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POLÍTICA

| Miércoles 12 de Marzo de 2014

La Iglesia pide medidas urgentes y toma distancia de la Sedronar

Un exabrupto que reavivó la polémica ^b^b^ “Pasé de ser el secretario de la Sedronar a ser el hijo de puta defensor de Pablo Escobar.” Así fue la reacción de Juan Carlos Molina, titular de la Sedronar, tras la polémica que generaron sus dichos sobre narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, a quien comparó con el personaje de Robin Hood.

narcotráfico. En el Episcopado preocupa

el avance del negocio de la droga; cuestionan a Molina por haber relativizado el problema

Mariano de Vedia LA nACIOn

En su primer encuentro del año, los obispos reclamaron “medidas urgentes” para combatir el narcotráfico y que se ponga en marcha una “política de Estado” en el área. En el intercambio pastoral que realizaron en la reunión de la comisión permanente del Episcopado, marcaron diferencias con el titular de la Sedronar, el sacerdote Juan Carlos Molina, que había atribuido la visibilidad del problema del narcotráfico a una ofensiva de “las corporaciones y los medios de comunicación”. “Los obispos siguen preocupados por el alarmante avance del narconegocio y quieren que se tomen medidas urgentes para combatirlo”, dijo el padre Jorge Oesterheld, vocero del Episcopado, al transmitir a la prensa los temas conversados en la reunión, que concluirá hoy. Durante los comentarios sobre los temas de actualidad, los 22 obispos que integran la comisión permanente hicieron referencia “tangencialmente” a la propuesta del Gobierno para avanzar en la reforma del Código Penal, entre otros temas. “Surgió con más fuerza el tema del narcotráfico”, reveló el padre Oesterheld.

Según explicó el vocero, el documento que el Episcopado difundió en noviembre para alertar sobre el drama de la droga y el narcotráfico “sirvió para que la sociedad y las autoridades tomaran conciencia de la gravedad del problema”. El nuevo llamado de atención sobre esta problemática tuvo lugar cinco días antes de que el papa Francisco reciba en Roma a la presidenta Cristina Kirchner. Molina había admitido anteayer que el problema de la droga existe, pero acusó “a los medios, a las corporaciones, de usar distintos temas –en alusión al narcotráfico– para ir peleando espacios de poder”. En los últimos cuatro meses fueron continuas las denuncias de la Iglesia sobre el avance del negocio de la droga. En el citado documento, el Episcopado lamentó la prolongada acefalía de la Sedronar y advirtió que el país “está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno”. La designación de Molina, dos semanas después, no cambió la visión del problema para la Iglesia. “Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”, era una de las quejas que los obis-

El obispo Bressanelli y los arzobispos Arancedo y Cargnello pos asentaron en el documento. El 12 de diciembre, el titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo, le planteó a Cristina Kirchner la preocupación de la Iglesia por “la creciente tolerancia social frente al consumo de drogas y el avance del narcotráfico”. Una semana después el titular de Pastoral Social, el obispo Jorge Lozano, reunió a los partidos políticos con representación nacional, que firmaron un compromiso “para instrumentar políticas públicas contra el narcotráfico”. En nombre del oficialismo adhirió el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, que ayer compartió “la legítima preocupación que ha expresado la Iglesia por el avance del narcotrafico” y se

mostró “absolutamente comprometido para enfrentar este flagelo que hoy aqueja a todos los argentinos”. Lozano explicó ayer a sus pares los alcances que tuvo el compromiso firmado con la dirigencia política, en el que se reclamó la reglamentación de la ley de precursores químicos, el fortalecimiento del rol federal de las fuerzas de seguridad nacional y la revisión de las leyes sobre el lavado de dinero y la incautación de bienes ligados al narcotráfico. “La Iglesia insistirá en que la lucha contra el narcotráfico se convierta en política de Estado”, resumió Oesterheld. “Hay muchos conflictos, como la situación económica que ha deteriorado el salario real, y eso implica negociaciones paritarias que se lle-

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van adelante, todo eso genera un clima de conflictividad”, indicó. Consciente de que “lo social es algo a lo que siempre la Iglesia está muy atenta”, Oesterheld adelantó que los obispos analizarán un informe de la Pastoral de la Familia, que abordará la encuesta que el papa Francisco envió a todos los cristianos para analizar los desafíos que se abren en ese campo, que incluyen la situación de los divorciados vueltos a casar. La reunión episcopal finalizará hoy, con una declaración que se difundirá con motivo del primer aniversario de la elección del papa Francisco. Por la tarde, los obispos concurrirán a una recepción que ofrecerá el nuncio apostólico, monseñor Emil Tscherrig, en honor al pontífice argentino.ß

^b^b^ En declaraciones radiales, el sacerdote sostuvo que lo “sacaron de contexto” y remarcó que “de ninguna forma” defendió a Escobar. “No es ningún santo, no es Robin Hood; es un criminal, es un psicópata y es un asesino. No lo planteé yo. Lo planteó el periodista que me entrevistó y yo dije que era mirado como un Robin Hood en su momento porque el Estado estaba ausente”, dijo el funcionario. ^b^b^ El titular de la Secretaría de la Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico pidió también que una serie de televisión como El patrón del Mal, que cuenta la historia de Escobar, no “marque la agenda” y reclamó discutir el tema “profundamente, sin cuestiones mediáticas”. Además, pidió disculpas a todos los que “se sintieron ofendidos” por su comparación.

Recondo, Curuchet y Ostropolsky

laura cano

El caso Campagnoli preocupa a la Justicia jornada. Jueces, políticos y especialistas,

contra la suspensión del fiscal del caso Báez La situación que atraviesa el fiscal José María Campagnoli, suspendido por investigar a Lázaro Báez, le puede pasar a cualquier otro fiscal o juez. Defender a Campagnoli, hoy, es defender la independencia judicial. Ésa fue, en pocas palabras, la conclusión de la Mesa de Diálogo que organizó la OnG Será Justicia y que se realizó ayer en el Teatro General San Martín. La Sala Casacuberta desbordaba de gente, que estalló en aplausos cuando el abogado de Campagnoli, Ignacio Irigaray, fue entrevistado por el periodista nelson Castro. Entre los oradores del encuentro también estaban Juan Arocena, presidente de Será Justicia; Juan Curuchet, vicepresidente del Banco Ciudad; el ex fiscal Pablo Lanusse; Daniel Ostropolsky y Ricardo Recondo, dos miembros del Consejo de la Magistratura que son independientes del Gobierno; el abogado Fernando Frávega; el constitucionalista Daniel Sabsay; el ex diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR), y los periodistas Adrián Ventura y Clara Mariño. Campagnoli no estuvo presente, pero sí sus familiares, y entre el público había importantes abogados de los principales estudios jurídicos de la Argentina y también estaba el ex fiscal de la Cámara del Crimen norberto Quantin, que fue un funcionario implacable. Luego de que Curuchet y Arocena apelaron a la “responsabilidad” de todos para construir un mejor Poder Judicial, Gil Lavedra, que fue uno de los camaristas que condenaron a las juntas militares, hizo un diagnóstico completo sobre los

magros resultados de ese poder estatal: “El sistema de enjuiciamiento es lento, pesado, y facilita que los casos de corrupción más complejos nunca lleguen a la etapa de juicio oral”, a la vez que reclamó que la Justicia implemente “un sistema de rendición de cuentas, para que el pueblo pueda saber si sus integrantes trabajan adecuadamente o no”. Sabsay aseguró que “luego de 30 años de democracia, el Poder Judicial está en déficit”, y fue muy crítico con el desempeño del Consejo de la Magistratura, mientras que Ostropolsky, uno de los integrantes del organismo, dijo que la presencia de los miembros independientes sirvió para “frenar varios avances del Poder Ejecutivo” y recordó que la Corte frenó las leyes que había impulsado el kirchnerismo para reformar la Justicia. Mariño aseguró que la situación de Campagnoli es una prueba del “autoritarismo”. En efecto, el suspendido fiscal, que fue quien desentrañó una madeja de 150 sociedades offshore de Báez que el empresario usa para lavar dinero, en breve enfrentará un jurado de enjuiciamiento integrado por una mayoría de miembros kirchneristas que lo pueden remover de su cargo. Pero el público lo que más celebró fue la entrevista con el abogado de Campagnoli. “Al Gobierno no sólo le interesa salvar a Lázaro Báez, sino también echar a Campagnoli, para que él no salga indemne, y, además, otros jueces y fiscales sufran un escarmiento”, consideró Irigaray.ß