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INFORMACION GENERAL

I

Jueves 8 de octubre de 2009

PUJA GREMIAL s LAS SEIS LINEAS Y EL PREMETRO, AFECTADOS

POR LA CIUDAD

La ley posible vs. la ley ideal

A ANGELES

CASTRO

RICARDO PRISTUPLUK

Como en Constitución, las estaciones del subte se congestionaron y los pasajeros sufrieron grandes demoras para poder viajar

Trastornos por el paro en el subte La medida de fuerza, a primera hora de la mañana, afectó a 200.000 usuarios; denuncias de sabotaje Estaciones abarrotadas, largas filas para tomar colectivos, taxis compartidos entre varios y trastornos para los usuarios fueron la consecuencia de un nuevo paro en el servicio de subtes, que ayer, de 6 a 9, afectó a las seis líneas y al Premetro. Según datos de la empresa Metrovías, unas 200.000 personas fueron afectadas por la medida de fuerza llevada a cabo por los delegados gremiales del subte, que piden al Ministerio de Trabajo que los reconozca como parte en las discusiones laborales. Hasta ahora sólo participan de las paritarias la empresa Metrovías y los representantes de

la Unión Tranviarios Automotor (UTA), muy resistidos internamente por los trabajadores del subte. El largo conflicto viene afectando el servicio desde las últimas semanas y, ayer, otra vez los usuarios tuvieron que ingeniárselas para llegar a sus trabajos en el horario pico. “Metrovías ve con preocupación este accionar que altera la paz social por afectar el derecho constitucional de todos los ciudadanos a trasladarse libremente y de nuestro personal a trabajar”, dijo la empresa en un comunicado. El delegado Claudio Dellecarbonara, en cambio, señaló que la

medida de fuerza apunta a llamar la atención del Ministerio de Trabajo y alertó sobre eventuales incidentes. “Estamos pidiendo que el ministro, Carlos Tomada, cumpla con la ley en inscribirnos como asociación gremial. Es algo que no puede negarnos, porque ya pasó más de un año de nuestra presentación y el trámite no demora más de 90 días”, dijo Dellecarbonara a LA NACION, y añadió que el martes próximo se informará sobre nuevas protestas. “En lo personal no creo que un paro por tiempo indeterminado sea lo más apropiado”, agregó. Metrovías denunció algunos hechos preocupantes de sabotaje, como

POR UNA PROTESTA DE NOVIEMBRE PASADO

Juzgan a vecinos de la villa 31 por un corte de la autopista Illia Interrumpieron el tránsito nueve horas; la pena sería trabajo comunitario Cinco habitantes de la villa 31 y 31 bis comenzaron, ayer a la mañana, a ser juzgados por obstrucción al tránsito. Es que el 19 de noviembre del año pasado habrían participado de un corte, durante nueve horas, de la autopista Illia, en reclamo de la urbanización del asentamiento. El jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, responsabilizó entonces a las autoridades nacionales por permitir el corte ante la inacción de la Policía Federal, a la que acusó de no obedecer la orden de una fiscal porteña de desalojar la autopista. Los acusados son Julian Wald, Amalia Aima, Ramón Ojeda, Malvina Vargas y Aida Campó. “Los demandados participaban del reclamo, junto con otros 300 habitantes de la villa, por la urbanización definitiva de su barrio”, afirmó Luciana Bercovich, miembro del equipo Redes de Trabajo en Villas, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Bercovich precisó: “La Justicia sólo tiene los datos de los imputados,

porque se presentaron el mismo día de la protesta en el Ministerio de Desarrollo Urbano para hablar con autoridades del gobierno porteño”. En cambio, según informaron fuentes del gobierno, la denuncia no fue iniciada por ellos sino por la fiscal de la justicia contravencional de la ciudad, Genoveva Cardinali. La jueza María Araceli Martínez, del Juzgado Contravencional y de Faltas N° 19, está llevando adelante el litigio. La Fiscalía Contravencional y de Faltas número 8, a cargo de Graciela Navarro y Adolfo Bormida. Ayer, comparecieron varios policías que estuvieron en el corte. “Los vecinos habían presentado el día anterior un aviso de protesta ante la policía. Se cumplió con el requisito del gobierno porteño, que exige que se avise cuando se va a realizar un corte”, dijo Bercovich. En cambio, fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Capital le informaron que “el documento que da aviso sobre el corte se debe

presentar ante el gobierno porteño y en este caso hay uno firmado por un policía”. Amalia Aima, de 45 años, es una de las imputadas en la causa. Es miembro de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y vive en la villa: “Pedimos que haya servicios públicos. Si perdemos este juicio la pena son trabajos comunitarios, algo que hago todos los días”. La Justicia ha venido avanzando sobre aquellos que obstruyeron el tránsito. El piquetero Luis D’Elía espera ser juzgado por haber cortado el tránsito el 7 de mayo último con una marcha; gremialistas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) debieron pintar escuelas por haber cortado calles el año pasado, y tres piqueteros fueron condenados a penas de entre 10 y 90 días de prisión y a realizar tareas comunitarias por golpear a un taxista y dañar su auto, durante una marcha realizada el 21 de enero de este año.

dos incendios en las líneas D y E ocurridos hace menos de diez días. Los delegados entienden que esas maniobras son parte de un plan para desprestigiarlos y Dellecarbonara apuntó a una patota de la UTA. “Estamos muy preocupados como usuarios por los hechos de sabotaje y la falta de mantenimiento del subte, que puede observarse a simple vista y que significa un riesgo de accidente”, dijo el delegado. Ayer, el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reclamó al Ministerio de Trabajo que se declaren “ilegales” las medidas de fuerza en el servicio de subterráneos.

Para explicar la flexibilización que sufren los textos, los diputados suelen reflexionar: “Sancionamos la ley posible, no la ley ideal”. Posible de ser aprobada y posible de ser cumplida

vanza en la Legislatura porteña una iniciativa para quitar poder a los administradores de consorcios. Sin embargo, los puntos más duros del proyecto desaparecieron durante la discusión del borrador en comisión. Por ejemplo, no avanzó el artículo que otorgaba al Estado la potestad de limitar el número de unidades que una persona puede administrar en función del patrimonio que declara. Con él se pretendía brindar protección ante estafas cometidas por administradores, luego insolventes para resarcir el perjuicio generado. También se eliminó la exigencia de depositar los fondos de los copropietarios en una cuenta bancaria registrada a nombre del consorcio, que ahora será una opción. La intención era garantizar a los particulares la custodia y el acceso al dinero recolectado mes a mes, a raíz de la costumbre de muchos administradores de acreditar los cobros en cuentas de las que son titulares exclusivos. Con menor o mayor grado de argumentación, resulta frecuente que los proyectos de ley estudiados en la Legislatura pierdan el núcleo más duro que los caracterizaba y con el que buscaban modificar la realidad. Para explicar esta flexibilización que sufren los textos los diputados, suelen reflexionar: “Sancionamos la ley posible, no la ley ideal”. En “posible” engloban dos conceptos: posible de ser aprobada (las iniciativas más radicales a menudo no cuentan con el consenso necesario para prosperar) y posible de ser cumplida (las leyes menos exigentes obligan a menos transformaciones). Sucedió ya con la ley antitabaco, cuyo original prohibía fumar en todos los lugares cerrados, y con la ley que reguló la publicidad exterior, que impulsaba muchas más restricciones que las aprobadas. Si bien, aunque más lentamente, estas leyes irán cambiando la realidad, no deja de inquietar que los diputados pierdan la exigencia de “la ley ideal” y trabajen teñidos de un pragmatismo que, más que sentido común, tal vez traduzca permeabilidad a los intereses en juego y falta de convicciones.

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