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POLITICA

I

Jueves 16 de febrero de 2012

TEMAS DE LA JUSTICIA

EL ESCÁNDALO DE LA IMPRENTA s RAMIFICACIONES INTERNACIONALES

La ex Ciccone, comprada por un fondo holandés que fue disuelto

El Estado quiere ser socio de las mineras

L

También cerraron las dos firmas radicadas en Suiza que aparecían detrás de la sociedad HUGO ALCONADA MON LA NACION Tierras International Investments, el fondo holandés que figura detrás de la sociedad anónima argentina con la que un allegado al vicepresidente Amado Boudou adquirió la ex Ciccone Calcográfica, ya no opera más. Fue disuelta y dada de baja en Holanda, según verificó LA NACION tras consultar en el Registro Público de Comercio de ese país. El cierre de operaciones fue aún más lejos. Porque las dos sociedades que operaban y controlaban por detrás al fondo holandés, ambas con domicilio en Suiza, también fueron cerradas y disueltas. Y sólo quedó operativa una sociedad anónima colateral, con domicilio en la ciudad de Panamá, según consta en el registro comercial local. “La entidad está dada de baja en el registro”, consta en el informe del legajo 34282061, correspondiente a Tierras International Investments CV, cuya copia obtuvo LA NACION. Fue archivado en el registro de la Cámara de Comercio de Amsterdam (KVK, por sus siglas). La firma se abrió el 4 de septiembre de 2007 para fines “financieros” y había fijado su domicilio en la ciudad de Hoofddorp, 27 kilómetros al oeste de Amsterdam. En ese legajo consta no sólo que la entidad se dio de baja, sino que su también se eliminó su personería jurídica. Pero no precisa cuándo se cerró. Es decir, si antes o después de que su firma controlada en la Argentina, The Old Fund, adquiriera a la ex Ciccone a fines de 2010. Para quedarse con la ex Ciccone, la operatoria incluyó varios pasos. El primero fue el desembarco de Tierras International Investments en la Argentina. Para eso se inscribió ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires y nombró como su representante legal al jubilado con el haber mínimo Carlos Raúl Schneider, de Longchamps, tal como reveló LA NACION el sábado pasado. El siguiente paso fue comprar la firma The Old Fund SA. Vandenbroele

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Boudou, contra Clarín El vicepresidente Amado Boudou trajo hasta aquí su guerra con los medios y no dudó en subirse al escenario junto a la banda Mancha de Rolando con una remera que decía Clarín miente. En el brevísimo contacto que tuvo con la prensa se negó a hablar del caso de la ex Ciccone. se reunió con sus dueños y cerró la operación, tras comentar que volvía de España para concretar algunos negocios, que no detalló. Café de por medio, según contó a LA NACION uno de los vendedores, deslizó que estaba “pensando en armar un fondo de inversión” y que le venía bien que su objeto social “fuera amplio”. En los papeles, el fondo holandés se quedó con 28.500 acciones de The Old Fund –representado por el abogado monotributista Vandenbroele–, mientras que Sergio Gustavo Martínez figuró como titular de las 1500 acciones restantes, es decir, el 5% del paquete accionario. Luego, ya en marzo de 2010, Van-

debroele y Martínez celebraron una asamblea de accionistas y cambiaron la sede social de The Old Fund a la calle Tucumán 540 de la ciudad de Buenos Aires, a 50 metros de la calle Florida, frente al hotel Claridge y arriba de un sex shop.

Cierre en Ginebra Allí, en la oficina D del piso 28, funciona una “oficina compartida” entre múltiples empresas y sociedades, según constató ayer LA NACION, y donde no recuerdan a The Old Fund, ni a quienes la controlan. “Sólo por los diarios”, acotó quien abrió la puerta, lisa, sin logo alguno. En el legajo disponible en la Di-

rección de Personas Jurídicas bonaerenses, no obstante, aparece la traducción de un documento del fondo holandés, en el que se consigna que se trata de una sociedad en comandita, controlada por otras dos firmas: Stichting LP Services y Stichting MP Services. Ambas sociedades fueron creadas en Amsterdam e inscriptas en el Registro de Comercio el 20 de octubre de 2006 con números casi correlativos. Y ambas fijaron domicilio en un edificio de oficinas de Ginebra, Suiza. Más relevante, sin embargo, según los registros comerciales holandeses, ambas sociedades Stichting, creadas en octubre de 2006 para “crear e invertir en sociedades de capital”, también fueron disueltas, según verificó LA NACION, aunque tampoco consta cuándo fueron dadas de baja. Es decir, si antes o después de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le concediera un plan de pagos “excepcional” y consintiera el levantamiento de la quiebra que ella misma había solicitado, o tras la ayuda del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, o del estallido del escándalo. De los registros holandeses tampoco surge ningún vínculo entre esas firmas y la empresa argentina London Supply –que preside “Teddy” Talatuty, dado que su hermano “Henry” se desvinculó hace 14 años– que depositó $ 1,8 millones en el expediente de la quiebra “por cuenta y orden” de Vandenbroele y The Old Fund. Antes de ser disuelta, sin embargo, ambas firmas Stichting sirvieron para constituir la sociedad anónima Zola Company en Panamá, en enero de 2008, por medio del estudio jurídico local Arias, Fábrega & Fábrega. Creada con un capital social de 1000 dólares divididos en acciones al portador, Zola Company integró su directorio con las dos firmas holandesas y domicilio suizo y dos personas: Jorge Brugo y Gonzalo Pascual, uno de los letrados que colaboró en la inscripción de Tierras International Investments en la Argentina. Hoy está en México.

ADRIAN

VENTURA

El anuncio de los gobernadores de crear un organismo minero encubriría el interés de las provincias de convertirse en socias de las empresas privadas

as mineras realizan una industria lícita. Las poblaciones que se sienten afectadas también reclaman algo legítimo, que se proteja el medio ambiente. Pero los gobiernos de la Nación y de las provincias, en lugar de buscar una solución a ese desencuentro, intentarían aprovechar la presión social para justificar su desembarco como accionistas de las empresas. Se vienen las Enarsas mineras. Ayer, los gobernadores y vicegobernadores de diez provincias prometieron crear una Organización Federal de Estados Mineros (OFEM). El acuerdo fue presentado como un gesto para la ciudadanía, pero en la industria –que formalmente salió a apoyar la propuesta– ven venir un reclamo de los distritos para tener más participación en el negocio. El conflicto es complejo: L No existe ninguna norma jurídica que prohíba la minería a cielo abierto. “¿Qué argumento puede esgrimir un juez para prohibirla?”, se preguntaban ayer en la Justicia. LAlgunas asambleas ciudadanas alegan hipotéticos daños ambientales e intentan prohibir la explotación en sus regiones –por ejemplo, buscan frenar a Agua Rica, en Catamarca–. Pero en Jujuy y en Salta algunos pueblos originarios reclaman a las provincias que les reconozcan la propiedad de sus tierras y, sobre esa base, también pretenderían convertirse en cotitulares de la explotación minera. LLa minería es una actividad que insume décadas de exploración, construcción y explotación y fuertes inversiones –los principales operadores comprometieron para los próximos cinco años inversiones por US$ 20.000 millones–. Por eso, se requiere estabilidad del sistema tributario. L Sin embargo, las provincias, dueñas del suelo, perciben sólo unos 1500 millones anuales (en concepto de 3 por ciento de regalías e impuestos coparticipables), mientras que el Estado nacional se apropia, por vía de recaudación fiscal, de 4500 millones. El anuncio de crear la OFEM y de fundar mineras provinciales encubre el interés de los distritos de mejorar su tajada. Pero el Estado tampoco renunciaría a su parte. ¿No es eso un cambio de las reglas de juego? En la Corte existen sólo tres causas. En la primera, se estudia una medida cautelar de un juez que suspendió la aplicación de la ley de glaciares. También hay una demanda de una comunidad aborigen contra Salta y Jujuy, por la cual la Corte citó al gobernador jujeño, Eduardo Fellner, a una audiencia pública en marzo. En cambio, los jueces supremos aún no acordaron si convocarán a una audiencia por la mina catamarqueña Agua Rica. Lo que tienen en claro es que la complejidad del tema excede a la Justicia.