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SEGURIDAD

| Miércoles 13 de novieMbre de 2013

SEGURIDAD Edición de hoy a cargo de Luis Moreiro | www.lanacion.com/seguridad

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LUchA contRA LAS DRoGAS | La frontera norte, casi fuera de controL

La Corte reclamó medidas urgentes contra el narcotráfico

Fuerte llamado de atención al Gobierno

El alto tribunal hizo propio un pedido de los jueces federales del Norte, quienes afirmaron que “es preocupante el crecimiento del narcotráfico en la frontera”, y exigió al Gobierno respuestas inmediatas

el análisis Adrián Ventura

Viene de tapa

También el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se anticipó a la decisión de la Corte para anunciar que la Aduana contaría con más equipos para escanear contenedores. “Ya se incorporaron 21 equipos y antes de fin de año se sumarán tres más, para llegar a los 24 equipos. Con esto, el 100% de nuestra frontera norte va a contar con equipos de escaneo para las cargas”, dijo. Ambos funcionarios se refirieron concretamente a puntos reclamados por los jueces federales, en una coordinación que permitiría inferir el conocimiento de una inminente resolución de la Corte que dejaría mal parado al Gobierno. Al igual que frente al duro mensaje de la Iglesia, los funcionarios nacionales optaron en principio por no confrontar directamente con el contenido de las críticas efec-

tuadas por los jueces a través de la Corte Suprema de Justicia, sino exhibirse activos frente a la polémica sobre drogas. Incluso la increíblemente acéfala Sedronar –cuya falta de secretario desde marzo pasado es fuertemente objetada por la Iglesia y la oposición– mantuvo reuniones de trabajo con municipios y la semana pasada convocó al Consejo Federal de Drogas, tras una larga inactividad. Este reclamo de la Corte tiene más peso político que real, dado que el Gobierno no siempre cumple con las recomendaciones de la Corte. Incluso en el fallo Arriola, que declaró inconstitucional la pena por tenencia de droga para uso personal, el máximo tribunal había marcado la necesidad de incrementar la lucha contra el narcotráfico y reforzar las medidas de prevención de consumo

sin que la Casa Rosada diese pasos en ese sentido. El pedido de escáneres figura entre los reclamos de los jueces. Pero el mayor peso político de la exigencia fue colocado en demostrar que sus juzgados están desbordados por las causas de drogas (89.111 expedientes en trámite en Salta y Jujuy), sin que el Estado preste el necesario auxilio de recursos humanos e instalación de los tribunales que permanecen vacantes. También hicieron foco en “la instalación de grupos extranjeros de gran magnitud que están operando en hechos ilícitos y que sin exageración alguna se cuentan por miles en la frontera”. Los jueces federales del Norte no hicieron público que esa referencia fue dirigida a ciudadanos colombianos que desde hace algunos años empezaron a radicarse en

las zonas calientes del contrabando. Ese pensamiento es compartido por funcionarios de seguridad nacionales y de varias jurisdicciones. Los magistrados advirtieron, además, que el aumento de las causas penales (un 85% más en investigaciones de drogas en 2012, con relación a 2005) llevó al colapso de las unidades penales. Solicitaron la construcción de cárceles. Y pidieron la designación de las vacantes en varios tribunales. Además de habilitar y cubrir los puestos en el Juzgado Federal de Libertador General San Martín y el Juzgado Federal de Tartagal; además de solicitar la aprobación legislativa para la creación del Juzgado Federal N° 3 de Salta y del Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán. La posición de los jueces apunta a marcar la carencia de apoyo al avance de investigaciones

por la falta de estructura judicial. También en Tucumán exhibieron quejas similares, al exponer que cada secretaría penal tiene cinco personas a cargo para seguir cientos causas de drogas y que incluso la delegación de la Policía Federal cuenta con sólo cuatro agentes para colaborar con las investigaciones. Esa situación se replica en otros distritos, por ejemplo en Rosario, donde una treintena de gendarmes lleva adelante más de cien solicitudes judiciales en la ciudad con mayor nivel de violencia narco en el país. Mientras los jueces afirman que las fronteras están sobrepasadas por el narcotráfico, Berni aseguró: “La lucha tradicional contra el narcotráfico ha fracasado, por eso estamos imponiendo una nueva modalidad que consiste en una lucha en profundidad en el territorio”.ß

Marihuana: Berni sugirió ver el modelo uruguayo El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, admitió que “es digna de estudiar” una despenalización de la marihuana, como la dispuesta recientemente por el gobierno uruguayo. “La lucha convencional contra el narcotráfico ha fracasado en todo el mundo, y estamos trabajando en la lucha de fondo”, sostuvo Berni, al destacar los operativos y detenciones de narcotraficantes en la Argentina en los últimos tiempos. En declaraciones a Radio Del Plata, Berni dijo que “la despenalización que por ejemplo lleva adelante Uruguay es digna de estudiar. Hay que ver cuáles son los resultados en este tema, pues el que dice que tiene la solución acertada miente”. Poco después, Berni recorrió la villa 1-11-14, en la zona del bajo Flores porteño , donde la Gendarmería desbarató una narcobanda y secuestró 88 kg de marihuana y dos kilos de cocaína.ß

Berni, ayer en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores: “La lucha contra el narcotráfico no se agota en una frontera o en un radar”

Desbaratan una organización que diluyó 57 kg de cocaína en un embarque de biodiésel

El cargamento se descubrió en julio, pero se hizo una entrega vigilada para dar con los jefes Gabriel Di Nicola LA NACION

La carga, que iba ser enviada a España, era una prueba para futuros embarques. Si todo salía como había sido planeado habría nuevos cargamentos en un tiempo no muy lejano. Pero la organización perdió al descubrirse los 57,775 kilos de cocaína que habían sido diluidos en 225 litros de biodiésel. Después de una entrega controlada y de un trabajo en conjunto entre autoridades españolas y argentinas, se logró detener a siete presuntos integrantes de la organización. Así lo informaron a la nacion fuen-

tes judiciales. La conexión argentina de la investigación estuvo a cargo del juez federal Sergio Torres y de la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de la Gendarmería Nacional, que el 19 de julio pasado descubrieron la cocaína diluida en una carga de biodiésel que estaba en un depósito fiscal. Pero en vez de detener a los sospechosos en ese momento, se decidió seguir la pesquisa para dar con los responsables de la carga. “En orden a conocer los estratos más altos de la cadena de tráfico develada, se dispuso a la extracción del material estupefaciente habido en aquel cargamento [de biodiésel], sustituyendo la cantidad obtenida

por una sustancia química permitida en fase líquida que simulara la presencia de la droga, todo ello a los fines de coordinar con las autoridades españolas la entrega vigilada de la remesa en cuestión”, sostuvieron el juez federal Torres y su secretario, Diego Iglesias, en el expediente, al que tuvo acceso la nacion. La investigación se inició en diciembre de 2011, cuando se desbarató una organización narcocriminal integrada por ciudadanos argentinos, colombianos, peruanos, uruguayos y neozelandeses. La banda, según la investigación, distribuía cocaína en la ciudad de Buenos Aires y la traficaba a otros países disimu-

lada en otras cargas o por “mulas”, es decir, personas que la ingerían y llevaban en sus cuerpos. Es más, una “mula” de la organización, la ciudadana colombiana Sorlinda Aristizábal Vega, que salió del aeropuerto internacional de Ezeiza con droga dentro de su estómago, falleció a las pocas horas de haber llegado a Nueva Zelanda. Por el hecho está acusado su yerno, Peter Phillip Leaitua. Para salir de la Argentina sin levantar sospechas, Leaitua, además de su suegra, estuvo acompañado por su esposa, Michel Ramírez Aristizábal, y sus hijos. Como se dijo, la investigación

min. de seguridad

continuó y se pudo descubrir que uno de los integrantes de la banda, identificado sólo por su apodo de “El Financista” se vinculaba con otras personas para continuar con el tráfico de drogas. “«El Financista» tomaba contacto, en el marco de las conductas de tráfico de drogas, con una persona conocida como «Charly» que, junto con un ciudadano colombiano apodado «Toca», serían quienes se encargarían de coordinar los movimientos del grupo criminal, concretamente habrían sido los responsables de organizar el envío de cocaína diluida en biodiésel con destino a España”, sostuvo el juez en su resolución. La investigación se hizo con sigilo. Si bien la droga se secuestró el 19 de julio último en Buenos Aires, sólo el viernes pasado el Juzgado de Instrucción N° 2, de Compostela, en España, detuvo a las personas que habían viajado desde la Argentina para recibir la carga de biodiésel.ß

LA NACION

Viene de tapa

En sus palabras elegantes, lo que están diciendo es que, en la Argentina, no importa lo que digan Sergio Berni ni ningún otro funcionario, no existe una política contra el narcotráfico. En realidad, tal vez ni siquiera existan unas pocas medidas articuladas. Ese es el verdadero sentido de los documentos emitidos por los jueces federales de esas provincias, que a lo largo de un listado muy extenso de reclamos piden soluciones que, en rigor, ponen en evidencia todo lo que, hasta ahora, no hizo el Gobierno, que no puede hablar, en esta materia, de década ganada. Hasta ahora el Estado hizo muy poco para prevenir y combatir el narcotráfico y la urgencia que siente la Corte Suprema de Justicia parece tener la dimensión de las falencias, pero también con el peligro que se cierne sobre el país y que, días atrás, fue puesto de manifiesto por el Episcopado. Basta repasar el detalle de lo que se reclama para advertir por qué en las fronteras existen un “crecimiento preocupante del narcotráfico, la trata de personas, el incremento del contrabando y la instalación de miles de extranjeros que cometen esos delitos”, según describe el documento de los jueces de Salta y Jujuy. El detalle parece un inventario exhaustivo revelador del total desinterés o incapacidad de nuestras autoridades nacionales para enfrentar un problema crucial. Según los jueces, falta mayor presencia de fuerzas de seguridad; faltan radares; falta una política integrada nacional y provincial; faltan cárceles; faltan crear más juzgados federales y poner en funcionamiento algunos que ya fueron creados hace cinco años, en 2008; faltan puestos de Migraciones y de Aduana; faltan edificios judiciales y falta personal para investigar los delitos del narcotráfico. Acaso ¿sobra algo? Sí, sólo presos, causas judiciales que no se pueden investigar y delincuencia organizada. Hace dos meses que los jueces federales vienen hablando de este problema con las autoridades. En rigor, el problema no es nuevo: hace ocho años, este cronista accedió a la carta que un juez federal del Norte le envió a la Casa Rosada para advertir que no funcionaban los radares. Un misil, un helicóptero artillado o un cargamento aéreo podrían viajar miles de kilómetros desde el Norte hasta el microcentro porteño sin poder ser interceptados o derribados. Ahora, sin embargo, las cosas sí son mucho más graves y, tal vez, se están empezando a salir de control. Por eso los documentos hablan de “urgencia” y de “extrema gravedad” de las circunstancias descriptas. A fines de octubre, la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura para avanzar con esas reformas. Todos se hicieron los sordos.ß