POLITICA

Viernes 24 de junio de 2011

I

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FONDOS BAJO SOSPECHA s EL FRAUDE CON LAS VIVIENDAS DE LAS MADRES

La ciudad desoyó advertencias y les pagó a las Madres

Las obras en la ciudad

“Schoklender es una persona deleznable” Estela de Carlotto admitió en Bonn que el caso roza a los organismos de derechos humanos

El gobierno de Macri había ordenado frenar las transferencias, antes de cederle $ 17 millones

GASTON ROITBERG ENVIADO ESPECIAL

Las obras en el predio de la avenida Castañares FRANCISCO OLIVERA LA NACION Cuatro días después de que explotara el escándalo en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el gobierno de Mauricio Macri se hizo a sí mismo una recomendación que sin embargo terminó desoyendo. Alertado por la gravedad del tema, el 30 de mayo ordenó someter toda la documentación de esos contratos a la auditoría de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires (Sigeba) mediante una comunicación interna del Instituto de la Vivienda. Una semana después, y antes de enviarle un solo dato al organismo, el mismo instituto le pagó a la ONG más de $ 17 millones. Así lo indica el acta de directorio 2428 que firmaron, el 30 de mayo, los cuatro directores del instituto, cuyo punto 6 describe la escabrosa cuestión desde sus primeras líneas: “Vistos los temas de dominio público, y considerando que este Instituto de la Vivienda de la Ciudad [IVC] ha celebrado convenios con la Fundación Madres de Plaza de Mayo”, y que los instrumentos “han sido signados por el Dr. Sergio Schoklender”, empieza, y continúa argumentando que “resulta idóneo dar intervención a la Sindicatura General de la Ciudad”. Más adelante, el texto agrega dos resoluciones: “1°) Instruir a todas las áreas de este organismo a remitir a la Subgerencia de Coordinación Administrativa de este IVC toda actuación relativa a la Fundación Madres de Plaza de Mayo” y “2°) Encomendar

a la Subgerencia de Coordinación Administrativa la realización de dos copias certificadas de la totalidad de las actuaciones recabadas a los fines de reunir la documentación necesaria relevante al respecto. Un juego de copias de la totalidad de las actuaciones se girarán a la Sigeba para su intervención y el otro juego quedará para su resguardo en el área de origen”. El acta fue firmada por el presidente del instituto, Omar Abboud, y los directores Marcelo Viegas Calcada, Martín Moyano Barro y Martín Gonzalo Garcilazo. Ordena, en el párrafo final, “poner en conocimiento del señor jefe de gobierno las medidas dispuestas”. Sin embargo, a los cuatro días de emitida el acta, el 3 del actual, sin que se hubiera alcanzado a cumplir ningún envío a la Sigeba, se libró un cheque de 5.085.000 pesos por cobrar en el Banco Ciudad para la fundación que conducía Schoklender, tal como publicó días atrás LA NACION. El segundo, del 8 de este mes y a través del mismo banco, fue más abultado: 12.168.740,17 pesos. Ambos fueron firmados por Daniel Garbellini, gerente general del instituto, y Roxana Daló, subgerente contable. Consultados por LA NACION, en el Instituto de la Vivienda porteño admitieron la existencia de la recomendación acerca de suministrar los datos a la Sigeba y también que los cheques hubieran sido emitidos antes de cumplir con esa orden. “Evaluamos suspender el pago, pero finalmente no lo hicimos”, contestaron, y aclararon

VIOLENCIA SINDICAL

Caso Ferreyra: seis policías procesados Por abandonar al militante del PO asesinado HERNAN CAPPIELLO LA NACION Media docena de integrantes de la Policía Federal, entre ellos tres altos ex oficiales de la fuerza, fueron procesados por la Justicia acusados de abandonar a su suerte al militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, asesinado en Barracas durante un enfrentamiento con una patota de la Unión Ferroviaria, el 20 de octubre del año pasado. La jueza Wilma López procesó a los jefes del operativo, comisarios Jorge Ferreyra, a cargo de la División Roca, y Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas; y al subcomisario Rolando Garay. Las órdenes dictadas por estos tres imputados permitieron que los agresores se acercaran a los manifestantes cuando se estaban desconcentrando. La jueza también procesó al comisario general Hugo Lompizano, ex jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal y a los oficiales Luis Alberto Echavarría y Gastón Conti. Lompizano y sus subordinados tenían a cargo el monitoreo y control del operativo en la sala de situación ubicada en el Departamento Central de Policía, donde recibían las imágenes en tiempo real. Desde ese lugar, con la anuencia de sus superiores, Conti ordenó el repliegue de las fuerzas policiales que hizo posible el ataque a los manifestantes. En la misma resolución, la jueza López sobreseyó al agente David Villalba, que tenía a cargo la filmación de los hechos. Villalba registró todo el operativo, a excepción de los cinco minutos en los que se produjo el ataque, que no quedaron grabados. Sin embargo, la jueza estimó que no existían pruebas suficientes para involucrarlo en el hecho y atribuyó la falta de registro del ataque al cumplimiento de órdenes de sus superiores que le impidieron acercarse al lugar. Los seis policías fueron procesados por los delitos de abandono de persona agravado seguido de muerte, en el caso de Mariano Ferreyra, y de grave daño a la salud por las heridas que sufrió Elsa Rodríguez. Esta calificación, que subsume la de violación de deberes de funcionario público, permite castigar a los acusados con penas de hasta 15 años de cárcel en caso de ser encontrados culpables. Los querellantes del Partido Obrero y del centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) habían pedido que se considere a los policías partícipes en el homicidio, pero la jueza entendió que no había evidencias de que

estuvieran al tanto del plan criminal por el que están presos el líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y otros nueve acusados. Claudia Ferraro, abogada del PO, dijo a LA NACION que esta calificación impide ascender en la escala de responsabilidades a las máximas autoridades políticas que organizaron el operativo policial. En una resolución de 135 páginas, la jueza procesó a los policías por no evitar la agresión, franquear el paso a los atacantes, no recoger pruebas, y por usar teléfonos personales cuyas conversaciones no quedaron registradas.

Sospechas de coimas En una causa paralela, el juez Luis Rodríguez investiga a Pedraza y a otras cuatro personas, entre ellas un ex agente de la SIDE, un poderoso empresario y un ex juez federal, acusados de tramar un plan para sobornar a tres jueces de la Cámara de Casación y lograr la libertad del líder ferroviario. Se trata de los camaristas Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. El juez pidió revisar sus llamadas telefónicas. El fiscal de la causa, Sandro Abraldes, además solicitó las detenciones del vicepresidente de la empresa ferroviaria Belgrano Cargas, Angel Stafforini; del ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid; del ex agente de la SIDE Juan José Riquelme, que habría hecho los contactos con los jueces, y de Luis Ameghino Escobar, un prosecretario de la Cámara de Casación que se sospecha que fue contactado para alterar el sorteo para que los camaristas fueran los que debían decidir sobre el futuro judicial del ferroviario detenido. Escuchas telefónicas realizadas sobre los acusados son reveladoras: así Riquelme, que oficiaba de lobbista de sindicalistas y políticos ante magistrados, le dijo a Pedraza que hablaba desde la casa de “don Eduardo” (en supuesta referencia al juez Riggi). Pero la antena usada por su celular revela que estaba en su casa y a 12 cuadras de la del magistrado. El juez negó enfáticamente estar al tanto de esas conversaciones y negociaciones espurias, al igual que sus colegas. En otras conversaciones, Riquelme habla con Aráoz de Lamadrid para arreglar si el monto por pagar iba a ser en dólares o en pesos. En otra charla con el empresario Stafforini se menciona la cifra de 50.000 dólares. Stafforini dijo a la Justicia que la suma mencionada se correspondía con el pago de honorarios a Aráoz de Lamadrid, cuestión que el letrado ratificó.

ARCHIVO

Documento oficial

Acta del directorio del IVC del 30 de mayo de 2011 que, para la decisión, el organismo se había basado en un convenio de financiación firmado el 26 de marzo de 2008 entre la ciudad y la Subsecretaría de Obras Públicas, que conduce Abel Fatala y depende del Ministerio de Planificación. Según la cláusula 16 de ese acuerdo, que el gobierno de Macri exhibe hoy como justificación para el pago, las partes acordaron que el seguimiento del normal desarrollo del emprendimiento estaría a cargo del gobierno nacional. “La Subsecretaría realizará las inspecciones técnicas y financieras que considere convenientes para verificar y constatar el adecuado cumplimiento del plan de obras y la curva de inversión”, dice el párrafo. El razonamiento de los funcionarios porteños es que el instituto no podía

negarse a la transferencia de fondos de la Nación, que, en rigor, habían llegado el 20 de mayo, antes de que estallara el escándalo en los medios. Los contratos incluyen la construcción de 780 viviendas en la avenida Castañares y la colectora de la General Paz para los habitantes de la ex Villa Cartón. La iniciativa demandará $ 134 millones en cinco años. En el instituto porteño anticipan pasos que podrían desencadenar nuevas controversias: tampoco frenarán los próximos pagos a Madres de Plaza de Mayo. Por ejemplo, otros $ 3.323.400,65 cuyo certificado de obra llegó el 7 del actual al organismo. Se espera, también para ese caso, la transferencia del Gobierno. De aquí a febrero, los fondos que debe recibir la ONG ascienden a $ 58 millones.

BONN.– “Y sí, es una cosa que nos roza, porque algunos periodistas malintencionados han dicho que los organismos de derechos humanos estamos todos corruptos.” El tema es el escándalo Schoklender y la que habla es Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en una entrevista con lanacion.com en Bonn, en el Global Media Forum, que organizó la Deutsche Welle, donde habló sobre “Mujeres y derechos humanos en América latina”. Admitió que las denuncias empañan la figura de Hebe de Bonafini, repitió que era extraña la simbiosis entre ella y Schoklender, y aclaró que la institución Abuelas tiene las cuentas “claras y abiertas”. Y dijo que mantiene su escepticismo frente a la decisión de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera de someterse a los análisis de ADN. Al enterarse por lanacion.com de la candidatura a la reelección de Cristina Kirchner, se mostró emocionada: “Es una excelente noticia. Cristina hizo obras increíbles. Es honesta, inteligente y tiene mucho temple y coraje. Las Abuelas la vamos a apoyar, no de manera partidaria, porque no apoyamos a partidos políticos”. –¿El escándalo Schoklender impacta negativamente en los organismos de derechos humanos? –Desde 1983, todos apoyamos la gestión nueva y democrática de Raúl Alfonsín. Las Abuelas mantuvimos el diálogo con todos los gobiernos constitucionales por igual. Pero estas dos últimas gestiones hicieron mucho. Ahora, se planteó algo que flotaba en el aire: la actitud de Schoklender en

las Madres con ese emprendimiento multimillonario de construcción de casas. Había comentarios sobre la conducta de estos muchachos, el llamativo lujo, la ostentación del dinero, el desparpajo, la bravuconada. Era un tipo deleznable, pero nadie se metía porque no era nuestro rol. –Si Bonafini admitió que sus discusiones con Schoklender comenzaron hace dos años, ¿por qué no lo denunció antes? –Yo no estoy en la piel de Bonafini, pero tal vez la confianza era tal que puede haber sido defraudada. La simbiosis entre ellos era extraña. El chico pagó su culpa, pero mató a la madre, y ahora asesinó a la otra madre. Los que dirigimos los organismos no podemos ignorar lo que ocurre adentro. –¿Usted está al tanto de las finanzas de Abuelas? –Sí, pero son finanzas mínimas. En Abuelas tenemos auditorías. En el caso de las Madres, se allanaron todas las oficinas. No comparto muchas cosas con Hebe, pero no puedo ensuciar su nombre. Su actitud es tan dramática que luego de reconocerlo como hijo, ahora quiere que se pudra en la cárcel. El tema nos roza porque algunos periodistas malintencionados han dicho que los organismos de derechos humanos estamos corruptos y nos engloban a todos. Pero a nosotros nos pueden dar vuelta. Vivo en una casita que compré con un crédito hace 30 años, barro la vereda y me pongo ruleros. Uno si no cambió no tiene nada que ocultar.

Más información. La entrevista completa con Estela de Carlotto, desde Bonn. www.lanacion.com.ar