POLITICA

Domingo 25 de octubre de 2009

I

VACANTES EN LA JUSTICIA s SOSPECHAS EN UNA INVESTIGACION DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Complican a un juez en un polémico concurso

Largo proceso En 2005

Primer intento Hace más de cuatro años se inició el concurso para cubrir vacantes en el fuero federal porteño, que investiga los hechos de corrupción de los funcionarios nacionales. Polémica

Continuación de la Pág. 1, Col. 2 tercio de la justicia federal porteña, el fuero en que se tramitan las principales causas por corrupción. El episodio de Rodríguez es un elemento clave, tanto en la investigación penal como en la auditoría. Doce días antes del examen, desde su tribunal pidieron una copia del fallo Baldo al juzgado que lo llevaba, el de Daniel Rafecas. Si bien no eran idénticos, tanto este caso como el del examen trataban de un robo de monedas antiguas en el Banco Nación. Consultado hace un mes por LA NACION, Rodríguez negó haber ordenado la gestión. “Yo no pedí ese fallo y no tenía idea de qué nos iban a tomar”, afirmó. Lo mismo volvió a declarar el jueves pasado en la auditoría del Consejo, según informó a LA NACION una fuente del organismo. Esto se contradice con la nueva prueba incorporada en el expediente: la declaración de la abogada Gisela Paola Villalba, que trabaja en el juzgado de instrucción de Rodríguez. Ella relató que el juez le había solicitado que le consiguiera “el fallo del robo de las monedas”. También testificó en la auditoría la secretaria del juzgado, Marcela Laura García. Dijo que supo del asunto porque Villalba había comentado en el tribunal que solicitó la resolución siguiendo indicaciones del juez. García afirmó, además, que su jefe venía preparándose para el examen y estudiaba particularmente los temas que trata la justicia federal, que era frecuente que consultara fallos por Internet y que solía pedir libros a la biblioteca de la Corte Suprema. El viernes pasado, LA NACION intentó volver a hablar con Rodríguez, pero el magistrado informó que ya no haría declaraciones sobre el tema.

Los testimonios de Villalba y de García están transcriptos en un informe preliminar que el jefe de auditores, Jorge Meydac, presentó en el Consejo la semana pasada. Incluye, también, medidas para investigar otro elemento que despertó sospechas en relación con este concurso: el llamativo desempeño de otro aspirante, Carlos Ferrari. El hizo un examen que se destacó del resto porque transcribió párrafos enteros de sentencias de la Corte y citó 43 fallos, 11 de la Corte de Estados Unidos (los cuatro postulantes que quedaron delante de él citaron en sus pruebas 3, 4, 5 y 11 fallos cada uno). Para investigar este asunto, Servini

Días antes del examen, desde el juzgado de Rodríguez se pidió un fallo similar al que se tomaría en la prueba pidió esta semana que el Consejo le remitiera fotocopias de los 15 mejores exámenes del concurso. Mientras tanto, los auditores pidieron más tiempo para seguir investigando. Este es el más viejo de los concursos pendientes: su trámite ignoró todos los plazos. Ya tiene más de cuatro años y todo indica que seguirá demorándose. A instancias del kirchnerismo, las primeras pruebas que se habían tomado se anularon, pese a que un grupo de juristas de primer nivel había recomendado lo contrario. Los nuevos exámenes, ahora sospechosos, se tomaron el 3 de marzo.

EL PERSONAJE

Con una cadena de denuncias PAZ RODRIGUEZ NIELL LA NACION Hace 15 años que Luis Osvaldo Rodríguez es juez de instrucción, pero su tarea tomó relevancia pública en 2007, cuando ordenó la detención de los hermanos Schlenker, barrabravas de River, por el crimen de Gonzalo Acro. Esa misma causa motiva hoy un expediente en su contra ante el Consejo de la Magistratura. Disconformes con el trámite de una prescripción, sus superiores de la Cámara del Crimen lo apartaron del caso River y pidieron que el Consejo lo investigara. La semana pasada, la Comisión de Disciplina y Acusación abrió un expediente. No es su único caso ante el Consejo. También fue denunciado por la Cámara de Apelaciones por el presunto manejo irregular de 13.000 pesos secuestrados en una investigación. Según el tribunal, el juez se mostró reticente a devolverlos cuando se lo ordenaron y los guardó en la caja fuerte del juzgado pese a que, advirtieron los camaristas, la Corte Suprema de Justicia prohíbe guardar valores de esa forma. Además, tiene una denuncia por un supuesto caso de “forum shopping”. En agosto pasado, un abogado acusó a Rodríguez y al juez de la Cámara Mario Filozof de haber manipulado el sistema de reparto de expedientes para entregarle una causa a Rodríguez y que éste fallara en contra de una empresa que había ganado

una licitación vinculada con el multimillonario negocio de la cartelería pública de la ciudad de Buenos Aires. Rodríguez tiene 50 años y está casado. Su mujer trabaja en la secretaría general del Consejo de la Magistratura con cargo de prosecretaria letrada. Según informaron a LA NACION fuentes del organismo, ella tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial y su trabajo nada tiene que ver con los concursos. Rodríguez tiene además una hija que es ahijada de Javier Fernández, referente del kirchnerismo en la Auditoría General de la Nación (AGN) y hombre de muchos contactos en la Justicia (al que se le atribuye ser operador del Gobierno en los tribunales).

Larga experiencia Cuando se recibió de abogado, en 1988, llevaba ya 11 años en Tribunales. En 1994 lo nombraron juez penal y ahora se candidatea para un cargo similar, pero en el fuero federal. En los antecedentes que presentó en el concurso no declara haber hecho publicaciones, ejercer la docencia ni haber participado de jornadas ni congresos. En una presentación lo explica de esta manera: “Prioricé –y lo sigo haciendo– durante todo mi desempeño en la justicia nacional el eficaz cumplimiento de la tarea cotidiana. He buscado desde siempre contar con la tranquilidad del trabajo cumplido”.

Los preparó un jurado formado por el camarista Eduardo Farah, los jueces Sergio Torres y Julián Ercolini (los tres, de la justicia federal porteña), y el profesor Juan Carlos Gemignani (h.). Ellos entregaron en sobre cerrado al Consejo la semana del examen tres casos (la prueba consiste en que los aspirantes dictaran una sentencia como si fueran el juez de la causa). Al azar, se tomó uno. Después, los jurados corrigieron los exámenes. Con sus notas y la evaluación de antecedentes de los postulantes, se formó un orden de mérito. Primero quedó Marcelo Martínez de Giorgi (que también había quedado bien posicionado en la primera prueba), subrogante de dos de los juzgados federales vacante. Segundo, el abogado Carlos Ferrari; tercero, Juan Pablo Salas, subrogante de un juzgado de Morón; cuarto, Marcelo Goldberg, titular de un juzgado de garantías de Quilmes, y quinto, Luis Rodríguez. En el Consejo de la Magistratura, oficialistas y opositores admiten desde hace tiempo que en los concursos hay corrupción y que hay candidatos que llegan al examen sabiendo qué les van a tomar. Pero esto nunca se había logrado probar hasta el mes pasado, cuando en un concurso de Paraná se descubrió a un aspirante con la prueba que le iban a tomar en la mano. Por ese caso, hay un jurado acusado en la Justicia y el Consejo (ver aparte). Por lo pronto, el primer efecto que tuvieron estos casos de presunta corrupción es una reforma en el sistema de selección. Al examen escrito, el Consejo de la Magistratura agregará una prueba oral. Además, se revisarán las pautas para valorar los antecedentes y la forma en que se designan los jurados.

Malas notas Se toman las primeras pruebas y los resultados en general son malos. Se convoca a especialistas externos a que auditen los exámenes y éstos confirman la evaluación. El concurso se paraliza durante más de un año. Suspensión

Se anula todo lo hecho Por iniciativa del kirchnerismo, las pruebas fueron anuladas en el Consejo de la Magistratura, en contra del dictamen de los consultores técnicos. En el aire

Jueces subrogantes

ARCHIVO

Los juzgados vacantes quedan en manos de interinos, cuya legitimidad es cuestionada por los acusados.

El Consejo de la Magistratura investiga un concurso sospechado Segundo intento

Avanza el caso Pravia Siempre se dijo que había concursos en que los postulantes conocían de antemano el caso que les iban a tomar en el examen, pero la primera prueba indubitable de ello fue el mes pasado, cuando en medio de una evaluación se descubrió que un concursante tenía en la mano el caso que les iban a tomar antes de que se los repartieran. Uno de los jurados, que además es juez, está siendo investigado como el presunto entregador. Se trata de Alberto Pravia: fue citado a indagatoria por la justicia de Paraná y el Consejo de la Magistratura le acaba de abrir

un proceso que podría terminar con su destitución. Este trámite está avanzando con toda celeridad: el jueves pasado, a propuesta del consejero kirchnerista Nicolás Fernández, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo ordenó que se informara a Pravia de la denuncia y lo convocó para que presentara su descargo. La citación fue votada por todos los miembros de la comisión excepto el juez Luis María Bunge Campos, que había propuesto notificarlo primero de la investigación y decidir más adelante si se lo citaba.

Sospechas en tribunales En marzo de este año vuelven a tomarse los exámenes, ahora para cuatro vacantes. Al conocerse los resultados nacen las sospechas de que algunos postulantes conocían de antemano el tema que se les iba a tomar.

Casos llamativos

Bajo investigación Desde el juzgado de Luis Rodríguez, que concursó, se pidió a otro juez un caso similar al que luego se tomó. Otro concursante despertó suspicacias con un examen que tenía una enorme cantidad de citas textuales de fallos.

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