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POLÍTICA

| Jueves 24 de Julio de 2014

Boudou acusó a los gestores por los datos falsos del auto causa judicial. Presentó un escrito al

juez Bonadio; dijo que le falsificaron su firma y los sellos en los papeles Hernán Cappiello LA NACION

El vicepresidente Amado Boudou se defendió ayer en los tribunales de las acusaciones en su contra por insertar datos falsos en los documentos de un viejo automóvil que compró hace 20 años. Aseguró en su declaración indagatoria que fue víctima de “una red de gestores falsificadores” que alteraron su firma y los papeles del vehículo. Lo hizo mediante un escrito y se negó a contestar preguntas. En lo que fue su penúltima visita a los tribunales como sospechoso, por el caso Ciccone, el 9 de junio pasado, Boudou había subido las escalinatas de la puerta principal del edificio de Comodoro Py 2002, en Retiro. Entonces había sido vivado por centenares de militantes que cortaron la calle. Pero ayer no hubo militancia, ni banderas, ni bombos, ni escenario portátil, ni equipos de sonido, ni cámaras, para transmitir en directo por TV, como había reclamado. Boudou optó ayer por el bajo perfil para presentarse ante el juez federal Claudio Bonadio. Llegó a las 10, media hora antes de lo pautado, casi a escondidas. Entró con su auto y uno de sus custodios por una calle lateral e ingresó directamente por el subsuelo de Comodoro Py 2002 hasta un ascensor que lo depositó en el cuarto piso, donde el juez Bonadio tiene su despacho. La policía había sellado las puertas del pasillo para impedir el acceso de periodistas. En la calle sólo había medida docena de móviles de TV y reporteros gráficos, y unos 30 policías rodeando el edificio, algunos de chaleco naranja y otros motorizados. Igual, el lugar estaba vacío por la feria de invierno. Boudou coincidió en los tribunales con el narcotraficante colombiano Henry López Londoño, conocido como “Mi Sangre”. De camisa desabrochada y cabello negro largo, el colombiano fue conducido por tropas de elite del Servicio Penitenciario al juzgado de Norberto Oyarbide, un piso más abajo, para denunciar que su vida corre peligro. En forma paralela, indagaban en el despacho del juez Bonadio a Boudou porque un viejo Honda CRX rojo que compró en 1993 fue anotado en Capital con un domicilio inexistente, con formularios con su firma falsificada, con sellos apócrifos. Apenas ingresó con sus abogados Martín Magran y Jacobo Grosman, lo esperaban el juez, el fiscal Guillermo Marijuan y la secretaria Laura Charnis. Allí le pre-

guntaron su nombre, documento y estado civil. “Conviviente”, dijo Boudou. Le pidieron aclaraciones. Risueño bromeó: “Divorciado, pero si no digo conviviente, me matan”. Se refería a su novia, Agustina Kämpfer, con quien comparte un departamento en Puerto Madero. Boudou, abatido, dijo que no iba a contestar preguntas y que se remitía a un escrito que dejaron sus abogados, y explicó que también se negaba a que le exhibieran la prueba en su contra. Su paso por los tribunales fue apenas un trámite de media hora. Se retiró por el sótano del edificio, abordó su auto en la calle interna de los tribunales y se fue. Lo más probable es que rápidamente Bonadio lo procese, la semana próxima o la siguiente. Sería su segundo procesamiento luego del que dispuso el juez Ariel Lijo por cochecho y negociaciones incompatibles con su función en relación con el caso Ciccone. Ayer, Boudou, en su escrito –al que accedió la nacion–, contó que compró el auto en 1993 en la concesionaria marplatense Atlántica Automotores. El auto había sido entregado a la agencia por Cayetano Campione. Escribió Boudou que su novia de ese momento, Agustina Seguín, manejaba el vehículo y que fue ella la que contactó a gestores para regularizar la situación del auto, pero en 2003, diez años después de la compra. A su vez, Boudou explicó que esos gestores ya procesados, Andrés Soto y Rodolfo Basimiani, fueron los que insertaron los datos falsos. Dijo que ya en el registro automotor donde se anotó el auto hay antecedentes de utilización de domicilios falsos en otros casos. “Fui víctima de una red de gestores falsificadores”, aseguró Boudou. Dijo que fue privado de usar el auto y se lo envolvió en una causa criminal. Abundó en que no necesitaba falsear la dirección para cambiar de radicación el vehículo de Moreno, donde vivía Campione, porque el vicepresidente ya vivía para esa fecha en la ciudad de Buenos Aires y el dueño original del vehículo podía firmar el formulario para el cambio. Boudou respondió a la acusación de que no había anotado el automóvil en fecha para evitar repartirlo con su ex esposa, Daniela Andriuolo, en el divorcio. Aportó dos convenios donde Andriuolo renunciaba a reclamar bienes. Dijo que Andriuolo hizo el reclamo 13 años después y luego de que fue legalmente destruido en el archivo un expediente donde daba por reconocida la propiedad de Boudou sobre los bienes.ß

Boudou, ayer, en los tribunales; esta vez no contó con el apoyo de simpatizantes

Reacciones de la oposición luego de la nueva indagatoria Desde la UCR y Pro volvieron a cuestionar a Boudou por su situación procesal y reiteraron los reclamos para que el vicepresidente se tome una licencia

efe

ernesto sanz

julio cobos

laura alonso

senador (ucr-unen)

diputado (ucr-unen)

diputada (pro)

“Esta indagatoria coloca a Boudou en una situación insostenible para el oficialismo, para la oposición, para el Senado y para las instituciones. El Gobierno deberá tomar una decisión en el corto plazo”

“La otra causa de Boudou es un ingrediente más, va sumando causas y es una situación que lo complica a él y también complica al Gobierno”

“Hace días que pido la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión de Juicio Político sobre Boudou y me repiten que no hay novedades”

El vice, otra vez al frente del Poder Ejecutivo Será el lunes y el martes, cuando la Presidenta viaje a la cumbre del Mercosur en Caracas El vicepresidente Amado Boudou quedará nuevamente a cargo del Poder Ejecutivo la semana que viene, cuando Cristina Kirchner viaje el lunes y martes próximo a Caracas para participar de la varias veces postergada cumbre del Mercosur. A pesar de la presión interna que hace dos semanas lo obligó a tener que dejar su sillón en el Senado para que el Gobierno pudiera aprobar el proyecto de ley enviado por la Casa Rosada para darles inmunidad de embargo a los bancos centrales extranjeros, esta vez está previsto que Boudou quede al frente del cuerpo en la sesión del miércoles próximo. Ese día, el Senado retomará su funcionamiento con el informe men-

sual del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Y para ese día la Presidenta regresará de su viaje a Venezuela. Por el momento, en el oficialismo no hubo cambio de planes. La alternativa posible para evitarle al vicepresidente otro mal trago era postergar el regreso presidencial desde Venezuela para que ese día Boudou debiera seguir a cargo del Ejecutivo. Era una manera elegante de sacarlo de la sesión sin que se note. Pero por lo menos hasta anoche, el viaje de Cristina terminará el mismo martes. Apenas finalice la cumbre, la jefa del Estado emprenderá la vuelta con lo que el miércoles por la mañana ya estará en el país. Tras el procesamiento que dispuso el juez federal Ariel Lijo contra el vicepresidente en la causa Ciccone, su situación política se debilitó a tal punto que el propio oficialismo debió correrlo del Senado en la última sesión ante la amenaza de la oposi-

Dos argentinos conducen una firma con sede en Seychelles vinculada al caso Báez

ción de no habilitarle el debate para el tratamiento de un proyecto pedido con urgencia por la Casa Rosada. A la débil situación de Boudou en esa causa se sumó la indagatoria que ayer debió prestar ante el juez Claudio Bonadio por su auto Honda modelo 1993 con presuntos papeles falsificados (ver aparte). En el entorno del vice creen que pronto también será procesado en esa investigación, con lo que se agregará un nuevo factor para que la oposición insista en pedir su alejamiento del cargo. En el despacho de Boudou reconocen que en la próxima sesión su figura será blanco de las críticas de la oposición, pero aclaran que la decisión política, por lo menos hasta ayer, es asistir. No hubo contraorden desde la Casa Rosada, pero es un escenario que se define día tras día. De hecho, los bloques de la UCR y FAP anticiparon que se retirarán del recinto mientras Boudou esté pre-

sente. Pro y el peronismo disidente, en cambio, promueven su juicio político, que el Gobierno con su mayoría bloqueó en Diputados. Aunque mantendrá un perfil bajo y sin actividades, la semana próxima Boudou volverá a quedar al frente del Ejecutivo. Cristina partirá el lunes por la tarde rumbo a Caracas para la cumbre que se hará al día siguiente. La jefa del Estado tampoco analizó mandar al vice a la reunión de mandatarios en su reemplazo a pesar de la cercanía de la resolución o no del conflicto con los fondos buitre. Sucede que la Argentina recibirá la presidencia pro témpore del bloque regional con lo que Cristina no quiere estar ausente. Boudou quedará al frente del país por poco más de 24 horas, una situación similar a la de la semana pasada, cuando la Presidenta estuvo en Brasilia por la cumbre de los Brics y la Unasur.ß Mariana Verón

Piden investigar por fraude a funcionarios

sospechas. Un financista y un abogado son los dueños de Aldyne, clave en la trama de lavado

tucumán. El caso involucra a una ministra y a un legislador cercanos a Alperovich

Un reporte de operación financiera sospechosa del gobierno de las islas Seychelles sostiene que los dueños de Aldyne, una firma domiciliada en esas islas e investigada en el caso Báez, son dos argentinos, según informó ayer el diario Clarín. El reporte es del 23 de agosto de 2013 y presenta como propietarios de la firma al corredor de bolsa Jorge Antonio Galitis y a un abogado cuyo nombre no se revela en la publicación de ayer. Aldyne tiene relación con la firma Helvetic Services Group, que se quedó con la financiera SGI, conocida como La Rosadita y que pertenecía a Federico Elaskar. Él declaró ante las cámaras de TV que lo habían obligado a desprenderse de su empresa y que Helvetic, que figuró después en los papeles como nueva propietaria de SGI, escondía al empresario Lázaro Báez, que era en realidad el nuevo dueño de la financiera. Después, Elaskar se desdijo. En la misma línea, el fiscal José María Campagnoli, que investigó la venta de SGI, dejó asentadas sus sospechas de que Helvetic era de Báez. El contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, fue quien se hizo cargo del manejo de la financiera. Helvetic Services Group es una firma suiza que se habría utilizado para que terceros pudieran com-

El fiscal federal de Tucumán, Gustavo Gómez, solicitó la apertura de una investigación penal por las irregularidades en el Plan Argentina Trabaja en esa provincia, que involucran a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin; al hijo del ministro de Seguridad, el legislador Guillermo Gassenbauer, y a la arquitecta Liliana Jatib. Según el expediente, al que accedió la nacion, Gómez formuló un “requerimiento de instrucción” contra los funcionarios para investigar el “presunto fraude en perjuicio de la administración pública”. El pedido se da a partir de una denuncia que presentó Paola Alejandra Ruarte, una empleada de la cooperativa Narciso Laprida, donde detalló graves irregularidades en la falta de ejecución de las obras, cuya coordinación estaría a cargo de Gassenbauer y Mirkin. Entre ellas, una obra a la que fue destinado un monto de $ 2.660.000 y que aparece como un terreno baldío. Asimismo, solicitó que “se libren oficios al Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutualista (Ipacym) y al Ministerio de Desarrollo Social” y dispuso un allanamiento a las oficinas del programa Argentina Trabaja, en esa provincia. Por otra parte, se hizo un pedido a

prar empresas sin que sus identidades se conocieran, de acuerdo con la investigación judicial. Como tal, habría sido un vehículo utilizado por distintos empresarios. Se creó en 2005 en la Vía Alla Sguancia 23, Pazallo 6912, de Lugano, Suiza. Aldyne –la empresa cuyos propietarios revela el reporte– funcionaba como “administradora” de una serie de empresas. Según la investigación, administró compañías que figuran a nombre de Helvetic. Una de ellas es Eyden Group, que aparece como propiedad de Helvetic en un ciento por ciento en los registros del Boletín Oficial de la Argentina. Fue creada en Las Vegas, Nevada, y es administrada por Aldyne. Además de Eyden, Aldyne figura en los registros de Nevada como administradora de otras 133 firmas más. Helvetic Group también le compró en 2008 el 4% de la sociedad Continental Urbana Sociedad Anónima Inversora al banquero Jorge Brito, de acuerdo con documentación oficial. Además, Helvetic apareció relacionada con el empresario argentino Carlos Wagner, vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Hace dos meses, la Justicia ordenó medidas para investigar una transferencia de fondos por 16,5 millones de dólares hecha por una

Bajo la lupa de la Justicia

lázaro báez empresario santacruceño

Venta forzosa Según declaró Federico Elaskar, fue forzado a vender su financiera, SGI, a Helvetic, y que Lázaro Báez era en realidad el nuevo propietario Vínculos sospechosos Helvetic a su vez tiene nexos con Aldyne, firma con sede en las islas Seychelles e investigada en la trama de presunto lavado; ahora se conoce quiénes son sus dueños

firma de Wagner a Helvetic. Wagner dijo a la nacion que su empresa hizo una operación por un desarrollo hotelero en Punta del Este y que, hasta donde sabe, Helvetic es una empresa fiduciaria suiza donde se deposita el dinero a cuenta si no está concluida la operación. También negó cualquier sociedad con Báez, y dijo que su relación es de competidores. Además, en una entrevista con Perfil, afirmó que Helvetic es “un fideicomiso que utilizan personas para poner activos y reducir su patrimonio”. En cuanto a Elaskar y SGI, el fiscal Campagnoli impulsó una investigación para determinar si era cierto que a Elaskar lo habían obligado a desprenderse de su empresa. El fiscal –que hoy enfrenta un juicio político– consideró que había pruebas suficientes para citar a Lázaro Báez a declarar en indagatoria por extorsión. Campagnoli fue declarado incompetente y la causa pasó a la justicia federal, donde el fiscal Guillermo Marijuan consideró que no había elementos para sostener la extorsión y promovió el cierre de esa causa. Marijuan sostuvo, no obstante, que las pruebas reunidas por Campagnoli eran útiles para el caso por supuesto lavado de dinero en el que Báez está imputado.ß

Gendarmería para incluir a Ruarte en el programa de testigos protegidos ya que, según declaró la cooperativista, había recibido amenazas luego de realizar las denuncias. la nacion se comunicó con Gassenbauer, quien negó las acusaciones y calificó la denuncia como “un disparate”. “No tengo ninguna posibilidad de quedar imputado en la causa porque no tengo relación legal con la cooperativa. La causa no tiene ningún sustento político”, dijo el legislador, y agregó que se enteró del pedido del fiscal por los medios. El hijo del ministro de Seguridad de Tucumán admitió conocer a la denunciante pero negó que fuera empleada del Ministerio de Desarrollo Social y afirmó que “se trata de una maniobra de alguien que busca perjudicarme”. En esa línea, indicó que “presentará una denuncia por calumnias e injurias” cuando se cierre la causa. Respecto de un audio que presentó Ruarte con una supuesta conversación que lo compromete, Gassenbauer indicó que “no lo escuchó”, pero que habla “con unas 100 personas por día”, con lo cual “saber quién me graba no está a mi alcance”. la nacion intentó comunicarse con Mirkin, pero no respondió las llamadas.ß Lucila Barreiro