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POLÍTICA

| Miércoles 9 de abril de 2014

Vinculan a empleados de Greppi con los casos Ciccone y Madres coimas. Denuncian que en la financiera allanada por Oyarbide trabajaban personas

relacionadas con empresas investigadas por corrupción y por la mafia de los remedios

Hernán Cappiello LA NACION

El caso que envuelve al juez Norberto Oyarbide y al subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, por un allanamiento a una financiera sigue creciendo. Ahora, jóvenes que trabajaban en la mutual allanada aparecen como ex empleados de empresas mencionadas en los principales escándalos judiciales del kirchnerismo: el caso Ciccone, el de la Fundación Sueños Compartidos y la causa de la “mafia de los medicamentos”. La defensa de los policías acusados de pedir coimas durante ese allanamiento denunció –en un escrito al que accedió la nacion– que el dueño de la mutual de crédito allanada, Guillermo Greppi –amigo de Liuzzi–, montó un entramado societario valiéndose de sus empleados como directivos de empresas para abrir cuentas bancarias y cambiar cheques con beneficios impositivos. Y aseguró que varios de esos empleados trabajaron antes en firmas investigadas en causas en las que está acusado el vicepresidente Amado Boudou, en las que fueron indagados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y el caso donde está acusado el sindicalista José Zanola, por percepción indebida de fondos públicos. Pero la defensa de Greppi rechazó estas acusaciones: dijo que no debe hacerse una lectura suspicaz de estos vínculos y denunció que todo es una operación de la abogada de los policías para “embarrar la cancha” y desviar el objeto de inves-

tigación: que un grupo de policías pidió coimas. “Se busca desviar el objeto procesal. Acá lo que se investiga es asociación ilícita y exacciones ilegales, y mi cliente es el denunciante”, dijo ayer a la nacion el abogado de Greppi, Carlos Broitman, que pidió que Propyme sea querellante en la causa. Greppi, más enojado, advirtió que las empresas mencionadas no son suyas, excepto Propyme, que las demás son de clientes suyos, que no están eximidas de pagar el impuesto al cheque y que no tiene nada que ver con las firmas donde trabajaron antes sus empleados. La abogada Valeria Corbacho, que defiende a los policías Fabio Ascona y Ángel Castro, pidió no obstante verificar en la causa de Sueños Compartidos –que investigó Oyarbide hasta que se la sacaron por su irregular tramitación– los vínculos de empleados de Greppi con empresas que cambiaron cheques. Corbacho sospecha que el juez ya conocía que Propyme estaba ligada a Greppi, pero que dispuso el allanamiento por error y por eso lo interrumpió. La defensa resaltó que los empleados no mencionaron el vínculo societario que tenían con Greppi y otras empresas cuando declararon como testigos. “Se crearon empresas, se puso a cargo a simples personas que son empleados, y únicamente son utilizadas para abrir cuentas bancarias y depositar y mover millones de pesos en cheques, libres de impuestos o con una alícuota reducida, generando con ello un fraude millonario al Estado nacional”, sostuvo la

De denunciante a investigado La defensa de los policías lo acusa de fraude

guillermo greppi empresario

Es el dueño de Propyme, una mutual de crédito que fue allanada. Denunció que la policía le pidió una coima en nombre de Oyarbide, pero ahora los acusados lo denuncian por fraude abogada Corbacho ante el juez federal de Luis Rodríguez. Este magistrado investiga a los policías porque supuestamente pidieron a Greppi 300.000 dólares para no allanarlo. Pero ese procedimiento cesó cuando Oyarbide recibió una llamada de Liuzzi en la que le informó que estaban extorsionando a su amigo Greppi. El juez Rodríguez también investiga a Oyarbide y a Liuzzi. Los policías –para defenderse–

investigaron a Propyme y a sus empleados y comprobaron que son directores o socios de firmas junto con Greppi o su abogado. Un cadete, por ejemplo, es socio en dos empresas supuestamente beneficiadas con descuentos en el impuesto al cheque. Los policías investigaron que empleados de Greppi –Gisela Dertinopulos, Gabriela Fernández y Gustavo Constantino Tsiaculas– se desempeñaron en Cabaña Agropecuaria del Zonda, “una empresa a la que se habrían desviado ilícitamente aproximadamente 50 millones de pesos en transferencias de fondos públicos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales”. Y Vanesa Noelia Dertinopulos y Facundo Bogado, empleados de Greppi, estuvieron en Agropecuaria Monte León, receptora de unos 25 millones de pesos. Lorena Claudia Agosta trabajó en London Supplay, firma que puso el dinero para levantar la quiebra de Ciccone. Por otra parte, Silvina Galin –empleada de Propyme– trabajó en la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal y en Amirante Galitis Sociedad de Bolsa, “investigadas en la causa conocida como la mafia de los medicamentos”. Para los policías, los dueños de estas firmas son, “por lo general, personas reclutadas de bajos recursos y con limitaciones intelectuales, permaneciendo los verdaderos dueños en el anonimato”. “Es evidente que se trata de un mismo grupo de personas que presta su nombre y sus servicios para Greppi”, concluyeron.ß

Avanza una causa por enriquecimiento contra el titular de la AFIP

justicia. El fiscal Taiano pidió informes de los bienes y cuentas de Echegaray La Justicia abrió una nueva causa penal para investigar si el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, se enriqueció de manera ilícita durante los años que lleva como funcionario público. El fiscal federal Eduardo Taiano presentó un requerimiento de instrucción en el juzgado de Sergio Torres. En él, identificó como imputado a Echegaray y pidió las primeras medidas de prueba para avanzar con la causa. Este requerimiento es el paso procesal necesario para dar inicio a cualquier causa penal. Entre las medidas solicitadas, hay pedidos para que se obtengan informes de sus bienes inscriptos en los distintos registros y de sus cuentas bancarias, así como las copias oficiales de sus declaraciones juradas. El expediente contra Echegaray se inició por una denuncia del abogado Juan Mussa, basada en información publicada en medios de comunicación. Se abrió casi en simultáneo con otra denuncia promovida por el mismo denunciante; la que sostenía que el viaje de Echegaray a Brasil de diciembre pasado había sido pagado por un grupo de empresarios (hasta ahora, esta causa no prosperó en la Justicia). Avanzará en paralelo con una tercera abierta recientemente contra Echegaray, que es aquélla donde se lo acusa de haber violado el secreto fiscal en perjuicio de políticos opositores y de haber tomado “represalias” contra el cineasta Eliseo Subiela por sus críticas al Gobierno. En ese expediente, Echegaray presentó espontáneamente un escrito de defensa para hacer “aclaraciones” ante lo que definió como “los tergiversados e infundados hechos sobre los que versa la denuncia”, que consideró parte de una estrategia de “hostigamiento y persecución” a los funcionarios del Gobierno. Esa denuncia fue presentada por el diputado Manuel Garrido (UCR) el 8 de enero pasado, después de una conferencia de prensa en la que Echegaray hizo pública información sobre la situación impositiva de varios dirigentes políticos. Lo hizo para defenderse de la acusación por su viaje a Brasil. Echegaray se refirió entonces, durante su conferencia, a un grupo de políticos y sus situaciones fiscales sin nombrarlos, pero con referencias que, por lo menos en algunos casos, parecieron inequívocas. En su requerimiento de instrucción, el fiscal Jorge Di Lello sostuvo que se trataría de Fernando Solanas, Elisa Carrió, Mauricio Macri y Sergio Massa. Incluyó también la posible referencia a un oficialista, Daniel Scioli. En su presentación en el expediente, Echegaray se defiende di-

ciendo que los supuestos aludidos “nunca fueron nombrados” por él. Él había hecho mención, por ejemplo, a “la señora que dice «voy a ser candidata a presidenta» y se pasa todo el verano en Punta del Este, y puso en Twitter que no es bueno que Echegaray compre dólares”. Fue interpretado como una referencia evidente a Carrió. La estrategia de defensa de Echegaray consiste en decir que no hizo “referencias específicas sobre la situación impositiva de persona alguna” y que, en todo caso, “la información patrimonial referida a funcionarios es considerada de carácter público”. Además, el jefe de la AFIP cuestionó a Garrido. Lo calificó de integrante del grupo de los “autoerigidos justicieros o paladines de la Justicia” que responden al “oportunismo político”. Dijo que la denuncia en su contra sólo puede entenderse como parte de “una estrategia general por parte de determinados sectores de la política argentina de utilizar la justicia federal como un instrumento permanente de linchamiento y de acoso judicial a los funcionarios públicos de este gobierno democrático”.

Participaciones sociales

La UCR negó un acuerdo por Oyarbide

4318 8888 CASAMIENTOS

RODRIGO MARTÍN y MARÍA PÍA CIARLEGLIO celebrarán su matrimonio el 12 del corriente en la parroquia San Benito Abad MISAS

JUAN CARLOS (JACKIE) NOUGUÉS. - Su familia agradece las muestras de afecto recibidas e invita a la misa a celebrarse mañana, a las 19.30, en la iglesia San Martín de Tours RECORDATORIOS

ANDRÉS J. D’ALESSIO, 4-4-2009. - A cinco años de tu partida estás presente en el recuerdo cariñoso y en el ejemplo. Tu familia HORACIO VIVO, q.e.p.d, 10-4-2003. - Al cumplirse once años de su fallecimiento, su familia lo recuerda con mucho amor Publique aquí todos los días de 9 a 20. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito

Caso Subiela El expediente por violación de secretos incluye además el “caso Subiela”. Se acusa a Echegaray de haber revelado información sobre el cineasta después de que éste contó los problemas que tuvo para comprar divisa extranjera para sus viajes de trabajo. Echegaray dijo que Subiela había declarado ingresos mucho más bajos que lo que consumía y lo vinculó con supuestas sociedades fantasma. La AFIP promovió además una denuncia penal contra Subiela, que fue desestimada por la Justicia. La copia de ese fallo es una de las medidas de prueba ordenadas en la causa por el juez Sebastián Ramos. En cuanto al caso por el presunto enriquecimiento ilícito, el juez Sergio Torres analiza en estas horas qué medidas de prueba ordenará.ß

Primeros pasos de la causa Pedido del fiscal Tras una denuncia contra Echegaray, el fiscal Taiano presentó un requerimiento de instrucción al juez Torres Informe patrimonial Solicitó allí informes de los bienes del funcionario, así como datos de sus cuentas y declaraciones juradas

senado. Losada rechazó la acusación de Arias de pactar con el PJ en 2001 El ex presidente provisional del Senado Mario Losada (UCR-Misiones) rechazó ayer las imputaciones del ex diputado peronista César Arias, quien se presentó ante la Justicia para denunciar un pacto político entre el PJ y la UCR para absolver al juez Norberto Oyarbide en el juicio político que afrontó en 2001 en la Cámara alta. “No sé de qué pacto habla (Arias) si el radicalismo votó por la destitución de Oyarbide y terminamos perdiendo la votación porque el PJ no aportó para alcanzar los dos tercios”, afirmó Losada. En diálogo con la nacion, Losada recordó que la UCR impulsó un dictamen con los seis cargos por los que la Cámara de Diputados había acusado a Oyarbide ante el Senado. “Fue el justicialismo el que impuso su dictamen con un solo cargo que, como era de mayoría, se votó primero”, explicó Losada, quien recordó que el PJ “ni siquiera votó el cargo que le habían imputado a Oyarbide en la Comisión de Juicio Político”. El polémico juez fue absuelto en 2001 al no alcanzar la votación los dos tercios que se requerían para su destitución. Consultado por la nacion sobre las causas que habrían motivado a Arias a denunciar un pacto PJ-UCR, Losada lo asoció a una campaña orquestada desde el kirchnerismo. “Tal vez quieran desprestigiar a la UCR y al PJ para favorecer a Macri, que es el candidato opositor que le conviene al oficialismo”, especuló Losada.ß