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POLITICA

I

Viernes 31 de agosto de 2012

CASO CICCONE s DECISION DEL FISCAL DI LELLO

La Justicia rechazó denuncias de Boudou Continuación de la Pág. 1, Col. 3 son los abogados Ana María García –esposa de Righi–, María José Labat –esposa del ministro de seguridad porteño Guillermo Montenegro– y Fabián Musso, los tres integrantes del estudio jurídico del ex procurador. También Gabbi y Antonio Tabanelli, de la empresa Boldt. Luego de transcribir los testimonios de su dictamen donde pide el sobreseimiento de los denunciados, el fiscal Di Lello escribió: “Al no haberse acreditado los extremos de la denuncia, resulta evidente a esta altura del proceso dar un corte definitivo a la investigación en la tesitura de que ningún hecho de características delictivas ha podido ser verificado, pese a la labor encarada”. Dijo Di Lello que “ninguna prueba resta por producirse” y que lo pasó en la reuniones “quedará sepultado en el consciente de sus protagonistas”. Además, en el caso de Gabbi, dijo que no se determinó que hubiera habido ofrecimiento de dinero “ni mucho menos que hubiera operado por cuenta de un tercero”. Así, propuso que el asunto sea sobreseído, cuestión que el juez Lijo seguramente consentirá. Boudou había denunciado que García y sus socios lo habían visitado en julio de 2009, cuando él estaba al frente de la Anses, para ofrecerle los servicios jurídicos del estudio porque “tenía buen lobby” en los juzgados y fiscalías federales. A esta reunión, Boudou dijo que le siguió otra, un año más tarde, cuando ya era ministro de Economía, donde señaló que intentaron “venderle humo”, es decir, falsas influencias ante jueces con causas que involucraban al funcionario. La segunda denuncia de Boudou alcanzó a Gabbi. Dijo que el ejecutivo de la Bolsa se reunió con él en marzo de 2011 para advertirle que los dueños de la empresa Boldt, que se dedica a explotar salas de juego y a realizar impresiones de seguridad, lo “iba a destruir” si no lo ayudaba a mantener la planta de Ciccone que en ese momento alquilaba esa empresa.

Boudou dijo que Gabbi le advirtió que Tabanelli era una persona poderosa y que sólo hacía falta “ponerle un número” para que lo acompañara. En una segunda reunión, Boudou dijo que le comentó a Gabbi que no quería tener nada con Tabanelli. Boudou sugirió que interrogaran a su abogado Eduardo Durañona, a sus tres secretarias tanto en la Anses como en el Ministerio de Economía, a sus encargados de ceremonial en ambos cargos y a los dos secretarios privados del vicepresidente. Algunos de ellos no recordaban las reuniones, otros sí las recordaron, pero ninguno pudo dar fe de qué se trató en los encuentros. Los testigos declararon tanto sobre las charlas con los letrados del estudio Righi como sobre las reuniones con Gabbi. Dijeron que existieron, pero no de qué se habló. El fiscal entendió que las conductas denunciadas por Boudou podían encuadrarse como tráfico de influencias o cohecho activo, pero dijo que no había pruebas para sostenerlas. Como el fiscal tenía delegada la causa, el dictamen para pedir el sobreseimiento de los acusados por Boudou casi obliga al juez a disponer esa medida. Pero más allá de lo que marca el proceso, juez y fiscal están de acuerdo en que no hay nada más que investigar en torno a las denuncias de Boudou y en que corresponde cerrar el caso. Lijo y Di Lello son los mismos que investigan a Boudou por traficar influencias para salvar la imprenta Ciccone de la quiebra y por supuesto enriquecimiento ilícito. La empresa, beneficiada antes de su estatización con un jugoso contrato para imprimir papel moneda, fue estatizada la semana pasada, pero aún se desconoce el nombre de sus verdaderos accionistas. Di Lello le pidió al juez comercial que lleva adelante el concurso preventivo de la ex Ciccone que no se le pague nada a la empresa por la expropiación hasta que no aparezcan sus accionistas, con nombre y apellido.

Surgen baches en la ruta del dinero que pagó Formosa Los $ 7,6 millones que cobró Vandenbroele no pasaron por el banco que figura en los registros HUGO ALCONADA MON LA NACION

ARCHIVO

Boudou había acusado a Righi y a Gabbi de gestiones irregulares

Los protagonistas

Queja por las restricciones al periodismo El bloque de diputados de Pro manifestó al vicepresidente Amado Boudou su rechazo a las restricciones impuestas a los periodistas en la cobertura de reuniones en la Cámara alta que, por reglamento, son de acceso público. El periodismo sufrió restricciones en la cobertura de la reunión de comisión en la que se debatió, anteayer, el proyecto para el traspaso de depósitos judiciales del Banco Ciudad al Nación, y, en mayo, en la sesión en la que se aprobó la expropiación de YPF. “Se atentó contra la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el sistema republicano fue puesto en jaque”, dice una carta macrista.

ESTEBAN RIGHI

ADELMO GABBI

JORGE DI LELLO

EX PROCURADOR GENERAL

PRESIDENTE DE LA BOLSA

FISCAL FEDERAL

Boudou lo acusó de ofrecerle, a través del estudio de abogados de su familia, influencias en los tribunales.

Boudou apuntó contra él y dijo que le había transmitido un intento de soborno de la empresa Boldt.

Ayer desestimó por completo las denuncias y pidió el sobreseimiento de los acusados por Boudou.

Righi se volcó a la universidad Regresó de México y no volvió a su estudio; Anselmo Gabbi fue rehabilitado por el Gobierno Los dos blancos de las denuncias del vicepresidente Amado Boudou pudieron reconstruir sus vidas públicas después de las denuncias del funcionario, que ahora probablemente queden en la nada. Cuando Boudou habló en el Senado del 6 de abril pasado, en plena Semana Santa y acusó a Righi de traficar influencias, el entonces procurador estaba en Nueva York. Apenas regresó, le presentó su renuncia a la presidenta Cristina Kirchner, que nunca lo llamó para agradecerle los servicios prestados, desde 2004, cuando asumió la Procuración en la presidencia de Néstor Kirchner. Cinco meses mas tarde, Righi no volvió a pisar el estudio familiar y ni siquiera piensa en volver a ejercer la profesión de abogado. No se ve ya

litigando y se volcó a la vida académica, donde es profesor consultor en derecho penal. Trabaja con las autoridades de la casa de estudios para asesorar en las materias de derecho penal, donde hoy la principal influencia es la del juez de la Corte Eugenio Zaffaroni. Los hombres de derecho le hicieron un homenaje el 13 de junio en la Facultad de Derecho. El motivo formal fue la presentación del libro Cuestiones penales: homenaje al profesor doctor Esteban J. A. Righi, una obra que empezó a gestarse hace varios años, coordinada por el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone, y de la que participaron penalistas de primer nivel. Righi después de su alejamiento se cuidó de mantenerse en silencio. Es

su gesto con el Gobierno, que nunca le agradeció sus servicios, aunque en público no se privó de cargar contra Boudou y calificar como “una infamia” la denuncia en su contra.

De regreso Righi regresó estos días de México, donde visitó amigos y familiares y trabaja en la reedición y reescritura de un libro de su autoría sobre los delitos cometidos con cheques. Ayer recibió la noticia del dictamen de Di Lello –que produjo pruebas pedidas por Boudou y con ellas alcanzó para desestimar la denuncia– mientras participaba de un Congreso de Derecho penal en la UBA. Con respecto a Gabbi, el presidente de la Bolsa, tuvo su rehabilitación

pública. Ocurrió el 2 de agosto pasado cuando la presidenta Cristina Kirchner celebró el 158° aniversario de la Bolsa y anunció la cancelación de los Boden 2012. El gran ausente esa noche fue Boudou, que no concurrió para no cruzarse con el hombre de negocios al que había denunciado por extorsión. Gabbi dijo esa noche que “a veces endeudarse no es malo cuando ello significa desarrollo y crecimiento, lo grave es no hacerlo al costo de caer en recesión”, lo que le mereció una respuesta de la Presidenta. Aunque el vínculo es bueno, es siempre tenso, como si bastara la menor turbulencia para enturbiar las relaciones entre la Bolsa y el corazón del poder.

Alak dijo que frenó la salida de reclusos Recibió a Blumberg y admitió que dispuso el cese de las autorizaciones, aunque defendió a Hortel LA NACION El ministro de Justicia, Julio Alak, recibió ayer en su despacho a Juan Carlos Blumberg, padre del joven Axel Blumberg, secuestrado y asesinado en 2004, y le confirmó que se había encargado de frenar las salidas de los reclusos de las cárceles para asistir a supuestas actividades culturales que terminaron en un escándalo, al descubrirse que en realidad iban a actos políticos kirchneristas. De todos modos, Alak defendió la actuación del jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Víctor Hortel, que impulsó ese régimen de salidas con la agrupación kirchnerista Vatayón Militante. Y aclaró que seguirá en su cargo. Durante 45 minutos estuvieron a solas. Blumberg hizo ante Alak una fuerte crítica a Hortel por el “disparate de hacer murgas y disfrazarse de Hombre Araña con los presos”.

El ministro intentó suavizar la tensión y sugirió que detuvo las salidas de los presos. “Yo frené las cosas”, habría dicho Alak, según Blumberg. Pero rescató la figura del jefe del SPF, a quien valoraba, dijo, por ser hijo de un reconocido jurista de La Plata ya fallecido, Eduardo Carlos Hortel. “Hortel está confirmadísimo en su cargo”, dijo a LA NACION un alto funcionario de Justicia. La versión digital del diario Clarín había consignado que Blumberg había relatado que Alak le dijo que Hortel “se había equivocado”. Ello fue categóricamente desmentido por el ministro. “No es así, yo no dije eso, lo desmiento terminantemente”, dijo Alak a LA NACION. Horas después lo reiteró en un comunicado oficial. Blumberg le confió a Alak que sus fuentes de información en el SPF le habían revelado que los condenados por el asesinato de su hijo Axel, José Gerónimo Díaz y Carlos Díaz, habían gozado de salidas del penal de

Microcréditos o millones El otro punto que acrecienta el misterio es por qué se apeló al Fondo Fiduciario Provincial (FonFiPro) para pagarle a Vandenbroele, quien contó con la ayuda clave del socio de Boudou, José María Núñez Carmona, según reveló LA NACION este lunes. En teoría el organismo que ya fue investigado por la Justicia por el manejo de 12 cheques en la “causa Skanska” debe dedicarse a otorgar créditos por montos bajos a pequeños productores y trabajadores formoseños. La página del FonFiPro en Internet aporta una muestra de quiénes aspiran a conseguir sus préstamos para salir adelante. Entre ellos, Pablo Daniel Parra. En octubre de 2011, consultó: “Como [sic] puedo acceder alos [sic] creditos [sic] que otorga el fonfipro. Soy errero [sic] tengo un taller y me gustaria [sic] agrandarlo en infrestructura [sic] como en maquinaria”. Para cuando Parra pidió un crédito para su taller de herrería, hacía apenas tres meses que Vandenbroele

Opciones

EL ESCANDALO DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

MARIANO OBARRIO

La ruta de los $ 7,6 millones que cobró de comisión el monotributista Alejandro Vandenbroele del gobierno de Formosa por asesorarlo en la reestructuración de su deuda muestra un bache misterioso. El dinero salió de la provincia, sí. Pero los registros de su camino hasta llegar a destino en una cuenta del Banco Macro son falsos, según reconstruyó LA NACION. La ruta del dinero detrás de The Old Fund y Vandenbroele aportó así otra inconsistencia. Porque se desconoce por dónde circularon los $ 7,6 millones de “comisión” por el supuesto trabajo de consultoría. Y se suma así a otros interrogantes sobre cuál es el verdadero origen de los $ 50 millones con los que se financió la nueva Ciccone y quiénes son sus verdaderos dueños y prestamistas de la operatoria. En los papeles, los $ 7,6 millones arribaron al Macro el 21 de mayo de 2010 con un paso previo por el Banco de Valores, mediante una operación formal a través del “mercado electrónico de pagos” (MEP), según confirmaron a LA NACION fuentes con conocimiento de los registros bancarios en disputa. Sin embargo, desde el Banco de Valores indicaron que no consta en sus registros ningún movimiento de fondos por ese volumen, ni durante ese día ni los anteriores. Más aún, indicaron que ni Vandenbroele, investigado por la Justicia como supuesto testaferro del entonces ministro de Economía, Amado Boudou, ni el gobierno de Gildo Insfrán son siquiera sus clientes. “The Old Fund y Formosa no tienen cuentas en el banco, ni tampoco tenemos registrada una transferencia al Macro por ese monto durante esos días”, ratificó un alto ejecutivo de la entidad que controla, con el 99,99% de las acciones, el Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval).

Ezeiza. Y le informó que denunció el caso ante el juez de ejecución penal, Daniel Petrone. Alak le entregó a Blumberg una certificación del SPF que verificaba que los hermanos Díaz no habrían tenido salidas. Cuando Blumberg contrapuso su información, el ministro le recomendó que presentara los elementos de prueba a la Justicia.

Diálogo cordial En todo momento mantuvieron la cordialidad del diálogo y se comprometieron a trabajar en conjunto. La Fundación Axel Blumberg, relató Blumberg, desarrolla programas de capacitación en diversos oficios, en distintas cárceles del país, y apuesta a la reinserción social mediante el trabajo de los presos. El escándalo se había desatado hace un mes y medio, cuando se difundieron las excursiones de presos en mitines kirchneristas gestionadas por Hortel y por Vatayon Militan-

te. Entre los beneficiados estaban Eduardo Vázquez, ex baterista de la banda Callejeros, condenado por el asesinato de su novia Wanda Taddei, y Rubén Pintos, preso por la muerte del barrabrava de River Plate Gonzalo Acro. Luego Alak llevó a Blumberg a otro despacho, donde esperaban Hortel y los subsecretarios de Política Criminal, Juan Martín Menna, y de Gestión Carcelaria, Laura Lopresti. El padre de Axel le habló sin vueltas a Hortel. “Me parece un disparate que usted ande tocando el tambor y haciendo murgas en las cárceles”, le dijo en elevado tono de voz. Hortel hizo silencio y no respondió. Pero Alak intercedió y, de manera diplomática, le pidió a Blumberg: “Bueno, dejemos las cosas ahí, usted ya me lo dijo a mí”. Más en calma, Alak se comprometió a recibir todas las propuestas de la Fundación Axel Blumberg sobre reinserción social de los reclusos.

se había dado de baja como monotributista. Pero ya había embolsado los $ 7,6 millones del FonFiPro con los que luego desembarcó en la ex Ciccone. Más aún, ya había comenzado a pagarles viajes alrededor del mundo al socio, al hermano y a la cuñada de Boudou, a través de la agencia de viajes de la entonces novia del vicepresidente. Al declarar ante el juez federal Ariel Lijo, la única empleada formal de The Old Fund, María Florencia Cicchitti, admitió que conocía a Núñez Carmona, pero no supo explicar por qué la firma controlante de la ex Ciccone le pagó sus viajes al Mundial de Sudáfrica y a esquiar a Aspen con una familia amiga o a pasear por Europa. El gobierno formoseño, por su parte, mantiene un hermético silencio desde que LA NACION reveló esa comisión por el supuesto asesoramiento para reestructurar la deuda que negociaron sus funcionarios con el propio Boudou. Insfrán y sus colaboradores evitaron precisar, entre otros datos, por

21/5/2010 Es la fecha del depósito Si el dinero entró ese día a la cuenta de The Old Fund, el responsable es Guillermo Reinwick; pero si se cobró durante 2009, es Alejandro Vandenbroele. qué contrataron a Vandenbroele, quien se presentó como especialista en derecho societario –no en derecho financiero– en la solicitada que publicó el 5 de marzo pasado, al tiempo que The Old Fund carecía –antes y ahora– de antecedentes o siquiera expertos en reestructuración de deudas. El gobierno de Formosa –una de las provincias más pobres y con peores índices de desarrollo, salud y nutrición del país– también evitó precisar durante los últimos días cuándo y cómo le pagó esos $ 7,6 millones a Vandenbroele. Es decir, si el pago de esa comisión coincide con lo que muestran los registros del Banco Macro, que controla Jorge Brito, señalado a su vez como uno de los presuntos financistas detrás de la nueva Ciccone Calcográfica. La fecha en que se cobraron esos $ 7,6 millones no resulta menor. Entre otros motivos, porque el yerno de Nicolás Ciccone que figura en los papeles como supuesto “accionista controlante” de The Old Fund, Guillermo Reinwick, asumió la responsabilidad por todo lo ocurrido desde 2010 en adelante, tras un ríspido intercambio entre los que desembarcaban y la familia Ciccone. Así, si la comisión formoseña se cobró durante 2010, Reinwick podría verse forzado a dar explicaciones ante la Justicia por presunto lavado de activos, entre otras potenciales figuras penales. Pero si se cobró antes, o se fraguaron los registros, el interrogado pasaría a ser Vandenbroele.

Por NIK