POLITICA

Lunes 21 de septiembre de 2009

I

INVESTIGACION DE MEDICAMENTOS sLA CAUSA DEL GREMIO LA BANCARIA

BUENOS AIRES

Buscan beneficiar a presos políticos

El drama de los damnificados por los remedios falsos

Es para víctimas del terrorismo de Estado

Las víctimas de las drogas adulteradas relatan sus experiencias; podrían declarar ante el juez VICTORIA RUSSO LA NACION “Me deprimí por el maltrato y el manoseo que sufrí cuando tuve que retirar mis medicamentos oncológicos de la droguería San Javier. Hasta sufrí un infarto.” Ester Miraglia, empleada del Banco de la Nación Argentina (Casa Central) desde hace 35 años, es la dueña de las palabras que representan el malestar que sienten miles de afiliados a la Obra Social Bancaria Argentina. Esta es una de las tantas voces de los afiliados que sospechan haber consumido medicamentos adulterados y que denuncian las irregularidades en la entrega de los remedios. Las denuncias se multiplican todos los días y el juez federal Norberto Oyarbide pidió la intervención de la obra social que lidera Juan José Zanola, luego de un allanamiento en la sede de la entidad. Allí, los investigadores encontraron una partida de medicamentos falsos, además de una oficina de la droguería San Javier, propiedad del principal imputado en la causa, Néstor Lorenzo. El dueño de San Javier, actualmente detenido, había sido calificado por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña como “el Yabrán de los medicamentos”. Ester contó a LA NACION que sufre de un trastorno en su médula, porque no genera suficientes glóbulos blancos: “Debo tomar medicamentos oncológicos, uno de ellos llamado Anagredine, del laboratorio Ariston. Tenía que ir a buscar la medicación a la droguería San Javier, en la calle Pedro Goyena 59, de la Capital”. Miraglia precisó: “No me entregaban los medicamentos en tiempo y forma. Siempre me daban la mitad de las dosis que necesitaba. Por esto, inicié acciones legales contra la obra social”. No sólo el incumplimiento de la entrega de la medicación era el problema de Ester. La empleada del Banco Nación asegura que sufrió fuertes dolores abdominales e hinchazón de sus piernas, que le impedía caminar con normalidad: “Cuando tomaba la medicación entregada por San Javier

tenía un millón y medio de plaquetas y ahora tengo 600. Me siento mucho mejor y no tengo dolores”. Una historia similar cuenta Claudio Vignolo, de 44 años y enfermo de VIH: “Me detectaron la enfermedad en 2001. Mi padre fue bancario y por eso tengo esa obra social. A partir de 2005 comencé a tener problemas con la entrega de la medicación. Algunas me las daban con retraso. Otros remedios me han llegado luego de cinco meses de haber vencido. Los peores son aquellos que debían mantener una cadena de frío y llegaban a mi casa en una bolsa de supermercado”. Claudio vive en Mar del Plata y recibía los medicamentos desde Buenos Aires. “Tomo 12 pastillas diarias, con un valor de 13.000 pesos por mes. Los remitos de los medicamentos claramente dicen «Droguería San Javier».” Vignolo precisó: “Con los medicamentos de San Javier tenía las defensas en 125, un número muy bajo. Además, me aparecía en los análisis una muy alta carga viral. Con medicación entregada en un hospital público, tenía las defensas en 800 y casi no tenía carga viral presente en sangre”. Daniel Iurisci todavía recuerda con dolor la muerte de su padre, el 8 de febrero de este año. Armando Iurisci estaba jubilado del Banco Nación, luego de que le descubrieron síndrome parkinsoniano, por el que tuvo varios infartos cerebrovasculares.

Negativa “Mi papá necesitaba alimentación especial llamada Kas 1000, que se transmite por medio de una sonda nasogástrica. La obra social se negó a darnos ese alimento. Tampoco quisieron pagar el costo de un geriátrico”, explicó Daniel, compungido. Iurisci explicó: “Por el incumplimiento de la obra social se iniciaron demandas. La Justicia nos dio la razón, pero nunca cumplieron con lo ordenado. Mi padre murió antes de poder recibir la atención correcta. Vamos a iniciar una demanda por el daño que le han hecho a mi familia”.

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GASTON RENIS

Ester Miraglia, enferma de cáncer, sospecha que recibió medicamentos adulterados en La Bancaria En Córdoba, un jubilado bancario cordobés, José María Porrini, cuya esposa falleció de cáncer el 8 de febrero último, se presentará ante el juez Oyarbide para que investigue si los medicamentos oncológicos que le proveyó la Asociación Bancaria estaban adulterados o vencidos. Podría no ser el único caso, según Ricardo Ríos, presidente del Centro de Jubilados del Banco de la Provincia de Córdoba. “No es un hecho aislado. Existe una gran preocupación entre los bancarios de Córdoba después de lo que se ha conocido que ha sucedido en Buenos Aires. Se sospecha que algo similar puede haber ocurrido en Córdoba. Muchos de los medicamentos para los tratamientos venían directamente de la OSBA central”, indicó Ríos. Hace un año que Ester recibe la medicación correctamente, pero cuenta que a partir de que se conocieron públicamente las irregularidades de La Bancaria, desapareció su legajo médico. Vignolo sólo en abril de este año comenzó a recibir la medicación a tiempo y en buen estado. “Inicié una causa penal y civil contra el señor Zanola”, dijo.

Con la colaboración de la corresponsalía de Córdoba

Alerta de especialistas por la salud psíquica La sospecha de haber consumido medicamentos adulterados o el miedo a ser víctima de la falta de control sobre los remedios son hechos que pueden afectar la salud psíquica de las personas. Así, lo afirmaron los especialistas consultados por LA NACION, luego de que, semanas atrás, se conociera una investigación iniciada por la Justicia, que dio como resultado el allanamiento de la droguería San Javier, principal proveedora de la Obra Social Bancaria Argentina, en la que se encontró una partida de medicamentos falsos. “El conocimiento de la existencia de medicamentos adulterados hace que se incremente la sensación de vulnerabilidad. Es importante diferenciar el miedo, que va a impulsar conductas de autocuidado, del pánico. Este nos lleva a estados de desequilibrio”, dijo Sebastián Tchukran, director del Departamento de Investigación en Psicología Clínica de la Asociación de

Psicólogos de Buenos Aires (APBA). La doctora Verónica Mora, presidenta honoraria del Capítulo de Drogodependencia y Alcoholismo de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) dijo: “Desde que se conoció la noticia de los remedios adulterados, ha incrementado la preocupación, la sensación de desprotección y vulnerabilidad de algunos pacientes”. Al igual que Mora, el psiquiatra Harry Campos Cervera aseguró que muchos de sus pacientes se alarmaron: “Hay un efecto psicológico, llamado nocevo, que ocurre en pacientes que toman medicamentos en perfecto estado, pero somatizan efectos secundarios. Este tipo de noticias puede alentar ese trastorno”. Campos Cervera explicó: “El efecto del medicamento no sólo tiene que ver con la calidad de éste, sino también con la confianza con la que se consume”. El especialista dijo que “la desconfianza puede generar trastornos de ansiedad”.

El gobierno de Daniel Scioli avanzará esta semana en un proyecto para determinar la cantidad de presos políticos que estuvieron detenidos entre 1955 y 1983, que hayan sido víctimas del terrorismo de Estado. La administración bonaerense comenzará a elaborar a partir de hoy un censo de presos de diferentes dictaduras para elaborar una ley que les permita computar como aporte jubilatorio el tiempo que permanecieron ilegalmente detenidos. El proyecto será instrumentado por la secretaría de Derechos Humanos bonaerense, que está a cargo de Sara Derotier de Cobacho. Según se informó desde el gobierno bonaerense, la iniciativa apunta a obtener “información fehaciente y datos de personas que fueron detenidas en el territorio provincial por parte del Poder Ejecutivo nacional o por los Consejos de Guerra, entre los años 1955 y 1983”.

Tres meses La encuesta se realizará durante tres meses y sólo abarcará la provincia de Buenos Aires. Según informó la secretaría de Derechos Humanos, el trabajo de campo estará a cargo de promotores preparados especialmente. Posteriormente, el gobierno de la provincia confeccionará los legajos de cada una de las personas encuestadas. “El fin último es lograr conocer la cantidad de sobrevivientes del terrorismo de Estado que tenemos en la provincia de Buenos Aires”, indicó la titular del organismo, según consigna la agencia DyN. El censo permitirá, además, conocer las problemáticas sociales que afectan a las personas que hayan sido detenidas. Cobacho recordó que la provincia ya contaba con una ley que otorga beneficios vitalicios para los progenitores de desaparecidos y otra para que se le restituya el trabajo a cada familiar o heredero de un desaparecido.