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POLITICA

Sábado 30 de julio de 2011

FONDOS BAJO SOSPECHA s UN IMPUTADO PODRA HACER UN CURSO EN EL EXTERIOR

Madres: benefician a un acusado La Justicia levantó la prohibición de salida del país al piloto de Sergio Schoklender La Cámara Federal porteña autorizó al piloto de los aviones, cuya titularidad la Justicia sospecha que pertenece al ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender, a salir del país durante un mes, pese a estar imputado. Fuentes judiciales dijeron que se trata de Gustavo Serventich, a quien el tribunal le otorgó permiso para viajar a los Estados Unidos para hacer un curso de vuelo. Según dispuso la Justicia, Serventich deberá informar dónde estará alojado, la fecha exacta de la ida y retorno del viaje, y tendrá que presentarse ante el juez Norberto Oyarbide al día siguiente de regresar al país. El juez había rechazado el pedido del piloto para viajar a Estados Unidos a realizar un curso instructivo,

pero la medida fue apelada y ahora la Sala I de la Cámara, de feria esta semana e integrada por los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, revocó la medida, que ayer se conoció públicamente. Serventich está sospechado de ser socio de Sergio Schoklender en la constructora Meldorek, aunque la relación entre ambos estaría focalizada sólo en los aviones, cuya propiedad se atribuye al ex apoderado de la fundación. El propio imputado declaró públicamente que sólo es “el piloto de los aviones”, particularmente del Pipper PA-31T Cheyenne II matrícula LV-MNR y del Cessna Citation 501 matrícula LV-BXH. Abogado especializado en derecho comercial, Serventich explicó que posee el diez por ciento de Meldorek,

pero que eso no obedece estrictamente a una sociedad con Schoklender, sino al cobro de honorarios por sus servicios.

Protesta en Chaco A su vez, en Chaco, un grupo de ex trabajadores de la misión Sueños Compartidos de las Madres tomó ayer las instalaciones del obrador La Rubita, de Resistencia, en reclamo del pago de una liquidación salarial para más de 180 obreros, continuidad laboral y viviendas para sus familias. De acuerdo con lo informado por los mismos trabajadores, el gobierno provincial había ofrecido días atrás una casa para cada obrero y un régimen de continuidad laboral, a cambio de que renuncien al pago de una indemnización por haber sido despedidos por la Fun-

dación Madres de Plaza de Mayo. “Queremos la indemnización y seguir trabajando, porque están por traer empresas privadas”, dijo uno de los trabajadores, José Monzón, a Radio Ciudad. El ministro de Obras Públicas de Chaco, Omar Judis, afirmó a LA NACION que las obras en la provincia no están paralizadas, y dijo que los trabajadores que protestaron ayer son “algunos obreros que ya se desvincularon por su propia cuenta, por lo que no les corresponde ser indemnizados”. Judis informó que el 30 por ciento de las 1200 viviendas que se levantan en la provincia son para los trabajadores, como planteó originalmente la fundación, y expresó: “Los que se quieran desvincular pueden hacerlo libremente”.

POLEMICA EN LA JUSTICIA

Zaffaroni denuncia operaciones en su contra Lo dijo por acusaciones sobre trata de personas El ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni dijo que quienes lo acusan de ser propietario de varios departamentos donde se ejerce la prostitución lo quieren “desequilibrar emocionalmente”. La denuncia fue formulada hace varios días por el diario Libre, de Editorial Perfil, que señaló tres departamentos que son propiedad del magistrado donde trabajarían prostitutas. Con posterioridad, la ONG La Alameda, que lucha contra la trata de personas, decidió llevar el tema a la Justicia. Según La Alameda, que hizo una presentación en la Procuración General de la Nación, el juez de la Corte es propietario de varios inmuebles donde se realiza aquella actividad: se trata de los departamentos situados en Vicente López 2217, Marcelo T. de Alvear 1906, y un tercero denunciado periodísticamente, en el que “trabajan, por turnos, dos o tres chicas que cobran 120 pesos la hora por sus servicios. Pasado mañana, cuando se reanude la actividad judicial, la Procuración General, a cargo de Esteban Righi, remitirá el caso a un fiscal de primera instancia, para que inicie una investigación. A lo largo de la semana, Zaffaroni admitió ser titular de 15 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, que nunca ocultó en su declaración jurada. Pero sostuvo que los alquila, a través de una inmobiliaria, y no conoce a los inquilinos ni ejerce control de las actividades que se realizan en ninguno de ellos. De esa manera, Zaffaroni tomó distancia de las acusaciones. “Me tratan de débil mental. ¿ Cómo se me ocurriría poner un prostíbulo a mi nombre?”, afirmó el ministro de la Corte a Radio Continental. En tanto, la diputada Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica) criticó ayer al magistrado y advirtió que Zaffaroni “sabía” de la existencia y del funcionamiento de los prostíbulos en sus departamentos que estaban en alquiler. “Nosotros sabemos que él sabía. Acá la víctima no es Zaffaroni, son las mujeres explotadas”, afirmó la legisladora. Pero, ayer, en declaraciones a Página 12, Zaffaroni, el juez del alto tribunal más cercano al Gobierno –hace varios meses admitió que es amigo del ministro de Economía, Amado Boudou, y que se reúne con él– reiteró: “Es obvio que no puedo administrar personalmente todos mis inmuebles, de modo que tengo un apoderado y una inmobiliaria que los alquila”. El magistrado agregó: “Me limito a recibir lo que me pagan y ni siquiera reviso muchas de las cuentas. Ahora que me enteré procuraré que los inmuebles queden libres”. Sin embargo, a pesar de no haber negado el hecho de que se ejerciera la prostitución en esos departamentos, Zaffaroni atribuyó la información a una campaña en su contra. “No se trata de una actitud sincera ni mucho menos. Lo que me molesta es el procedimiento, que es demasiado sucio: quieren desequilibrarme emocionalmente, aprovecharse de una situación desgraciada para provocar una reacción agresiva en mí y explotarla al máximo”, sostuvo el magistrado. La asociación La Alameda, en su denuncia, afirma que las publicaciones le atribuyen a Zaffaroni la provisión de casas de tolerancia, un delito que está previsto en la ley de profilaxis y que es castigado con pena de multa de hasta 25.000 pesos.