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INFORMACION GENERAL

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Jueves 17 de marzo de 2011

CONTAMINACION s AUDIENCIA ANTE LA CORTE

Riachuelo: sospechan del uso de fondos Continuación de la Pág. 1, Col. 5 tarios de Ambiente –Romina Picolotti, Homero Bibiloni y Juan José Mussi– hizo nada. Una vergüenza”. Pero fue Despouy quien lanzó el dato más alarmante: el auditor general afirmó que de los 7443 millones de pesos que integran el presupuesto de la Nación, la provincia, la ciudad y la Acumar “sólo pudo ser auditado el 8 por ciento”. Un borrador interno de la Acumar, al que accedió LA NACION, reconoce que el Estado nacional “aún no pudo identificar sus partidas”. Además, Despouy destacó que “de los préstamos del BID sólo se ejecutó el 54 por ciento”. El fastidio de los ministros de la Corte era palpable. Durante tres horas desfilaron frente al presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y sus seis colegas: Mussi; Fabián López, subsecretario nacional de Recursos Hídricos, y varios profesionales que lo acompañaban; Alberto Fazzio, subsecretario bonaerense de Asuntos Municipales; Javier Corcuera, presidente de la Agencia de Protección Ambiental porteña; el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y Despouy. En primera fila escuchaba el juez federal Luis Armella, a cargo de la ejecución del fallo de la Corte emitido en julio de 2008 que ordena el saneamiento del Riachuelo. Desde hace 12 días, unas cien personas ocupan ilegalmente varios edificios de viviendas sociales en Villa Soldati, que están destinadas para los pobladores de los asentamientos El Pueblito y Luján, ubicados en la ribera del Riachuelo. El juez Armella no ha podido lograr que el gobierno nacional cumpla su orden de desalojo. Todos esperaban ver cómo podía ayudar ayer la Corte en este incumplimiento. Y fue Lorenzetti el encargado de preguntar a los funcionarios si aceptaban colaborar con el juez, una forma de

Amplió el juez Armella la orden de desalojo Intimó a la ciudad por nuevas usurpaciones

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Por el saneamiento del Riachuelo la Acumar tuvo que dar explicaciones, en audiencia pública, a los jueces de la Corte Suprema encomendarles obedecer sus órdenes. La respuesta fue afirmativa. No obstante, el desarrollo del acto trascendió la suerte de las viviendas en Villa Soldati. “Quedaron en evidencia una absoluta ineficiencia y desinterés” de los gobiernos, dijo uno de los observadores judiciales más calificados. Ni Mussi, que se apuró para alejarse del estrado de expositores, ni ninguno de sus funcionarios explicaron al juez Juan Carlos Maqueda, por ejemplo, por qué ahora hay 68 basurales más que hace dos años. Con la recuperación económica “el consumo de los pobladores aumentó”, atinó a decir uno de ellos. La Acumar había prometido en 2006 que en 2008 se iban a erradicar todos los basurales. “¿Tienen datos de medición de contaminación de aire y agua?”, preguntó insistentemente Lorenzetti. No hubo

respuesta. A lo largo del acto, los funcionarios de la Acumar y del Estado nacional practicaron una suerte de juego de gran bonete: se pasaban preguntas pero nadie respondía. La vicepresidenta de la Corte, Elena Highton, inquirió sobre la salud de los niños. La Acumar hizo un muestreo sobre 1000 chicos que viven en la ribera y detectó que el

90% tiene concentración de plomo en sangre. Uno de los funcionarios provinciales respondió que habían sido “enviados al pediatra”. Pero no supo explicar si existe un programa de seguimiento. “No tienen informes de salud. Es todo muy disperso”, fustigó Highton. En tanto, la jueza Carmen Argibay fue hábil para demostrar que la Acu-

Crítica del Colegio de Abogados El Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires criticó ayer mediante un comunicado la falta de acatamiento del fallo judicial que ordena el desalojo del complejo habitacional de la avenida Castañares y Lafuente, en el barrio de Villa Soldati. Dijo que esa situación, así como las sanciones a consultoras que difundieron mediciones de inflación alternativas a las del Indec y la exigencia de la AFIP a productores rurales para que informen sobre sus cosechas, representa un “modo de ejercer el poder que socava elementales principios y garantías de nuestro Estado de Derecho” y, por eso, abogó por su “cese inmediato”.

mar sólo se preocupa por controlar la concentración de los vertidos industriales, sin interesarse por saber en cuánto exceden la capacidad de carga del río. “Ya está demasiado contaminado y la capacidad de carga está sobrepasada”, se limitó a explicar otro de los oradores. Corcuera destacó hechos extraños: dijo que la Acumar le “prohibió realizar inspecciones en industrias de la cuenca, mientras que ese organismo, que apenas tiene 34 inspectores para 14.000 industrias, hace el 53% de los controles fuera de la cuenca, por ejemplo, en Belgrano y en Núñez”. Sella resumió: “Todos los plazos para ejecutar el plan están vencidos; no hay indicadores de medición ni de calidad del aire ni del agua y la calidad de vida de los pobladores no mejoró”.

Temor por un corredor de usurpaciones Se extiende desde la peligrosa villa 1-11-14, en Flores, hasta las inmediaciones del Indoamericano y afecta a un colegio

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ZONA AMPLIADA

Sin campo de deportes A fines de noviembre del año pasado, las veredas de la calle Riestra, entre Lafuente y Portela, que rodean al Anexo I del campo de deportes del Colegio Marianista y un predio perteneciente a Argentinos Juniors, fueron ocupadas ilegalmente por un grupo de gente que levantó casillas en el lugar. Esa toma sigue en pie, y hoy afecta directamente las actividades que allí solía desarrollar el colegio. Así lo expresó el Colegio Marianista a través de un escrito firmado por su rector y el representante legal de la institución, dirigido a la comunidad educativa: “La no resolución de esta situación absolutamente irregular e ilegal significa que no podemos utilizar, en condiciones de mínima seguridad, el Anexo I. Esto perjudica a nuestros alumnos, padres, ex alumnos y a muchos niños y jóvenes de otra instituciones que lo disfrutaron hasta noviembre”. “Esta situación preocupa a toda la ciudadanía, no puede ser que entidades educativas no puedan llevar adelante sus actividades”, dijo ayer a LA NACION Omar Vázquez, intendente de campos de deportes de la institución de Caballito, que cuenta con 1730 alumnos en los tres niveles. En la zona donde está situado el anexo hay muchas más entidades deportivas, de bien público y colegios, como el Club DAOM, el Círculo de Suboficiales de la Policía, el Club Italiano y la Asociación Cristiana de Jóvenes. Según dijo a LA NACION Luis Cevasco, fiscal general de la ciudad de

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VTE. LOPEZ

Las últimas tomas de predios han ido dibujando un corredor de usurpaciones semejante a una gran villa de emergencia

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Dos años atrás fue la toma de la calle Portela. En diciembre pasado, las veredas de un anexo del campo de deportes del Colegio Marianista y de un predio del club Argentinos Juniors. Unas semanas atrás, la usurpación de viviendas sociales en Castañares y Lafuente. Y, además, el intento de ocupación del parque Indoamericano, y todos los asentamientos existentes en la zona, como la villa 1-11-14, el barrio Ramón Carrillo, la villa 3, el barrio Los Piletones y la villa 20. La ubicación geográfica de todos ellos ha convencido a las asociaciones vecinales de la zona sur de que en el último tiempo se fue creando un corredor de usurpaciones que tiende a conectar la villa 1-11-14 del Bajo Flores con los asentamientos precarios que rodean el parque Indoamericano y así quedar a un paso del límite de la Capital con el conurbano. Un miembro de Vecinos Autoconvocados de Villa Soldati, una agrupación que reúne a unos 3000 vecinos y cuyos representantes se juntan periódicamente en la parroquia de Cristo Obrero desde 2007, afirmó ayer a LA NACION que “ese corredor existe, aunque con ciertas interrupciones”. “No es ningún secreto que exista esto: desde la villa 20, yendo por Castañares, se conecta con el parque Indoamericano, que desde ahí ya conecta con el lateral del asentamiento Ramón Carrillo. Ahí nomás están los edificios sociales recientemente tomados y la villa 1-11-14”, dijeron desde la asociación, cuyo objetivo es que se cumpla el inciso 6° del artículo 105 de la Constitución de la ciudad, es decir que haya higiene, seguridad y orden público. “Las intencionalidades de crear esto son múltiples, y una de ellas es que sea un corredor de drogas para facilitar su salida. El tema es grave porque no sólo afecta a la zona sur, sino que se exporta inseguridad para toda la Capital”, agregaron.

Terrenos en conflicto

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LA NACION

Consultado sobre el tema por LA NACION, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, dijo: “No está claro que exista esto, pero en la época de la toma del Indoamericano lo que hubo fue un rumor de que el objetivo era unificar un corredor entre la villa 1-11-14 con la villa 20. Justamente lo que se habla ahora en la zona es que el 19 de diciembre habrá una toma simbólica del Indoamericano a modo de protesta”.

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FERNANDO MASSA

Provincia de Buenos Aires LA NACION

Buenos Aires, si bien la jueza que interviene en la causa hizo lugar a la orden de desalojo planteada, no se ha podido ejecutar por la negativa a actuar de la Policía Federal en tanto alega que se trata de un delito con competencia de la ciudad, una situación similar a la ocurrida con las viviendas sociales recientemente tomadas. Por esa razón, el fiscal señaló que están analizando hacer para el caso un planteo de conflicto de poderes ante la Corte Suprema. Por su parte, el ministro Santilli dijo que en la zona han intentado hacer trabajos de higienización, pero con muy malos resultados. “La situación en la zona es muy grave. De todas maneras, nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar con las fuerzas de seguridad cuando se lleve a cabo el desalojo”, precisó.

MIGUEL ACEVEDO RIU

Casillas sobre la vereda del campo deportivo del Colegio Marianista

Desalojarían Villa Hollywood Habitantes que mantienen tomado desde hace más de una década un galpón del gobierno nacional en Palermo cortaron las vías del ferrocarril San Martín, a la altura del cruce de la calle Honduras, luego de conocer una orden judicial que dictaminaba el desalojo del predio. El 12 de noviembre pasado el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo de Susana Córdoba, hizo lugar a una denuncia por intrusión presentada por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para liberar una playa de cargas de la estación Palermo, situada en Godoy Cruz, Pa-

raguay, Juan B. Justo y Honduras. El asentamiento es conocido como Villa Hollywood y los vecinos se quejan por la falta de seguridad. Estrella Amato, una de las cerca de 400 personas que viven en los galpones tomados, dijo a LA NACION: “Vinieron unos oficiales de la Policía Federal y nos dijeron que levantáramos todo, que en 48 horas nos iban a sacar, por eso reaccionamos de esta manera”. “Nadie vino antes a avisarnos nada. Es la primera vez y hace más de 10 años que vivimos acá”, agregó “Chaco”, un hombre de casi 40 años que vive junto con su esposa y seis hijos en el lugar. “Somos unas 50

familias las que estamos aquí, todos cartoneros y trabajadores. Los chicos van al colegio y no molestamos a nadie”, agregó Marina. Ante el corte de las vías, efectivos de la Policía Federal y de Bomberos llegaron a la zona para apagar las cubiertas y negociar con los ocupantes. Luego de varias horas de tensión en las que el servicio de la línea San Martín estuvo interrumpido, policías y ocupantes llegaron a un acuerdo. “Mañana [por hoy] a las 11 nos reuniremos con la ADIF. Si no se logra arreglar nada, a las dos y media cortaremos de nuevo”, advirtió Sandra, otra habitante del galpón en Palermo.

Hubo nuevas usurpaciones en el complejo habitacional de Villa Soldati destinado a reubicar allí a familias que viven a la vera del Riachuelo. Por eso, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, encargado de hacer cumplir el fallo de la Corte, que dispuso el obligatorio saneamiento del Riachuelo, amplió la orden de desalojo que había dictado la semana pasada y que está incumplida. A diferencia de la primera resolución para el desalojo del predio situado en Lafuente, Castañares y Portela, del miércoles de la semana pasada, el magistrado ya no sólo insta a la Nación para que ejecute su manda, sino que involucra directamente al gobierno porteño, al que le ordenó hacer un censo y elaborar un plan de solución integral para los ocupantes del predio, y que informe con qué medios cuenta en su policía para llevar adelante el desalojo. La administración que encabeza Mauricio Macri deberá realizar en un “plazo perentorio de cinco días un censo o individualización de las personas que actualmente se encuentran ocupando el complejo habitacional [...] para lo cual se deberán formalizar un relevamiento y análisis de la situación personal de cada uno de ellos y eventual solución para una evacuación pacífica”. Armella adelantó en su fallo –publicado ayer por el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte– que el incumplimiento de esa manda supondrá la aplicación de una multa al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Por otra parte, el magistrado requirió al jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, que le informe “la situación actual de medios y posibilidad que posee la Policía Metropolitana para el cumplimiento de la orden dispuesta [el 9 del actual], como así también con cuántos hombres cuenta esa dotación, debiéndose especificar aquellos que pertenecen a la dotación de Infantería, qué cantidad de móviles –de todo tipo– posee, si alguno de los funcionarios proviene de otra fuerza de seguridad –y, en su caso, de cuál–, la formación y especialización de los funcionarios, así como también cualquier otro dato de interés que sirva al cumplimiento del desalojo”. A Burzaco y a la secretaria de Seguridad nacional, Cristina Caamaño, les exigió que informen antes del final de la jornada de hoy sobre las nuevas intrusiones en el predio (de anteayer) y sobre las medidas que ambas jurisdicciones habían desplegado para preservar el predio.

SOLEDAD AZNAREZ

Interior de una de las 50 casillas que están dentro del galpón tomado

Garré echó a un alto jefe de la Federal La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, pasó a disponibilidad a un integrante de la cúpula de la Policía Federal. Se trata del comisario mayor Hugo Lompizano, que hasta ayer era el jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, área de la que dependen las 53 comisarías porteñas. Si bien la agencia de noticias Télam informó que se trata de un cambio “necesario para llevar adelante la gestión”, LA NACION pudo saber que Lompizano era investigado en dos expedientes judiciales sensibles para el gobierno nacional: la violenta represión del parque Indoamericano, que terminó con tres personas asesinadas, y el homicidio del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, crimen ocurrido en octubre pasado. La decisión de Garré no fue bien recibida por el jefe y subjefe de la Policía Federal, Enrique Capdevila y Alejandro Di Nizo, respectivamente, pero fuentes policiales negaron que las máximas autoridades de la fuerza federal de seguridad hayan pensando en renunciar por el desplazamiento del comisario mayor. Otras versiones, no confirmadas, indicaban que Lompizano fue desplazado porque planteó cumplir la orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, de desalojar las viviendas ocupadas en Villa Soldati. Lo cierto es que los investigadores de los tres homicidios durante el intento de desalojo en el parque Indoamericano “tenían en la mira a Lompizano”. Se sospecha que el comisario mayor estaba al tanto de ciertas irregularidades que hubo durante el violento operativo, informaron fuentes judiciales.