de cheques sin fondo, sino que abrió el fideicomiso para beneficiar a San Javier. Acá importa saber cómo se da el hecho de que hubiese plata para pagarle medicamentos a esa empresa y no para asistir a la salud de los afiliados, que son atendidos sólo por el esfuerzo de los profesionales del policlínico”, dijo Dessal a LA NACION. La relación especial entre la obra social de los bancarios y la droguería San Javier, propiedad de Néstor Lorenzo, empezó en enero de 2004. El 28 de ese mes, Zanola firmó la resolución 09/04 cuyo artículo 2° no deja lugar a interpretaciones: “Se aprueban los términos del acto de cesión de derechos de cobro a favor de Droguería San Juan SA de los subsidios otorgados por la Administración de Programas Especiales (APE)”. Se trata de los reintegros que el Ministerio de Salud otorga a las obras sociales, que en el caso de los bancarios se dirigían a su proveedor estrella.

El millonario sistema de pagos privilegiados quedó ante la mirada, en 2008, de Graciela Ocaña, por entonces ministra de Salud, al comprobarse la adulteración de un medicamento oncológico que San Javier (a cargo de Lorenzo) entregó a la obra social bancaria después de recibirlo de Bairesmed (propiedad de Sebastián Forza, uno de los muertos en el triple crimen). Esa denuncia inicial abrió un hueco que empieza a apuntar judicialmente a los protagonistas.

Conexiones El propio Zanola sería llamado a declarar por Oyarbide, según lo solicitó el fiscal Luis Comparatore. El juez tiene en sus manos el detalle de cheques que circularon entre la obra social bancaria y cooperativas de crédito, allanadas esta semana. “Zanola dice que rompió vínculos con Lorenzo en 2007. Pero el fideicomiso se firmó en 2008 y hay pagos hasta de este año a droguería San Javier. Y los cheques los firma Za-

nola, así que no puede desconocer la situación que se operaba con cuevas financieras”, indicó Dessal. Para Dessal la obra social debería ser intervenida por las irregularidades. Además del poco común manejo de cheques sin fondos sin mayor control, Dessal sumó como argumento una presentación en 2008 del entonces defensor del pueblo, Eduardo Mondino. En ese informe se indicó que “la obra social de los bancarios figura en el primer lugar de los reclamos”. En el escrito presentado al juez federal Oyarbide, el gremialista Dessal expone la supuesta red de corrupción dentro de la obra social, en una especie de mapa de ruta para el magistrado. Conexiones familiares, relaciones comerciales que cruzan a las mismas personas en uno y otro lado del mostrador y secuencias de pagos sin prestaciones comprobables formarían parte de la trama investigada por Oyarbide.

Zanola, un kirchnerista con razones para agradecer los favores de De Vido El ministro de Planificación apartó a un rival interno del bancario para las elecciones del sindicato LUIS LAUGE LA NACION Hasta 2005, la relación entre el secretario general de La Bancaria, Juan José Zanola, y el entonces presidente Néstor Kirchner fue más bien fría. Ya el mandatario había sellado su alianza con el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y si bien el gremio de Zanola integra la central obrera, los lazos de éste con el camionero distaron mucho de ser fraternos. Zanola es un líbero que no responde a “los Gordos” (grandes gremios) enfrentados con Moyano pero tampoco pertenece (ni mucho menos) al riñón del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) que creó y lidera el camionero en la CGT.

El “entendimiento” que selló un apoyo hasta ahora incondicional de La Bancaria con el gobierno nacional se dio por la intermediación del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien jugó a favor de Zanola en 2005. El funcionario (con el acuerdo de Kirchner, obviamente) permitió quitar de la escena a Ricardo “El Pacha” Velasco, pareja de la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, y quien desde su cargo de asesor del directorio del Banco Nación intentaba formar una agrupación interna a Zanola en La Bancaria para competir en las elecciones gremiales de ese año. Pero, de golpe, Velasco pasó a integrar el directorio de Enargas, el ente regulador de las empresas del ramo. Corrido Velasco como enemigo

gremial, el pacto con De Vido le permitió ese año a Zanola participar con lista única y renovar su mandato en el gremio por cuatro años más, cuyo mandato deberá renovar el próximo 23. Paralelamente, el dirigente bancario se proclamó defensor de la candidatura a senadora bonaerense de Cristina Kirchner, que le sirvió de trampolín para su postulación presidencial y triunfo electoral en 2009. La Bancaria fue el primer gremio que en 2005 le organizó a Cristina Kirchner un acto en la Capital en su sede de la calle Sarmiento al 300 y al que asistió la candidata. La alianza del gremio con el kirchnerismo sigue firme hasta hoy. El 18 de junio pasado (diez días antes de que Néstor Kirchner perdiera en las elecciones legislativas), Zanola

clausuró un congreso nacional del sindicato en el que apoyó la gestión del Gobierno. “La Argentina, a partir de 2003, y luego de años de retroceso económico, social e institucional, comenzó a recuperarse en forma sostenida por las políticas globales promovidas por los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo sin dobleces. Un año antes, en el congreso bancario de junio de 2008, fue el propio Néstor Kirchner quien asistió a La Bancaria para pedirles a los legisladores del PJ (que todavía presidía) que defendieran con “coraje” el esquema impositivo sobre las exportaciones de granos que, desde marzo y hasta ahora, mantenía al Gobierno enfrentado con el sector rural.

Próximos pasos A raíz de los hechos conocidos, los trabajadores del Centro Oncológico de Excelencia (COE), entidad que gerenciaba Lorenzo desde mediados de 2006 y a la que había llegado por su relación personal con el destituido funcionario Costa, se reunieron ayer en asamblea para acordar los pasos por seguir. Uno de ellos, que pidió no ser identificado, contó a LA NACION que en una ocasión el empresario les dijo a sus empleados: “Lo único que necesito es que ustedes mantengan limpio el nombre de la Fundación Mainetti”. La fuente relacionó esa declaración con la situación actual de Lorenzo. El ahora ex gerenciador también había hablado sobre el beneficio que le redituaba trabajar en el COE para supuestamente evitar pagos del IVA. La fuente agregó que de la fundación habrían salido medicamentos al exterior con su nombre para no pagar los impuestos.